Nuevo Proyecto de Ley puede terminar con las aplicaciones de taxi y viajes como las conocemos en Perú

Las aplicaciones de viajes compartidos como Uber y Cabify siguen bajo la mira del Congreso. Tras un controvertido proyecto de ley que intentaba crearles un confuso régimen legal especial, una nueva propuesta presentada este mes por el parlamentario Roy Ventura (Fuerza Popular, Cerro de Pasco) buscar regular esta actividad de manera más agresiva creando nuevas obligaciones y afectando la privacidad de miles de peruanos. Al tratarse de una propuesta del actual Presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, se espera que sea priorizada en dicha Comisión y podría llegar pronto al Pleno.

Esta nueva se cuida de incidir en aspectos controvertidos como responsabilidad por daños, seguros obligatorios, obligaciones tributarias o laborales. Por el contrario, se pone énfasis en delimitar las condiciones de acceso y permanencia al este mercado de servicios sin justificar en ningún punto cómo esto beneficia a los usuarios ni los pone en una mejor situación que la actual. Es preocupante que luego de las diversas discusiones en torno al primer proyecto de ley, que la propia Comisión tiene bajo estudio, se proponga como alternativa una solución todavía menos sensible a la realidad de este mercado.

Solo taxis podrán prestar servicios

Existe la discusión sobre si los autos que prestan este servicio deberían de ser asimilados al régimen legal de los taxis o no. Es decir, si debería de prohibirse que estos servicios sean prestados por vehículos que no estén pintados de amarillo o cumplan con los requisitos municipales para prestar el servicio de taxi. Este proyecto de ley señala que las plataformas tecnológicas solo podrán conectar sus usuarios con taxis debidamente autorizados. Esto significa sacar de mercado a quienes prestan este servicio de manera ocasional en sus tiempos libres como estudiantes, padres de familia o jubilados que no estarían dispuestos a sacar todas las licencias necesarias para prestar el servicio un par de veces al mes.

Afectaciones a la privacidad

Probablemente la parte más polémica del Proyecto de Ley es su artículo 6. Este señala que las plataformas tecnológicas como Easy Taxi o Beat deberán de remitir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la información de sus usuarios y conductores cada tres meses. No queda claro si la información se limita a la identidad de los mismos o incluye también itinerarios realizados y demás información asociada con el servicio. En cualquier caso, la obligatoria entrega de información privada al Estado para fines no determinados resulta desproporcionada y pone en riesgo la privacidad de todos los pasajeros.

Regulación de precios

El artículo 9 del Proyecto trae una nueva sorpresa. Este apartado señala que las empresas como Uber o Beat solo podrán cobrar a los conductores una tarifa fija mensual por usar la aplicación para conseguir pasajeros y que estas condiciones serán determinadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, se afecta directamente la libertad que tienen las empresas nacionales y extranjeras para establecer sus modelos de negocio, fijar sus precios o competir ofreciendo menores tarifas a los usuarios.


Una regulación tan intensa como la propuesta por esta iniciativa no tiene equivalente en el mundo. De aprobarse tal cual, este Proyecto de Ley reduciría la competitividad de nuestro mercado local para la prestación de este servicio y castigaría sobre todo a las empresas nuevas que intentan entrar al mercado. Todavía peor, también reduciría la oferta de estos servicios en nuestro país a nivel de conductores y ello podría repercutir en precios más altos sin mejorar el servicio. Se trata de un muy mal antecedente para la regulación de mercados sustentados en tecnología que esperamos sea estudiado con la seriedad que se merece.

Descarga: Proyecto de Ley No. 2218/2017-CR

Foto: Brian Moriarty (CC BY)

3 comentarios

  1. Enrique Reyes Becerra dice:

    Me parece que el autor de la nota, no tiene en cuenta que estás empresas se llevan fácil el dinero, porque el conductor asume todos los riesgos en esta actividad, solamente se está viendo la problemática del lado del usuario, pero no sé toma en cuenta que el conductor realiza una actividad con muchos riesgos laborales, por otro lado estas empresas fijan unilateralmente las comisiones a cobrar al conductor y fijan los precios, y no tienen en cuenta que mantener un automóvil en condiciones requieren mantenimiento. Por eso es necesario que el Estado como garante de la seguridad de todos los ciudadanos, tome cartas en el asunto, es lo mínimo que se le puede pedir

  2. Enrique Reyes Becerra dice:

    También quiero destacar, el autor de la nota, habla que en ninguna parte del mundo existe este precedente en la regulación laboral. Yo le quiero aclarar que necesita informarse más, porque en la Argentina, donde actualmente gobierna Mauricio Macri que es un presidente de corte liberal, y el actual intendente de la ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larretaque es del mismo partido, han determinado que las empresas que ofrecen el servicio de taxi deben ajustarse a la legislación laboral y específicamente a la ley de contrato laboral del transportista donde , el empleador debe asegurarle, los beneficios inherentes al trabajador, de lo contrario se tienen que ir del país.

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