Los días 12 y 13 de agosto, Río de Janeiro fue sede de la CPDP LatAm 2026, una de las principales conferencias regionales sobre privacidad, protección de datos y tecnología. Bajo el tema “Gobernanza de Datos para la Soberanía Digital, la Cooperación y la Interoperabilidad”, esta edición puso sobre la mesa una pregunta que resulta cada vez más difícil de eludir en América Latina: ¿quién tiene hoy capacidad real para decidir sobre los datos y las tecnologías que atraviesan nuestras sociedades?

Hablar de gobernanza de datos hoy implica ir mucho más allá de discutir normas técnicas o mecanismos de interoperabilidad. Supone cuestionar el lugar que ocupa América Latina en la economía política global: qué infraestructuras controlamos, de qué tecnologías dependemos, qué capacidad tienen nuestras instituciones para regularlas y cuánto margen conservamos para decidir bajo qué condiciones queremos incorporarlas.

Desde Hiperderecho, aportamos a la respuesta de estas preguntas en dos paneles que tuvieron lugar en la CPDP LatAm 2026:

• “Violencia de género facilitada por la tecnología en América Latina: IA, gobernanza de datos y respuestas regulatorias”, organizado junto con Derechos Digitales e Instituto DOT, y
• “Desinformación electoral en América Latina: protección de datos e integridad electoral”, junto con EFF, Access Now y Legal Fronts Institute.

A continuación, compartimos las reflexiones centrales que nos dejó la conferencia para seguir repensando la privacidad y la gobernanza tecnológica desde América Latina y el Perú.

Una pregunta que nos dejó la plenaria: ¿qué país realmente tiene soberanía digital?

Una de las preguntas más provocadoras de la sesión plenaria fue si existe algún país que goce de verdadera soberanía digital. Quizás ninguno la ejerza por completo. La economía digital funciona mediante una trama transnacional de datos, plataformas e infraestructuras, pero esa interdependencia está lejos de distribuir el poder de manera equivalente. Mientras Estados Unidos y China concentran buena parte de las principales empresas tecnológicas, la capacidad computacional y el desarrollo de tecnologías de frontera, América Latina continúa participando desde una posición marcada por fuertes dependencias.

El caso de la Hidrovía Electrónica del río Santiago (Kanús) permite observar esta tensión desde el Perú. El proyecto contempla infraestructura fluvial, aérea, satelital y de telecomunicaciones en territorio ancestral de la Nación Wampis. Sus autoridades han cuestionado que avance sin un diálogo adecuado y han advertido sobre sus impactos territoriales y sobre la concentración de componentes críticos de las telecomunicaciones en un único proveedor.

El problema aparece cuando la conectividad se presenta como modernización, pero las decisiones sobre cómo transformar el territorio se toman sin quienes lo habitan. El caso evidencia así una contradicción central de la soberanía digital. Ampliar la infraestructura tecnológica puede fortalecer capacidades estatales y, al mismo tiempo, generar nuevas dependencias y reproducir asimetrías de poder si el control y la capacidad de decisión permanecen concentrados.

Esto obliga a pensar la soberanía digital como algo más complejo que recuperar control frente a grandes empresas o potencias tecnológicas. Tampoco puede significar simplemente ampliar la capacidad del Estado para controlar infraestructura, datos y poblaciones. Durante la plenaria, Ana Brian Nougrères, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, insistió precisamente en situar a las personas y su autonomía en el centro de esta discusión. Sustituir una concentración de poder corporativo por una concentración estatal no transforma necesariamente las relaciones de poder, sino que puede trasladar el lugar desde donde se ejercen.

El avance de la inteligencia artificial vuelve esta tensión todavía más evidente. Ya no se trata únicamente de los datos que decidimos compartir. A partir de grandes volúmenes de información dispersa, estos sistemas pueden inferir características, preferencias y comportamientos que nunca comunicamos explícitamente. Por eso, la pregunta por la privacidad ya no puede limitarse a qué datos entregamos, sino que debe incluir qué conocimiento puede producirse sobre nosotros, quién tiene capacidad para hacerlo y cómo ese conocimiento puede utilizarse para intervenir en nuestras vidas.

En este escenario, el consentimiento individual continúa siendo indispensable, pero resulta insuficiente frente a relaciones de poder que exceden la decisión de una persona sobre un dato particular. Construir soberanía digital en América Latina exige entonces algo más que reducir la dependencia frente a otros centros de poder. Supone discutir cómo se distribuye dentro de nuestras propias sociedades la capacidad de decidir sobre las infraestructuras, los datos y las tecnologías que organizan cada vez más nuestras vidas. La pregunta por qué un país es verdaderamente soberano conduce así a una cuestión más profunda sobre quiénes pueden ejercer esa soberanía y participar efectivamente en la construcción del futuro tecnológico de la región.

Privacidad desde los márgenes: disputar quién produce conocimiento

En el primer panel abordamos los hallazgos de nuestra investigación Transformación digital en disputa, realizada junto a colectivas LGBTI+ en distintas regiones del Perú. Frente a la desigualdad tecnológica, el estudio muestra que reducir la experiencia de las comunidades a la mera victimización resulta desacertado. Si bien las poblaciones en situación de exclusión deben adecuarse a lenguajes y espacios digitales no diseñados para ellas, también desarrollan formas de apropiación, resignificación y transformación de esos entornos mediante su propia agencia.

Una respuesta verdaderamente transformadora exige romper con el paternalismo regulatorio que históricamente ha estructurado estas discusiones: un esquema donde determinadas poblaciones únicamente experimentan los impactos negativos, mientras otros actores conservan la autoridad para nombrar el problema y dictar las soluciones. Disputar la justicia epistémica implica transformar esta relación de poder, garantizando que los saberes y experiencias producidos desde las propias comunidades intervengan directamente en la forma en que los problemas tecnológicos son comprendidos y gobernados.

En el segundo panel llevamos la discusión sobre desinformación electoral hacia un aspecto que suele pasar desapercibido: no todas las personas ven la misma información en internet. Cada plataforma organiza de manera distinta qué contenidos circulan, quién puede verlos y a qué públicos llegan. Esto permite que ciertos mensajes políticos se dirijan y se expandan entre grupos específicos de personas.

A partir de lo observado en las elecciones peruanas de 2026, desde Hiperderecho planteamos que las narrativas de fraude no deben analizarse únicamente por su contenido, sino también por las condiciones que favorecen su circulación: plataformas que amplifican ciertos mensajes, organizan su visibilidad y permiten que lleguen de manera diferenciada a distintos públicos.

Para comprender la dimensión del problema, propusimos analizar el dato a lo largo de todo su ciclo de vida, observando qué información se recolecta, con qué otras fuentes se combina y qué inferencias se producen. Bajo esta mirada, los datos personales no solo sirven para conocer a un público, sino para construirlo dinámicamente, atribuirle intereses o temores y utilizar esas categorías para dirigir mensajes altamente opacos.

Frente a este escenario, las recomendaciones del proyecto Mi privacidad es mi Voto —desarrollado junto a Access Now, CEJIL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos— proponen ampliar la forma en que se responde a la desinformación electoral. Si la respuesta se concentra únicamente en verificar contenidos falsos o retirarlos de las plataformas, muchas veces se actúa cuando (fact-checking) el mensaje ya circuló y produjo efectos. Incorporar la privacidad a la protección de los procesos electorales permite intervenir antes, poniendo límites al uso de datos personales para perfilar a los votantes y dirigirles mensajes políticos específicos. Esto implica restringir el uso de datos sensibles o inferidos, limitar el microtargeting electoral y mejorar la coordinación entre las autoridades electorales y las de protección de datos.

Redefinir la soberanía digital desde la diversidad y la justicia epistémica

Participar en la CPDP LatAm en representación de Hiperderecho y desde mi lugar como investigador trans dejó una pregunta difícil de eludir: ¿qué tan soberana puede ser una agenda digital regional si, mientras cuestiona dependencias externas, reproduce internamente las mismas jerarquías de conocimiento y poder?

La soberanía no es solo ganar autonomía frente a corporaciones globales; es un ejercicio urgente de justicia epistémica. Exige reconocer que las comunidades trans, indígenas y afrodescendientes no son meras «poblaciones vulnerables» a proteger, sino productoras legítimas de conocimiento sobre la tecnología que habitan.

Sin democratizar quién tiene la autoridad para nombrar los problemas y diseñar las soluciones en inteligencia artificial o gobernanza de datos, la «soberanía digital» será solo un reordenamiento geográfico del poder que deja intactas las desigualdades de fondo.