Este abril del 2021 asistiremos a un proceso electoral distinto a los anteriores. Los “medios tradicionales”, es decir, pintas en muros, los anuncios pagados por radio y televisión ya no deben formar parte de la inversión de campaña por parte de los partidos políticos, por lo que las plataformas digitales, servicios de mensajería instantánea y redes sociales serán quienes ocupen más espacio. Para los aspirantes a la presidencia del Perú y sus equipos de comunicación, entender cómo los peruanos usamos estas redes y las reglas de comunidad que imponen definirán la modelación de sus anuncios.
En el actual proceso electoral, los 17 partidos políticos que suscribieron el Pacto Ético Electoral (PEE) propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones se comprometieron, entre otros lineamientos, a evitar la publicación de noticias falsas o engañosas por medio de las redes sociales y plataformas web y evadir el uso de bots, trolls o cuentas falsas para difundir propaganda. Si bien este pacto no tiene respaldo normativo legal, es en la actualidad el único compromiso que alude a los riesgos de la inteligencia artificial y desinformación en línea a la hora de hacer campaña.
Facebook e Instagram
En el Perú, el 94% de internautas están afiliados a Facebook. Esta plataforma cuenta con Ad Library, un portal que busca “transparentar” el presupuesto, audiencia y geolocalización de cada anuncio político que se publica en sus redes. Para esto, el mismo usuario que hace la publicación debe etiquetar la publicación como de carácter político o social. Estos anuncios son luego revisados por Facebook para decidir si cumplen o no su política de privacidad y normas comunitarias.
Desde el 2018 existe una creciente desconfianza sobre el rol “imparcial” que Facebook aparenta establecer cuando se trata de opiniones políticas. Facebook permitía a empresas extraer datos muy detallados sobre potenciales votantes para luego venderlos a partidos políticos interesados. El caso estalló particularmente en los Estados Unidos y el Reino Unido luego que se descubriera la granularidad de datos que ciertos anunciantes de campaña podían extraer de Facebook y usar para lanzar campañas personalizadas, enfocadas muchas veces en apelar a la vulnerabilidad de cada sector (ej. crimen, desempleo, opiniones sobre inmigración, acceso a servicios de salud, entre otros). Incluso se reveló que en Estados Unidos, se realizaron campañas digitales para desincentivar a que grupos minoritarios fueran a votar.
Facebook reconoció públicamente estos errores y ha intentado expandir el contenido sobre sus políticas de transparencia y Normas Comunitarias. No obstante, estas políticas están fuertemente centralizadas en algunos países y menos en otros, incluyendo al Perú. Por ejemplo, las reglas para publicar anuncios de naturaleza política en Facebook se extienden a 194 países a nivel mundial pero Facebook admite que solo verifica de forma proactiva el contenido en el 49% de países. Según el servicio de ayuda para empresas de Facebook, los niveles de exigencia para publicar anuncios políticos o de índole social se regulan según en cuál de tres grupo se encuentra el país, pero no explica el criterio utilizado para segmentarlos:
- El primer grupo, donde se incluyen 44 países, en su mayoría Europeos y Norteamericanos, exige que cualquier publicidad de naturaleza social, política o electoral venga de cuentas que han confirmado por medio de su plataforma su identidad, locación y verificación de que los pagos a la publicidad se hagan en la moneda nacional.
- El segundo grupo exige lo mismo, pero sólo para anuncios sobre política y elecciones. Entre este grupo de 37 países se encuentra Argentina, México, Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia.
- Finalmente, el tercer grupo, donde se encuentra el Perú entre otras 99 naciones, el seguimiento de estos pasos es netamente “voluntario”, no supervisado, pero las políticas de la red social simplemente recomiendan “encarecidamente” que se sigan los mismos procesos que los grupos anteriores.
¿Este mecanismo de transparencia nos sirve para fiscalizar la publicidad electoral en el Perú? Hasta el momento hemos encontrado una serie de barreras que nos sugieren que no es suficiente. En primer lugar, el hecho de que el tercer grupo no esté sujeto a las normas con la misma exigencia que los primeros dos, nos indica que Facebook tendrá menos poder para exigir – y por lo tanto, implementará menos esfuerzos para monitorear – el uso adecuado de su plataforma parte de partidos políticos peruanos. Por ejemplo, a la fecha, la auditoría mediante Facebook Ads demuestra que la gran mayoría de anuncios de candidatos a la presidencia y al congreso no escogen revelar su inversión. Solo un puñado de anuncios electorales peruanos han decidido publicar voluntariamente su inversión en Facebook Ad Library.
En segundo lugar, el proceso de monitoreo de cumplimiento como tal no es suficientemente fuerte. Para comprobar que el anuncio político cumpla con los requisitos primero, pasan por un filtro de Inteligencia Artificial que da el primer sello de aprobación. Luego, este filtro inteligente está siendo retroalimentado constantemente por “equipos especializados”, es decir, seres humanos subcontratados por Facebook que verifican uno a uno si es que el contenido es propicio o no. Este filtro humano presenta una serie de complicaciones, por lo que esta revisión no siempre será precisa. Si es que algún anuncio político relevante a nuestras elecciones pasa a ser moderado por Facebook, probablemente estará a cargo de un equipo humano no especializado en coyuntura política de nuestro país y que además es particularmente vulnerable. en Estados Unidos, Filipinas e Irlanda, se ha denunciado que las empresas tercerizadas por Facebook no ofrecen apoyo psicológico adecuado para los trabajadores que limpian nuestras redes y están expuestos a contenido de naturaleza política y social muy violento y explícito. Muchos ex “limpiadores” de anuncios y publicaciones presentan síntomas de estrés post traumático.
En Perú estamos por descubrir cómo y si es que los candidatos utilizarán bases de datos para modelar sus anuncios de campaña. Igualmente, podemos encontrar llamados a la acción por parte de candidatos como César Acuña, que ha desarrollado un Chatbot por Facebook Messenger para esparcir información sobre su campaña, obtener una base de datos de simpatizantes y buscar afiliaciones a su partido. Es necesario recordar que Facebook Messenger está regulado por las mismas políticas de privacidad que Facebook y los países. Regular chatbots que adoptan la palabra de los candidatos bajo nuestro actual reglamento electoral puede ser difícil: ¿califican como publicidad o como un evento proselitista? En caso se haga mal uso de los datos recopilados, ¿quién es el responsable? ¿el partido, el candidato o los desarrolladores del chatbot? ¿Qué tanta ventaja le da a un partido tener este tipo de tecnologías para reclutar militantes a diferencia de los que aún lo hacen de forma analógica?
Consideramos que la disparidad de medidas tomadas por Facebook para supervisar campañas electorales a nivel mundial deja expuestos a países como el Perú a que se haga publicidad de forma poco transparente. Recientemente Hiperderecho se unió a Privacy International y 60 organizaciones a nivel internacional para solicitar que las regulaciones de transparencia de anuncios políticos en Facebook sean las mismas en todos los países.
Whatsapp es la plataforma de mensajería instantánea más utilizada por los usuarios de Internet en el Perú. A pesar de ser parte del conglomerado de Facebook, sus políticas de privacidad y difusión de anuncios políticos son distintas ya que se trata de un servicio cifrado, por lo que es virtualmente imposible analizar los flujos de mensajes e información que se comparten en él.
WhatsApp previene que los partidos políticos envíen anuncios a audiencias tan masivas como las demás redes sociales. Las medidas tomadas por la plataforma limitan el número de reenvíos a cinco chats al mismo tiempo y estas publicaciones aparecen con la etiqueta de “Reenviado muchas veces”. Sin embargo, si es que algún tipo de propaganda se filtra y se difunde por este medio, es casi imposible detectar su origen. En las elecciones presidenciales de Brasil del 2018, se esparcieron mensajes, fotos, videos y memes (en su mayoría engañosos) que favorecieron la candidatura del luego presidente Jair Bolsonaro. Estudios han intentado desglosar la forma cómo estos mensajes fueron dirigidos a distintos sectores de la sociedad y cómo la estructura de grupos homogéneos y cerrados de WhatsApp desincentiva que se realicen verificaciones de datos.
En Perú, usuarios de Twitter han manifestado que han recibido WhatsApps por parte de distintos números telefónicos con prefijo perteneciente a India (+91) atribuídos al candidato Hernando de Soto. En este caso es imprescindible establecer cómo es que el partido Avanza País tiene acceso a los números telefónicos de los votantes. Si es que un partido puede haber adquirido una base de datos personales de ciudadanos votantes o contar con un equipo contratado (nacional o extranjero) para enviar este tipo de publicaciones por redes sociales, sería ideal que se transparente el proceso.
No está de más recordar que en las últimas semanas WhatsApp anunció cambios en sus políticas de privacidad, sembrando escepticismo en los usuarios que conocen su vínculo con el modelo de negocio de publicidad intrusiva de Facebook y promoviendo la migración a otras plataformas de mensajería instantánea como Signal o Telegram. Lamentablemente para muchos peruanos, cambiar de aplicativo no es tan fácil. Por más simple que parezca para unos, existe una serie de brechas que impiden que algunos usuarios puedan elegir cómo navegan por internet y se comunican desde sus teléfonos inteligentes.
Por un lado tenemos personas que solo saben utilizar estos aplicativos ya que recibió instrucción por parte de amigos o familiares: pensemos en usuarios mayores que saben ingresar y usar a las plataformas para comunicarse con sus seres queridos pero no tienen la capacidad de borrar, desinstalar o acceder a la tienda de aplicativos. Por otro lado tenemos el incentivo económico: la mayoría de empresas de telecomunicaciones ofrecen planes de datos con Facebook y WhatsApp “ilimitado”, es decir, el uso de estas plataformas no cuesta megas ni datos. Esto nos invita incluso a evaluar las trabas monetarias que existen para acceder a servicios web como buscadores, noticias, entre otros. Las personas que no pueden acceder a más de lo que saben usar (o pueden pagar) son particularmente vulnerables a las redes de desinformación.
Google y YouTube
Finalmente, Google no es una red social per se pero maneja una inmensa cantidad de anuncios políticos que se muestran en su buscador, en YouTube y páginas de terceros. Estos anuncios están también sujetos a condiciones y restricciones además de las normas legales de cada país. Como indica Google en su página de Políticas de Google Ads: “Queremos que todos los anuncios y destinos de carácter político cumplan las leyes electorales locales de la zona a la que se orientan. Esta política incluye la jornada de reflexión obligatoria antes de unas elecciones.”
En un intento de mantener esta imparcialidad, la empresa cuenta con un Informe de Transparencia, un portal que ofrece estadísticas detalladas de cómo se compra y difunde la publicidad política en los Estados Unidos, Israel, Australia, Nueva Zelanda, India, Taiwán, Reino Unido y la Unión Europea. Estos reportes documentan de forma accesible los gastos totales en publicidad política de cada partido y los principales “targets” según edad, género, región, estado, etc. Igualmente, cuenta con una biblioteca más minuciosa que la Ad Library de Facebook, donde se puede ver incluso las diferentes versiones que existen del mismo anuncio, según su segmento demográfico asignado. El portal además permite descargar los datos abiertamente y a detalle en formato .csv.
En el Perú, la única información que ofrece este portal de transparencia es un reporte de solicitudes gubernamentales para eliminar contenido en sus buscadores, YouTube y Blogger. El portal indica que desde el 2009, han existido 67 solicitudes presentadas entre el Ejecutivo, Legislativo, Funcionarios y la Policía para remover contenido. Hasta la fecha, solo dos de estas solicitudes fueron aceptadas y se removió el contenido.
Google explica que algunas solicitudes no proceden por no presentar suficiente información y “muchas veces, las órdenes judiciales que se adjuntan a una solicitud no obligan a Google a tomar una medida.” Vemos entonces que las normativas de uso de estas plataformas pueden complementar o ignorar las normativas legales de los países donde están mostrando propaganda electoral. La ley peruana obliga a los partidos a transparentar sus gastos de campaña pero las mismas plataformas que difunden estos anuncios no requieren que estos se registren como tales ni declaren los montos invertidos, creando así una serie de puntos ciegos para fiscalizar los gastos.
A diferencia de Facebook, las reglas de Twitter respecto a la publicidad política pagada prohíben cualquier tipo de esta pues la empresa cree que “el alcance del mensaje político debe ganarse, no comprarse”. Cualquier anuncio pagado en el que un candidato o partido haga llamados a votar, recaudar fondos, abogar a favor o en contra de los anteriores, infringe las reglas de uso. La auditoría y control de este tipo de publicidad en el Perú recae principalmente en los usuarios comunes y corrientes que pueden reportar los anuncios “promocionados” para que luego Twitter tome medidas para retirarlo. En caso se hagan publicaciones engañosas no pagadas u orgánicas por parte de figuras políticas de gran influencia y con gran número de seguidores, Twitter puede actuar como árbitro y etiquetar las publicaciones como falsas o “inexactas”.
Sin embargo, ¿es esto suficiente para que no recibamos publicidad? Twitter puede semejar un campo abierto de debate donde todos comparten la misma audiencia y son libres de debatir sus pensamientos, pero la realidad es que el algoritmo de Twitter filtra la información que recibimos continuamente en nuestra página de inicio según nuestros intereses e ideologías. Esto genera la creación de cámaras de eco, es decir, es poco probable que recibamos contenido que valida opiniones que no apoyamos, que están en contra de nuestras creencias y prejuicios. Por ejemplo, en un país bipartisano como Estados Unidos, esto es fácil de ilustrar: las noticias que recibe un Demócrata en su página principal serían totalmente distintas a las de un Republicano pues siguen a los medios de comunicación y líderes de opinión que validan sus creencias.
En el Perú estas líneas son quizás más borrosas y la imparcialidad es más difícil de distinguir. Vemos, por ejemplo, que existen muchos usuarios que realizan “autosondeos” para determinar el voto popular. Puede parecer una forma válida de tantear el terreno pero los resultados son siempre distintos. Recordemos que Twitter es accedido por solo el 29% de los internautas peruanos y la audiencia de quienes publican estos tuits se reduce a aquellos que comparten sus ideas y opiniones políticas.
Idealmente, las normas comunitarias de las plataformas que sostendrán las campañas de nuestros candidatos a la presidencia deben coincidir con las normas legales que exige nuestra normativa peruana en torno a la protección de datos personales. Igualmente, el uso responsable de estas plataformas por parte de los partidos debe ser fiscalizado por los mismos usuarios para asegurar que no se está incidiendo en desinformación y ayuden a cumplir un debido proceso democrático.
| Plataforma | ¿Permite publicidad política pagada? | ¿Regula publicidad política pagada? | ¿Regula publicidad política pagada en Perú? | Políticas de Transparencia | Notifica sobre posibles noticias falsas | La interfaz permite reportar contenido |
| Facebook e Instagram | Si | Si | No | 3/5 | Si | Si |
| No | Si | No | 3/5 | Si | Si | |
| Si | No | No | 2.5/5 | No | No | |
| Google y Youtube | Si | Si | No | 3.5/5 | No | Si |