La Audiencia Pública tiene como finalidad conocer los distintos puntos de vista de otras entidades del estado, empresas y especialistas sobre los temas del Proyecto de Ley. El programa completo incluye la participación de representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Minsterio de la Mujer, el Tribunal Constitucional y la DIVINDAT. También participarán organizaciones como la ONG Hiperderecho, la Red Peruana contra la Pornografía Infantil y la ONG Acción por los Niños. Además, también brindarán sus perspectivas el profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico Óscar Súmar y el psicólogo Fernando Maestre.
A las 11:40 am, Manuel González de la ONG Hiperderecho hablará de los problemas que plantea el filtrado de las conexiones a Internet para la libertad de expresión. Su participación se enfocará en explicar los múltiples problemas que significa establecer un sistema de filtrado estatal y la forma en la cual realmente no soluciona el problema de los menores accediendo a contenidos pornográficos a través de Internet.
El evento se llevará a cabo este viernes 25 de octubre en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea desde las 9 pm. El ingreso es libre.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
Hoy martes 22 de octubre se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley No. 30096 — Ley de Delitos Informáticos. El Proyecto de Ley fue originalmente aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presidida por Alberto Beingolea en julio de 2012. Luego de más de un año esperando discusión, el 12 de septiembre de este año el Congreso decidió cambiar casi en su totalidad el texto y aprobar por unanimidad un nuevo texto que no había pasado por ninguna Comisión ni publicado previamente en menos. Todo en menos de cinco horas. El día de hoy, el Presidente de la República la ha promulgado un día antes de que termine el plazo de quince días que tenía para hacerlo.
Miguel Morachimo, Director de la ONG Hiperderecho, señaló:
«La forma en la que se ha aprobado esta ley sienta un precedente nefasto para nuestro país. Que el Congreso haya decidido cambiar completamente el texto de un Proyecto de Ley y aprobarlo sin discusión en menos de cinco horas demuestra lo poco que respetan la opinión de la sociedad civil. Mientras en otros países las leyes que afectan Internet pasan por un proceso de consulta, nuestro Gobierno parece entender la consulta como conversar con un par de empresas. Va a ser muy peligroso ver replicado este sistema en las siguientes procesos legislativos, como el de derechos de autor.»
Con la aprobación de la Ley de Delitos Informáticos, se introducen una serie de nuevos delitos al ordenamiento jurídico peruano. Entre ellos, está el de acoso a menores a través de Internet (grooming) que pasa a tener una pena más alta que la comisión de actos contra el pudor contra menores en la calle o en el colegio. También se incorpora una agravante para el delito de discriminación cuando se lleva a cabo a través de Internet, que pasa a tener la misma pena que la violencia por discriminación. Finalmente, por un error formal propio de la premura por aprobar la Ley, se reducen la pena para el robo de patrimonio cultural de ocho a tres años.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
En Hiperderecho, hemos estado siguiendo con mucho interés el ciclo de reportajes que INFOS y el blog el Útero de Marita están dedicando a APDAYC. Creemos que es necesario revisar la forma en la que funciona el Derecho de Autor en Perú, para que sea un sistema coherente y beneficioso para artistas y público en general. Por ello, empezamos un ciclo de posts dedicados a proponer reformas puntuales y necesarias a la ley. Los invitamos a sumarse a la discusión y ayudarnos a intervenir la Ley de Derechos de Autor.
Preámbulo: Derechos de autor y propiedad privada
Estamos acostumbrados a escuchar que los derechos de autor son una forma de propiedad. A menudo nos recuerdan que el no pagar a una sociedad de gestión colectiva equivale a entrar a la casa de un artista a robar. Nos repiten una y mil veces que cualquier medida que reduzca o modifique los derechos de autor significa una expropiación. En esa lógica, muchos se apresuran a afirmar que quienes hablamos de la posibilidad de devolverla a los creadores el control de sus obras bajo licencias como Creative Commons somos comunistas.
Sin embargo, cuando uno lee las normas de derechos de autor reconoce un sistema especial. Ningún otro sistema de propiedad privada en nuestra legislación está sometido a tal número de excepciones y particularidades como el de derechos de autor. Es cierto que la ley reconoce al creador como el titular de un conjunto de derechos sobre su obra, pero también nos da a todos nosotros otro grupo de derechos sobre la misma obra. Gracias a estos derechos, podemos ejercer el derecho de citar obras de otros, usarlas con fines académicos, pedirlas prestadas en una biblioteca o fotocopiarlas para estudiarlas. Incluso, son estas mismas leyes las que reconocen que luego de un periodo de tiempo las obras pasan a ser de dominio público. Es decir, a pertenecernos a todos.
Los derechos de autor parecen una forma de propiedad distinta. No son propiedad en el mismo sentido en el que un auto o un reloj son propiedad de una persona. Son propiedad como un parque público es propiedad de una municipalidad o del estado central pero también de todos. Nadie puede destruir un parque o hacer algo que dentro de él está prohibido. Sin embargo, tampoco nadie puede ser expulsado de un parque público y todos tenemos algún derecho a disfrutar de él en armonía con el resto.
El sistema de derechos de autor lleva implícita la idea de un equilibrio. En su esencia, está la idea de que el sistema debe de permitir a los creadores continuar creando al tiempo que promueve el acceso a la cultura y al conocimiento por parte de todos los demás. Este es un equilibrio que está presente también en nuestra propia Constitución. El artículo que sirve de marco constitucional para la ley señala:
Artículo 2.— Toda persona tiene derecho:
(…)
8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.
Nuestra Constitución reconoce que la labor del Estado de propiciar el acceso a la cultura debe de armonizarse con la propiedad sobre las creaciones intelectuales. Este equilibrio tiene su mejor expresión en la lista de excepciones y limitaciones al derecho de autor. Se trata de una lista de casos en los que es posible usar todo o parte de una obra protegida por derechos de autor sin necesidad de pagar una contraprestación o pedir permiso.
En nuestro país, esa lista es limitada y ha quedado totalmente desfasada. La lista permite que una biblioteca preste material impreso, pero no permite que preste material audiovisual. En los mismos términos, permite que una tienda que vende televisores o equipos de audio utilice obras protegidas pero se lo prohibe al encargado de una bodega. Autoriza a que una parroquia use parte de una canción pero para usarla completa la obliga a pagar a una sociedad de gestión colectiva. La misma lista es la que permite que organices todas las fiestas que puedas en tu casa pero si las haces en un lugar que no es tu casa, así sea con el mismo número de invitados, estás obligado a pagar.
Desde el año 1996 en que se escribió nuestra Ley de Derechos de Autor, esa lista ha cambiado solo una vez para permitir la reproducción de obras para uso privado de invidentes. Buena parte del descontento que hoy muchos artistas y usuarios de música sienten respecto de cómo está funcionando nuestro sistema de derechos de autor se debe a las limitaciones de esta lista. El mejor resultado que podemos obtener de la campaña #IntervenganAPDAYC es que, además de que se aclaren las denuncias por manejos irregulares dentro de la Sociedad, se actualice esta lista de manera tal que cree un sistema de derechos de autor más coherente con nuestra realidad y nuestros tiempos. Las siguientes entradas de esta serie estarán dedicadas a explicar cómo podemos lograr estos cambios.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
El Proyecto de Ley de Delitos Informáticos, también conocido como Ley Beingolea, fue aprobado por el pleno del Congreso la semana pasada. El texto original del Proyecto, presentado en el 2011 y cambiado por la Comisión de Justicia en el 2012, fue cambiado nuevamente el último jueves durante el receso de la sesión y terminó aprobándose un texto distinto del original.
[button link=»https://twitter.com/intent/tweet?text=Presidente+%40Ollanta_HumalaT+diga+NO+a+la+%23LeyBeingolea%21+Sus+peligrosas+disposiciones+y+falta+de+discusión+en+su+aprobación+es+inaceptable.» type=»big» newwindow=»yes»] Twittear a Ollanta Humala sobre la Ley de Delitos Informáticos[/button]
Ahora nos unimos a la campaña iniciada por nuestros amigos de la ONG internacional Access para solicitarle a través de Twitter y Facebook al presidente Ollanta Humala que no promulgue esta ley. La participación de todos es muy importante. Solo tienen que seguir los botones de esta página y cada uno te sugerirá un texto distinto para compartir a través de Twitter.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
El Proyecto de Ley de Delitos Informáticos, también conocido como Ley Beingolea, fue aprobado por el pleno del Congreso la semana pasada. El texto original del Proyecto, presentado en el 2011 y cambiado por la Comisión de Justicia en el 2012, fue cambiado nuevamente el último jueves durante el receso de la sesión y terminó aprobándose un texto distinto del original.
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El Proyecto de Ley de Delitos Informáticos, también conocido como Ley Beingolea, fue aprobado por el pleno del Congreso la semana pasada. El texto original del Proyecto, presentado en el 2011 y cambiado por la Comisión de Justicia en el 2012, fue cambiado nuevamente el último jueves durante el receso de la sesión y terminó aprobándose un texto distinto del original.
Además de los defectos en materia de publicidad previa, el nuevo Proyecto de Ley ha incluido propuestas que no habían recibido el visto bueno de ninguna Comisión. Entre los asuntos más polémicos del Proyecto, se encuentra la posibilidad de que ciertas conductas propias del usuario de tecnología intensivo terminen siendo criminalizadas, que se penalice cualquier comentario o mensaje emitido a través de Internet que alguien pueden encontrar discriminatorio, que se cree un delito especial para quienes contactan a menores de edad a través de Internet y agravantes para la interceptación de comunicaciones cuando compromete información pública.
El Proyecto de Ley actualmente se encuentra pendiente de ser revisado por el Presidente de la República, quien puede elegir promulgarlo o devolverlo al Congreso formulando observaciones. Por ello, desde la ONG Hiperderecho hemos enviado una carta el Presidente solicitándole que no promulgue la Ley de Delitos Informáticos y que devuelva el proyecto al parlamento para que se lleve a cabo un debate participativo e informado.
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El proyecto de ley que propone filtrar por defecto todos los contenidos pornográficos de Internet para proteger a los menores ha sido duramente criticado en las últimas semanas. La iniciativa legislativa, presentada por el congresista Omar Chehade, viene acompañada de una exposición de motivos donde entre otras cosas se menciona a China, Irán y Cuba como países que han logrado implementar un sistema similar.
La exposición de motivos también refiere un ensayo de la profesora de Derecho y especialista en libertad de expresión Dawn Nunziato, publicado en español en un libro sobre censura en Internet editado por el profesor Eduardo Bertoni de la Universidad de Palermo.
Se plantean, pues, pautas claras que garantizarán la neutralidad, equilibrio y transparencia en la selección de las páginas que serán bloqueadas, además de otras garantías aplicables en los procesos judiciales como el debido proceso y la doble instancia ante supuestos de lesiones de derechos.
Como se indica en el libro «Hacia una internet libre de censura. Propuesta para América Latina», con definiciones claras y precisas de las expresiones que bloquearán, con procesos que se implementarán de manera abierta y transparente de modo que todos -usuarios y proveedores- los que se sientan afectados sean informados sobre el bloqueo y las razones de esa medida, con la posibilidad de apelar las decisiones de bloqueos ante ·el órgano judicial, se podrá garantizar adecuadamente el derecho a la libertad de expresión e información de todos los ciudadanos.
En la exposición de motivos del proyecto, hemos sido citados y, de una lectura rápida, parecería que avalamos el proyecto. Sin embargo, lo que expresamos en la obra que se cita, va directamente en sentido contrario al mecanismo de bloqueo y monitoreo que se diseña en el proyecto.
Más adelante, los autores específicamente solicitan al Congreso peruano que rechaze la Ley Chehade por atentar con la libertad de expresión y la privacidad.
En conclusión y para que quede claro: filtrar es censurar y la censura violenta la libertad de expresión. Y monitorear es espiar, y ello vulnera nuestra privacidad. Respetuosamente y al haber sido mencionados en el proyecto, instamos al Congreso peruano a que no lo transforme en una ley.
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Con un texto sustitutorio elaborado en menos de cinco horas y una negociación a puerta cerrada, el Congreso aprobó ayer la Ley de Delitos Informáticos conocida como Ley Beingolea. Se trata del mismo proyecto de ley que la Comisión de Justicia dictaminó hace más de un año y que el día de ayer fue sometido a debate en Pleno, modificado y vuelto a votar horas más tarde para ser aprobado por unanimidad.
La Ley Beingolea no estaba muerta
El año pasado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso entonces presidida por Alberto Beingolea emitió un dictamen favorable sobre un grupo de proyectos de ley que proponían la introducción de nuevos delitos informáticos. El texto de este Dictamen, conocido como Ley Beingolea, recibió una avalancha de críticas por parte de la comunidad nacional e internacional a través de cartas, artículos y mensajes en redes sociales. Los principales cuestionamientos que se le hacían tenían que ver con la vaguedad de varios de sus artículos y su propuesta de reducir severamente el derecho constitucional al secreto de las telecomunicaciones.
Sin embargo, el texto de la Ley Beingolea nunca fue retirado aunque el propio Alberto Beingolea reconoció las carencias de su proyecto. Desde entonces, el Proyecto ha estado esperando su debate y hace pocos meses fue incluido en la agenda del pleno luego de sendas solicitudes de premura de los congresistas Juan Carlos Eguren y Tomás Zamudio. En el interín, se presentaron otros proyectos que tratan delitos informáticos en específico o que están relacionados con el uso de la tecnología incluyendo un proyecto integral elaborado por el Ministerio de Justicia y enviado al congreso con las firmas del Presidente de la República y el Primer Ministro.
El regreso de la Ley Beingolea
Sin embargo, esta semana la Ley Beingolea apareció como número 1 en el orden de Proyectos a ser debatidos. Durante la mañana de ayer se abrió el debate en el Pleno, donde pocos congresistas como Mesías Guevara, Yonhy Lescano y Luz Salgado expresaron su preocupación por la vaguedad de los términos del Proyecto. Otros congresistas aprovecharon para destacar que ellos también habían presentado sus propios proyectos de ley sobre acoso a menores a través de Internet o dieron cuenta del reciente proyecto del Ejecutivo. Frente a ello, el congresista Juan Carlos Eguren en su calidad de presidente de la Comisión de Jusiticia solicitó un receso para poder incorporar las sugerencias de los congresistas.
A las 4 pm, pocas horas luego del debate, el congresista Eguren volvía a someter al debate un nuevo texto de la Ley Beingolea que solo conocían los parlamentarios y que fue “plenamente consensuado con los representantes del Poder Ejecutivo, ya que tenían un proyecto de ley presentado que pretendía legislar las mismas materias”. El nuevo texto del Proyecto de Ley incorporaba casi todos los demás proyectos de ley presentados, pese a que no se habían revisado ni votado en Comisión previamente. Sin embargo, el nuevo texto apenas mereció un par de intervenciones menores y fue inmediatamente aprobado por 79 votos a favor y ninguno en contra.
El texto secreto
El texto sustitutorio elaborado por el congresista Juan Carlos Eguren es distinto del proyecto de Ley Beingolea original e incorpora muchos artículos y supuesto completamente nuevos. Miguel Morachimo, Director de la ONG Hiperderecho, destaca errores de forma y fondo en la Ley aprobada:
“La aprobación de la Ley Beingolea es el ejemplo perfecto de cómo no se debe llevar a cabo un proceso legislativo. En primer lugar, tienen un texto muy criticado durmiendo por más de un año en la agenda. Luego, lo someten a debate y en cuestión de horas cambian completamente el texto incorporando propuestas nuevas que no han pasado por ningún filtro en Comisión, como la de grooming o discriminación por Internet. Este nuevo texto solo lo conocen los congresistas y todos los demás ciudadanos tenemos que ver por televisión como es aprobado por unanimidad sin que sepamos qué dice. ¿No pensaron que si la primera versión había recibido tantos comentarios críticos era necesario someter a comentarios de la sociedad civil también la segunda?”
Morachimo destacó, además, que “si bien el nuevo texto ha moderado algunos de los errores de la Ley Beingolea también ha incorporado nuevos problemas como la penalización de las expresiones de discriminación a través de Internet o el contacto con menores a través de medios tecnológicos. Todos temas que han sido materia de mucha discusión en otros países y que acá se han propuesto, negociado en secreto y aprobado por unanimidad en menos de seis horas.”
Tras su aprobación, el nuevo texto de la Ley Beingolea ahora espera el visto bueno del Presidente de la República para convertirse en Ley. Sin embargo, en las pocas horas que lleva de aprobada, muchos usuarios de redes sociales ya han manifestado su desaprobación y rechazo al Proyecto.
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El Acuerdo de Promoción Transpacífico (TPP) es un acuerdo de libre comercio en negociaciones desde el 2008 entre países de la región Asia Pacífico, que incluye a Estados Unidos, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón, Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam. Su contenido es secreto pero se sabe que contiene capítulos sobre inversiones, propiedad intelectual, comercio electrónico, telecomunicaciones, entre otros. En el 2011, se filtró al público el texto del capítulo de propiedad intelectual propuesto por Estados Unidos y ha sido materia de polémica desde entonces.
La moción presentada 29 de agosto de 2013 por un grupo de congresistas peruanos busca que el Pleno del Congreso solicite formalmente al Poder Ejecutivo que abra el debate público la posición peruana dentro de las negociaciones del TPP y que la Ministra de Comercio Exterior y Turismo acuda al Congreso a informar al respecto. En la moción, se toma como referencia las preocupaciones expresadas por un grupo de organizaciones de la sociedad civil y respaldadas por más de tres mil peruanos bajo la campaña No Negociable. Así mismo, también se menciona la reciente decisión del Senado chileno de abrir al debate público las negociaciones del TPP en ese país.
Para Miguel Morachimo, Director de la ONG Hiperderecho, “se trata de un importante paso en el proceso de legitimación de las negociaciones del TPP”. El especialista señaló que “la relevancia de los temas que se tratan en las negociaciones del Acuerdo, como libertad de expresión o acceso a medicamentos, ameritan que existan posiciones nacionales firmes en torno a esos temas”. Precisó que “no se trata de estar en contra del Acuerdo o del libre comercio, se trata de que las decisiones que el Ejecutivo toma por todos nosotros y que terminamos obligados a convertir en leyes sean correctamente evaluadas”.
Los congresistas que firmaron la moción son Manuel Dammert, Mesias Guevara, Leonardo Inga, Yohny Lescano, Rosa Mavila, Verónika Mendoza, Manuel Merino de Lama, Cecilia Tait y Alejandro Yovera. La moción actualmente se encuentra pendiente de ser revisada por el Consejo Directivo.
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Un grupo de proyectos de ley presentados recientemente en el Congreso peruano, abordan diversos asuntos relacionados con el uso de Internet. Sin embargo, su entendimiento de las tecnologías y sus posibilidades es parcial y pesimista, terminando en fórmulas que proponen la prohibición de todo aquello que no se pueda controlar.
Un proyecto de ley presentado por el congresista Omar Chehade parte de la preocupación por la facilidad de acceder a contenidos pornográficos a través de Internet. Considera que resulta cada vez más difícil para los padres supervisar lo que sus hijos hacen en línea, debido a los diversos medios y dispositivos existentes para conectarse. Por ello, propone crear una comisión estatal dedicada a identificar y ordenar el bloqueo de todos los contenidos no aptos para menores disponibles en Internet. Este filtrado se aplicaría por defecto a todos las conexiones de Internet del país y solo se levantaría para los usuarios que lo soliciten expresamente a su proveedor de acceso.
La propuesta adolece de profundos problemas legales y prácticos, como lo hemos señalado en Hiperderecho. En principio, porque implantaría un sistema estatal de censura previa respecto de un contenido que en sí mismo es legal, como la pornografía. El proyecto no busca regular el acceso a pornografía infantil sino a la pornografía en general.
Además, el requisito de solicitar expresamente a la empresa operadora la habilitación de los contenidos pornográficos, crearía un registro nacional de consumidores de pornografía del que nadie querría formar parte.
En la práctica, el proyecto también sería una tarea de muy difícil implementación y mantenimiento. El volumen de sitios que tendrían que diariamente agregarse a la lista negra estatal llevaría a errores, zonas grises y casos en los que termine utilizándose esta potestad estatal con fines de censura política. El uso intensivo de esta potestad llevaría a bloquear servicios como Tumblr, Pinterest o todo el tráfico peer-to-peer en Perú. Por ende, la aceptación de estas soluciones abriría la puerta a que en un futuro cercano se busque implementar sistemas de filtrado similares para infracciones a los derechos de autor o difamación.
Por otro lado, luego de un accidentado primer intento por ampliar el catálogo de delitos informáticos existentes en Perú, un nuevo proyecto de ley firmado por el Poder Ejecutivo quiere incorporar un conjunto de nuevos delitos relacionados con sistemas informáticos. La propuesta se inspira en parte en el Convención sobre Cibercrimen de Budapest cuando propone incorporar delitos como los de acceso ilícito, atentado contra la integridad de datos o sistemas informáticos o el uso indebido de dispositivos, entre otros. Sin embargo, en algunos casos omite señalar excepciones que sí están presentes en el texto internacional y en otros incorpora artículos totalmente nuevos.
Es el caso de los delitos de grooming, discriminación e interceptación telefónica. En el primero, en firme cumplimiento de la tradición nacional por seguir las modas continentales, se propone penalizar a quien “a través de las tecnologías de la información o de las comunicaciones” contacte a un menor de catorce años para solicitarle material pornográfico o proponerle actividades sexuales. En el caso del delito de discriminación, se propone ampliar la redacción vigente del Código Penal para incluir los casos en los que el delito se realiza “a través de las tecnologías de la información y de la comunicación”. En otras palabras, propone hasta tres años de cárcel para quien a través de un artículo, comentario o un video difundido por Internet discrimina o incita a la discriminación. Finalmente, el proyecto de ley también intenta aumentar las penas para el delito de interceptación telefónica hasta los seis años y propone agravantes para información clasificada o que comprometa la defensa y soberanía nacional.
Aunque ambos proyectos de ley han sido elaborados por equipos distintos y abordan problemas diferentes, es posible identificar algunos puntos en común. En primer lugar, comparten una visión desesperanzadora de lo que significa la tecnología y del rol estatal sobre ella.
La sociedad ha abrazado la apertura de la tecnología como una oportunidad para innovar y mejorar nuestra calidad de vida. Una oportunidad, por cierto, no desprovista de riesgos pero a cuyos beneficios no podemos negarnos. Por el contrario, en estos proyectos, nuestro Estado parece ver en la tecnología una profunda amenaza a la sociedad que es imprescindible reprimir y respecto de la cual nunca se podrá estar suficientemente protegido.
Por eso es que estos proyectos se esfuerzan en cubrir todos los supuestos posibles, así nunca se vayan a verificar en la práctica o no tengamos los medios apropiados para detectarlos. Por eso creen que es mejor que los supuestos sean demasiado amplios en lugar de hacerlos demasiado específicos. Esta aproximación “precautoria” a los usos de la tecnología puede terminar afectando no solo usuarios sino también a empresas, creadores y emprendedores que experimentan con los nuevos medios.
El otro rasgo común que tienen ambos proyectos de ley, es su alienación respecto de la realidad nacional y la capacidad institucional del Estado. Su punto de partida siempre es un documento internacional, una iniciativa extranjera que se pretende imitar o la necesidad figuración política frente a un tema de coyuntura.
Peor aún, la prisa en adaptar el Convenio de Budapest es evitar que se apruebe un proyecto de ley peor como el propuesto por la Comisión de Justicia el año pasadoy que todavía no ha sido retirado. Sin embargo, ninguno parte de señalar la cantidad de delincuentes que se le han escapado al Estado por un vacío legal, el éxito que han tenido estas medidas en otros países o el impacto que las medidas propuestas tendrán en la libertad de expresión, la protección de datos personales o el desarrollo de la investigación científica.
Esta desconexión con la realidad hace que las propuestas sean tan descabelladas como un filtro nacional anti pornografía, o tan populistas y peligrosas como ampliar el delito de discriminación a espacios como Internet. Son prohibiciones raras porque son tan ambiciosas que a todos nos queda claro que no se van a cumplir efectivamente, o solo se van a hacer valer selectivamente, contra aquello que el Estado no puede callar por otros medios. Estas prohibiciones amplias y principistas son muy peligrosas para una sociedad libre y la tecnofobia de algunos de nuestros políticos nos está llevando a tomarlas por inocentes.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
