Esta entrada es parte de la serie que estamos haciendo sobre los proyectos de ley que buscan cambiar la Ley de Derechos de Autor en Perú. Consulta la lista completa desde aquí.
En noviembre del 2013, el Proyecto fue asignado a las Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos donde está pendiente de dictamen
Lo que propone
Este Proyecto busca modificar veintidós (22) artículos del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, relacionados exclusivamente con el funcionamiento y fiscalización de las sociedades de gestión colectiva (SGC). Está fuertemente influenciado por los reportes sobre malos manejos dentro de APDAYC y busca, artículo por artículo, reducir la posibilidad de que ese tipo de casos se repitan.
El primer cambio importante se refiere al criticado artículo 147, que actualmente establece la presunción de que las SGC representan a todos los artistas y obras que afirman representar, salvo prueba en contrario. Sobre el punto, proponen que las SGC solo puedan ejercer la defensa y administrar los derechos respecto de los cuales el titular les haya otorgado un poder de manera expresa en instrumento público. En caso se trate de artistas no domiciliados en Perú, se respeta el trámite según la legislación internacional. Así mismo, señala que en ningún caso las SGC podrán cobrar por el uso que hagan los titulares de sus propias obras, sean o no derechos administrados.
En otro punto, el Proyecto propone que las tarfias a cobrar sean “reguladas” por la Oficina de Derechos de Autor y reducir de 30% a 3% el margen de gastos administrativos y de gestión en los que podrá incurrir la SGC respecto del total recaudado por año. De la misma manera, la SGC quedará obligada a presentar su propuesta de distribución de regalías a Indecopi para su aprobación (artículo 153). En correspondencia, se propone modificar el procedimiento de arbitraje por aplicación abusiva de tarifas del artículo 163 por un procedimiento sancionador regular ante la Oficina de Derechos de Autor de Indecopi.
El Proyecto también propone que sea Indecopi quien autorice, renueve y revoque el funcionamiento de las SGC según criterios más estrictos (artículos 148, 149 y 150); y, prohíbe expresamente que las SGC realicen otras actividades que no sean defender los derechos de sus asociados, como crear crear empresas o realizar inversiones, y que incluso sus propios directivos queden prohibidos de crear empresas de ningún tipo (artículos 146 y 153). También señala que sus órganos de gobierno solo se elegirán por dos años y podrán reelegirse por un periodo adicional (artículo 152). De la misma manera, prohibe que los miembros de los órganos de gobierno de las SGC sean accionistas, socios, miembros o similares de cualquier persona jurídica que desarrollemactividades vinculadas directa o indirectamente a los derechos de autor o a su explotación económica (artículos 155, 156 y 157), así como prohíbe que las SGC puedan contratar con parientes y allegados de los miembros de sus órganos de gobierno (artículo 158). Así mismo, se prohibe que los estatutos de las SGC contemplen clases de titulares distintas a las establecidas en un futuro Reglamento de la Ley y que los asociados o no asociados estén obligados a firmar el contrato de adhesión a la SGC (artículo 151) que deberá de renovarse en plazos de dos (2) años.
Un proyecto complejo
Se trata de un Proyecto de Ley bastante reactivo y que debe de ser analizado con cuidado. Es importante poner en perspectiva los aprendizajes del caso Apdayc y no caer en el mero revanchismo. En ese sentido, creemos que hay muchos aspectos positivos en este Proyecto de Ley como la propuesta de invertir la carga de la prueba en el artículo 147 y el endurecimiento del régimen de prohibiciones e incompatibilidades aplicables a las SGC y sus representantes. Algunas de las propuestas contenidas en este Proyecto también han sido ensayadas por otros proyectos de ley analizandos en esta serie. Otra propuesta muy interesante es la de obligar a que los contratos de adhesión firmados entre las SGC y los titulares se renueven cada cierto período de tiempo, lo que obligaría a las SGC a mantener relaciones jurídicas ordenadas y armónicas con todos sus asociados porque, de lo contrario, no volverían a firmar el contrato y las SGC quedarían impedidas de cobrar por la explotación de esas obras.
Sin embargo, también creemos que existen propuestas que es necesario revisar. En ese sentido, las propuesta de reducir de 30% a 3% el margen que tienen las SGC para gastos administrativos o el que sea Indecopi quien regule directamente las tarifas pueden parecer buenos golpes contra las SGC pero pueden tener efectos no deseados. Además de los cuestionamientos propios de los principios de la intervención del Estado en la economía, debe de tenerse en cuenta que un régimen que intente debilitar económicamente a las SGC puede generar incentivos para más chantajes, corrupción y negociaciones fuera de la mesa.
Sí creemos que es necesario que el Estado dicte las reglas según las cuales funcionarán las SGC. Empero, estas reglas deben de procurar que se cobre cuando haya que cobrar, se cobren tarifas equitativas y que lo recaudado se distribuya efectivamente entre los creadores cuyas sobras hayan sido utilizadas. Cualquier otro intento de castigarlas por lo que haya hecho una gestión dentro de una SGC ((APDAYC no es la única sociedad de este tipo que opera en Perú)) puede terminar reduciendo los ingresos de los creadores, promoviendo la informalidad, el populismo o generando enfrentamientos entre los autores y el Estado.
Este Proyecto de Ley se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde noviembre de 2013.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
Esta entrada es parte de la serie que estamos haciendo sobre los proyectos de ley que buscan cambiar la Ley de Derechos de Autor en Perú. Consulta la lista completa desde aquí.
En noviembre del 2013, el Proyecto fue asignado a las Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos donde está pendiente de dictamen
Lo que propone
Este Proyecto busca modificar cinco artículos del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, relacionados con nuevas excepciones y limitaciones al Derecho de Autor y las reglas de funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva.
Las dos nuevas excepciones y limitaciones que propone el Proyecto están íntimamente ligadas con las denuncias más sonadas del caso #IntervenganAPDAYC. En primer lugar, busca que no sea necesaria la autorización del autor ni el pago de remuneración cuando se comuniquen públicamente obras en matrimonios, aniversarios, cumpleaños y similares, organizados por personas naturales, sin fines de lucro y sin el pago de entrada. Sin embargo, la propuesta legal precisa que continuarán obligados a pagar por la comunicación pública los dueños de locales que habitualmente alquilen sus propiedades para este tipo de actividades. Adicionalmente, la segunda excepción propuesta contempla que también resulten exceptuados de pago los actos de comunicación pública en actos de caridad organizados por instituciones sin fines de lucro.
El Proyecto también plantea modificar el régimen de incompatibilidades aplicables al Director General y a los miembros del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia de las sociedades de gestión colectiva. Así, a las listas ya existentes en los artículo 155, 156 y 157 propone modificar la causal de incompatibilidad de ser pariente de los funcionarios de la Oficina de Derechos de Autor o Tribunal del lndecopi para precisar que se extenderá hasta cinco (5) años después de que el funcionario haya dejado dicho cargo.
Finalmente, también propone modificar el artículo 158 para precisar que las sociedades de gestión colectiva esté prohibidas de contratar con cónyuges, parejas o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros del Consejo Directivo, del Comité de Vigilancia, de los Órganos de Gobierno, del Consejo Consultivo y del Director General
Creemos que las dos nuevas excepciones propuestas avanzan en el camino correcto, aunque quizás una solución más técnica sería ampliar lo que se entiende por ámbito doméstio para incluir a las reuniones sociales como matrimonios, aniversarios, entre otros, tal como lo ha propuesto otro Proyecto de Ley. Por lo demás, entedemos como positivo los cambios propuestos a las reglas sobre sociedades de gestión colectiva. Un problema importante es el fenómeno de “puerta giratoria” que se produce entre Indecopi y las sociedades de gestión colectiva, según el cual muchos ex funcionarios de Indecopi vienen de trabajar o pasan a trabajar a las sociedades. De alguna manera, este Proyecto introduce esta idea cuando prohíbe que los miembros de los órganos de gobierno de las sociedades tengan vínculos con funcionarios de Indecopi aunque debería de precisarse que la incompatibilidad también aplica a los propios representantes.
Este Proyecto de Ley encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde noviembre de 2013.
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Esta entrada es parte de la serie que estamos haciendo sobre los proyectos de ley que buscan cambiar la Ley de Derechos de Autor en Perú. Consulta la lista completa desde aquí.
En noviembre del 2013, el Proyecto fue asignado a las Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos donde está pendiente de dictamen
Lo que propone
Se trata del segundo proyecto de ley de autoría de Sergio Tejada en este legislatura que propone cambiar varios artículos del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor. A diferencia de su proyecto anterior que estaba enfocado en educación, este propone una serie de cambios en distintos temas que incluyen ampliar excepciones y limitaciones y mejorar la supervisión de las sociedades de gesstión colectiva.
El primer cambio propuesto por el Proyecto es ampliar la definición de “ámbito doméstico” existente en la Ley. Esta definición es particularmente importante porque la propia ley señala que una obra puede usarse y comunicarse libremente dentro del ámbito doméstico. Sin embargo, la ley actual entiende exclusivamente al ámbito doméstico como el “marco de las reuniones familiares, realizadas en la casa habitación que sirve como sede natural del hogar”. Con acierto, este Proyecto propone una definición más amplia que contempla las distintas situaciones domésticas o familiares en las que puede usarse una obra protegida por derechos de autor:
3. Ámbito doméstico: Marco de las reuniones familiares o sociales. siempre que en ellas no se cobre o pague por la entrada, ni tengan algún fin lucrativo directo o indirecto. Se considerará como parte del ámbito doméstico a las reuniones familiares o sociales que se lleven a cabo en locales, aun cuando se haya pagado por alquilarlos.
A continuación, el Proyecto propone tres cambios al artículo 41 sobre excepciones y limitaciones al derecho de autor. En primer lugar, busca retirar la limitación existente al uso de obras en ceremonias religiosas y oficiales que actualmen solo permite que se comuniquen pequeños fragmentos. En la redacción propuesta por el Proyecto se elimina toda referencia a esta limitación, con lo que pasaría a permitirse la comunicación completa de obras en este tipo de espacios. Además, también se propone incluir dos nuevas excepciones al catálogo del artículo 41 de casos en los cuales se puede comunicar una obra sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración. Una busca autorizar el uso de obras en actos o eventos de caridad siempre que sean organizados por instituciones sin fines de lucro. La otra busca permitir el uso de obras dentro de establecimientos comerciales cuando el uso público de las obras no resulte esencial para el giro del negocio.
Otro cambio importante propuesto por el Proyecto es la inversión de la modificación al artículo 147 sobre la carga de la prueba en procesos y procedimientos frente a sociedades de gestión colectiva. Según la regla existente, se presume que las sociedades de gestión representan a todos los artistas y las obras que ellas señalen salvo que alguien acredite con pruebas lo contrario. Esta inversión de la carga de la prueba ha sido muy polémica en nuestro país y hasta ha merecido un pronunciamiento en contra por parte del Tribunal Consitucional. Este Proyecto de Ley propone que sean las sociedades de gestión colectiva las obligadas a probar fehacientemente que cierto derecho le ha sido encomendado en representación.
También sobre sociedades de gestión colectiva, el Proyecto busca agregar nuevas obligaciones que promuevan la transparencia de su gestión. Así, por ejemplo, obliga a las sociedades a presentar balances anuales y a que sus tarifarios sean previamente aprobados por Indecopi. Así mismo, también propone prohibir que las sociedades de gestión contraten con parejas, parientes o personas relacionadas a los miembros de sus órganos de gobierno.
La precisión del ámbito doméstico
Como lo señalamos hace un tiempo en el blog de Hiperderecho, resulta necesario ampliar la definición de ámbito doméstico en la Ley de Derechos de Autor para incluir a reuniones familiares y sociales. El actual es un criterio problemático porque establece una distinción en función del lugar en el cual se lleva a cabo al comunicación, sin tomar en cuenta otros elementos. La ley está utilizando arbitrariamente el criterio de casa habitación como el único espacio en el cual se podrían llevar a cabo reuniones familiares o sociales. Sin embargo —en especial en países como Perú donde cada vez son más pequeñas las viviendas— no tiene sentido pensar que las reuniones familiares solo se llevan a cabo dentro de casas. ¿Deberíamos de tratar como distintas a las reuniones familiares cuando se llevan a cabo fuera de una casa? Por ello, creemos que este Proyecto de Ley acierta al proponer este cambio.
Establecimientos comerciales
Otra de las quejas recurrentes respecto de cómo funcionan los derechos de autor está relacionado con las obligaciones que tienen los establecimientos comerciales frente a las sociedades de gestión colectiva. Ha sido de particular interés de la prensa los casos de pequeños establecimientos comerciales como bodegas, peluquerías o restaurantes a quienes las sociedades de gestión cobran una tarifa plana sin exigirles llevar un registro de obras usadas y apelando a métodos de recaudación agresivos. En el fondo, está la molestia con el hecho de que la ley no distinga el uso de obras protegidas entre establecimientos comerciales que lucran directamente por ello (como una discoteca) respecto de otros que la usan incidentalmente (como una bodega). Aunque los tarifarios de algunas sociedades sí realicen esta distinción, este Proyecto busca introducir un criterio para reconocer como un uso permitido el uso de estas obras en ciertos espacios. Excepciones similares se han propuesto y existen en diversos países, donde lo único que cambia es el criterio según el cual se diferenciarán los establecimientos obligados a pagar. El criterio propuesto por el Proyecto respecto de la esencialidad del uso de la obra para el giro del negocio parece apuntar en la dirección correcta. Alternativamente, la Comisión podrá explorar usar la definición de Pequeña y Mediana Empresa (PYME) que en otras ocasiones se ha usado para relajar obligaciones tributarias o laborales.
Carga de la prueba
Una tercera propuesta a destacar de este Proyecto de ley es la solución que ofrece al problema de la carga de la prueba. A la fecha, existen opiniones judiciales distintas respecto de cómo debería de operar este criterio y lo que se necesita es una ley que deje sentado el mecanismo. En la línea de promover que las sociedades de gestión tengan un registro más ordenado de obras que representan y lo pongan a disposición del público, parece razonable imaginar que son ellos quienes están en mejor posición de acreditar la representación de los derechos por los que pretenden cobrar que los propios usuarios. En este punto, consideramos que nuevamente acierta este Proyecto de Ley y propone un cambio que ya había sido recomendado incluso por el Tribunal Constitucional hace varios años.
El Proyecto de Ley se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde noviembre de 2013.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
Esta entrada es parte de la serie que estamos haciendo sobre los proyectos de ley que buscan cambiar la Ley de Derechos de Autor en Perú. Consulta la lista completa desde aquí.
En octubre del 2013, el Proyecto fue asignado a las Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos donde está pendiente de dictamen.
Lo que propone
Este Proyecto propone cambiar dos artículos del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor en el Perú, muy relacionados con impedir que vuelvan a suceder algunos de los hechos cuestionados a APDAYC. Así lo anuncia su propia exposición de motivos cuando dice:
Actualmente vemos que una de las Sociedades de Gestión Colectiva APDAYC, viene siendo seria y duramente cuestionada, debido a la perpetuidad de los integrantes de su Consejo Directivo, a la falta de una distribución adecuada y proporcional del pago de las regalías por el uso de las obras de sus asociados en proporción al uso efectivo de las obras, interpretaciones o producciones administradas.
El primer cambio propuesto está relacionado con los requisitos necesarios para autorizar el funcionamiento de una sociedad de gestión colectiva del artículo 149 de la Ley. Al respecto, propone que los estatutos de todas las sociedades de gestión colectiva señalen: un plazo de vigencia máximo de dos años para su Consejo Directivo, prohiban su reelección inmediata y obliguen a que el pago de las regalías se realice en proporción al uso efectivo de las obras.
El otro cambio propuesto es al artículo 188 que señala la lista de sanciones que la Oficina de Derechos de Autor de Indecopi puede imponer por infracciones a los derechos de autor. En ese punto, el Proyecto propone precisar que la publicación de la resolución deberá de hacerse necesariamente en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional. También propone añadir como una sanción posible a ordenarse la inhabilitación de los miembros del Consejo Directivo para volver a asumir cargos directivos.
Consideramos que estos cambios son positivos en tanto contribuyen a la transparencia y mejor fiscalización de las sociedades de gestión colectiva. Un tema particularmente relevante es la obligación de publicar todas las resoluciones emitidas por la Comisión de Derechos de Autor y la Sala de Indecopi. Según la Ley de Transparencia, se considera información confidencial a las resoluciones del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública hasta que queden consentidas o pasen más de seis meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final. Lo que significa que, en muchos casos, las resoluciones que imponen sanciones y que son apeladas permanecen secretas porque no han quedado consentidas. Quienes estudian y trabajan en asuntos de derechos de autor saben que en la práctica es muy difícil conocer el contenido de las decisiones recientes de la Comisión y hasta de la Sala porque todas las resoluciones se consideran confidenciales. Uno de los caminos más interesante que podría seguir la Comisión sobre este punto es precisar las condiciones en los cuales se publicarán las decisiones administrativas que determinen infracciones o impongan sanciones a usuarios, artistas o sociedades de gestión.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
Esta entrada es parte de la serie que estamos haciendo sobre los proyectos de ley que buscan cambiar la Ley de Derechos de Autor en Perú. Consulta la lista completa desde aquí.
Este proyecto fue asignado a las comisiones de Educacion y Defensa del Consumidor. En noviembre del año pasado recibio el dictamen favorable con ligeras precisiones [pdf] de la Comisión de Defensa del Consumidor presidida por Julia Teves y, a la fecha, continúa pendiente de dictamen en Educación.
Lo que propone
El proyecto propone modificar exclusivamente los artículos 41 y 43 del capítulo sobre límites al derecho de explotación de nuestro Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor en el Perú. Parece orientado a mejorar la oferta de excepciones y limitaciones disponibles para fines educativos. En ese sentido, primero propone introducir una precisión en el artículo 41, que actualmente permite que ciertas obras sean comunicadas sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración con fines exclusivamente didácticos, en el curso de las actividades de una institución de enseñanza. Sobre esto, el Proyecto añadir que esta excepción también alcanza a la comunicación llevada a cabo por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse. Ello significa precisar que esta excepción abarcará también a la comunicación pública que pueda llevarse a cabo por medios electrónicos como Internet.
El Proyecto también propone hacer dos modificaciones a la lista del artículo 43 sobre casos en los cuales resulta lícito usar una obra ya divulgada. La primera busca ampliar la excepción que actualmente permite que se reproduzcan obras para fines educativos para precisar que también se podrán reproducir obras breves y el íntegro de obras aisladas de carácter plástico y fotográfico. La segunda modificación al artículo 43 busca cambiar una de las partes más anacrónicas de la Ley de Derechos de Autor, que actualmente solo permite que las bibliotecas o archivos presten obras expresadas por escrito. Con acierto, el Proyecto propone ampliar este criterio para permitir que las bibliotecas y archivos puedan prestar al público obras literarias, plásticas, fotográficas, entre otras, sin necesidad de realizar pago de remuneración.
Como se desprende de lo dicho, este Proyecto está fuertemente orientado a mejorar las condiciones para el acceso a la cultura, el conocimiento y la educación. Las excepciones propuestas, de aprobarse, sacarían de la zona gris actividades importantes como la enseñanza por Internet, la educación a distancia y el uso de materiales educativos en línea. Además, finalmente permitirían que las bibliotecas y archivos puedan prestar lícitamente al público obras contenidas en videos, discos compactos, libros digitales y en general cualquier soporte posible. En una época en la que la mayoría de la información se produce y se consume sobre soportes no impresos, resulta increíble que desde 1996 nadie se haya tomado el trabajo de proponer esta adición a la actual Ley de Derechos de Autor. De aprobarse esta modificación, podría significar un espaldarazo importante para la formulación de una política más seria de bibliotecas públicas en todo el país.
Dictamen de la Comisión
Aunque el Proyecto fue asignado a las comisiones de Educación y Protección al Consumidor, hasta la fecha solo ha recibido el dictamen aprobatorio de la segunda. Dicho dictamen hace un análisis favorable del Proyecto, aunque propone la introducción de algunos cambios en el texto. Para la elaboración del mismo, la Comisión recibió las opiniones favorables del Indecopi y de los ministerios de Educación y Cultura.
En su Dictamen, la Comisión no propone ningún cambio a la fórmula del Proyecto de Ley original para el artículo 41. Sin embargo, sí propone una redacción ligeramente distinta para los dos modificaciones propuestas al artículo 43. En primer lugar, plantea que la posibilidad de reproducir obras para fines educativos comprenda la que se realiza por medios reprográfico, digital u otro similar. También propone cambiar “obras breves” para limitar los casos en los que se permite la reproducción íntegra de una obra solo a “discursos, frases originales, poemas unitarios“. En ese mismo párrafo, propone precisar entre paréntesis que la condición de respetar los usos honrados deberá de respetar la cita obligatoria al autor. Finalmente, en la excepción referente a bibliotecas y archivos propone eliminar toda referencia al tipo de obra que se pueda prestar para hablar de “obra“ en general, sin importar su tipo soporte.
El Dictamen lleva la firma de los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor Julia Teves, Freddy Sarmiento, Emiliano Apaza, Rubén Condori, Jaime Delgado, Julio Gagó, Luis Galarreta, Yonhy Lescano, Elard Melgar y Cecilia Tait.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
Durante las semanas siguientes a las audiencias en el Congreso sobre el caso #IntervenganAPDAYC, se presentaron varios proyectos de ley proponiendo distintos cambios al actual Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor. A la fecha, son trece (13) los proyectos de ley que están esperando su análisis y discusión dentro de las distintas comisiones del Congreso.
Dos clases de cambios
Los cambios propuestos por estos proyectos de ley podrían agruparse en dos categorías. Algunos de estos proyectos de ley proponen cambiar reglas específicas sobre el funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva, a propósito de los hechos denunciados en los últimos meses sobre APDAYC. Así, se buscan cambios a la forma de elección de su consejo directivo, la prohibición de su reelección, incompatibilidades por conflictos de intereses directos e indirectos y la obligación de demostrar fehacientemente la representación de las obras por las cuales intenta cobrar.
Pero también hay propuestas para una reforma más profunda. Se proponen nuevas excepciones y limitaciones para usos domésticos, actividades sin fin de lucro, bibliotecas, actividades religiosas y pequeños negocios. Nuestra ley de derechos de autor, publicada en 1996, se ha cambiado muy pocas veces y casi siempre ha sido en pro de un sistema más rígido y maximalista. Por primera vez en dieciocho años, existen tantos proyectos de ley que buscan poner los derechos de los usuarios al mismo nivel que los derechos de los autores.
Gracias a nuestra herramienta para buscar Proyectos de Ley, aquí te presentamos un mapa general de cada uno de ellos. Hemos sido relativamente breves al describirlos porque a lo largo de esta y la próxima semana estaremos publicando un análisis detallado de cada uno de estos proyectos de ley.
Proyecto de Ley No. 2314/2012-CR
Propuesto por Sergio Tejada (Gana Perú) y otros el 4 de junio de 2013
Este es el único proyecto de ley que precede a la controversia de APDAYC. Propone añadir tres nuevas excepciones y limitaciones a la Ley de Derechos de Autor: (i) para permitir que las obras puedan comunicarse públicamente al personal y estudiantes de una institución de enseñanza; (ii) para permitir la reproducción de todo o parte de obras aisladas de caracter plástico y fotográfico para la enseñanza; y, (iii) para permitir que las bibliotecas y archivos puedan prestar al público cobras literarias, plásticas, fotográficas, entre otras, sin necesidad de realizar pago de remuneración.
Este proyecto fue asignado a las comisiones de Educacion y Defensa del Consumidor. En noviembre del año pasado recibio el dictamen favorable con ligeras precisiones [pdf] de la Comisión de Defensa del Consumidor presidida por Julia Teves y, a la fecha, continúa pendiente de dictamen en Educación.
Propuesto por Tomas Zamudio (Gana Perú) y otros el 21 de octubre de 2013
Este breve proyecto se presentó apenas tres semanas después de iniciado el ciclo de reportajes de Marco Sifuentes y Jonathan Castro. Propone que los Consejos Directivos de las sociedades de gestión colectiva no duren más de dos años, no puedan reelegirse inmediatamente y paguen regalías en proporción al uso efectivo de las obras administradas. Así mismo, propone que Indecopi pueda inhabilitar a los miembros del Consejo Directivo de las sociedades de gestión colectiva para volver a asumir cargos directivos.
Se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde fines de octubre de 2013.
Propuesto por Sergio Tejada (Gana Perú) y otros el 31 de octubre de 2013
Este proyecto de ley aborda diferentes cuestiones relacionadas con los supuestos de excepción a los derechos de autor y las sociedades de gestión colectiva. Entre ellas, propone ampliar lo que se entiende por ámbito doméstico para incluir también reuniones sociales privadas sin fines de lucro, inlcuso cuando se realicen dentro de locales alquilados. Además, se propone exceptuar al uso de obras en establecimientos donde no resulte esencial para el giro del negocio. También se propone que las sociedades de gestión colectiva estén obligadas a probar fehacientemente la representación de los artistas y obras por las que pretenden cobrar. También se propone prohibir que las sociedades de gestión colectiva contraten con cónyuges, parejas de hecho o parientes de sus directores o miembros de sus órganos de gobierno.
Se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde noviembre de 2013.
Propuesto por Juan José Díaz Dios (Fuerza Popular) y otros el 31 de octubre de 2013
Este proyecto de ley propone incluir dos nuevas excepciones específicas para: (i) la comunicación pública de obras en “matrimonios, aniversarios, cumpleaños y similares” cuando sean organizados por personas naturales y no se cobre entrada, y, (ii) la comunicación pública en actos de caridad organizados por instituciones sin fines de lucro. Además, añade como incompatibilidad para ser miembro del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia o Director General de una sociedad de gestión colectiva el tener una afinidad con algún funcionario de la Oficina de Derechos de Autor o Tribunal de Indecopi hasta cinco años después de que haya dejado el cargo. Finalmente, también propone prohibir que la sociedad contrate con parientes y cónyuges de alguno de los integrantes de sus órganos de dirección y control.
Se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde noviembre de 2013.
Propuesto por Yonhy Lescano (Acción Popular) y otros el 31 de octubre de 2013
Este proyecto propone modificar varios artículos referentes al funcionamientos de las sociedades de gestión colectiva, como la exigencia de que solo puedan cobrar por las obras y artistas que representan mediante poder expreso consignada en instrumento público. Además, también restringe los supuestos en los cuales se autorizará o renovará la autorización de funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva. Entre otras propuestas, destaca la prohibición de que los contratos de asociados de las sociedades como APDAYC sean obligatorios para sus asociados y la prohibición de que existan distintos tipos de asociados.
Se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde noviembre de 2013.
Propuesto por Leyla Chihúan (Fuerza Popular) y otros el 14 de noviembre de 2013
Este proyecto propone cuatro cambios a la Ley de Derechos de Autor: (i) prohibir la reelección de los miembros de los órganos de dirección y control de las sociedades de gestión colectiva; (ii) exonerar del pago de tarifas a las actividades que no tengan finalidad lucrativa; (iii) añadir como incompatibilidad para ser Director General el tener algún grado de relación con funcionarios del Indecopi; y, (iv) la prohibición de que las sociedades de gestión colectiva contraten con personas o jurídicas relacionadas a personas que formen parte de sus órganos de decisión o control.
Se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde noviembre de 2013.
Propuesto por Julia Teves (Gana Perú) y otros el 15 de noviembre de 2013
Este proyecto propone introducir en la Ley de Derechos de Autor una nueva excepción para la comunicación pública de obras protegidas en matrimonios, cumpleaños y similares siempre que no se cobre entrada y la realizada por instituciones sin fines de lucro en actos de caridad. Además, también se propone que las tarifas de las sociedades de gestión colectiva sean establecidas de común acuerdo con gremios o grupos representativos de usuarios y que sean recaudadas a través de un sistema de “ventanilla única” por todas las sociedades. Adicionalmente incorpora nuevos supuestos que se consideran incompatibles con los cargos de Director General, miembro del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia de las sociedades de gestión colectiva.
Se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde noviembre de 2013.
Propuesto por Elard Melgar Valdez (Fuerza Popular) y otros el 29 de noviembre de 2013
Este proyecto propone precisar dentro de la Ley de Derechos de Autor que la protección del derecho patrimonial de autor solo podrá ser ejercida por la autoridad competente y nunca directamente por el titular del derecho. También precisa dos artículos adicionales sobre la intervención de la autoridad policial para comprobar la comisión de infracciones y sobre el rol exclusivo de la autoridad judicial para ordenar el cese de la actividad ilícita.
Se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde diciembre de 2013.
Presentado por José Luna (Solidaridad Nacional) y otros el 5 de diciembre 2013
Este proyecto de ley propone incorporar y modificar varias excepciones a la Ley de Derechos de Autor como reglas especiales para los ejemplares únicos de obras en el dominio público, ampliar las existentes para los usos domésticos, ceremonias religiosas y actividades educativas así como de promoción de la lectura, la reproducción para uso personal de cualquier tipo de obras agotadas, préstamos de cualquier tipo de obras por parte de bibliotecas, entre otras. Además, propone que se considere a las normas de derechos de autor como normas de orden público sin que puedan pactarse en contrario. Por el lado de las sociedades de gestión colectiva, propone que estén obligadas a demostrar fehacientemente los derechos que representan, que sus contratos con sus asociados podrán ser no exclusivos y que pongan a disposición de los usuarios a través de su página web las tarifas y repertorio de los titulares de derechos que administren. Así mismo, propone que los titulares de derechos de autor puedan celebrar acuerdos de cesión de derechos o de licencia con terceros en forma directa sin perjuicio de su afiliación a sociedades de gestión.
Se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde diciembre de 2013.
Propuesto por Vicente Zeballos (Solidaridad Nacional) y otros el 5 de diciembre de 2013
El proyecto propone modificar el artículo 147 para obligar a las sociedades de gestión colectiva a acreditar fehacientemente los derechos de las obras y repertorios que representan. Además, propone modificar el artículo 151 para precisar que ningún asociado de cualquier sociedad de gestión colectiva podrá tener derecho a más de un voto en la elección de los órganos de gobierno.
Se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde diciembre de 2013.
Propuesto por Emiliano Apaza (Gana Perú) y otros el 6 de diciembre de 2013
Este proyecto está exclusivamente orientado a modificar el artículo 41 de la Ley de Derechos de Autor para incluir una excepción a celebraciones o festividades públicas o privadas realizadas con motivos de festividades culturales, patronales, entre otras, donde no exista interés económico y no se cobre por el acceso.
Se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde diciembre de 2013.
Propuesto por Rubén Condori (Gana Perú) y otros el 29 de enero de 2014
Este proyecto propone incluir tres nuevas excepciones en las cuales se podrá comunicar lícitamente sin pagar una obra: (i) festividades, fiestas, danzas folklóricas, entre otras, siempre que sean de dominio público y no tengan fines lucrativos; (ii) las diversas actividades que se celebran en el marco de una fiesta patronal; y, (iii) las que realicen instituciones de ayuda humanitaria. Además, propone que se prohiba que las sociedades de gestión colectiva tengan distintos tipos de socio con diversa capacidad de voto así como la reelección inmediata de los integrantes del Consejo Directivo. Finalmente, precisa las reglas sobre transparencia y fijación de tarifas aplicables por las sociedades de gestión colectiva.
Se encuentra pendiente de discusión en las comisiones de Defensa del Consumidor y Cultura y Patrimonio Cultural desde febrero de 2014.
Propuesto por Cecilia Tait (Unión Regional) y otros el 4 de marzo de 2014
Este proyecto propone incluir una nuevo excepción en el artículo 41 de la Ley para permitir la comunicación pública de obras consideradas de dominio público y de carácter ancestral. También precisa que el pago a sociedades de gestión colectiva para la realización de eventos privados como matrimonios, fiestas, o similares, será responsabilidad de los dueños de los locales. Al igual que otros proyectos de ley, propone precisar en el artículo 147 que las sociedades de gestión colectiva estará obligadas a acreditar que los derechos que dicen representar les han sido encomendados de manera explícita por sus titulares. De la misma manera, el Proyecto señala una serie de reglas para promover la transparencia y la no reelección de los dirigentes de las sociedades de gestión y prohibe que los funcionarios de la Dirección de Derechos de Autor de Indecopi puedan formar parte del directorio de las mismas.
Se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde marzo de 2014.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
Un grupo de proyectos de ley presentados recientemente en el Congreso peruano, abordan diversos asuntos relacionados con el uso de Internet. Sin embargo, su entendimiento de las tecnologías y sus posibilidades es parcial y pesimista, terminando en fórmulas que proponen la prohibición de todo aquello que no se pueda controlar.
Un proyecto de ley presentado por el congresista Omar Chehade parte de la preocupación por la facilidad de acceder a contenidos pornográficos a través de Internet. Considera que resulta cada vez más difícil para los padres supervisar lo que sus hijos hacen en línea, debido a los diversos medios y dispositivos existentes para conectarse. Por ello, propone crear una comisión estatal dedicada a identificar y ordenar el bloqueo de todos los contenidos no aptos para menores disponibles en Internet. Este filtrado se aplicaría por defecto a todos las conexiones de Internet del país y solo se levantaría para los usuarios que lo soliciten expresamente a su proveedor de acceso.
La propuesta adolece de profundos problemas legales y prácticos, como lo hemos señalado en Hiperderecho. En principio, porque implantaría un sistema estatal de censura previa respecto de un contenido que en sí mismo es legal, como la pornografía. El proyecto no busca regular el acceso a pornografía infantil sino a la pornografía en general.
Además, el requisito de solicitar expresamente a la empresa operadora la habilitación de los contenidos pornográficos, crearía un registro nacional de consumidores de pornografía del que nadie querría formar parte.
En la práctica, el proyecto también sería una tarea de muy difícil implementación y mantenimiento. El volumen de sitios que tendrían que diariamente agregarse a la lista negra estatal llevaría a errores, zonas grises y casos en los que termine utilizándose esta potestad estatal con fines de censura política. El uso intensivo de esta potestad llevaría a bloquear servicios como Tumblr, Pinterest o todo el tráfico peer-to-peer en Perú. Por ende, la aceptación de estas soluciones abriría la puerta a que en un futuro cercano se busque implementar sistemas de filtrado similares para infracciones a los derechos de autor o difamación.
Por otro lado, luego de un accidentado primer intento por ampliar el catálogo de delitos informáticos existentes en Perú, un nuevo proyecto de ley firmado por el Poder Ejecutivo quiere incorporar un conjunto de nuevos delitos relacionados con sistemas informáticos. La propuesta se inspira en parte en el Convención sobre Cibercrimen de Budapest cuando propone incorporar delitos como los de acceso ilícito, atentado contra la integridad de datos o sistemas informáticos o el uso indebido de dispositivos, entre otros. Sin embargo, en algunos casos omite señalar excepciones que sí están presentes en el texto internacional y en otros incorpora artículos totalmente nuevos.
Es el caso de los delitos de grooming, discriminación e interceptación telefónica. En el primero, en firme cumplimiento de la tradición nacional por seguir las modas continentales, se propone penalizar a quien “a través de las tecnologías de la información o de las comunicaciones” contacte a un menor de catorce años para solicitarle material pornográfico o proponerle actividades sexuales. En el caso del delito de discriminación, se propone ampliar la redacción vigente del Código Penal para incluir los casos en los que el delito se realiza “a través de las tecnologías de la información y de la comunicación”. En otras palabras, propone hasta tres años de cárcel para quien a través de un artículo, comentario o un video difundido por Internet discrimina o incita a la discriminación. Finalmente, el proyecto de ley también intenta aumentar las penas para el delito de interceptación telefónica hasta los seis años y propone agravantes para información clasificada o que comprometa la defensa y soberanía nacional.
Aunque ambos proyectos de ley han sido elaborados por equipos distintos y abordan problemas diferentes, es posible identificar algunos puntos en común. En primer lugar, comparten una visión desesperanzadora de lo que significa la tecnología y del rol estatal sobre ella.
La sociedad ha abrazado la apertura de la tecnología como una oportunidad para innovar y mejorar nuestra calidad de vida. Una oportunidad, por cierto, no desprovista de riesgos pero a cuyos beneficios no podemos negarnos. Por el contrario, en estos proyectos, nuestro Estado parece ver en la tecnología una profunda amenaza a la sociedad que es imprescindible reprimir y respecto de la cual nunca se podrá estar suficientemente protegido.
Por eso es que estos proyectos se esfuerzan en cubrir todos los supuestos posibles, así nunca se vayan a verificar en la práctica o no tengamos los medios apropiados para detectarlos. Por eso creen que es mejor que los supuestos sean demasiado amplios en lugar de hacerlos demasiado específicos. Esta aproximación “precautoria” a los usos de la tecnología puede terminar afectando no solo usuarios sino también a empresas, creadores y emprendedores que experimentan con los nuevos medios.
El otro rasgo común que tienen ambos proyectos de ley, es su alienación respecto de la realidad nacional y la capacidad institucional del Estado. Su punto de partida siempre es un documento internacional, una iniciativa extranjera que se pretende imitar o la necesidad figuración política frente a un tema de coyuntura.
Peor aún, la prisa en adaptar el Convenio de Budapest es evitar que se apruebe un proyecto de ley peor como el propuesto por la Comisión de Justicia el año pasadoy que todavía no ha sido retirado. Sin embargo, ninguno parte de señalar la cantidad de delincuentes que se le han escapado al Estado por un vacío legal, el éxito que han tenido estas medidas en otros países o el impacto que las medidas propuestas tendrán en la libertad de expresión, la protección de datos personales o el desarrollo de la investigación científica.
Esta desconexión con la realidad hace que las propuestas sean tan descabelladas como un filtro nacional anti pornografía, o tan populistas y peligrosas como ampliar el delito de discriminación a espacios como Internet. Son prohibiciones raras porque son tan ambiciosas que a todos nos queda claro que no se van a cumplir efectivamente, o solo se van a hacer valer selectivamente, contra aquello que el Estado no puede callar por otros medios. Estas prohibiciones amplias y principistas son muy peligrosas para una sociedad libre y la tecnofobia de algunos de nuestros políticos nos está llevando a tomarlas por inocentes.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
