En el mes de setiembre, se publicó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353. Como se recuerda, dicho Decreto Legislativo creó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el objetivo de incrementar el estándar de transparencia del Estado ante la ciudadanía. No obstante, en Hiperderecho ya habíamos comentado las limitaciones de la naciente entidad, que considerábamos una nueva oportunidad desaprovechada por parte del gobierno en su lucha contra la corrupción.

Sin embargo, no ha pasado mucho tiempo para que detectemos un nuevo mecanismo que entorpece esta lucha y que parece haber sido introducido de forma deliberada y maliciosa dentro del Reglamento. Nos referimos a una de las Disposiciones Complementarias Modificatorias, que modifica el artículo 16 del reglamento de la Ley de Transparencia para denegar de forma categórica el acceso a la información contenida en correos electrónicos o aplicaciones de mensajería de funcionarios públicos.

¿Por qué esta medida es perjudicial?

Tenemos muchas razones para considerar que la disposición anterior es problemática. En primer lugar, está el hecho de que las excepciones al acceso a la información están claramente definidas en la Ley de Transparencia y por lo tanto, cualquier nueva excepción tendría que ser añadida allí. Esto no solo funciona así por un tema de orden sino porque modificar una ley conlleva necesariamente un debate público en el parlamento, lo que impide que medidas de importancia como esta se adopten de forma secreta. Por el contrario, un reglamento no se debate porque se entiende que no va cambiar nada que una ley no cambie.

En segundo, nos preguntamos qué sustento existe para decir que la información contenida en correos electrónicos o aplicaciones de mensajería no es de acceso público. Hace poco, a propósito del lanzamiento de una aplicación promovida por el Ministerio del Interior, realizamos una solicitud de acceso a la información y la citada entidad nos la entregó, en cumplimiento de la Ley de Transparencia. El documento que nos facilitó contenía, entre otras cosas, copias de algunos correos electrónicos intercambiados entre funcionarios públicos donde se hallaba parte de la información solicitada. Esto quiere decir que hasta antes del Reglamento mencionado, la información contenida en correos electrónicos sí era de acceso público y esto, además de fortalecer nuestro estándar de transparencia, hacía más sencilla la labor de las entidades requeridas. El nuevo Reglamento ha acabado con esta posibilidad.

Paradójicamente el mismo mes en que se publicó el Reglamento, enviamos una carta a la Comisión de Fiscalización y Contraloría comentado un Proyecto de Ley presentado por la Defensoría del Pueblo que buscaba modificar la Ley de Transparencia. Entre una de sus propuestas estaba precisamente el hacer explícito que el contenido de los correos electrónicos de funcionarios eran de acceso público y crear mecanismos para hacer efectiva la fiscalización. Para sustentar su posición no solo apelaba a reiterada jurisprudencia nacional, sino también a las prácticas internacionales e incluso a las recomendaciones de organismos internacionales a los que el Perú aspira a pertenecer como es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Lo que viene a continuación

En un contexto de corrupción galopante y descrédito de autoridades e instituciones, uno de los remedios identificados para mejorar nuestra situación es aumentar la transparencia y los puntos de control de la actuación del Estado. En ese sentido, este mecanismo creado de forma subrepticia es un severo golpe a estas intenciones y se suma a las críticas que pesan sobre la Autoridad misma y a su poca capacidad para responder a la lucha contra la corrupción, al menos en sus actuales circunstancias.

Lo que tenemos que hacer ahora es interpelar al gobierno y a nuestros representantes en el Congreso empleando todas las medidas legales y ciudadanas que están a nuestro alcance. Un hecho como este no debería pasar desapercibido para aquellos que defienden la idea de que necesitamos más y no menos fiscalización de quienes ejercen el poder. Por nuestra parte, tomaremos diferentes acciones para difundir este problema y hallar una solución.