Hiperderecho envió al Congreso comentarios sobre el Proyecto de Ley que quiere regular las aplicaciones de taxis

El Proyecto de Ley No. 1505/2016-CR que intenta regular parte del funcionamiento de las plataformas digitales de transporte privado y taxis sigue en trámite en el Congreso. Presentado en junio por el congresista Miguel Elías Ávalos (Fuerza Popular, Ica), el Proyecto se encuentra actualmente en estudio en las comisiones de Transportes y Comunicaciones y también en la de Consumidor y Organismos Reguladores del Congreso.

Como escribíamos hace varios meses, creemos que el Proyecto puede traer más perjuicios que beneficios al usuario peruano de estos servicios. La propuesta legislativa parte de asumir que no existen ya leyes de responsabilidad civil, penal y administrativa aplicables a la prestación de estos servicios. A su vez, intenta imponer una serie de requisitos mínimos para cualquier empresa que quiera prestar estos servicios (como el de contar con un centro de atención telefónica) que no se justifican en el propio Proyecto y que se alejan del estándar internacional. De la misma manera, el Proyecto parece construído exclusivamente sobre la anécdota de casos mediáticos y no está soportado en cifras, estadísticas o información provista por terceros que permita medir el alcance e impacto de las reformas propuestas.

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Indecopi cree que nuestro análisis es malicioso. Esta es nuestra respuesta.

La semana pasada les contamos cómo Indecopi había comprado un sofisticado equipo para acceder a la información contenida en celulares y tablets por más de 50 mil soles. En nuestro artículo, expresamos nuestra preocupación por permitir que instancias administrativas como la Comisión de Libre Competencia adquieran y operen sofisticados equipos de vigilancia electrónica más propios de la Policía o el Sistema de Inteligencia. En particular, nos preocupaba que no existan controles especiales o una política nacional sobre el uso de estos aparatos y que adquisiciones de este tipo podían empezar una tendencia hacia la militarización cibernética de la administración pública.

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Vigilancia estatal y transparencia en Perú

Por: Gonzalo Croci*

El Decreto Legislativo No. 1182 o Ley de Geolocalización empezó a funcionar hace un año y medio, cuando se aprobó el texto secreto de su Protocolo de Aplicación. ¿Qué información han recibido los ciudadanos respecto a su utilización y a sus resultados? Por ahora, ninguna. Con el afán de solucionar este problema, Hiperderecho decidió tomar las riendas e investigar los casos donde se ha estado usando el mecanismo de geolocalización. En teoría, debería de existir coordinación entre las instituciones que forman parte del proceso de uso de geolocalización. Es decir, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público deberían poseer la misma información refiriéndose, esto es: la misma cantidad de casos registrados, los tipos de crímenes, donde se han llevado a cabo, etc.

Sin embargo, para acceder a información pública en Perú es todavía necesario hacer trámites que recuerdan a las películas de espionaje de los ochentas, con papeleos que incluyen escribir cartas, rellenar formularios y encontrar la correcta mesa de partes en algún punto misterioso de la ciudad. Por suerte, Hiperderecho contó con la ayuda del congresista Alberto de Belaunde y su despacho para enviar solicitudes de acceso a la información a las entidades públicas involucradas. Vale hacer un breve paréntesis para recordar que el derecho de acceso a la información es protegido por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú y que es reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas como un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática.

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Hiperderecho estará en el Ciclo de Conferencias sobre Realidad de la Bibliotecología en San Marcos

La Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Grupo de Estudiantes de Bibliotecología y Ciencias de la Información “Haykurinalla Willakuyman” realiza esta semana una conferencia sobre la Conducta Responsable en Investigación Científica en el Contexto de la Ciencia Abierta. Este evento reune a profesores y estudiantes de la Facultad de Letras de San Marcos para conversar sobre la realidad de la investigación científica en el marco del debate del acceso abierto y la ciencia abierta.

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Indecopi ahora puede hackear nuestros celulares

Hace pocas semanas, Indecopi adquirió un equipo de última generación para extraer información de teléfonos y tablets valorizado en más de 50 mil soles. El UFED Touch 2 fabricado por la firma israelí Cellebrite es capaz de extraer la información de la mayoría de teléfonos móviles modernos, incluyendo no solo la almacenada en la tarjeta de memoria sino también la información de aplicaciones, mensajes, fotografías y videos. ¿Para qué necesita Indecopi un equipo como este? ¿Quién va a fiscalizar que no sea usado de forma indebida?

Mirarlo todo

Desde hace un par de años, una oficina de Indecopi sueña con la idea de poder fiscalizar todo. La Comisión de Libre Competencia de Indecopi tiene como misión detectar y sancionar prácticas anticompetitivas entre agentes económicos, como los acuerdos de precios de dos o más empresas para cobrar lo mismo o dividirse el mercado. Para esto, su Secretaría Técnica tiene potestades de investigación y puede solicitar a empresas todo tipo de documentos contenidos en papel o en fuentes electrónicas en visitas inopinadas. De la misma manera, si resulta necesario para una investigación, la Secretaría puede solicitar autorización judicial para el descerraje de un local, copiar correspondencia o solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

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Hiperderecho envió al Congreso comentarios sobre el Proyecto de Ley que quiere hacer públicos correos de funcionarios

Hace unos meses les contábamos de un nuevo Proyecto de Ley que proponía hacer público el contenido de los correos electrónicos de funcionarios públicos. De aprobarse, siginficaría que cualquier ciudadano podría solicitar copia de un correo electrónico enviado o recibido por un funcionario de la misma manera en la que lo hace con cartas. Presentado por la Defensoría del Pueblo, desde inicios de este año el Proyecto se encuentra bajo estudio en la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

A nosotros nos parece que es una buena idea y que lo único que hace es actualizar la Ley de Transparencia para reconocer la forma en la que hoy la administración pública funciona. Si la Ley de Transparencia fuese a ser escrita hoy, sería imposible no tomar en cuenta la gran cantidad de información pública que se envía y recibe a través de correos electrónicos.

Sin embargo, creemos que hay algunos problemas de aplicación que tendrían que prevenirse en el Proyecto. En particular, nos preocupa los mecanismos de publicidad a implementarse y creemos que no debería de ser un sistema de publicidad automática sino solo a pedido del ciudadano. Además, debe de evitarse que los funcionarios eludan esta obligación usando sus correos electrónicos personales a través de sanciones administrativas. Es en este sentido que este mes hemos enviado una carta a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para dejar nuestros comentarios como parte del expediente del Proyecto.

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La Ley de Geolocalización en contexto regional: Uruguay

Por: Gonzalo Croci*

El Decreto Legislativo No. 1182 publicado en julio de 2015 reguló el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación. Por primera vez, la norma facultó a la Policía Nacional a solicitar el acceso inmediato de los datos de geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos de naturaleza similar de cualquier ciudadano. En Hiperderecho, desde entonces hemos publicado varias críticas a este durante los últimos dos años. Sin embargo, se ha debatido menos sobre cómo puede mejorarse.

Es verdad que Perú presenta altos índices de inseguridad. Por ejemplo, encabeza la lista en tasas de victimización en la región, especialmente en las áreas urbanas donde el 26,9% de la población de quince y más años de edad son víctimas de algún hecho delictivo. A nivel nacional, el 88% de los peruanos se siente inseguro, al punto que hoy al peruano promedio le preocupa más la seguridad ciudadana que la economía nacional. Pero Perú no es el único país de la región que sufre de inseguridad. Latinoamérica es la región más violenta del mundo, tiene los índices de homicidios más altos con 16.3 por cada 100.000 habitantes y concentra a  42 de las 50 ciudades más inseguras del mundo con Venezuela, Honduras y Brasil encabezando la lista con mayor cantidad de ciudades. Finalmente, aunque nuestra región alberga sólo al 8% de la población global, tenemos un tercio de los homicidios mundiales. En consecuencia, Latinoamérica en su conjunto está tratando de elaborar políticas públicas que den respuestas efectivas a sus ciudadanos. Lamentablemente, con este fin muchas veces se sacrifican libertades en la búsqueda de esa seguridad.

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Hiperderecho representa a la sociedad civil en Grupo de Ciberseguridad de CODESI

Como ya lo habíamos mencionado, Hiperderecho participa de la Comisión para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información con el fin de representar los intereses de la sociedad civil en las diferentes discusiones sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información. En ese sentido, el día martes 22 de agosto asistimos a la primera reunión del Grupo de Trabajo (GT) de Ciberseguridad, uno de los temas de mayor importancia en la actualidad.

Elegidos como representantes

Como ya se ha venido haciendo desde la reactivación de CODESI, la dinámica de la primera sesión consistió en una primera ronda de presentaciones de entidades públicas acerca del tema. Luego hubo un pequeño debate interno sobre los objetivos que debía tener el Grupo de Trabajo, destacándose entre ellos medir el alcance del trabajo que se produzca, hacer un análisis situacional de la Ciberseguridad en el país, e identificar actores involucrados. Finalmente, se eligieron representantes del sector público y privado. En el primer caso, fue elegida la Secretaría de Gobierno Digital-PeCERT y en el segundo; INICTEL-UNI, APESOL e Hiperderecho.

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LACIGF 10: Dinámicas que deben mantenerse y cambios urgentes

La semana pasada estuvimos en la décima edición del Foro Preparatorio Regional de Gobernanza de Internet (LACIGF) en Ciudad de Panamá. El LACIGF es el Foro de Gobernanza de Internet para Latinoamérica y el Caribe, en donde actores de estos países se reúnen para discutir sobre esta tecnología. El año pasado hicimos algunas críticas y planteamos nuestros puntos de vista sobre el LACIGF9 que se realizó en San José (Costa Rica) y este año hemos querido hacer lo mismo.

Sobre el evento

La logística del evento este año fue sobresaliente. Esto refleja el gran trabajo que realiza el Comité que elige la sede y también la calidad de las propuestas de las organizaciones locales. La ONG IPANDETEC, que organizó el LACIGF10, merece un reconocimiento especial por su gran trabajo.

Una buena logística es indispensable, pero no sería nada sin lo que da vida a estos espacios: los debates. Casi nunca se suele escribir sobre las dinámicas internas que genera la organización de un Foro de Gobernanza, pero tengo la impresión que allí radica su éxito o fracaso. El modelo de múltiples partes interesadas o multistakeholder es más que el cumplimiento de una serie de principios y de formas, más que un amplio auditorio lleno de cámaras o cócteles al final de la tarde. Es algo que está vivo y reproduce fielmente los contextos en donde se aplica.

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Hiperderecho estará en jornada sobre Derecho y Tecnología en el Colegio de Abogados de Lima

La Comisión Ejecutiva de Derecho Informático y Tecnologías de la Información del Colegio de Abogados de Lima organiza este viernes 8 de setiembre la Primera Jornada sobre Derecho y Tecnología: Derecho Digital Gobernanza y Justicia 2.0. Este evento académico busca reunir distintas visiones sobre cómo la tecnología está transformando el derecho y la labor de los abogados.

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