Desde Hiperderecho, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la reciente ley aprobada por el Congreso que restringe gravemente el accionar de la sociedad civil en el Perú. Esta norma no solo impone trabas burocráticas excesivas a las organizaciones que trabajan por temas de interés público, sino que también otorga al Estado un poder desmedido para fiscalizar, limitar y sancionar arbitrariamente a quienes defienden el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y la defensa de derechos fundamentales. En otras palabras, el Estado se está asegurando de no poder ser cuestionado ni sometido al escrutinio público. En nombre de una supuesta fiscalización, ha impedido ser fiscalizado.

Un ataque directo a la ciudadanía y sus derechos

La ley, disfrazada de un esfuerzo por la transparencia, en realidad es un intento de control y censura sobre las organizaciones que vigilan al Estado y denuncian sus abusos. Al exigir la inscripción obligatoria y la conformidad previa para ejecutar proyectos, se otorga al gobierno un mecanismo para vetar iniciativas independientes que puedan incomodarlo o exigir rendición de cuentas. También podrían restringir iniciativas que aborden la prevención de violencias basada en género como el abuso sexual, el grooming o cualquier proyecto relacionado a la educación sexual integral (ESI) o los derechos de las personas LGTBIQ+. Además, la norma criminaliza el uso de fondos de cooperación internacional para el litigio en defensa de derechos, lo que representa una grave amenaza al acceso a la justicia y la rendición de cuentas.

Hiperderecho y la defensa de derechos fundamentales

En Hiperderecho, defendemos los derechos digitales y la libertad en Internet desde hace 13 años. A través de litigios, protegemos los datos personales de todas las personas y denunciamos las filtraciones y brechas de seguridad cometidas por entidades públicas. Luchamos por la libertad de uso de aplicaciones y plataformas en Internet, porque un Internet libre es esencial para el ejercicio de nuestros derechos. También avanzamos en la lucha contra la violencia de género en línea, visibilizando y combatiendo el acoso digital y la difusión no consentida de material íntimo.

Esta ley pone en riesgo estos avances limitando los recursos disponibles para proteger a la ciudadanía de los abusos en el entorno digital y fuera de él.

No nos quedaremos en silencio

Esta norma sigue el patrón de regímenes autoritarios que buscan sofocar el trabajo de las organizaciones independientes. No es solo un problema de las ONG, sino de todas las personas en el país que se benefician de una sociedad civil fuerte y vigilante. No permitiremos que se recorten nuestros derechos. Seguiremos denunciando, litigando y exigiendo que el Estado rinda cuentas.

No es una “Ley anti ONG”, es en realidad una ley contra los derechos humanos, civiles y políticos. No se busca únicamente injerir en el funcionamiento de las organizaciones de sociedad civil institucionalizadas; sino monopolizar la facultad de lo que se considera de interés público (y, por tanto, digno de desarrollar), y además socavar la facultad de la ciudadanía de ejercer un recurso efectivo frente a vulneraciones de derechos humanos por parte del Estado.

Una ciudadanía y una sociedad civil sin los recursos y la capacidad de requerir rendición de cuentas genera un Estado ineficiente, alejado de la población, cuyas autoridades se muestran impávidas, lejanas e indolentes frente a graves problemas sociales como la lucha contra la violencia basada en género, el crimen organizado y la corrupción.

Instamos al Ejecutivo a observar esta iniciativa del Congreso, que pretende socavar la democracia, restringir la libertad de expresión y asociación, afectar el acceso a la justicia y frenar la capacidad de movilización de sociedad civil.