Autor: María José Lira

Las políticas de las redes sociales y plataformas digitales en torno a la publicidad electoral

Este abril del 2021 asistiremos a un proceso electoral distinto a los anteriores. Los “medios tradicionales”, es decir, pintas en muros, los anuncios pagados por radio y televisión ya no deben formar parte de la inversión de campaña por parte de los partidos políticos, por lo que las plataformas digitales, servicios de mensajería instantánea y redes sociales serán quienes ocupen más espacio. Para los aspirantes a la presidencia del Perú y sus equipos de comunicación, entender cómo los peruanos usamos estas redes y las reglas de comunidad que imponen definirán la modelación de sus anuncios.

En el actual proceso electoral, los 17 partidos políticos que suscribieron el Pacto Ético Electoral (PEE) propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones se comprometieron, entre otros lineamientos, a evitar la publicación de noticias falsas o engañosas por medio de las redes sociales y plataformas web y evadir el uso de bots, trolls o cuentas falsas para difundir propaganda. Si bien este pacto no tiene respaldo normativo legal, es en la actualidad el único compromiso que alude a los riesgos de la inteligencia artificial y desinformación en línea a la hora de hacer campaña.

Facebook e Instagram

En el Perú, el 94% de internautas están afiliados a Facebook. Esta plataforma cuenta con Ad Library, un portal que busca “transparentar” el presupuesto, audiencia y geolocalización de cada anuncio político que se publica en sus redes. Para esto, el mismo usuario que hace la publicación debe etiquetar la publicación como de carácter político o social. Estos anuncios son luego revisados por Facebook para decidir si cumplen o no su política de privacidad y normas comunitarias.

Desde el 2018 existe una creciente desconfianza sobre el rol “imparcial” que Facebook aparenta establecer cuando se trata de opiniones políticas. Facebook permitía a empresas extraer datos muy detallados sobre potenciales votantes para luego venderlos a partidos políticos interesados. El caso estalló particularmente en los Estados Unidos y el Reino Unido luego que se descubriera la granularidad de datos que ciertos anunciantes de campaña podían extraer de Facebook y usar para lanzar campañas personalizadas, enfocadas muchas veces en apelar a la vulnerabilidad de cada sector (ej. crimen, desempleo, opiniones sobre inmigración, acceso a servicios de salud, entre otros). Incluso se reveló que en Estados Unidos, se realizaron campañas digitales para desincentivar a que grupos minoritarios fueran a votar.

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