La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos abrió un llamado global para recoger insumos sobre la protección de personas defensoras de derechos humanos en la era digital, en un contexto marcado por el aumento de la vigilancia, las restricciones a la comunicación y la violencia en línea. Este proceso busca identificar cómo los Estados están respondiendo frente a los nuevos riesgos que enfrentan quienes ejercen activismo, periodismo y defensa de derechos en entornos digitales.
Hiperderecho presentó una contribución centrada en el caso peruano que resalta cómo el marco legal y las prácticas estatales están generando condiciones adversas para las personas defensoras. En particular, alertamos sobre el uso de herramientas que permiten la vigilancia sin controles suficientes, como la geolocalización sin orden judicial o el uso de agentes encubiertos en entornos digitales sin protocolos claros.
También documentamos otras formas de restricción al espacio cívico. Durante las protestas de septiembre de 2025, por ejemplo, se registró la suspensión selectiva de líneas telefónicas de periodistas, activistas, y personas organizadas para manifestarse, afectando su capacidad de comunicarse e informar en momentos clave.
Además, destacamos el incremento de la violencia digital contra personas defensoras, especialmente contra mujeres y comunidades en situación de vulnerabilidad, quienes enfrentan ataques coordinados, amenazas y campañas de desprestigio en plataformas digitales. Estas dinámicas no solo afectan su seguridad, sino que también generan autocensura y limitan su participación en el debate público.
Finalmente, advertimos sobre la expansión de tecnologías de vigilancia más avanzadas, como el reconocimiento biométrico, en un contexto de escasa rendición de cuentas. Todo ello configura un entorno donde ejercer la defensa de derechos implica riesgos crecientes, sin que el marco legal de protección a personas defensoras se haya adaptado a este nuevo contexto.
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