Durante el 2019, varios proyectos para regular diferentes tecnologías se quedaron detenidos tras la disolución del Congreso. Luego de las elecciones de enero, muchos de ellos (y algunos nuevos) podrían volver este 2020.

¿Qué nos dejó el Congreso en el 2019?

Nuestra agenda digital del año pasado tuvo una significativa cantidad de propuestas en diferentes campos de la tecnología, centradas en su mayoría en la regulación de las plataformas que operan sobre Internet. A lo largo del año comentamos varias, pero también hubieron otras que pasaron más o menos desapercibidas. Estas son algunas de ellas:

1. PL N° 04237/2018-CR: Ley de Ciberseguridad

A mediados del año pasado, la Comisión de Defensa del Congreso impulsó diferentes iniciativas relacionadas a la ciberseguridad, esfuerzo que concluyó en setiembre con la aprobación de dos proyectos de ley; uno sobre ciberdefensa y el otro sobre ciberseguridad. Sin embargo, aunque el primero fue promulgado, el segundo fue observado por el Ejecutivo y, pese a que se señaló que se insistiría en su aprobación, luego de la disolución esta norma quedó en el limbo. En Hiperderecho hicimos el recuento completo de esta historia.

2. PL N° 3990/2018-CR y PL N° 04275/2018-CR: Leyes sobre difamación en redes sociales

Las iniciativas para incrementar las penas por delitos cometidos a través del uso de las TIC ha sido una constante no solo en el Congreso disuelto, sino en varios de los anteriores, al menos en lo que se refiere a delitos contra el honor. En 2019, hubo al menos dos propuestas de este tipo. También escribimos un artículo al respecto.

3. PL N° 04243/2018-CR y PL N° 04144/2018-CR: Leyes para regular el trabajo en plataformas de Internet

Si durante 2018 hubo una explosión de propuestas en el Congreso para regular la responsabilidad legal de las aplicaciones de transporte, en 2019 se presentaron esfuerzos similares, pero enfocados en el vínculo existente entre las plataformas y sus “colaboradores”. En ambos proyectos de ley, se asume que estamos frente a una relación laboral atípica, pero laboral al fin y al cabo, y se establecen obligaciones entre ambos. A propósito de estas iniciativas, en noviembre del año pasado, el Ejecutivo decretó la creación de un equipo de trabajo multidisciplinario precisamente para evaluar este tipo de regulaciones y formular recomendaciones, cuyos resultados debieran ser públicos en el primer trimestre de 2020.

4. PL N° 04333/2018-CR y PL N° 04526/2018-CR: Leyes de Telecomunicación

Durante todo el año anterior se habló de la existencia de una propuesta del Ejecutivo para actualizar la Ley de Telecomunicaciones, que en 2020 cumplirá 27 años desde su promulgación. No obstante, en el Congreso también se presentaron dos propuestas, siendo que una de ellas, la del congresista Wuilian Monterola, plantea el establecimiento del acceso a Internet como servicio público sujeto a concesión y supervisión plena.

5. PL N° 03403/2018-CR y PL N° 04421/2018-CR: Leyes para regular las tecnologías financieras (fintech)

Aunque una de estas iniciativas es meramente declarativa, la otra propone regulación específica (y abundante) sobre este tipo de empresas. Todavía existe un amplio debate sobre el tratamiento regulatorio de este segmento de empresas en el Perú, el cual actualmente parece estar en un punto muerto.

6. PL N° 04643/2019-CR: Ley para crear una Fiscalía especializada en Delitos Informáticos

Una de las pocas iniciativas genuinamente positivas es esta que se quedó en la Comisión de Justicia y en la de Presupuesto. Si bien se proponía la necesidad de crear un órgano especializado en este tipo de delitos que indudablemente se han incrementado, la sustentación carecía de elementos contundentes como información estadística, además de no estar acompañada de una visión más integral del problema.

¿Qué podemos esperar en 2020?

Todo depende de dos factores: La configuración del nuevo Congreso que será elegido a finales de enero y la urgencia o priorización de ciertos temas en la agenda pública. Sin embargo, si no existen sorpresas deberíamos esperar un poco de lo siguiente:

1. Mayor presión para regular plataformas digitales

Ya no solo a nivel de responsabilidad administrativa frente a sus usuarios, sino también en el ámbito laboral respecto de sus colaboradores. También es posible que se sumen obligaciones de tributación o incluso de licenciamiento y localización dentro del territorio. Por ejemplo, entidades como la SUNAT ya han expresado que planean imponer obligaciones tributarias a empresas no domiciliadas y recientemente Hiperderecho se encuentra demandando al Ministerio de Transporte por haber creado obligaciones de bloqueo de aplicaciones por infracciones a normas administrativas.

2. Nuevas regulaciones sobre contenido en Internet

Si bien en años anteriores este segmento estaba conformado principalmente por iniciativas relacionadas a delitos contra el honor, no es difícil pensar que en 2020 podremos ver iniciativas orientadas a establecer algún tipo de regulación respecto de problemas más recientes como las noticias falsas o los deepfakes. La breve campaña política de enero podría ser una fuente de este tipo de iniciativas si algún hecho de este tipo llegara a ocurrir. A propósito de este tema, hemos escrito un artículo para El Comercio en noviembre del año pasado.

3. ¿Ley de Ciberseguridad por insistencia?

Aunque las elecciones son en menos de un mes, todavía no hay forma de saber la correlación exacta de fuerzas del Congreso de 2020. No obstante, si esta no es diametralmente opuesta a la del Congreso disuelto, es posible que exista cierto impulso a la Ley de CIberseguridad, que llegó a aprobarse y convertirse en Autógrafa antes de ser observada por el Presidente. Existe muy poco tiempo para llevar a cabo un proceso completo de revisión, así que si los proponentes consiguen el apoyo suficiente, solo tienen que empujar la promulgación de esta norma por insistencia.

Bonus: Políticas públicas digitales desde el Ejecutivo

Aún antes de la disolución del Congreso, diferentes oficinas dentro del Ejecutivo ha trabajado activamente en desplegar iniciativas en materia digital, no solo de manera interna sino también respecto de la ciudadanía. Por ejemplo, desde que en 2018 se promulgó la Ley de Gobierno Digital y se creó el Comité de Alto Nivel para un Perú Digital, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital no ha parado en su tarea de producir normas para consolidar su modelo de gestión de gobierno digital. Del otro lado, están también entidades como el Ministerio de Turismo que está trabajando en propuestas para regular las plataformas de alquiler de vivienda, pese a un intento fallido en 2018 que denunciamos. A estos últimos se suman los ya mencionados intentos del Ministerio de Transporte y SUNAT por ejecutar medidas restrictivas a las plataformas digitales. Es importante mencionar que de momento aún no se tiene una Agenda Digital para el Bicentenario, algo que podríamos esperar también este año.

Ciertamente 2020 será un año corto en materia de Agenda Digital, pero esperamos que sea una oportunidad para hacer luz sobre algunos importantes para el siguiente Congreso.

Foto: Congreso de la República