El pasado 28 de julio se aprobó, mediante Decreto Supremo 085-2023-PCM, la esperada Política Nacional de Transformación Digital (PNTD). A más de cinco años de la creación de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), y a más de tres de la creación del Sistema Nacional de Transformación Digital, la aprobación de este instrumento constituye un hito medular para conducir orgánicamente los esfuerzos gubernamentales por un país digital. La Política se suma a un conjunto de estrategias, lineamientos, reglamentos, directivas, guías y normativa en general aprobada en las últimas dos décadas con respecto a la sociedad de la información y el gobierno digital.

¿Para qué una Política Nacional?

La aprobación de una Política constituye una respuesta de política pública luego de identificado un problema o necesidad de alcance nacional. Se trata de una decisión que expresa que cierto problema público es parte de la agenda prioritaria del gobierno. En respuesta, se diseña una Política que permita planificar actividades específicas que obedecen a lineamientos y objetivos, estándares de cumplimiento y servicios públicos que deben ser alcanzados en el marco de ciertas políticas de Estado. En este caso, la PNTD se enmarca en la política de Estado N° 35 del Acuerdo Nacional, relativa a la Sociedad de la información y del conocimiento. Sin embargo, no es un documento aislado: es un instrumento de política pública que articula actividades y servicios tanto de la SGTD como de los distintos sectores (educación, telecomunicaciones, producción, etc.) para alcanzar el cambio organizativo y cultural que permita una verdadera transformación digital con valor público para la ciudadanía.

Ciudadanía digital en crisis

La PNTD busca abordar un problema público concreto: en el Perú, hay un bajo ejercicio de ciudadanía digital. En la academia, este concepto ha tenido distintos acercamientos y ha sido medido de diversas formas. Mientras que desde una perspectiva tradicional, la ciudadanía digital era entendida como un conjunto de competencias tecnológicas, acercamientos más críticos también la relacionan con el compromiso social o la participación en línea. De hecho, las escalas más recientes incorporan dimensiones como el activismo político en Internet, el bienestar digital o el involucramiento cívico en línea.

Para medir el nivel de ejercicio de ciudadanía digital en el Perú, la PNTD opta por operativizarla a partir de ocho capacidades digitales que la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) viene midiendo hace quince años. Estas capacidades se refieren a (i) buscar y obtener información en Internet; (ii) comunicarse en línea; (iii) comprar productos o servicios; (iv) operar en banca y hacer uso de servicios financieros; (v) realizar actividades de capacitación y educación; (vi) realizar trámites públicos; (vii) realizar actividades de entretenimiento; y (viii) vender productos o servicios. Aunque hubiera sido ideal incluir dimensiones relacionadas con el involucramiento cívico en línea (que va más allá de la comunicación mediante redes sociales), los ocho parámetros elegidos son convenientes porque aportan una línea de base: se conoce su estado y variación a lo largo de quince años y se podrá hacer una comparación cuando la PNTD empiece a implementarse.

Utilizando los resultados de la ENAHO de 2019, la PNTD parte de un diagnóstico preocupante. Según señala el documento, el 41.2% de la población 1 No están incluidas las personas menores de 6 años. 2 no ejercería ninguna capacidad digital. Sin embargo, no es clara la forma en la que se ha interpretado la data (ni por qué se ha dejado de lado la más reciente, del primer trimestre de 2023): de hecho, es probable que gran parte de ese porcentaje, si es que no todo, se deba a que existen personas que aún no acceden a Internet, lo cual es una condición distinta de la de aquellas que sí tienen acceso a Internet pero no ejercen capacidades digitales. De todas formas, como será desarrollado en una próxima nota, es claro que muchas capacidades digitales tienen un muy bajo ejercicio (por ejemplo, la realización de trámites en línea). Frente a ello, y para poder organizar lineamientos de respuesta, la PNTD identifica las principales causas del problema, tanto directas como transversales:

• Baja o nula calidad en el servicio para la conectividad: Mientras el acceso a Internet y otras tecnologías de la información se democratiza a pasos lentos, las dimensiones del problema de la brecha digital se hacen más evidentes. No solo se trata de garantizar acceso, sino de que éste sea de calidad.
• Poca vinculación de la economía digital con la reactivación económica y productiva del país: No hay una consolidación de la economía digital como arista de los procesos productivos del país.
• Pocos servicios públicos digitales empáticos con la ciudadanía: La mayoría de servicios son poco ágiles porque fueron desarrollados y diseñados sin suficiente empatía por la ciudadanía. Carecen de elementos de innovación que permitan automatizarlos y, en consecuencia, satisfacer las necesidades ciudadanas.
• Débil impulso del talento digital en las personas: Hace falta un enfoque de competencias digitales en el desarrollo del proceso educativo. Hay una brecha importante de habilidades digitales en el país.
• Limitado desarrollo de la Seguridad y Confianza digital: Desde la filtración de datos personales por entidades gubernamentales hasta el aumento de la ciberdelincuencia, las personas están expuestas a riesgos en línea que pueden desincentivar su participación o, de plano, dejarlas expuestas a vulnerabilidades.
• Incipiente cultura e innovación y gestión segura, ética e inteligente de los datos, las tecnologías digitales y la Inteligencia artificial: De manera transversal, la transformación también debe ser cultural.

Respuesta de la PNTD

Para lograr revertir esta situación, la PNTD se propone incrementar el ejercicio de la ciudadanía digital de las personas en un entorno digital seguro. En ese sentido, se han propuesto 6 objetivos prioritarios que responden a las causas del problema identificadas anteriormente:

• OP 1: Garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital a todas las personas. Se busca reducir la exclusión digital mediante el fomento de iniciativas de inversión en infraestructura y la creación de una red de centros de ciudadanía digital, entre otros lineamientos que toman en cuenta la accesibilidad, la mejora de la gobernanza y el cumplimiento de indicadores.
• OP 2: Vincular la economía digital a los procesos productivos sostenibles del país. Con ello, se pretende impulsar el comercio electrónico y fortalecer la inclusión financiera, a la vez que dotar de competencias y recursos a las micro, pequeñas y medianas empresas para su operación digital.
• OP 3: Garantizar la disponibilidad de servicios públicos digitales inclusivos, predictivos y empáticos con la ciudadanía. El objetivo apunta a transformar la forma en que se gobierna como parte de la estrategia general de desarrollo del país, buscando que los servidores tengan en cuenta la creación de valor público en todo momento. Para ello, el diseño de servicios digitales debe considerar las necesidades de la ciudadanía.
• OP 4: Fortalecer el talento digital en todas las personas. En otras palabras, el objetivo se orienta a que las personas tengan las habilidades sociales, emocionales y cognitivas necesarias para usar las tecnologías; cuestión que requiere el rediseño del proceso educativo.
• OP 5: Consolidar la seguridad y confianza digital en la sociedad. El fomento de una cultura de gestión de riesgos y confianza digitales, en conjunto con estrategias de seguridad, están previstos como lineamientos para este objetivo.
• OP 6: Garantizar el uso ético y adopción de las tecnologías exponenciales y la innovación en la sociedad. Para ello, se implementarán espacios de innovación en tecnologías exponenciales, a la vez que se incorporan en el Sistema Nacional de Transformación Digital. Así, por ejemplo, se propone que el Centro Nacional de Datos utilice análitica avanzada, o que se cree un Observatorio Nacional de Ciudadanía Digital. 

Estos seis objetivos se concretan en lineamientos de acción, los cuales, a su vez, están operativizados en servicios públicos. Se trata de 82 servicios dirigidos a la ciudadanía, entidades, empresas, grupos de especial protección, sector tecnológico, etc., que pueden ser revisados por objetivo en esta tabla. 

Naturalmente, estos servicios no están solo a cargo de la SGTD. La ejecución de la PNTD necesitará de un trabajo articulado con distintas instituciones, por lo cual en muchos de ellos están involucradas otras entidades, tales como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, etc.

Seguimiento y próximos pasos

La transformación digital es un proceso que inició antes de la aprobación de esta Política, pero que ahora tendrá un despliegue mucho más orgánico. A la fecha, por ejemplo, en el portal de reporte de avances en gobierno y transformación digital pueden apreciarse el nivel de cumplimiento de ciertos estándares en materia de gobernanza y seguridad digital. La planificación mediante una Política Nacional permite que se tengan indicadores específicos para evaluar el cumplimiento de cada servicio público propuesto. Con ello, y con un adecuado reporte que venga acompañado de una cultura de transparencia y datos abiertos (que, precisamente, hace parte de la transformación digital), será posible que la ciudadanía monitoree los avances en la implementación de la PNTD. Mientras tanto, la SGTD está encargada de realizar informes de evaluación de resultados y garantizar la mejora continua.

Desde Hiperderecho, saludamos la aprobación de la Política y esperamos que las distintas entidades involucradas empiecen a desplegar sus esfuerzos para diseñar y concretar los servicios públicos incluidos en ella. Solo es posible lograr una ciudadanía digital robusta cuando las personas usan la tecnología para involucrarse en y con la sociedad, a la vez que aprovechan los beneficios de ella de manera segura, libre y efectiva.