Autor: Carlos Guerrero

Ex Director de Políticas Públicas (2013-2020)

Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Hiperderecho es elegido como representante en la CODESI

Hiperderecho existe para representar los intereses de los usuarios de tecnología en Perú en todos los debates de política pública existentes en el país. Hace dos semanas recibimos una invitación de la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI) para participar de una mesa de trabajo con diferentes representantes de la sociedad civil. Estas reuniones forman parte de una nueva propuesta presidida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para discutir los temas de la Agenda Digital Peruana.

Un poco de historia

Para quien nunca ha oído sobre ella, la CODESI es un espacio de trabajo de múltiples partes interesadas creado por la Presidencia del Consejo de Ministros en el 2003, cuyo objetivo fue producir un Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información para el Perú. La Comisión estaba presidida en ese entonces por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, que distribuyó a los participantes del sector privado y público en diferentes mesas de trabajo.

Entre 2003 y 2005, estos grupos de trabajo elaboraron un informe que contenía un diagnóstico de la realidad peruana, identificaba necesidades y definía objetivos en diferentes áreas como conectividad, gobierno electrónico, entre otros. Este documento, que se hizo conocido como la Agenda Digital Peruana, fue el referente de trabajo del Estado en materia de Internet durante los siguientes cinco años.

En el 2011 se realizó una evaluación de los avances y se dispuso la reactivación de la CODESI con el fin de actualizar el documento. El resultado fue la Agenda Digital 2.0, que contó con la participación de las regiones del país y afinó aún más los objetivos de cada sector. Del mismo modo que con la versión anterior, el seguimiento estuvo a cargo de una Comisión especial creada para este fin. Sin embargo, a diferencia del Plan anterior, los informes de seguimiento de esta Agenda no se hicieron públicos, generando desconocimiento sobre su nivel de desarrollo. Asimismo, por diferentes motivos se dejó de lado el desarrollo de varios objetivos clave, pese al gran trabajo hecho en materia de Acceso y Gobierno Electrónico.

En ese contexto, el año pasado se inició un proceso de reformas dentro de diferentes organismos del Estado con miras al Bicentenario de la Independencia. Dentro de estos cambios, la Presidencia del Consejo de Ministros dejó la dirección de diferentes Comisiones, entre ellas la CODESI. Desde el mes de marzo de 2017, esta Comisión forma parte del MTC bajo la tutela del Viceministerio de Comunicaciones (próximamente Viceministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).

¿Cómo es que fuimos elegidos representantes?

Uno de nuestros objetivos en Hiperderecho es continuar facilitando y difundiendo el uso de la tecnología de tal manera que las personas puedan reconocer el nexo en esta y los derechos humanos. Consideramos que de esta forma es posible realizar un ejercicio más efectivo de nuestra ciudadanía y explotar el potencial liberador de Internet. En ese sentido, venimos trabajando en algunos de los temas que se priorizaron en la Agenda Digital 2.0 como libertad de expresión, acceso a la información, protección de datos, entre otros.

Además, hemos desarrollado proyectos específicos relacionados como La Voz de la Internet Peruana, primer documento realizado bajo la metodología de crowsdourcing en el país y que permitió un acercamiento directo a las necesidades y aspiraciones de los usuarios de Internet en Perú.

En la reunión antes mencionada a la que asistimos por invitación de la CODESI se nos informó sobre la propuesta de cambios al Decreto Supremo No. 065-2015-PCM. Uno de ellos es prorrogar los objetivos de la Agenda Digital planteados para el 2015 hasta el 2018. Además, incluir en la conformación de CODESI a representantes de la academia, sociedad civil, gremios de la TIC y gobiernos regionales y locales, para tener una visión más completa sobre los temas que se desarrollen en esta materia.

Del mismo modo, se planteó contar por primera vez con dos miembros titulares y dos miembros alternos con el objetivo de que sean representantes de la Sociedad Civil ante la CODESI. Todos los asistentes estuvieron de acuerdo con esa propuesta, por lo cual después de una votación interna la Red Científica Peruana y la ONG Suma Ciudadana fueron elegidos como titulares. Asimismo, Hiperderecho y el Colegio de Abogados de Lima fueron seleccionados como miembros alternos.

Creemos firmemente que esta renovada CODESI puede ser un espacio donde se discutan las inquietudes y problemas que identifica la ciudadanía con respecto a la tecnología y a sus derechos en general. Por ello, buscamos funcionar como un mediador de los intereses y preocupaciones que otros grupos de la sociedad civil puedan tener respecto a estos temas.

Foro Peruano de Gobernanza de Internet 2017: el largo trayecto hacia la consolidación

Hace poco más de un año, escribíamos sobre los resultados del primer Foro Peruano de Gobernanza de Internet. Comentábamos allí los retos y dificultades de la organización, pero también el largo proceso de construir un espacio en donde se reuniera un número significativo de actores interesados en participar de esta iniciativa. Para los que no están familiarizados aún con este evento, los invito a leer la explicación brindada en la página web del Foro.

Un año de retos y aprendizajes

El principal reto del año pasado fue captar la atención de personas y organizaciones. Dada la ausencia de otros organizadores, Hiperderecho asumió el liderazgo y enfocó su trabajo inicial en identificar actores y contactarlos para proponerles la idea de realizar un Foro de Gobernanza en el país. Luego de varios meses, conseguimos unir un pequeño grupo de representantes de diferentes sectores (Academia, Gobierno y Sociedad Civil) y se tomó la decisión de llevar adelante la organización del primer evento de este tipo en el Perú.

Este año ocurrió todo lo contrario. Por iniciativa propia, fueron las organizaciones del ecosistema las que reclamaron la continuidad del Foro y trabajaron en espacios de coordinación y apoyo para hacerlo viable. Esto se vio reflejado en la participación de actores muy importantes para el desarrollo de Internet en el país como la Red Científica Peruana, Internet Society Perú y varios Ministerios del Estado, todos ausentes en la primera edición. Asimismo, se establecieron nuevos liderazgos como el de Democracia y Desarrollo Internacional y la colaboración del sector privado, a través de la empresa DN Consultores.

Sin la presión de volver a mapear el campo gracias al entusiasmo de estas organizaciones, las tareas para el Foro de este año se centraron en mejorar las condiciones logísticas y elevar la diversidad y calidad de los paneles. En el primer caso, fue invaluable el soporte asumido por actores de presencia regional como la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), Facebook, Google, ICANN e Internet Society. En el segundo, el mayor número de organizadores permitió convocar a expertos de diferentes espacios, algunos inéditos en temas de gobernanza de Internet, tal como se puede observar en la Agenda.

Por supuesto, por cada reto superado aparecían dos más. Por ejemplo, el contar con más recursos implicó crear una estructura nueva para la toma de decisiones (bastante limitada el año anterior). La presencia de actores internacionales también hizo repensar la forma en que se construían los paneles y se convocaba a los actores locales. Del mismo modo, una estructura más grande trajo la pregunta de cómo estandarizar ciertos procesos o hacerlos más transparentes. Todo esto pensando en la sostenibilidad del Foro y del ingreso de nuevos interesados en asumir su liderazgo, a quienes los anteriores impulsores estamos obligados a rendir cuentas.

Creo que esta segunda edición ha marcado el inicio de un largo proceso de consolidación que puede o no ser exitoso. A diferencia de Colombia, Argentina o Brasil, el Perú no ha articulado un espacio permanente de discusión sobre Gobernanza de Internet. En parte, esto podría explicarse debido al poco interés o desconocimiento de instituciones clave como la Sociedad Nacional de Industrias o las Coordinadoras de Derechos Humanos. Pero también a que los espacios naturales como la Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI) han estado inactivos durante mucho tiempo. Sea cual fuere la razón, el camino de construir ese espacio se ha iniciado y el modelo que sigamos dependerá mucho de cómo las relaciones entre actores evolucionen y el interés por la gobernanza compartida se mantenga vivo.

Resultados y perspectivas

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en esta caso pueden ser muy útiles para evaluar el desarrollo de una iniciativa que está dando sus primeros pasos. Es por ello que a continuación vamos a presentar un cuadro con números y datos comparativos entre el Foro de Gobernanza 2016 y la edición de 2017*. Luego, algunas perspectivas de cara al futuro.

 

Edición 2016 Edición 2017
Comité Organizador

  • 1 representante del Gobierno (Congreso de la República)
  • 1 organización de Sociedad Civil (Hiperderecho)
  • 1 organización de Comunidad Técnica (APESOFT)
  • 1 organización del Sector Privado (Entel Perú)
 Comité Organizador:

  • 3 organizaciones de Sociedad Civil (Democracia Digital – D&D Internacional., ISOC Peru., Hiperderecho)
  • 1 organización de Comunidad Técnica (Red Científica Peruana)
  • 1 organización del Sector Privado (DN Consultores)

 
Conformación de los paneles:

  • 4 Paneles en total
  • 3 representantes del Gobierno
  • 7 representantes de Sociedad Civil
  • 9 representantes del Sector Privado
 Conformación de los paneles:

  • 7 Paneles en total
  • 10 representantes del Gobierno
  • 12 representantes de Sociedad Civil
  • 8 representantes del Sector Privado
  • 6 representantes de la Comunidad Técnica
  • 1 representante de la Academia
Asistencia

  • El número total de asistentes fue de 40 personas.
  • 1 identificado como Gobierno.
  • 21 identificados como Sociedad Civil.
  • 7 identificados como Sector Privado.
  • 1 identificado como Comunidad Técnica.
  • 10 no identificados con ninguno de los anteriores.
 Asistencia

  • El número total de asistentes fue de 173 personas.
  • 21 identificados como Gobierno.
  • 59 identificados como Sociedad Civil.
  • 52 identificados como Sector Privado.
  • 14 identificados como Comunidad Técnica.
  • 27 identificados como Academia.
  • El número de mujeres asistentes fue de 68
  • El número de hombres asistentes fue de 105
Instituciones de Apoyo

  • Google
  • Pontificia Universidad Católica del Perú
 Instituciones de Apoyo

  • Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
  • Facebook
  • Google
  • ICANN
  • Internet Society

Algunos de estos datos dan fe del impulso que el Foro ha recibido en este año y que esperamos se convierta en un apoyo permanente para enfrentar los retos sobre el desarrollo de Internet en nuestro país. El interés de las entidades y líderes de nuevo gobierno también nos hacen pensar que podemos ver el futuro con un poco más de optimismo. Del mismo modo, organizaciones de sociedad civil que han conocido por primera vez el Foro pueden acelerar el proceso de articulación en este sector, igual que la Academia.

¿Qué es lo que se viene? En primer lugar, hacer una pequeña pausa para observar con detenimiento lo logrado y proyectar qué se quiere en el futuro. Lo segundo es retomar la tarea de evangelizar y mostrar los resultados a diferentes grupos de actores que aún no conocen el Foro y su potencial transformador en la gobernanza de Internet. En ese aspecto, no es necesario que el trabajo sea hecho solo por los organizadores, sino por cualquier persona que haya asistido o tenga interés en participar.

Algo que quizás pueda influir también en el futuro es la reciente reactivación de la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI), un espacio similar al Foro de Gobernanza en donde se busca crear y dar seguimiento a las Agendas Digitales. Si bien este espacio es un poco más restringido y la representatividad y el balance de poder entre los participantes está en discusión, sería ideal que el Foro de Gobernanza y la CODESI interactúen entre sí en futuras ediciones.

Finalmente, si es un lector minucioso, habrá notado que en ninguna parte de este artículo se han mencionado nombres de personas y eso tiene una razón de ser. El Foro de Gobernanza no le pertenece a nadie más que a la comunidad y está pensando para que trascienda a las organizaciones que hoy lideran la iniciativa. Hay un valor muy grande en crear institucionalidad alrededor de este modelo con el fin de preservar el potencial liberador que Internet le ofrece al mundo. Es a ese norte a donde deberíamos apuntar.

Comisión de Inteligencia aprueba Proyecto de Ley sobre Ciberseguridad

Hace unos días, la Comisión de Inteligencia entregó el Dictamen del Proyecto de Ley Nº 772/2016-CR, una iniciativa impulsada por el congresista Marco Miyashiro (Fuerza Popular). Esta propuesta buscaba dotar de herramientas a los órganos de Inteligencia del Estado, específicamente a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), para hacer frente los retos del país en materia de Ciberseguridad. El texto modificado que acaba de ser enviado por la Comisión al Pleno es el producto del consenso entre diferentes entidades del Estado, pero también de representantes de la sociedad civil. Aunque todavía puede ser discutido y perfeccionado, el proceso que produjo esta última versión es un ejemplo de cómo deberían de discutirse las normas que afectan las tecnologías en nuestro país.

En estos últimos años, se ha vuelto frecuente que veamos en el Congreso iniciativas legislativas relacionadas a Internet. En su mayoría, estos proyectos de ley buscan regular o prohibir situaciones o tecnologías específicas por diferentes motivos, muchos de ellos cuestionables y otros francamente incomprensibles. Sin exagerar, hoy existen decenas de estos proyectos en el Congreso que, si llegaran a aprobarse, destruirían Internet como la conocemos. Aunque esto ocurre también en otras áreas, en el caso de la tecnología se ponen en peligro a muchos otros bienes valiosos como el desarrollo económico, la seguridad pública e incluso los derechos humanos.

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Defensoría del Pueblo quiere hacer público el contenido de los correos electrónicos de funcionarios

En la coyuntura actual, en la que se discuten casos de corrupción dentro del Estado, la Defensoría del Pueblo ha presentado una iniciativa que bien podría ayudar a solucionar muchos de estos problemas. Desde febrero de este año descansa en la Comisión de Fiscalización y Contraloría el Proyecto de Ley N° 947/2016-DP.

Este Proyecto de Ley propone extender el acceso público sobre: a) Los procesos de promoción de la inversión privada y b) el contenido de los correos electrónicos de funcionarios públicos. La premisa detrás de esto es simple. En principio, toda la información producida por el Estado es pública, pero por motivos injustificados se ha venido bloqueando el acceso a estos elementos. Con esta norma, se busca revertir dicha situación y fortalecer el control de la ciudadanía.

En Hiperderecho nos ha llamado especialmente la atención el extremo del proyecto que quiere hacer público el contenido de los correos electrónicos. En principio porque es una herramienta potencialmente muy útil para la fiscalización, pero también porque es el corolario a una controversia sobre el ejercicio de la privacidad en la función pública cuando se usan medios electrónicos.

La controversia

Pese a que hoy el texto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública parece muy claro sobre la publicidad de los correos electrónicos, durante un tiempo existió un amplio debate sobre si efectivamente se podía acceder a su contenido.

Para empezar, la Constitución del Perú protege el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones. Este derecho aplica para todos los peruanos (funcionarios o no) y cualquier intervención requiere de ciertas formalidades legales. Así pues, se esgrimía el argumento de que el contenido de los correos electrónicos de los funcionarios públicos estaba protegido y por lo tanto intentar acceder a través de la Ley de Transparencia era un ejercicio inconstitucional.

Sin embargo, como bien señala la Defensoría del Pueblo en su Exposición de Motivos, diferentes sentencias del Tribunal Constitucional y normas de desarrollo en la Administración Pública han quitado peso a esa teoría. En primer lugar porque los correos electrónicos institucionales son recursos del Estado, de la misma forma que lo son una fotocopiadora o una camioneta. En segundo porque durante la jornada laboral, los funcionarios públicos tienen impedido hacer otra cosa que no sea su trabajo.

Todo esto hace que, a diferencia del sector privado, los correos institucionales no puedan ser usados para otros asuntos que no estén directamente relacionados con el trabajo del funcionario. Y que, al contener todo tipo de información pública (contratos, comunicaciones internas, etc), entren dentro de los supuestos en que es posible ejercer el derecho de acceso a la información pública.

Expectativa vs. Realidad

Uno de los beneficios de que este proyecto sea aprobado es que al día siguiente podríamos solicitar acceso al contenido de los correos electrónicos de funcionarios públicos de cualquier nivel, incluidos los ministros de Estado. Sin embargo, el primer problema será contar con información suficiente para hacer identificable lo que queremos pedir. Por ejemplo, sería muy difícil que tenga respuesta un pedido en donde solo se indican fechas y no asuntos o palabras en específico. Además, si bien la norma puede ser aplicada con respecto a información pública pasada, puede ocurrir que esta se haya borrado.

Otro de los beneficios es que, al menos en teoría, los funcionarios públicos deberían adecuar su conducta a esta nueva norma siendo más diligentes y evitando cometer actos de corrupción. Pero aquí también pueden ocurrir varias cosas: Por ejemplo, un funcionario puede empezar a utilizar correos diferentes al institucional para cometer sus inconductas o delitos. También cabe la posibilidad de que, si no existe una política de conservación de datos, estos correos pueden ser borrados de la bandeja y del servidor.

Finalmente, la implementación de esta norma debería empujar el proceso de modernización de la Administración Pública. Actualmente todavía existen muchas entidades del Estado que no hacen uso de recursos informáticos en su gestión. No obstante, en muchos casos esto no deja de ser un síntoma de otras carencias como la falta de infraestructura, los bajos presupuestos e inclusive la inexistencia de medios de comunicación tradicionales diferentes de la radio.

Conclusión

Que este proyecto vea la luz depende exclusivamente del Congreso y revelaría un compromiso en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, no basta con crear más herramientas de fiscalización si su implementación queda trunca o no se complementa con otras reformas de igual importancia. Esperamos que la Comisión de Fiscalización y Contraloría pueda tener en cuenta esto a la hora de evaluar el proyecto y hacer sus recomendaciones.

Hiperderecho lanza el Informe Final de La Voz de la Internet Peruana

A finales de diciembre del año pasado, en Hiperderecho nos embarcamos en uno de los proyectos más ambiciosos en los que hemos trabajado hasta ahora: mapear el estado de desarrollo de Internet en función del trabajo del Estado y contrastar dicha realidad con las expectativas de la sociedad peruana sobre esta y otras tecnologías. A este proyecto decidimos llamarlo “La Voz de la Internet Peruana”.

Como parte de las actividades del proyecto, iniciamos una labor de recopilación de información sobre la normativa peruana de Internet, lo que abarcó no solo leyes de carácter nacional sino también normas locales, lineamientos y directrices de entidades públicas, entre otras. Al mismo tiempo, impulsamos una encuesta pública que recogiera el sentir de la población sobre lo que consideraban importante para impulsar el ecosistema digital en el Perú.

Durante aproximadamente cuatros meses mantuvimos activas ambas tareas, que presentaron por sí mismas sus propias complicaciones. En primer lugar, la forma en que se intersectan las nuevas tecnologías y las leyes es poco clara en el Perú. En segundo, a la fecha no existía ningún modelo de referencia sobre consultas abiertas al público en materia de Internet. Por esas y otras razones es que consideramos que este proyecto es un gran punto de partida en estas discusiones.

Una vez obtenida la información y cerrada la encuesta, empezamos la larga tarea de analizar los datos. Esta labor no solo representó un ejercicio académico muy interesante sino que nos permitió hacer interesantes descubrimientos. Por ejemplo, nos sorprendió el grado importante de desconexión entre las políticas públicas actuales y lo que esperaba la población. Del mismo modo, el nivel de desconocimiento sobre las normas y su pobre o escasa ejecución en el país.

A medida que avanzábamos en la redacción del Informe de La Voz de la Internet Peruana nos dimos cuenta que estos desencuentros revelaban también otros problemas, más de tipo estructural. El advenimiento de Internet ha facilitado la vida de la gente, pero no ha sido tan exitosa a la hora de resolver los grandes problemas de la sociedad. El Estado Peruano, la forma en que funciona, sus conflictos y aspiraciones son la viva prueba de que añadir capas tecnológicas son un medio para alcanzar soluciones, pero no la solución en sí misma.

El Informe Final, que está dividido en función a ejes temáticos, presenta una instantánea del momento que vivimos. Este es el Internet que se está desarrollando en el país y que no siempre camina en la misma dirección. Casi siempre existe un gran trabajo por hacer o, en el mejor caso, un trabajo de difundir lo que se ha hecho. También se precisa la colaboración de todos los actores envueltos en este ecosistema: usuarios, empresas, organizaciones de derechos humanos, emprendedores, etc.

Finalmente, como una forma de añadir un elemento propositivo además de analítico, decidimos incluir dentro del documento final un breve apartado explicando cómo algunas de las propuestas de los participantes podrían hacerse realidad. No necesariamente consideramos que estas propuestas son la respuesta a los problemas, pero el ejercicio de pensar más allá de lo que existe hoy en día nos parece valioso de cara a plantearnos más y más preguntas sobre si el camino actual es el correcto.

El Informe Final de la Voz de la Internet Peruana está ahora aquí, esperando para iniciar un debate largamente postergado. Ha dejado de ser un proyecto de Hiperderecho para convertirse en un bien al servicio de la sociedad, a la cual nos debemos hoy y siempre.

La encuesta virtual LGBTI 2017 pone en riesgo a todos

Hiperderecho ha detectado que la encuesta virtual LGBTI 2017 lanzada por el INEI pone en riesgo a la comunidad al recolectar datos personales de forma innecesaria y potencialmente exponerlos a usos maliciosos.

El 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó oficialmente la primera encuesta virtual para personas LGBTI en Perú. Esta encuesta busca recopilar datos socioeconómicos con el fin de crear políticas públicas favorables a estas poblaciones.

Una iniciativa de este tipo merece ser reconocida y celebrada como un paso más hacia el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI. Sin embargo, en Hiperderecho hemos quedado sorprendidos por el número de problemas que presenta la plataforma y la encuesta que está alojada en ella. No exageramos al decir que la encuesta del INEI no es segura y puede poner en peligro a las personas que la usan.

 

Información personal innecesaria

Antes de poder acceder a la encuesta, es necesario crear un usuario y contraseña. Es fácil suponer que el objetivo de esta medida es evitar datos duplicados o incompletos. Sin embargo, el problema de este primer paso es que como identificador de usuario se exige un número de DNI.

Una vez registrados podemos acceder a la encuesta y empezar a llenar sus siete secciones. En la primera, luego de los datos de ubicación general, se nos pide “Identificación del Informante” donde, sin explicar el motivo, se piden datos como: nombre y apellidos, DNI nuevamente, correo electrónico, teléfono celular y edad.

¿Para qué es necesario recoger estos datos? No entendemos la relevancia de exigirlo en una encuesta que, se supone, solo busca obtener una visión general de la comunidad. Además, en diferentes medios de comunicación se ha dado a entender que la encuesta es anónima, lo que resulta contradictorio con la realidad.

 

Información expuesta

El problema de lo dicho anteriormente, es que, por ejemplo, el uso de un número de DNI como identificador único hace que la plataforma lo reserve y ya no sea posible volver a usarlo. Desde un punto de vista técnico tiene sentido para evitar duplicados, pero presenta problemas graves en la práctica.

Para empezar, la relación directa entre el DNI y la encuesta tiene como consecuencia que si la base de datos del INEI cae en manos equivocadas, todos los participantes quedarán inmediatamente identificados y expuestos.

Otro aspecto que no ha sido tenido en cuenta es que basta con ingresar el número de DNI de cualquier amigo o conocido para confirmar si es que ya se han registrado en la encuesta. Es decir, un simple formulario nos permitirá saber si dicha persona se identifica o no como LGBTI. O podemos registrar a otras personas arbitrariamente para luego señalarlos como parte de esta comunidad y estigmatizarlos.

 

Problemas de seguridad

El equipo de Hiperderecho ha detectado graves problemas en la seguridad del sitio web de la encuesta. Estos problemas, de ser descubiertos y abusados por usuarios con malas intenciones, puede potencialmente exponer la información personal de todos los participantes.

Exhortamos a la comunidad LGBTI a no llenar la encuesta hasta que estos problemas hayan sido solucionados. El riesgo para los participantes es demasiado alto, y el daño causado puede ser irreparable. Esta es una buena iniciativa pero necesita ser mejor implementada*.

 
* Al momento de la publicación de este artículo, ya nos habíamos comunicado con el INEI informándoles de estos problemas. Esperamos que en el menor tiempo posible puedan resolverlos y garantizar la seguridad de todos los participantes.

Convocatoria Liga Juvenil de Defensa de Internet

Este mes, Hiperderecho lanza la convocatoria dirigida a estudiantes de nivel superior para conformar la Liga Juvenil en Defensa del Internet, cuyo objetivo es que los participantes creen y difundan contenidos sobre derechos y tecnología enfocados en los intereses de estudiantes de universidades o institutos.

La Liga Juvenil busca involucrar a los participantes en la tarea de defender sus derechos como usuarios de tecnología y sentar las bases para construir comunidades en torno a estos temas dentro de cada universidad o instituto superior del país. Para lo cual se propone realizar una serie de reuniones, talleres y eventos.

Para más detalles sobre los requisitos, responsabilidades y oportunidades que tendrán los participantes, ingresa a este link.

Para ser parte de la Liga Juvenil puedes postular hasta el 15 de a través de este formulario.

 

SSIG 2017: Una oportunidad para fortalecer el modelo multistakeholder

Entre el 3 y el 7 de abril de este año se celebró la novena Escuela del Sur de Gobernanza de Internet (SSIG por sus siglas en inglés). En esta ocasión, el evento tuvo como sede a la ciudad de Río de Janeiro, Brazil, y se desarrolló en las instalaciones de la Fundación Getulio Vargas. Por ser la segunda edición a la que asisto, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre este espacio y sobre su potencial.

¿Qué es la SSIG?

La Escuela del Sur es una iniciativa que busca iniciar a los asistentes en los conocimientos básicos de la gobernanza de Internet, el modelo multistakeholder y otros temas relacionados. El evento central se realiza una vez al año en un país diferente de la región y suele contar con el apoyo de organizaciones locales. A la fecha, tiene ya nueve ediciones en las que han participado más de mil asistentes en total.

En cuanto a la participación, los organizadores ofrecen a los interesados un número limitado de becas de participación y estadía. Con esto se busca tener un público geográficamente diverso y multisectorial. Para inscribirse solo hay que llenar un formulario y contestar algunas preguntas. Meses después se realiza la selección y los participantes elegidos reciben una invitación y apoyo logístico para asegurar su asistencia.

El modelo educativo de la Escuela del Sur es una mezcla de presentaciones individuales y paneles. Durante aproximadamente una semana, diferentes expertos y personalidades se dan cita en el evento para discutir sobre todo tipo de temas relativos a Internet. Los asistentes pueden participar con preguntas y comentarios al final de cada intervención y, en ciertos casos, se les invita a continuar la conversación en los recesos.

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¿Qué fue con el Proyecto de Ley para censurar la pornografía de Internet?

A finales del año 2016, comentábamos en este blog un Proyecto de Ley que buscaba regular la pornografía en Internet. Su principal impulsor, el congresista Yohny Lescano, la presentó como una forma legítima de luchar contra la violencia sexual y promover la salud mental de la población, especialmente entre los jóvenes.

Utilizando la herramienta web www.proyectosdeley.pe, hemos podido dar seguimiento a esta iniciativa desde el momento de su presentación. Tal como se muestra en esta línea de tiempo, actualmente el Proyecto de Ley se encuentra en las Comisiones de Transportes y Comunicaciones y la de Mujer y Familia. Allí, deberá ser evaluada para decidir si sube al Pleno del Congreso para ser votada o es archivada definitivamente.

En Hiperderecho advertimos de los peligros de este Proyecto de Ley. Por ello, en febrero de este año enviamos cartas a los miembros de ambas Comisiones exponiendo los problemas técnicos y jurídicos de regular la pornografía en Internet. A la fecha, no hemos recibido ninguna respuesta, pero esperamos que nuestros argumentos hayan contribuido al debate que debe existir al interior de estas Comisiones.

A continuación, queremos exponer algunos de los puntos más importantes:

  1. Filtrar páginas web por su contenido es una forma de censura previa. Actualmente la Constitución Peruana y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que ha firmado nuestro país proscriben la censura previa por ser contraria a la Libertad de Expresión. Si bien existen excepciones (como la difusión de pornografía infantil), la pornografía de adultos no es una de ellas. Por lo tanto, este Proyecto de Ley no solo deviene en inconstitucional sino que es contrario a los compromisos internacionales a los que el Perú está obligado a respetar.
  2. No existe ningún estudio en el mundo que haya establecido una relación causal entre el consumo de pornografía y la violencia sexual. En el Perú, todos los estudios en la materia han apuntado al fortalecimiento de la familia y las relaciones personales como una forma de combatir la violencia. Por otro lado, los índices de criminalidad sobre este ámbito apuntan a un conjunto de factores que inciden en la comisión de estos delitos, pero el consumo de pornografía no forma parte de ellos.
  3. Por la forma en que funciona Internet, intentar bloquear todas aquellas páginas web con contenido pornográfico no solo es una tarea enorme sino también interminable. Diariamente se crean cientos de nuevas páginas web en el mundo, se modifican otras tantas y el número de enlaces y contenido añadido crece exponencialmente. Para cumplir con el mandato del Proyecto de Ley se necesitaría un ejército de personas revisando diariamente todas las páginas web del mundo para bloquear aquellas con contenido pornográfico. Aún si esto llegara ser posible, actualmente existen herramientas de gestión de tráfico que permitirían a un usuario peruano evadir este bloqueo de forma sencilla y gratuita.

Adjuntamos las cartas dirigidas a Yonhy Lescano y a las Comisiones:

Esta fue la de Yonhy

https://hiperderecho.quip.com/zRjaAojvaJsp

Esta la de LAS Comisiones

https://docs.google.com/document/d/1KozNDYTTpHN8tf1ZauHhEYB4l3FJLZyDYfKS40MN_yU/edit

Guía para entender los Bitcoins en Perú

El propósito de este artículo es responder las dudas más comunes que existen sobre los bitcoins y otras monedas digitales. Las preguntas y respuestas están ordenadas de tal manera que se empiece por lo más general (el qué, cómo y por qué) y se termine con temas más específicos (compra y venta, minería, regulación, etc.) Esta lista no es cerrada y puede cambiar con el tiempo. Así que si tienen más preguntas, pueden hacerlas en los comentarios y las iremos añadiendo a la lista.

Conceptos Básicos

1. ¿Qué es bitcoin?

Bitcoin es una moneda o criptomoneda digital creada en el año 2009. No es la representanción digital de una moneda sino un valor en sí mismo. Se diferencia de otras monedas debido a quiénes la producen, cómo se controla y para qué se utiliza.

2. ¿Quién lo inventó?

A diferencia de otras monedas, bitcoin no fue creada por un país ni un banco. Por el contrario, fue concebida por una persona bajo un pseudónimo y liberada al público como software libre para que cualquiera pueda usarla.

3. ¿Por qué se inventó?

No parece existir un propósito definido para su invención. Sin embargo, la forma cómo se produce y funciona, además del año en que empezó a existir (inicio de las recesión económica mundial) ha sido empleada por sus defensores para afirmar que el objetivo de usar bitcoins es cambiar los modelos económicos actuales en donde los gobiernos y los bancos tienen mucho poder frente a los ciudadanos. Al mismo tiempo, es un intento para agilizar y abaratar las transacciones comerciales usando la tecnología.

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