El año pasado, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la violencia hacia la mujer decidió incorporar como temática los desafíos generados por la violencia en línea. Para ello, realizó una convocatoria con la finalidad de conocer el estado actual de países latinoamericanos y del Caribe en relación a esta problemática. La consulta incluía modelos legislativos y políticas existentes que se hayan elaborado en los países para la prevención, protección, sanción y reparación de las personas afectadas por esta problemática.

De esta manera, a finales del año pasado, Hiperderecho junto a otras organizaciones de la región que trabajan temas de derechos humanos en contextos digitales nos organizamos para trabajar en conjunto y elaborar el reporte. Nosotros levantamos información sobre casos emblemáticos y marcos legales del Perú, que podrían brindar un panorama general de cómo se va trabajando el tema de violencia de género en línea en nuestro país. El reporte fue editado por la investigadora Paz Peña Ochoa en representación de ADC (Argentina), Coding Rights (Brazil), Derechos Digitales (Chile), Internetlab (Brazil), Karisma (Colombia), IPANDETEC (Panamá), R3D (México), y TEDIC (Paraguay).

Las organizaciones que trabajamos en la elaboración del reporte consideramos que esta iniciativa es fundamental para enfatizar el respeto de los derechos y libertades en entornos digitales. Especialmente para cuestionar las diversas manifestaciones de violencia de género en línea, que constituyen un problema real que afecta en distintos niveles a personas específicas, y son un claro ejemplo de nuestra cultura machista. Asimismo, este reporte propone continuar con las discusiones legales a fin de generar algún impacto político que permita proteger a las personas en situación de vulneración y que al mismo tiempo se protejan derechos como la privacidad, libertad de expresión y anonimato en los medios digitales.

En el reporte podrán encontrar análisis sobre pornografía no consentida, suplantación de identidad, ciberacoso, entre otros. Con la finalidad de dar a conocer cómo se manejaron algunos casos emblemáticos según la legislatura del país donde se desarrolló. En el caso del Perú, queda claro que en el ámbito legal y político recién estamos reconociendo la magnitud de la problemática y que por parte de la sociedad civil debemos de estar atentos a que los intentos de solución no limiten nuestro uso libre de las tecnologías.

Por otro lado, dentro de las recomendaciones a nivel regional es importante resaltar la necesidad de profundizar nuestro entendimiento de cibercrimen desde una perspectiva de género, para lo cual el estado debe ser consciente que las dinámicas de poder también se reflejan en entornos digitales. Asimismo, cuestionar la tendencia de crear nuevos tipos penales exclusivamente porque los crímenes son realizados a través de medios electrónicos, ya que probablemente una modificación puede ser pertinente para englobar estos casos. Además, debemos de asegurar que en toda iniciativa se evite que las personas pasen por un proceso de revictimización o que se criminalice a la víctima.

Finalmente, otra situación a tomar en cuenta es que las leyes relacionadas a la violencia de género en espacios digitales protejan la libertad de expresión y anonimato de los usuarios evitando la censura o represión. Es en este sentido, una buena alternativa paralela a las decisiones legales es tener un enfoque educativo y preventivo, por el cual las personas usuarias reconozcan y ejerzan sus derechos a la par que el estado visibiliza la violencia en línea como una problemática nacional.