Van 65 días desde que empezó el Estado de Emergencia por el Covid-19 en Perú. Hay mucho que todavía no conocemos sobre cómo funciona esta epidemia y su impacto en nuestra salud. Pero también es bastante lo que estamos avanzando gracias a la intervención oportuna de autoridades y profesionales de la salud en todo el país, especialmente ahí donde menos recursos existen. Lamentablemente, de este tremendo esfuerzo, estamos aprendiendo muy poco como sociedad y continuamos tomando muchas decisiones a oscuras.

Esfuerzos parciales e insuficientes

Este problema ha sido señalado en múltiples oportunidades por diversos especialistas en salud, estadística y análisis de datos. La información públicamente disponible sobre el avance del Covid-19 en el país es escasa, irregular, y no se publica en formatos que puedan ser reutilizados. Esta omisión erosiona la confianza de las personas en sus autoridades, reduce artificialmente nuestro derecho a participar de las decisiones públicas y desafía cualquier interpretación del principio de transparencia estatal. Las pocas plataformas de información operadas por el Estado están construidas desde la perspectiva unidimensional de ofrecer un reporte estático del momento actual de la enfermedad y no la de informar sobre el alcance y efectividad de la intervención estatal propiciando un ecosistema de datos públicos. En ese sentido, no cumplen con el objetivo nacional de fomentar la participación ciudadana en el ciclo de políticas públicas. Asimismo los datos no se encuentran en un formatos estructurado y estandarizado que soporte la interoperabilidad y facilitar la comparación, la trazabilidad y la reutilización efectiva.

La poca información pública que existe está incompleta y la distribución parcial de esta información puede ser contraproducente. Por ejemplo, la aplicación ”Perú En Tus Manos” muestra un mapa de zonas donde vive uno o más contagiados sin explicar el origen de estos datos, su antigüedad, margen de error o frecuencia de actualización. Por la manera en la que está desarrollada esta aplicación, los datos que sirven de base para construir este mapa son públicamente accesibles a través de un endpoint (actualmente accesible desde el sitio https://covid.kambiahora.com/). Existen hasta dos (2) mapas realizados por equipos independientes que consumen y, al carecer de información y documentación apropiada, muestran puntos exactos (no áreas aproximadas) y sin los límites de acercamiento que la aplicación del Estado incluye. Como resultado, muchas personas que han accedido a estos mapas no oficiales han terminado confundidas sobre el progreso del contagio en una área determinada, atribuyéndole la condición de contagiados a sus vecinos y han continuado alimentando una cadena de desinformación.

No solo hay información parcial sino que la información más completa es compartida selectivamente. Así, en el Portal del Sistema de Información Geológico y Catastral Minero (GEOCATMIN) del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico publica, desde hace varias semanas, información agregada histórica sobre la cantidad de contagiados con Covid-19 en todo el país, pruebas realizadas, región y departamento de origen, fecha, entre otros, en formato JSON. De hecho, esta fue la principal fuente de información que usó Ragi Burhum para su comentado artículo de El Martillazo y el Huayno según el código que él mismo publicó luego. También se sabe que otro conjunto de datos detallados ha sido usado por investigadores del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades para un artículo académico publicado a inicios de mayo.

Existe la obligación legal de publicar la información

Existe una clara base legal que hace exigible que el Estado ponga a disposición del público bajo datos abiertos la información anonimizada que posee sobre el impacto del Covid-19 en Perú. Por regla general, toda la información producida por o en poder del Estado es información de naturaleza pública y debe de ser de acceso público. Este principio general de transparencia, reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales de los que Perú es parte, implica que toda información en poder del Estado es en principio pública así como también lo es todo documento que haya sido confeccionado bajo el financiamiento del presupuesto público. Aunque existen diversos límites y excepciones a esta regla general, como la que excluye a los datos que comprometen la privacidad de individuos, es perfectamente posible publicar información anonimizada.

En particular, la obligación de publicar información en datos abiertos está expresamente contenida en la Ley de Gobierno Digital y en la Estrategia Nacional de Datos Abiertos, que establecen como principio rector del gobierno digital la publicación de datos abiertos y disponibles de manera inmediata, sin comprometer el derecho a la protección de los datos personales de los ciudadanos.

El Estado está actuando en contra de nuestro derecho de fundamental de acceso a la información pública al retener la información de naturaleza pública que obra en su poder sobre el progreso e impacto de la enfermedad del Covid-19. Brindar acceso a esta información al público en general no constituye una prerrogativa del gobierno, según la cual puede decidir si otorga o no la información, sino que es una genuina y exigible obligación legal. Es más, esta es información que bien podría ser exigible en un fuero jurisdiccional a través de una demanda constitucional de Hábeas Data o mediante recurso al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia.

Con transparencia ganamos todos

Publicar los datos actualmente en posesión del Estado como datos abiertos, así como tomar acciones para planear el enriquecimiento de estos conjuntos de datos, puede ser beneficioso para los fines del mismo Poder Ejecutivo, para otras autoridades en el país y para el público en general.

Publicar los datos contribuirá a mejorar la comunicación del Estado hacia el público, con otras áreas del gobierno, y ayudará también a los ciudadanos a evaluar de cerca el avance del virus y comprendan mejor las decisiones que las autoridades toman. Por ejemplo, al existir información detallada de contagio comunitario por distritos, decisiones como la determinación de distritos de alto riesgo de transmisión por departamento no serían una completa sorpresa para quienes viven en esos distritos. A su vez, se podría evidenciar el verdadero peligro de las poblaciones de riesgo, y su correspondencia con decisiones como la del grado de obesidad de los trabajadores que pueden retornar a sus centros de labores, de manera que se tome conciencia de las implicancias de su exposición al virus.

Además, es innegable que existe una comunidad de periodistas, investigadores y usuarios ávidos de utilizar esta información y colaborar con el entendimiento público del Covid-19. Todos hemos estado pendientes de su trabajo y hemos encontrado valor en sus explicaciones, gráficos y didáctica, desde divulgadores de la ciencia como Alejandra Ruiz León o Claudia Calderón hasta epidemiólogos como Mateo Prochazka o Gabriel Carrasco-Escobar. Probablemente haya muchos más ahora y en el futuro esperando el acceso a mejores datos para ayudarnos a entender esta enfermedad y proponer intervenciones. Como país, no podemos permitirnos desaprovechar este interés cerrando la información pública.

Necesidad de acción inmediata

En el contexto de la crisis actual el Estado tiene muchas responsabilidades y áreas por atender. Asimismo, las múltiples carencias de nuestro sistema de salud hacen que la información existente sobre el avance del virus sea irregular, esporádica o presente otros defectos de registro son más profundas y antiguas que la actual crisis. La idea no es intentar reparar todo lo que está mal en pocos días, sino intentar corregir sobre la marcha lo que pueda corregirse a futuro.

Sobre este problema, esta semana hemos enviado una carta (PDF) al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Gobierno Digital y a la  Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En nuestra carta, proponemos al Estado empezar por publicar en formato de datos abiertos aquello que ya tiene disponible de manera desagregada en portales como su Sala Situacionales. Progresivamente, puede ponerse en marcha un plan que le permita continuar agregando nuevos datos y publicarlos por defecto en formatos abiertos.

Es positivo que el Gobierno haya convocado múltiples paneles de expertos y asesores para esta crisis. Sin embargo, cuando se trata de información pública, no se trata de compartirla solo con quienes creemos que pueden entenderla sino con todos quienes tienen derecho a acceder a ella. Este no es un favor ni una muestra de modernidad del Estado, sino el único comportamiento esperable bajo una democracia.

Foto: Ministerio de Defensa (CC BY)