A finales del año pasado, la Municipalidad de Cieneguilla publicó la Ordenanza N° 309-2019, una norma que regula el acceso a diferentes sitios web y contenidos en Internet de menores que utilicen cabinas públicas en dicho distrito. Entre las prohibiciones está acceder a páginas pornográficas, contenido violento y también videojuegos clasificados como violentos.

Prohibiciones lícitas, polémicas y otras carentes de sentido

Tal como señala la ordenanza, ésta desarrolla una ley ya existente, la Ley N° 28119, norma promulgada en 2003 que prohíbe el acceso a contenido pornográfico a menores de edad en el contexto de uso de cabinas públicas. Sin embargo, la ordenanza de Cieneguilla va más allá de la ley del 20013: se refiere no solo a la pornografía para adultos sino también a la pornografía infantil, al contenido violento y a los videojuegos violentos.

En el caso de la prohibición de pornografía infantil, no hay duda posible. Producir, entregar o inclusive poseer este tipo de pornografía ya es un delito en sí mismo, que conlleva a penas de hasta 12 años de prisión efectiva. En ese sentido, las autoridades están facultadas a intervenir a cualquier persona que acceda a este tipo de contenido, sin importar su edad o dónde se encuentra cuando lo hace. Esta prohibición es lícita y razonable.

Respecto al acceso de menores de edad a pronografía de adultos, la prohibición es más polémica. La Ley N° 28119 fue aprobada en 2003, se modificó en 2007 y su Reglamento no se publicó sino hasta 2010. En ese lapso de tiempo, el debate legislativo se centró mayormente en los posibles peligros a los que estaría expuesto un menor al ingresar a sitios con contenido pornográfico, como el acoso o el grooming; antes que cuestionar el daño producido por los contenidos en sí mismos. Tal es así que años más tarde, diferentes iniciativas del mismo tipo, como la Ley Chehade o un Proyecto de Ley de Yohny Lescano para bloquear la pornografía en Internet no prosperaron precisamente porque no pudieron probar que la pornografía provoca daños a los menores de edad. Si así fuera, ¿por qué prohibirla solo en cabinas públicas?

En lo que toca al contenido violento y los videojuegos, la ordenanza se torna surreal. Para empezar, la técnica legislativa empleada es deficiente. La norma señala que, junto con la pornografía infantil y la de adultos, también está prohibido el acceso (alquiler, venta) a cierta categoría de videojuegos calificados como “violentos”. En su definición de términos, la ordenanza define a esta categoría como aquella que “atenta contra la integridad moral y psicológica de las personas”, la que además estaría reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Luego, de forma insólita, hace una lista cerrada de 18 videojuegos, que son los prohibidos. Si no queda claro cuál es el problema, basta con saber que, si un establecimiento permite el acceso a alguno de estos juegos, incurre en una falta muy grave y podría recibir una multa de 1 UIT, que equivale a 4300 soles. No es necesario señalarlo, pero esta parte de la norma carece totalmente de sentido.

Municipalidades versus videojuegos

No es la primera vez que un municipio decide regular el acceso a los videojuegos. En 2016, la Municipalidad de La Punta, decidió establecer reglas para jugar Pokemon Go dentro del distrito. Pese a que sus intenciones eran legítimas, algunas de estas reglas vulneraban diferentes derechos como la libertad de tránsito, reunión, esparcimiento, etc.

En su momento, Hiperderecho lideró una campaña con el fin de solicitar la derogación de dicha ordenanza, cuyos motivos podríamos resumir de la siguiente manera:

1. No debe penalizarse la tecnología, sino las conductas que pueden derivarse de su uso, siempre que esto resulte legítimo y proporcional.
2. No deben establecerse prohibiciones específicas pues esto tiene carácter discriminatorio y hace que queden rápidamente desfasadas por el avance tecnológico.
3. Debe fomentarse el uso de las nuevas tecnologías e intentar comprenderlas antes de regularlas con motivo de coyunturas.

Luego de algunos meses, dicho municipio decidió derogar dicha norma, y no se produjeron más intentos de regulación de este tipo sobre videojuegos, hasta ahora.

El caso de la Municipalidad de Cieneguilla es un claro ejemplo de que todavía se necesita una mayor comprensión sobre la forma cómo la tecnología interactúa con la sociedad, en este caso en específico, con los menores de edad. Pese a que en su Exposición de Motivos el municipio afirma que hace esto para salvaguardar la integridad de los menores, no se cita ningún estudio, evaluación o cifra que corrobore que los videojuegos violentos son dañinos o que son un problema de salud pública.

Una revisión rápida en Internet permite conocer que a lo largo de los años muchos líderes políticos han intentado establecer conexiones entre los videojuegos y la violencia. Recientemente, el presidente Donald Trump afirmó que los tiroteos en escuelas se deben a este tipo de juegos. No obstante, la comunidad académica ha expresado incansablemente que no existe ninguna prueba de que esto sea así, mientras que sí hay pruebas de que ocurre lo contrario.

Siguientes acciones

Al igual que en el caso de la Municipalidad de La Punta, en Hiperderecho buscamos generar espacios de diálogo y comprensión que permitan a los usuarios de cualquier tecnología poder emplearla libremente. En ese sentido, hemos enviado una carta (PDF) a dicho municipio exponiendo estos y otros argumentos con el fin de que puedan replantearse algunos aspectos de la ordenanza que consideramos contraproducentes para su ejecución efectiva y lesivos para diferentes derechos.

Si eres un usuario regular de videojuegos o perteneces a una comunidad y deseas apoyar nuestro reclamo en cualquier forma, ponte en contacto con nosotros con el fin de poder coordinar acciones en conjunto. De la misma forma, si conoces un caso en donde se haya aplicado esta ordenanza y hayan detenido tu partida o multado al local, ponte en contacto con nosotros.

Foto: Fredrick Tendong (Unsplash)