Aunque no es algo exclusivo de la pandemia del Covid-19 que vivimos, las noticias falsas o fake news no han tardado en aparecer y saturar la Internet  en estos días. Remedios inverosímiles contra el virus, audios de peruanos en China o Italia y videos de tiendas saqueadas son algunos ejemplos. Los medios de comunicación y las autoridades han hecho un llamado para que la gente no comparta estos contenidos y circulan diferentes consejos para detectarlos, pero no ha faltado quien también exige sanciones para los responsables. En este artículo queremos hablar sobre el tema, profundizando en la respuesta de diferentes actores y los aspectos legales de compartir noticias falsas en Internet.

¿Qué son las noticias falsas?

Las fake news o noticias falsas son un fenómeno tan antiguo como el lenguaje mismo. No hay pruebas, pero tampoco dudas de que apenas el hombre aprendió a hablar, aparecieron las mentiras. Cuando surgieron las primeras civilizaciones, las mentiras pudieron difundirse a un gran número de personas. Aunque la mayoría deben haber sido inofensivas, al menos un par podrían haber sido el origen de eventos catastróficos. A pesar de la progresiva sofisticación de las sociedades, las noticias falsas no parecen haber abandonado nunca el ámbito de las comunicaciones humanas, desde la Edad Antigua hasta nuestros días.

Primero a través de la imprenta y luego de Internet, las fake news se abren paso por el mundo y se alimentan del miedo, avivan los odios, engañan a inocentes y no pocas veces buscar torcer la voluntad de las masas. Los casos más recientes de estudio son su influencia durante las elecciones, pero la verdad es que están por todas partes y vienen en todos los envoltorios posibles. Por ejemplo, están las inocentes que arrancan risas como la estafa del Príncipe de Nigeria, y también las que podrían haber causado el reciente genocidio de los Rohinyá en Myanmar.

En una era en donde la información viaja más rápido que nunca y tiene la capacidad de multiplicarse en poco tiempo, las noticias falsas son un problema real y tangible cuya solución se viene discutiendo en el mundo. Actualmente existen múltiples propuestas: regular su difusión, sancionar a sus creadores, sancionar a quienes ayudan a difundirlas, responsabilizar a los intermediarios que permiten su difusión, crear sistemas de bajada exprés, la verificación de datos periodística, etc. Varios países han adoptado legislaciones o creado grupos de trabajo, otros se mantienen todavía a la expectativa, a veces indiferentes al problema. Lo cierto es que no hay consenso sobre la forma apropiada de enfrentarlas teniendo en cuenta que se necesita encontrar un balance entre libertad de expresión y control. Es en ese escenario que nos ha encontrado el Coronavirus.

Desinformación y Covid-19

Igual que con las elecciones, las estafas por Internet y los conflictos étnicos, el Covid-19 no ha tardado en viralizarse en el mundo digital a través de decenas de bulos. Cristina Tardáguila, directora adjunta del International Fact-Checking Network, hace unos días señaló en un video que la coalición a la que pertenece había identificado en Internet más de 800 noticias falsas sobre el Coronavirus. Hay algunas muy ridículas como una noticia en la India que afirma que el gobierno ruso “ha liberado leones en las calles para evitar que las personas salgan de sus casas”. Pero una sobre Perú suena especialmente peligrosa. Se trata de un mensaje de texto que afirma que el receptor recibirá un bono del gobierno, para lo cual se le pide enviar diferentes datos, incluida información sobre su cuenta bancaria.

Las reacciones ante esta barahúnda de noticias falsas han venido desde diferentes partes. Para empezar, las plataformas de Internet han dejado la pasividad y esta vez han tomado ciertas decisiones. Por ejemplo, Facebook está ejecutando desde enero diferentes medidas para dar de baja contenido malicioso relacionado al Covid-19 que cause daño directo a las personas como publicidad de falsos remedios o información sobre la inefectividad del aislamiento social. También está limitando aún más la posibilidad de reenvío y difusión de contenidos a través de Instagram o WhatsApp, como impedir el reenvío de mensajes a más de un grupo al mismo tiempo,. Por su parte, Twitter ha tomado la radical decisión de ir más allá en sus políticas de moderación y ha anunciado que dará de baja los contenidos que contradigan las indicaciones de organismos oficiales como la OMS sobre el Coronavirus. De hecho, esta política ya ha cobrado sus primeras víctimas entre los presidentes Nicolás Maduro y Jair Bolsonaro, que han visto bloqueados algunos de sus tuits sobre el Covid-19. En general, otras empresas como Google, Reddit y LinkedIn están desplegando equipos de trabajo con el fin de impedir que la desinformación se difunda a través de sus plataformas.

Por su parte, las redes de periodistas, que siempre han sido los más activos frente al tema, han desplegado múltiples iniciativas a nivel global con el fin de poder ser un espacio de consulta para evaluar si una noticia es verdadera, falsa o incluso engañosa. En ese sentido ya habíamos mencionado a la Fact-Checking Network que es una alianza global y que tiene un sitio dedicado a identificar las fake news. También medios como la BBC difunden guías para poder identificar los bulos y así romper la cadena de transmisión. No se quedan atrás los medios locales, que también han aportado en esta tarea. Por ejemplo, medios de difusión masiva en Internet como Ojo Público, El Comercio, La República, Peru.21, Trome, entre otros; han dedicado varias notas para desmentir diferentes noticias falsas.

Finalmente, en un despliegue inédito de tiempo y recurso humano, diferentes entidades del Estado se han sumado a la tarea de desmentir permanentemente gran parte de las noticias falsas en las que suelen ser involucradas, a veces el mismo día en que se viralizan. Así, desde las cuentas de Twitter y Facebook de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Policía Nacional no han parado de difundir comunicados, imágenes y hasta infografías revelando que ciertas noticias que circulan son falsas o, en todo caso, no son oficiales. El mismo Presidente del Consejo de Ministros ha exhortado a la gente que deje de compartir noticias falsas, señalando que toda la información oficial sobre el Covid-19 puede ser consultada en el sitio oficial del gobierno.

¿Están reguladas las noticias falsas en Perú?

Todas las medidas mencionadas anteriormente sirven para prevenir o mitigar el efecto nocivo de las fake news sobre una población que cada vez está más sensible a cualquier noticia sobre el desarrollo de la enfermedad. En dicho contexto han aparecido voces que exigen que quienes crean y difunden estos contenidos reciban un castigo. ¿Pero esto es posible? ¿Hay leyes que prohíben las fake news? Si no hay, ¿deberían crearse? ¿Cuál debería ser el castigo? El presidente Martín Vizcarra, víctima también de los bulos, ha dicho recientemente que quienes se dedican a la difusión de estos contenidos son ”gente ociosa” que quiere causar zozobra, pero no parece darle mayor importancia al asunto.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, como ocurre en otros casos, las leyes penales castigan conductas, independientemente de los medios que se utilicen para su comisión. Por ejemplo, cuando se reguló el delito de difamación en el Perú, se hizo pensando en los medios que en dicha época servían para poder difundir los contenidos: los libros, la prensa escrita, etc. No obstante, hoy en día la difamación también puede ser castigada cuando se realiza a través de la televisión o, más recientemente, por Internet.

En el caso de las fake news pasa algo parecido. Nuestro Código Penal contiene diferentes delitos que están relacionados a la difusión de información falsa o engañosa, sin especificar a través de qué medios se ejecuta. Por ejemplo, el artículo 249 sanciona el delito de “Pánico Financiero”, que consiste en causar alarma en la población que afecte el funcionamiento del sistema financiero. También está el artículo 315-A que sanciona el delito de “Grave perturbación de la tranquilidad pública”, el cual suele citarse frecuentemente en los casos en que se comparten noticias falsas que ponen en peligro a la población. También hay otros más específico, como el de los artículos 427 y 438 que sancionan los delitos de “Falsificación de documentos” y “Falsedad Genérica” respectivamente y que se podrían aplicar cuando el bulo consiste en difundir supuestos documentos oficiales como comunicados, mensajes e incluso comunicaciones entre autoridades. Finalmente está el artículo 452, delito de “Faltas contra la tranquilidad pública”, que castiga la misma conducta que el 315-A pero en su modalidad benigna o leve.

En todos los casos, estamos frente a delitos de resultado, lo que significa que no basta con que se realicen las conductas sino que debe haber un efecto consecuente. En el caso del artículo 249, el resultado es que se genere peligro contra el sistema financiero; en el 315-A, que se perturbe (gravemente) la paz pública; en el del 427 y 438, que los documentos falseados sean utilizados para probar hechos y; en el 452, que se perturbe (levemente) la paz pública. Además, en el caso del 249, 427 y 438 se requiere necesariamente que las conductas sean dolosas, es decir; que quienes las cometen busquen provocar el peligro o daño. Por el contrario, tanto en el 315-A y 452, pese a que se deben producir resultados, quienes los cometen podrían hacerlo también de forma culposa; es decir, provocar la alarma social sin querer, al compartir información falsa creyendo que es verdadera.

A pesar de lo dicho por el Presidente, entidades como el Ministerio de Justicia ha comenzado a difundir mensajes cada vez más frecuentes sobre las noticias falsas, exhortando a las personas a dejar de compartir estos contenidos. Hasta la fecha se sabe que la Policía ha intervenido al menos a 12 personas desde la aparición del Covid-19 por publicaciones en diferentes redes sociales como Twitter, Facebook y TikTok. En la mayoría de los casos se trataría de contenidos incitando a saqueos y no propiamente la difusión de noticias falsas, pero al menos en uno sí se habría señalado que la persona detenida compartió información falsa sobre la propagación del virus en Arequipa. Desde marzo, la Policía ha anunciado en múltiples oportunidades que tiene diferentes unidades haciendo “ciberpatrullaje” en Internet con el fin de detectar y detener a quienes comparten contenidos que generen alarma y caos social.

El hecho de que el delito del artículo 315-A pueda ser cometido tanto por quién sabe que el contenido es falso como por el que piensa que es verdadero es problemático. Algunos sostienen que esto hace inconstitucional la aplicación de la norma, pues el derecho a la libertad de expresión incluye también compartir información que podría no ser correcta o ser engañosa y cause pánico, aunque el único deseo de quien lo hace sea informar a otros. Es incierto si las personas actualmente detenidas por las publicaciones de saqueos serán finalmente procesadas y sentenciadas por estos actos pues hasta la fecha no se conoce ningún caso que haya ameritado una condena por compartir fake news, al menos en aplicación del 315-A.

¿Entonces qué hacemos? ¿Le decimos al abuelo que no comparta el audio donde dicen que van a fumigar con helicópteros por la noche? ¿Nos dedicamos a desmentir todos los borradores de comunicados oficiales que afirman que se prolonga la cuarentena? ¿Le exigimos al gobierno que ponga mano dura en Internet? Las respuestas no son sencillas, pero considero que debería primar el sentido común. Por el momento, el fenómeno de fake news sobre el Covid-19 en Perú ha sido más o menos controlado por la sumatoria de las acciones de todos los actores (empresas, gobierno periodistas, ciudadanos), así que no parece ser necesario nada más.

Aunque parezca increíble, algunas soluciones que se están practicando en el mundo para contrarrestar las noticias falsas son peores que el problema. Por ejemplo, en países como Camboya, China, Etiopía, Singapur, Tailandia y Turquía, se están implementando acciones contra las noticias falsas, que están siendo utilizadas para silenciar periodistas o bloquear información incómoda para el gobierno e incluso apagar Internet. Menos lesivo, pero igual de perverso es un formulario en línea implementado en Reino Unido para que las personas denuncien a sus vecinos por violaciones a la cuarentena y que pueden redundar en la creación de reportes falsos, que consumen tiempo y recursos que podrían ser mejor asignados.

A medida que avance la situación podríamos necesitar otras medidas, pero por lo pronto lo ideal sería actuar con tranquilidad, evitar compartir información no oficial o de fuente dudosa y apoyar a que las autoridades puedan seguir haciendo su trabajo y no tengan que estar desmintiendo bulos todos los días. Para los ociosos de Internet, es momento de conseguirse otra afición.

Foto: Municipalidad de Lima (CC BY-NC-SA)