Mincetur busca prohibir que peruanos alquilen sus viviendas a través de Airbnb

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) publicó para comentarios el mes pasado una propuesta de nuevo Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. Esta norma actualiza el actual Reglamento del 2015 y tiene como propósito señalar la categorización, calificación y supervisión del funcionamiento de todos establecimientos de hospedaje del país. El texto propuesto incluye un apartado dedicado al alojamiento en “casas particulares” y establece condiciones que, en la práctica, prohibirían el alquiler privado de habitaciones o casas a turistas a través de plataformas en línea como Airbnb, Despegar o HomeAway.

El proyecto de Reglamento de Hospedajes pretende modernizar ciertas reglas de esta industria respecto al sistema de permisos de funcionamiento, categorías y oferta de servicios al turista. Esto no es nada nuevo y el sector turístico parece estar acostumbrado a estos cambios. No obstante, lo que debería ser un texto de fácil consenso se transforma cuando llega al apartado en que se regula el “servicio de alojamiento en casas particulares”.

En pocas palabras, alquilar una habitación, departamento o casa a un turista pasaría a quedar prohibido por ley salvo que se cumpla con dos requisitos en simultáneo:

  1. Que la ciudad no cuente con infraestructura turística suficiente para cubrir la demanda, se haya sobrepasado la capacidad de la misma por festividades o haya ocurrido una catástrofe que la ha dañado total o parcialmente.
  2. Contar con una autorización excepcional y temporal entregada por la autoridad competente, lo que implica pasar una constatación física del alojamiento por parte de la autoridad, donde se supervisan requisitos como que la construcción sea de material noble, exista ropa de cama, baño o botiquín, entre otros.

Creemos que esta propuesta tiene múltiples problemas y debería de ser reformulada. En principio, porque limita el derecho a la propiedad de cualquier peruano sin que existan razones justificadas para ello. Al establecer condiciones bajo las cuales una persona puede alquilar a otra su propiedad, el Reglamento estaría creando un régimen paralelo al del Código Civil. De la misma manera, el Proyecto de Reglamento restringe el derecho a la libertad de empresa pues si con las restricciones de excepcionalidad y temporalidad menoscaba la disposición de los bienes (las casas), al establecer sanciones administrativas y multas ahoga la justa pretensión de los propietarios o poseedores de beneficiarse económicamente de los mismos.

De aprobarse este Reglamento, todos los alquileres de casas particulares a turistas pasarían a ser irregulares por no contar con la autorización respectiva. Además, en los casos en que las casas se encuentren en lugares donde hay suficiente infraestructura turística para soportar la demanda, dicha autorización nunca podrá conseguirse o usarse legalmente. Como consecuencia directa de ello, desde el primer día los propietarios o poseedores que se encuentren realizando estas actividades se convertirán, en el mejor caso, en infractores de la ley hasta que regularicen su situación. En el peor, perderán la posibilidad de beneficiarse de los ingresos que suponía el alquiler de sus casas. Empresas como Airbnb poseen cifras sobre la cantidad de peruanos que usan su plataforma, las que nos llevan a pensar que la prohibición tendrá como consecuencia la precarización de la situación económica de estas personas.

Es sorprendente que esta propuesta venga de MINCETUR, quienes en el pasado han valorado positivamente el alojamiento para turistas en casas particulares. En documentos como sus informes y presentaciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) y en un acuerdo nacido en el seno de la Alianza del Pacífico, se reconoce la relevancia de este tipo de actividades para atraer a turistas jóvenes que buscan alojamientos no tradicionales.

No queda claro cuál es el problema que busca solucionar este Reglamento. ¿Seguridad ante imprevistos? ¿Calidad mínima de servicio? ¿Informalidad? En cualquier caso, la propuesta se queda corta en todos esos aspectos. Lo único que consigue es excluir a un grupo importante de individuos y familias peruanas que generan un ingreso extra gracias a Internet. Al limitar la posibilidad de que alquilen espacios disponibles en sus viviendas a cuando no queden hoteles disponibles y previo permiso, efectivamente se intenta desaparecer la actividad de las principales ciudades del país.

Cualquier esfuerzo por establecer reglas sobre cómo funcionan las plataformas digitales o los negocios que facilitan debe de ser participativo y basado en evidencia. Al mismo tiempo, no debe de perder de vista la capacidad que tiene la tecnología de reducir las barreras de acceso al mercado y permitirle a más ciudadanos a sacarle el máximo provecho a sus bienes. Por lo señalado creemos que esta propuesta de Reglamento, actualmente se encuentra bajo análisis en la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico de MINCETUR, falla en comprender eso.

Descarga: Comentarios de Hiperderecho al Proyecto de Reglamento de Hospedajes enviados a MINCETUR el 8 de junio de 2018

Foto: Joseph Albanese en Unsplash

Director de Políticas Públicas

Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es Vice Presidente de Internet Society Perú y fundador del Youth Observatory.

Un comentario

  1. William dice:

    La prohibición del alquiler de viviendas a través de plataformas tipo Airbnb no es nueva, muchos países y ciudades lo han hecho por razones concretas y sencillas. En primer lugar se crea un mercado informal que daña al sector formal hotelero y al propio Estado pues se evade el pago de impuestos. En segundo lugar alienta el incremento de precios en barrios turísticos generando gentrificación que expulsa a las personas de menor poder adquisitivo por no mencionar la especulación inmobiliaria.
    Todo mercado se rige por normas, lo que en el artículo se propone es la libertad absoluta sin ninguna regulación del Estado, bajo el argumento de la libertad de empresa y de propiedad pretenden que la vivienda se convierta en una mercancía más cuando debería ser un derecho humano y así se viene planteando en las legislaciones más avanzadas.

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