Otra mala idea: Regular a las plataformas de viajes compartidos en Perú

Un nuevo proyecto de ley presentado por Miguel Elías (Fuerza Popular) busca crear un régimen especial para las plataformas de servicios de transporte como Uber o Easy Taxi en Perú. Lamentablemente, el Proyecto falla en comprender la naturaleza de este tipo de servicios e intenta regularlos como algo que no son: empresas de transporte. Muy lejos de beneficiar a los usuarios, su aprobación podría reducir la competencia, aumentar los precios y fomentar la informalidad.

Con acierto, el Proyecto define que las Plataformas solo intermedian el servicio de transporte que prestan los conductores a pasajeros. Sin embargo, las exigencias que busca imponer a las empresas parecen más propias de un prestador directo que de un intermediario.

Lo que propone el Proyecto

La propuesta central del Proyecto es crear un Registro Obligatorio de Plataformas Tecnológicas para el servicio de Trasporte Privado. Para estar registradas y operar en el país, las empresas deberán de cumplir con una serie de requisitos señalados por el Congreso. Varios de estos son inherentes al funcionamiento del servicio (mostrar la tarifa, mostrar la descripción del vehículo, usar geolocalización). Sin embargo, también se incluyen requerimientos como contar con una central telefónica de atención al usuario o entregar comprobantes de pago emitidos por el operador de la plataforma.

Además, el Proyecto intenta establecer responsabilidad solidaria entre la Plataforma y el conductor que presta el servicio de transporte de cara al cumplimiento de diferentes obligaciones como contar con licencia de conducir válida, seguro contra accidentes de tránsito y la obligación de Registro. No se precisa si estas obligaciones se extienden también respecto a la idoneidad del servicio, daños a terceros, etc.

Premisas y consecuencias

El Proyecto está sustentado en varios criterios cuestionables. El primero es asumir equivocadamente que estas empresas están exoneradas de cualquier tipo de obligación y operan en un vacío legal en Perú. Como cualquiera que presta servicios en el país, están sujetas a toda la legislación nacional aplicable. De hecho, el propio Proyecto cita un caso reciente en el que Indecopi sancionó a Easy Taxi por no tomar precauciones en el diseño de su aplicación para preservar la privacidad de sus usuarios. De lo que no son responsables es del comportamiento de sus usuarios, tanto conductores como pasajeros, algo que en sí mismo es imprevisible pese a los tests psicológicos y la verificación de antecedentes. De hecho, aunque el Proyecto critica esta ausencia de responsabilidad, su fórmula legal no propone nada para cambiar esta situación.

El otro error que comete el Proyecto es pensar que la existencia de estas Plataformas distorsiona el mercado. Todo lo contrario, estos servicios benefician a un sector de los consumidores que buscan un servicio más predecible y de mayor calidad que el transporte público o los taxis informales. De hecho, el Proyecto ignora que el propio Indecopi ha determinado que estas empresas no hacen competencia desleal a los taxis formales porque el servicio de transporte lo prestan los conductores directamente, no las empresas.

El Proyecto de Ley se ampara en intentos regulatorios similares en Chile o México pero no reconoce que estos procesos todavía no culminan y no han estado exentos de polémica. Aunque el Proyecto toma “prestados” varios artículos del Proyecto de Ley chileno, ignora que en ese país dicha propuesta fue el resultado de una serie de reuniones de trabajo entre distintas partes interesadas. Por lo demás, brillan por su ausencia las opiniones recogidas del Ministerio de Transportes, las autoridades municipales o a la administración tributaria.

La preocupación de fondo por la seguridad de los pasajeros no es exclusiva a los servicios contratados a través de estas plataformas. La sensación de que a uno le puede pasar cualquier cosa a bordo de un auto y el hecho quedar impune es innegable en nuestro país. Pero tiene más que ver con la efectividad de la Policía, el Ministerio Público, o el Poder Judicial que con la ausencia de un Registro de Aplicaciones. De hecho, es precisamente porque muchos tienen miedo de viajar en buses o taxis informales que estas aplicaciones son populares pese a ser más caras.

Aumentar los requisitos para la operación de este tipo de empresas en el país puede reducir la competencia y aumentar las tarifas. Algunas empresas internacionales podrían elegir retirarse del Perú, mientras que los emprendedores locales podrían verse obligados a cerrar porque no pueden cumplir con requisitos desproporcionados como tener una central de llamadas atiendo 24 horas. Pero lo que es más grave es que establecer permisos de operación obliga a la empresas a estandarizar su oferta y reduce su capacidad de probar nuevos servicios (como el transporte colectivo) o entrar en nuevos mercados (como el de despacho de documentos, paquetes o comida). La innovación que vemos en Internet es el resultado de la experimentación sin permiso de nadie y propuestas como este Proyecto de Ley simplemente la apagan.

Descarga: Proyecto de Ley 1505/2016-CR

Foto: Jorge Gobbi (CC BY)

2 responses to Otra mala idea: Regular a las plataformas de viajes compartidos en Perú

  1. Hiperderecho envió al Congreso comentarios sobre el Proyecto de Ley que quiere regular las aplicaciones de taxis | Hiperderecho

    […] Como escribíamos hace varios meses, creemos que el Proyecto puede traer más perjuicios que beneficios al usuario peruano de estos servicios. La propuesta legislativa parte de asumir que no existen ya leyes de responsabilidad civil, penal y administrativa aplicables a la prestación de estos servicios. A su vez, intenta imponer una serie de requisitos mínimos para cualquier empresa que quiera prestar estos servicios (como el de contar con un centro de atención telefónica) que no se justifican en el propio Proyecto y que se alejan del estándar internacional. De la misma manera, el Proyecto parece construído exclusivamente sobre la anécdota de casos mediáticos y no está soportado en cifras, estadísticas o información provista por terceros que permita medir el alcance e impacto de las reformas propuestas. […]

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