En octubre de 2017, el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima resolvió en una sentencia que la Municipalidad de Lima Metropolitana estaba obligada a entregar a un demandante la lista completa de usuarios bloqueados en su página de Facebook. El caso fue largamente cubierto por la prensa pero, como pudimos corroborar con el demandante a principios de 2018, la Municipalidad ha apelado y será una segunda instancia quien dicte el veredicto final. ¿Qué implicancias tiene esto para nuestros derechos digitales?
A lo largo de los últimos diez años, son varias las sentencias, resoluciones y otros actos judiciales y administrativos que han resuelto (o creado) conflictos relacionados a Internet o a la forma cómo los peruanos la utilizamos. Por ejemplo, en 2010 existió toda una controversia sobre una sentencia que condenaba a un blogger por presuntamente haber compartido enlaces que llevaban a sitios con contenido difamatorio. Más adelante, en 2016 la Autoridad de Protección de Datos Personales sancionó a Google y parcialmente legitimó la controvertida doctrina del “Derecho al Olvido” en el país.
El día 18 de enero, Víctor Shiguiyama, actual autoridad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), anunció que su despacho comenzará a emplear información de las redes sociales de los contribuyentes, con el fin de combatir la evasión tributaria. Para lograrlo, Shiguiyama afirmó que “han contratado matemáticos y físicos” que apoyarán las tareas de fiscalización y puedan cruzarse bases de datos más complejas.
Desde varios años, diferentes entidades del Estado vienen modernizando su gestión introduciendo nuevas tecnologías que buscar facilitar sus dinámicas internas para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos. En ese sentido, no resulta extraño oír que la SUNAT quiere sumarse a la ola de innovación, pero la medida anunciada ha levantado algunas preocupaciones respecto de hasta dónde puede llegar el Estado con el fin de cumplir sus objetivos; en este caso, el de atrapar a los evasores vía sus publicaciones en Facebook y Twitter o las fotos que suben a Instagram.
Dicen que la moda de los zombies es cosa del pasado. Parece ser cierto, salvo cuando hablamos de tratados comerciales. En enero de este año anunciamos el fin del Acuerdo Transpacífico (TPP) luego del retiro de Estados Unidos por decisión del flamante presidente Donald Trump. Después de varios años de enfrentar una de las amenazas más grandes contra los derechos digitales, la mayoría de organizaciones en el Perú y en el mundo habíamos volteado a ocuparnos de otros problemas, con la tranquilidad que da la victoria. Pero lo cierto es que el TPP no estaba muerto.
La primera señal de que el cadáver todavía se movía fueron las declaraciones de intención de los países miembros luego del retiro de Estados Unidos. La perspectiva de haber pasado tanto tiempo negociando e incluso comprometiendo caudal político en vano no era una opción atractiva. Por otro lado, el lobby de las grandes industrias, que habían empujado de forma permanente el TPP, se mantenía activo y dispuesto a seguir con la presión. Finalmente, en varios casos, la firma del tratado formaba parte de algún plan o trama superior de los países participantes, cuyo abandono no podían permitirse de ninguna forma.
En el mes de setiembre, se publicó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353. Como se recuerda, dicho Decreto Legislativo creó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el objetivo de incrementar el estándar de transparencia del Estado ante la ciudadanía. No obstante, en Hiperderecho ya habíamos comentado las limitaciones de la naciente entidad, que considerábamos una nueva oportunidad desaprovechada por parte del gobierno en su lucha contra la corrupción.
Sin embargo, no ha pasado mucho tiempo para que detectemos un nuevo mecanismo que entorpece esta lucha y que parece haber sido introducido de forma deliberada y maliciosa dentro del Reglamento. Nos referimos a una de las Disposiciones Complementarias Modificatorias, que modifica el artículo 16 del reglamento de la Ley de Transparencia para denegar de forma categórica el acceso a la información contenida en correos electrónicos o aplicaciones de mensajería de funcionarios públicos.
A finales de julio, varios medios de comunicación en Estados Unidos reportaron un hecho que ha revivido uno de los casos más controvertidos sobre nombre de dominio en Internet. ICANN había decidido negar a la empresa Amazon el registro del gTLD “.amazon” en favor de la postura del Comité de Asesoramiento Gubernamental, construida principalmente con los argumentos de los gobiernos de Perú y Brasil. ¿Pero de qué se trata todo eso? ¿Qué es ICANN? ¿Nombres de dominio?
Antecedentes
ICANN son las siglas en inglés para la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, una organización sin fines de lucro domiciliada en California (Estados Unidos) que desempeña un rol vital en el funcionamiento de Internet. Quizás la parte más visible de su trabajo tiene que ver con la forma en que navegamos por la red, haciendo uso de los nombres de dominio y las direcciones IP.
Todos los dispositivos (computadoras, teléfonos, etc.) conectados a Internet tiene una dirección IP única que está compuesta por números, la cual sirve para identificar dónde se encuentran. Todo el contenido que visitamos en Internet está almacenado en un espacio físico, generalmente un servidor, que también tiene una de estas direcciones. En sus inicios, para poder entrar a un sitio en Internet había que memorizar y escribir estas secuencias numéricas. Pero esto era poco práctico y años más tarde se decidió asignar un nombre a estas direcciones para ´que sea más fácil encontrarlos. Así nació el Sistema de Nombres de Dominio.
Como ya se ha venido haciendo desde la reactivación de CODESI, la dinámica de la primera sesión consistió en una primera ronda de presentaciones de entidades públicas acerca del tema. Luego hubo un pequeño debate interno sobre los objetivos que debía tener el Grupo de Trabajo, destacándose entre ellos medir el alcance del trabajo que se produzca, hacer un análisis situacional de la Ciberseguridad en el país, e identificar actores involucrados. Finalmente, se eligieron representantes del sector público y privado. En el primer caso, fue elegida la Secretaría de Gobierno Digital-PeCERT y en el segundo; INICTEL-UNI, APESOL e Hiperderecho.
La logística del evento este año fue sobresaliente. Esto refleja el gran trabajo que realiza el Comité que elige la sede y también la calidad de las propuestas de las organizaciones locales. La ONG IPANDETEC, que organizó el LACIGF10, merece un reconocimiento especial por su gran trabajo.
Una buena logística es indispensable, pero no sería nada sin lo que da vida a estos espacios: los debates. Casi nunca se suele escribir sobre las dinámicas internas que genera la organización de un Foro de Gobernanza, pero tengo la impresión que allí radica su éxito o fracaso. El modelo de múltiples partes interesadas o multistakeholder es más que el cumplimiento de una serie de principios y de formas, más que un amplio auditorio lleno de cámaras o cócteles al final de la tarde. Es algo que está vivo y reproduce fielmente los contextos en donde se aplica.
El prestigio del LACIGF, su carácter no resolutivo y el nivel de exposición internacional que posee ha generado un entorno favorable para el modelo multistakeholder aún en ecosistemas pequeños o poco articulados. Así, los diferentes sectores buscan participar activamente y hacen de la coordinación local una necesidad pues las relaciones son casi siempre horizontales. Esto último debido a que tanto el programa como la financiación del evento recaen en grupos multistakeholder de carácter regional.
Esta experiencia, que hasta ahora ha hecho exitoso al LACIGF, se ha convertido en una paradigma que otras iniciativas deberían perseguir a la hora de proponer sus propios espacios, sobre todo los locales. En ese sentido, tenemos la impresión que en Panamá estas dinámicas han vuelto a converger y los actores locales han coordinado lo suficiente para ofrecer no solo un ambiente propicio para el debate, sino que han participado del mismo activamente.
Cambios urgentes
Dicho todo lo anterior, toca hablar de aquello que debería mejorarse para asegurar la continuidad y relevancia del LACIGF en las próximas ediciones. Nuevamente, la necesidad de cambios en los contenidos y la forma como se presentan es cada vez más urgente.
El sistema de paneles está agotado desde hace bastante tiempo y este año se hizo mucho más evidente. Se ha dicho varias veces que la mayoría del público ya está curtido en los temas principales y no hace falta más formatos de tipo presentación/divulgación. Los paneles deberían quedar restringidos a temas emergentes como Computación Cuántica, Inteligencia Artificial, Gobernanza de Algoritmos, entre otros.
Además, algo no está yendo bien con la conformación de los paneles. Incluso, dentro de algunos se notó un alto grado de improvisación, más que el año pasado. Si bien el balance de género es ahora una preocupación central, no debería descuidarse la calidad de los panelistas y moderadores, que decayó visiblemente este año. No es admisible ensamblar una mesa que cumpla formalmente con el requisito de tener diferentes sectores representados, pero en donde no existe algún punto de vista diferente o mínimamente interesante.
El modelo de gobernanza debe alcanzar también a los organizadores del evento y a los miembros del Comité de Programa. Sin duda alguna existe una mecánica de trabajo entre la sede, el Comité y los que financian el evento, por lo que es entendible que cierta información no sea pública. No obstante, hay otra parte que sí debería serlo con el fin de aumentar el estándar de transparencia que tanto exigimos en otras instancias. Por ejemplo, para ser reconocidos en su lista oficial de iniciativas de gobernanza, la Secretaría del IGF requiere a los Foros Nacionales que presenten un informe en donde se consigne información como número de asistentes, filiación (gobierno, sociedad civil, etc.), la forma de elección de los temas del evento, la elección de los panelistas, entre otros. Pese a que el LACIGF está listado como iniciativa regional, nunca se han divulgado dichos informes.
Si el año pasado tuvimos la impresión que los actores del Caribe estaban subrepresentados en el LACIGF, este año hay que sumarle también aquellos participantes que atendieron el evento de forma remota. Una mala coordinación entre moderadores (presencial y remoto) hizo que las intervenciones de estas personas casi no fueran atendidas. Esto tiene que mejorarse de forma urgente para no enviar una mala señal a aquellos que tienen interés pero no recursos para participar presencialmente en estos espacios.
Finalmente, es recurrente el tema con la falta de participación de los gobiernos. Por supuesto, esta crítica tiene excepciones que vale la pena resaltar: Colombia, México y Uruguay son ejemplos de gobiernos que han asumido un rol activo en el LACIGF y en sus propios países en materia de gobernanza de Internet. No obstante, sentimos que no se está haciendo más por atraer a otros gobiernos al evento, pese al importante papel que juegan. Creemos que lograrlo es vital para la relevancia del LACIGF en el mediano y largo plazo.
¿Qué sugerimos?
En la mayoría de los casos, son las mismas propuestas que el año anterior, pero hay algunas nuevas. Igual que el Foro global, debería crearse una lista de “personas recurso”, que son aquellos que se inscriben voluntariamente en un registro público, confirman su asistencia y declaran cuáles son aquellos temas en los que tienen experiencia. A partir de allí no debería ser difícil crear paneles u otros formatos con personas expertas que ya han declarado su disponibilidad para ser convocadas. Esto no solo repercute en la diversidad sino también favorece la exposición de nuevos actores.
Un mes después del evento debería divulgarse un informe público con los datos producidos; número de asistentes presenciales y remotos, divisiones por país, stakeholder, género, entre otros. Además, debería incluirse, en la medida de lo posible, las relatorías de cada sesión y otros datos críticos como las intervenciones y las conclusiones, si las hubiera. También sería interesante incorporar la retroalimentación de los asistentes. De esto debería estar a cargo los organizadores locales con apoyo del Comité de Programa.
Una manera de reforzar la diversidad, inclusión y transparencia es pensar en cambiar el sistema de financiamiento del LACIGF. Es positivo y destacable el compromiso de organizaciones como LACNIC, ASIET y otros, pero no es razonable pensar que un modelo sostenido económicamente solo por ellos es viable a largo plazo. Quizás en el futuro podría pensarse en implementar un fondo de microfinanciamientos en donde organizaciones pequeñas o incluso individuos puedan realizar pequeños aportes para la sostenibilidad de esta iniciativa.
Otra cosa que sea cae de madura es que el Comité de Programa envíe comunicaciones formales a las presidencias de todos los gobiernos de la región, invitándolos a enviar representantes al LACIGF. Algunos de ellos deberían ser candidatos a moderar o a participar de algunas de las sesiones. También se les debería estimular a hacer pequeñas presentaciones de su trabajo y a reunirse con los asistentes de sus países.
Finalmente, una gran forma de que el LACIGF recoja de forma orgánica todos estos puntos es que se cree una posición que esté a cargo del contacto permanente con la comunidad. Esta persona sería idealmente un voluntario que no tenga ninguna vinculación formal con el LACIGF, pero que esté en permanente contacto con la sede y el Comité de Programa con el fin de informar oportunamente a los interesados y ser su voz en las discusiones que surjan durante la organización del evento.
Esta semana se ha presentado el primer Proyecto de Ley en el país que busca combatir una conducta cada vez más frecuente en el mundo: la difusión de pornografía no consentida o “pornovenganza”. Como afirma su promotor, el congresista José Marvin Palma (Fuerza Popular), la norma busca sancionar la difusión de imágenes, vídeos o audios con contenido sexual o erótico, sin consentimiento de las personas involucradas. Aunque esta idea está alineada con otros proyectos de regulación en la región y en el mundo que buscan combatir estos delitos, hemos detectado que la propuesta actual contiene algunas deficiencias que son urgentes de corregir.
¿Qué es la pornografía no consentida?
La pornografía no consentida puede ser entendida como todos aquellos registros (videos, imágenes, voz, etc.) que, sin importar cómo han sido obtenidos, se difunden a través de medios de comunicación masivos como Internet sin el consentimiento de los involucrados. Típicamente, estos actos tienen como objetivo causar un perjuicio a las víctimas al exponer detalles de su intimidad al público.
Desde el primer día y hasta la fecha, se han planteado múltiples cuestionamientos acerca de WachiTaxi. Por ejemplo, están aquellos que cuestionan la arquitectura de la aplicación y su funcionalidad limitada para el usuario, quien podría encontrar complejo recordar dos contraseñas y sacarle una fotografía al conductor de cada taxi que toma. También los que argumentan que las políticas de privacidad de WachiTaxi no son claras y cuestionan que el Estado esté promoviendo una iniciativa privada sin mayor transparencia sobre cómo se usarán los datos generados o con quiénes se compartirán. Por su parte, los propios usuarios de la aplicación han dejado opiniones muy críticas en las plataformas de Google Play y en el AppStore de Apple.
En abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el Informe Anual 2016 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE). Este documento presenta un balance de la situación general de la Libertad de Expresión en Latinoamérica y resalta diferentes temas de relevancia actual.
Uno de los capítulos del Informe está dedicado exclusivamente a Internet, denominado “Estándares para una Internet Libre, Abierta e Incluyente” y abarca varias controversias con impacto en nuestro país. Este capítulo amplía el trabajo realizado por la propia Relatoría en informes anteriores como el de Libertad de Expresión en Internet (2013), las declaraciones conjuntas realizadas con otras Relatorías y se añaden otros casos y recomendaciones de interés.
Este nuevo informe de la oficina del Relator Especial Edison Lanza apunta a convertirse un documento central para la comprensión de los problemas de la Libertad de Expresión en Internet en la región y nos ayuda a contextualizarlos dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al que pertenecemos. Además, el informe reconoce, entre otros, el trabajo de Hiperderecho sobre el uso de la Ley de Protección de Datos Personales como una herramienta de censura en Perú.
