Parte 2 de Estados Unidos anuncia cumbre de IA en Perú: por qué debemos estar alertas

En la primera parte de esta serie advertimos sobre los riesgos de que tecnologías de inteligencia artificial y análisis masivo de datos ingresen al aparato estatal peruano sin controles democráticos suficientes, especialmente en un país con antecedentes graves de vigilancia política y uso abusivo de los servicios de inteligencia. Pero existe otro riesgo, menos visible y potencialmente igual de profundo: que el Estado entregue progresivamente capacidades estratégicas a proveedores tecnológicos extranjeros hasta volverse dependiente de ellos. El problema ya no sería únicamente qué puede hacer el gobierno con estas herramientas, sino quién termina controlando la infraestructura con la que el propio Estado conoce, decide y ejerce poder.

1. Tecnofeudalismo y la ilustración oscura

El concepto de tecnofeudalismo, popularizado por el economista Yanis Varoufakis, describe un orden en el que grandes empresas tecnológicas controlan plataformas digitales indispensables y extraen rentas de quienes dependen de ellas. Los nuevos señores tecnológicos no necesitan poseer territorios. Controlan los espacios digitales donde las personas, las empresas y los gobiernos producen información, interactúan y toman decisiones.

Palantir ocupa un lugar particular dentro de ese ecosistema: si bien no administra una red social masiva como Meta ni una plataforma comercial como Amazon; sí controla el entorno donde instituciones críticas integran sus datos y organizan sus decisiones. Una vez que una policía, una aduana o un ministerio adapta sus bases, procesos y capacidades de inteligencia a Palantir, reemplazar la plataforma puede resultar técnica, económica y operativamente muy difícil.

El Estado continúa apareciendo como soberano, pero pasa a depender de una infraestructura privada para conocer su propia información, producir inteligencia y ejercer poder. Ese es el componente tecnofeudal: la institución pública se convierte en arrendataria de sus propias capacidades digitales.

Dentro de este marco de señores tecnofeudales, se encuentran aquellos que podrían vincularse a una corriente que algunos denominan “ilustración oscura” (un grupo de ideas enfrentadas con la ilustración occidental) como Peter Thiel. Su filosofía explica bien por qué desarrolla las tecnologías que vende. En 2009 escribió que ya no creía que la libertad y la democracia fueran compatibles. En el mismo ensayo expresó su desconfianza hacia la política democrática y defendió la creación de espacios tecnológicos capaces de escapar de sus límites. Y esto no se trata de una opinión privada desconectada de sus negocios: Thiel ha dedicado décadas a financiar proyectos políticos, empresas militares y tecnologías que desplazan funciones públicas hacia estructuras privadas controladas por élites tecnológicas.

Palantir encarna esa visión. La democracia funciona mediante reglas públicas, distribución del poder, control ciudadano y posibilidad de impugnar decisiones. Palantir ofrece velocidad, centralización, opacidad técnica y concentración del conocimiento en manos del proveedor. Cuando una empresa con esta filosofía diseña la infraestructura mediante la cual el Estado cumple sus finalidades públicas, brinda servicios, identifica amenazas y vigila personas, sus credenciales democráticas dejan de ser un debate académico y se convierte en una cuestión de primer orden.

2. De herramienta útil a dependencia crítica

Pero el riesgo tecnofeudal no aparece de un día para otro. La dependencia suele construirse gradualmente, bajo el lenguaje de la eficiencia, la modernización y la urgencia. Primero se compra una herramienta específica; luego, se integran nuevas bases de datos; después se capacita al personal para trabajar dentro de ese ecosistema; y, finalmente, se reorganizan procesos enteros alrededor de la plataforma. Cuando finalmente aparece la pregunta sobre si conviene continuar con el proveedor, la respuesta ya no depende únicamente de cuánto cuesta el contrato, sino de cuánto costaría dejarlo. El caso ecuatoriano permite observar cómo funciona esa dinámica.

La justificación oficial del Gobierno ecuatoriano para la renovación del contrato con Palantir es reveladora. Aduanas sostuvo que Palantir se encontraba conectada de manera “estructural y lógica” con sus sistemas, procesos y flujos de información. También advirtió que interrumpir el servicio afectaría procesos críticos, reduciría sus capacidades de inteligencia y comprometería la inversión pública ya realizada.

En apenas un año, la plataforma, desarrollada por una empresa privada de perfil antidemocrático, pasó de ser una herramienta novedosa contra el contrabando a convertirse en un elemento que la institución consideraba indispensable para seguir operando.

Primero se presenta la solución. Luego se conectan las bases de datos. Después se rediseñan los procesos alrededor de la plataforma. Finalmente, el Estado declara que ya no puede prescindir de ella. Eso es dependencia tecnológica a señores tecnofeudales.

3. La soberanía también se pierde a través de los datos

Y cuando hablamos de dependencia tecnológica, el problema no termina en la continuidad del servicio. También debemos preguntarnos qué ocurre con aquello que constituye el insumo fundamental de estas plataformas: los datos públicos, los registros administrativos y, eventualmente, información extremadamente sensible sobre millones de personas.

La ubicación y el control de los datos deben ser asuntos centrales de cualquier negociación. ¿Los servidores estarán en el Perú? ¿Existirán copias o respaldos en Estados Unidos? ¿El proveedor tendrá acceso remoto? ¿Se almacenarán registros de consultas, metadatos o telemetría fuera del país? ¿Intervendrán empresas subcontratadas? ¿Podrán autoridades estadounidenses exigir información a una empresa sometida a su jurisdicción? ¿Los datos servirán para mejorar productos, modelos o sistemas ofrecidos posteriormente a otros gobiernos? ¿Quién verificará su eliminación cuando termine el contrato?

Afirmar que los datos estarán “en la nube” no responde ninguna de estas preguntas. La nube siempre pertenece a alguien, opera desde una jurisdicción determinada y depende de infraestructuras físicas y jurídicas concretas. La soberanía digital tampoco se garantiza colocando un servidor dentro del territorio peruano. Una plataforma puede alojarse físicamente en Lima y seguir dependiendo de código, actualizaciones, soporte técnico, credenciales y decisiones controladas desde el extranjero.

Además, el problema supera la privacidad individual: si los sistemas utilizados por Aduanas, la Policía, las Fuerzas Armadas o los organismos de inteligencia quedan organizados alrededor de una empresa extranjera, la continuidad de funciones esenciales del Estado dependerá de decisiones empresariales y geopolíticas adoptadas fuera del Perú. El caso ecuatoriano muestra que la propia entidad llegó a considerar que la suspensión de Palantir afectaría sus procesos críticos y capacidades de inteligencia.

¿Qué ocurriría si el proveedor incrementa sus precios? ¿Qué ocurriría si deja de ofrecer soporte? ¿Qué ocurriría si Estados Unidos modifica sus controles de exportación? ¿Qué ocurriría si la empresa condiciona el servicio a los intereses de su gobierno? ¿Qué ocurriría si el Perú adopta una posición internacional contraria a Washington? Un Estado soberano debe conservar la capacidad de auditar, modificar, reemplazar y abandonar las tecnologías que utiliza. Cuando apagar una plataforma pone en riesgo procesos críticos, la soberanía ya fue parcialmente transferida hacia otras potencias o señores tecnofeudales.

4. ¿Quién defenderá nuestra soberanía digital desde el Ministerio de Defensa?

Estas preguntas adquieren todavía mayor importancia cuando las tecnologías involucradas pueden ingresar a los sectores encargados de las fronteras, la defensa y la inteligencia. Allí, la dependencia tecnológica se convierte directamente en una cuestión de seguridad nacional y soberanía.

El nuevo ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, de acuerdo a su perfil oficial, carece de experiencia previa en defensa, inteligencia, ciberseguridad, operaciones militares ni gobernanza de tecnologías de vigilancia. Este vacío importa porque la relación entre inteligencia artificial, defensa y ciberseguridad ya no es un asunto técnico secundario. Las decisiones que se adopten determinarán quién controla los sistemas estratégicos del país, dónde se procesa la información de seguridad nacional y qué dependencia tendremos respecto de proveedores extranjeros.

El ministro tiene que evaluar cuestiones que superan ampliamente la compra de un software o una solución de inteligencia artificial. ¿El Estado peruano podrá auditar el código? ¿Conocerá cómo se producen las alertas y perfiles? ¿Podrá migrar todos los datos a otra plataforma? ¿Controlará las actualizaciones? ¿Quién administrará las credenciales de mayor nivel? ¿El proveedor podrá ingresar remotamente al sistema? ¿La inteligencia producida será compartida con agencias extranjeras? ¿Existirá un mecanismo para impedir usos políticos? ¿Habrá supervisión civil e independiente? ¿Podrá el Estado continuar operando cuando termine el contrato?

La experiencia empresarial puede ayudar a evaluar costos o procesos de contratación pero no reemplaza el conocimiento especializado necesario para comprender lo que significa entregar la infraestructura digital de defensa, inteligencia o seguridad a una empresa vinculada con agencias militares y servicios extranjeros. Defender la soberanía digital implica conservar la capacidad estatal de conocer, gobernar y abandonar su tecnología. También implica desarrollar capacidades públicas propias, promover estándares abiertos, exigir interoperabilidad y evitar que las funciones esenciales del país dependan de cajas negras privadas. No existe soberanía cuando una empresa extranjera entiende mejor que el propio Estado cómo funcionan sus datos y sus sistemas críticos.

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La próxima cumbre de inteligencia artificial debe ser observada desde esa perspectiva. La discusión no puede reducirse a cuánto dinero llegará, cuántas empresas participarán o qué tan rápido podrá el Estado “modernizarse”. Antes de integrar plataformas extranjeras a sistemas de seguridad, defensa o inteligencia, debemos conocer qué tecnología se propone introducir, bajo qué contratos, con qué acceso a nuestros datos, qué capacidades permanecerán en manos públicas y qué garantías existirán para poder abandonar al proveedor. Una política tecnológica soberana empieza precisamente por conservar la posibilidad de decir que no.

Perú necesita inteligencia artificial, infraestructura digital y capacidades modernas. Sin embargo, modernizar el Estado no puede significar reemplazar soberanía por dependencia tecnológica ni trasladar silenciosamente funciones esenciales hacia empresas privadas extranjeras (que tienen poca o nula credencial democrática). Si la primera parte de esta serie preguntaba quién podría utilizar estas herramientas para vigilarnos, esta segunda plantea una pregunta adicional: cuando las instituciones peruanas dependan de estas plataformas para funcionar, ¿quién tendrá realmente el poder de apagarlas?