Violencia digital y violencia digital de género

Por: Candy Rodríguez*

Las tecnologías digitales han tomado un papel muy importante en las comunicaciones y en el desarrollo individual y colectivo de las poblaciones; se han introducido progresivamente en nuestro tejido social, cultural, económico y político. Junto con este desarrollo las violencias digitales han crecido exponencialmente al igual que el alcance de las TICs. Por esto, es de suma importancia nombrarlas y visibilizarlas.

Las poblaciones latinoamericanas hemos sufrido diversos tipos de afectaciones a nuestros derechos fundamentales en el espacio digital. Sin embargo, las mujeres y las personas LGBTIQ+ afrontamos situaciones de riesgo adicionales porque el espacio digital está construido y constituido bajo lógicas machistas, androcéntricas y patriarcales que perpetúan sistemas de discriminación y violencia estructural que nos colocan en una posición más vulnerable en línea.

La violencia a través de las tecnologías de la información, violencia en línea, ciberviolencia o violencia digital son formas de agresiones sistemáticas contra los usuarios/as que se pueden presentar a través de espionaje estatal o privado, monitoreo, filtración de datos, brechas digitales, acoso y extorsión por parte de actores público y privados.

La vigilancia gubernamental en Latinoamérica como forma de violencia digital

América Latina no está lejos de estas formas de violencia, ya que la vigilancia estatal y la filtración de datos por parte de las empresas privadas permea nuestro contexto. El proyecto Necessary and Proportionate liderado por la Electronic Frontier Foundation documentó los mecanismos legales existentes en trece países latinoamericanos donde la vigilancia gubernamental amenazaba derechos fundamentales como la libertad de expresión, de información, y la libertad de asociación. Estos reportes también coincidieron en señalar la ausencia de mecanismos de control y supervisión sobre la efectividad y la proporcionalidad de estas prácticas estatales.

Gobiernos de países como Perú y México han espiado y perseguido a su población a través de softwares de espionaje legales e ilegales con el pretexto de salvaguardar la seguridad de la población y la nación. Los dos países se han visto involucrados en prácticas que violan derechos humanos básicos en el espacio digital.

Perú ha monitoreado en diversos grados a su población a través de los mecanismos de obtención de información y “reglaje” de la Dirección de Inteligencia Nacional del Perú (DINI). El caso del Decreto Legislativo 1182 es uno de los que más revuelo ha causado porque fue promulgado directamente por el Poder Ejecutivo sin ser discutido o votado en el Congreso. A través de esta ley, el gobierno peruano le dió poder a la Policía de acceder sin orden judicial a la ubicación de cualquier usuario de celulares y ordena a las empresas a guardar los datos de tráfico de todas las comunicaciones del país por hasta tres años. Esto convierte a cualquier persona en ”sospechosa”, el espionaje no es justificado, la “investigación” es realizada en “secreto” y ni siquiera son notificado/as cuando se concluye el proceso. Esto representa una grave violación a la privacidad de los y las peruanas.

En el caso mexicano, el espionaje por parte del gobierno se realizó de manera ilegal. En el año 2017 la organización mexicana R3D con apoyo del Citizen Lab, Artículo 19 y SocialTIC publicó el informe #GobiernoEspía. En este trabajo revelaron cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto robó información personal y obtuvo acceso, desde diferentes aplicaciones, a los dispositivos móviles y cuentas personales de periodistas, defensores, activistas y comunicadores con oposición a su gobierno durante los años 2015 y 2016 a través del malware Pegasus.

La violencia digital no solo es ejercida por parte de privados, sino también por parte de los Estados. Existen algunas otras modalidades de violencia que se han comenzado a evidenciar en países de la región, como la violencia digital contra las mujeres y comunidad LGBTIQ+ o violencia digital de género que comienza a permear la discusión pública de países como México y Perú.

Violencia digital de género

A las poblaciones de Perú y México se les ha espiado por ser “sospechosos” de algún crimen o por tener ideas “disidentes” a los gobiernos en turno. Sin embargo, cuando eres mujer y habitas el ecosistema digital, se suman formas de violencia muy parecidas a las del espacio offline. La violencia de género no es nueva, la violencia a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación sí y cada vez encuentra más formas para silenciar y excluir a las mujeres del espacio digital.

Como lo hemos documentado a través de nuestro informe Conocer para resistir: Violencia de género en Perú, la violencia digital de género se encuentra intrínsecamente ligada a la violencia sistémica  offline y en la mayoría de las ocasiones las agresiones digitales son antecedente o subsiguientes a violencias feminicidas. Las discriminaciones por motivos de raza, género, clase social y edad, para las mujeres en América Latina, incrementan las posibilidades de que sufran algún tipo de violencia durante su vida.

La UNESCO a través de su informe A world-wide wake-up call define que la ciberviolencia traspasa las fronteras, la raza, la cultura y daña profundamente a las víctimas, a las personas que las rodean y a la sociedad en general. Es decir, cualquier mujer o niña con o sin acceso a la tecnología está expuesta a ser víctima, lo que repercute directamente en el empoderamiento e igualdad para las mujeres.

La violencia digital de género tiene como consecuencia un impedimento a la inclusión digital de la comunidad LGBTIQ+ y de las mujeres-. Al no contar con un libre acceso a las TICs y el ecosistema digital perdemos derechos esenciales para nuestro pleno desarrollo como lo son el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y a la no discriminación.

Este tipo de violencia engloba la falta de perspectiva de género en la creación de políticas públicas, la poca información gubernamental respecto al acceso de las mujeres a la tecnología, la falta de creación de estadísticas con perspectiva de género que dé cuenta sobre la ciberviolencia y el poco acceso de las mujeres a carreras afines a la ciencia y tecnología, esto agudiza el rezago digital.

La brecha de uso por parte de las mujeres también es un problema a nivel mundial que se origina por el temor a ser víctimas de agresiones digitales o por la preocupación a perder nuestra privacidad en el espacio digital, esto resulta en menos acceso de las mujeres a la tecnología.

Las mujeres también somos estigmatizadas por ejercer nuestra sexualidad de manera libre a través de las TIC. La difusión de contenido íntimo sin consentimiento es una forma de violencia digital con componente de género porque existe una hipersexualización de nuestros cuerpos. A través de estos contenidos algunas mujeres han sido víctimas de sextorsión y en algunos otros casos se les ha inducido al suicidio.

Todos estos factores al mezclarse perpetúan sociedades desiguales en las que las mujeres se concentran en los ámbitos privados -el hogar y la crianza- y los hombres en los espacios públicos -creación tecnológica-. La exclusión, invisibilización y la falta de información para las mujeres reproducen un sistema patriarcal en el que se nos educa bajo la idea de que nosotras no tenemos la capacidad de ser creadoras, ni usuarias de ciertas herramientas, esto convierte a la violencia digital de género en un problema sistémico que nos encadena a una vida precaria.

* Candy Rodríguez es Licenciada en Comunicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y Google Policy Fellow en Hiperderecho durante el 2019. También es co fundadora de la Colectiva Insubordinadas y del Hacklab Feminista La Chinampa. Integrante del colectivo chileno acoso.online.

Foto: Paul Esch-Laurent para Unsplash

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