Por: Candy Rodríguez*

Las tecnologías digitales han tomado un papel muy importante en las comunicaciones y en el desarrollo individual y colectivo de las poblaciones; se han introducido progresivamente en nuestro tejido social, cultural, económico y político. Junto con este desarrollo las violencias digitales han crecido exponencialmente al igual que el alcance de las TICs. Por esto, es de suma importancia nombrarlas y visibilizarlas.

Las poblaciones latinoamericanas hemos sufrido diversos tipos de afectaciones a nuestros derechos fundamentales en el espacio digital. Sin embargo, las mujeres y las personas LGBTIQ+ afrontamos situaciones de riesgo adicionales porque el espacio digital está construido y constituido bajo lógicas machistas, androcéntricas y patriarcales que perpetúan sistemas de discriminación y violencia estructural que nos colocan en una posición más vulnerable en línea.

La violencia a través de las tecnologías de la información, violencia en línea, ciberviolencia o violencia digital son formas de agresiones sistemáticas contra los usuarios/as que se pueden presentar a través de espionaje estatal o privado, monitoreo, filtración de datos, brechas digitales, acoso y extorsión por parte de actores público y privados.

La vigilancia gubernamental en Latinoamérica como forma de violencia digital

América Latina no está lejos de estas formas de violencia, ya que la vigilancia estatal y la filtración de datos por parte de las empresas privadas permea nuestro contexto. El proyecto Necessary and Proportionate liderado por la Electronic Frontier Foundation documentó los mecanismos legales existentes en trece países latinoamericanos donde la vigilancia gubernamental amenazaba derechos fundamentales como la libertad de expresión, de información, y la libertad de asociación. Estos reportes también coincidieron en señalar la ausencia de mecanismos de control y supervisión sobre la efectividad y la proporcionalidad de estas prácticas estatales.

Gobiernos de países como Perú y México han espiado y perseguido a su población a través de softwares de espionaje legales e ilegales con el pretexto de salvaguardar la seguridad de la población y la nación. Los dos países se han visto involucrados en prácticas que violan derechos humanos básicos en el espacio digital.

Perú ha monitoreado en diversos grados a su población a través de los mecanismos de obtención de información y “reglaje” de la Dirección de Inteligencia Nacional del Perú (DINI). El caso del Decreto Legislativo 1182 es uno de los que más revuelo ha causado porque fue promulgado directamente por el Poder Ejecutivo sin ser discutido o votado en el Congreso. A través de esta ley, el gobierno peruano le dió poder a la Policía de acceder sin orden judicial a la ubicación de cualquier usuario de celulares y ordena a las empresas a guardar los datos de tráfico de todas las comunicaciones del país por hasta tres años. Esto convierte a cualquier persona en ”sospechosa”, el espionaje no es justificado, la “investigación” es realizada en “secreto” y ni siquiera son notificado/as cuando se concluye el proceso. Esto representa una grave violación a la privacidad de los y las peruanas.

En el caso mexicano, el espionaje por parte del gobierno se realizó de manera ilegal. En el año 2017 la organización mexicana R3D con apoyo del Citizen Lab, Artículo 19 y SocialTIC publicó el informe #GobiernoEspía. En este trabajo revelaron cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto robó información personal y obtuvo acceso, desde diferentes aplicaciones, a los dispositivos móviles y cuentas personales de periodistas, defensores, activistas y comunicadores con oposición a su gobierno durante los años 2015 y 2016 a través del malware Pegasus. 

La violencia digital no solo es ejercida por parte de privados, sino también por parte de los Estados. Existen algunas otras modalidades de violencia que se han comenzado a evidenciar en países de la región, como la violencia digital contra las mujeres y comunidad LGBTIQ+ o violencia digital de género que comienza a permear la discusión pública de países como México y Perú.

Violencia digital de género

A las poblaciones de Perú y México se les ha espiado por ser “sospechosos” de algún crimen o por tener ideas “disidentes” a los gobiernos en turno. Sin embargo, cuando eres mujer y habitas el ecosistema digital, se suman formas de violencia muy parecidas a las del espacio offline. Si bien la violencia por motivos de género no es nueva, la ciberviolencia sí y cada vez encuentra nuevas formas para silenciar y excluir la participación de las mujeres en el espacio digital.

Como lo hemos documentado a través de nuestro informe Conocer para resistir: Violencia de género en Perú, la violencia digital de género se encuentra intrínsecamente ligada a la violencia sistémica de género offline y muchas veces las agresiones digitales son antecedente o subsiguientes a violencias feminicidas. En América Latina se vive de manera diferente a Europa como consecuencia de una serie de discriminaciones interseccionales como lo son: la raza, el género, la clase social, edad, la precarización laboral, educativa, la feminización de la pobreza y las culturas sumamente machistas y misóginas incrementan las posibilidades de que las mujeres sufran algún tipo de violencia durante su vida.

El informe A world-wide wake-up call realizado por la UNESCO define que la ciberviolencia traspasa las fronteras, la raza, la cultura y los grupos de ingresos, daña profundamente a las víctimas, a las personas que las rodean ya la sociedad en general. Es decir, cualquier mujer o niña con o sin acceso a la tecnología está expuesta a ser víctima. Esta forma de violencia desarrolla riesgos para la igualdad y el empoderamiento de las mujeres.

La violencia digital de género puede tener como consecuencia un impedimento a la inclusión digital de las mujeres. Esto nos coloca en una situación de desventaja mayor porque, al no disfrutar de un libre acceso al uso de aparatos electrónicos e internet, perdemos derechos como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, al pleno desarrollo, a la no discriminación, a la salud física y mental.

La violencia digital también es la falta de información gubernamental respecto al acceso de las mujeres a la tecnología, la falta de estadísticas con perspectiva de género que dé cuenta sobre la ciberviolencia que sufrimos, la poca inclusión de las mujeres a carreras afines a la ciencia y tecnología -esto agudiza aún más el rezago digital-, la falta de perspectiva de género digital en la creación de políticas públicas y la exclusión de las mujeres en la estructura digital.

A las mujeres a nivel mundial también nos preocupa nuestra privacidad y seguridad dentro de la red y en el uso de las TICS, esto genera una “brecha de uso” -que es la decisión de las mujeres de abandonar el uso de las TIC por temor a ser agredidas-, lo que resulta en menos acceso de las mujeres a la tecnología.

Las mujeres también somos estigmatizadas por ejercer nuestra sexualidad de manera libre a través de las TIC. La difusión de contenido íntimo sin consentimiento es una forma de violencia digital con componente de género porque existe una hipersexualización de nuestros cuerpos. A través de estos contenidos algunas mujeres han sido víctimas de sextorsión y en algunos otros casos se les hain ducido al suicidio.

Estos factores al combinarse generan y perpetúan una población dicotómica que concentra en los ámbitos privados a las mujeres (el hogar y la familia) y públicos a los hombres (la escuela y el acceso a la tecnología). La exclusión e invisibilización de las mujeres, la falta de información y la perpetuación de un sistema patriarcal, en el que se les enseña que ellas no son capaces de hacer uso de ciertas herramientas, convierte la violencia relacionada con el uso de las tecnología en un problema sistémico que las encadena a formas de vida precarias y sujetas a la dependencia.

* Candy Rodríguez es Licenciada en Comunicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y Google Policy Fellow en Hiperderecho durante el 2019. También es co fundadora de la Colectiva Insubordinadas y del Hacklab Feminista La Chinampa. Integrante del colectivo chileno acoso.online.