Llevamos, como mínimo, cinco años escuchando propuestas de transformación del Poder Judicial en el Perú mediante inteligencia artificial (IA). Han pasado también tres años desde la primera sentencia que empleó ChatGPT; algo declarado con mucho orgullo por el juez del caso, a pesar de que en realidad usó el chatbot como calculadora —la diferencia está en que la calculadora no necesita datos personales para hacer una operación—.

Notas de prensa, fotos institucionales, videos propagandísticos. Entrevistas, declaraciones, ponencias. En contraste con el humo, escasea la información: no existen pautas para el uso de IA en la labor jurisdiccional, ni mucho menos hay información disponible sobre la planificación y los resultados de incorporarla.

Lo que el viento se llevó…

En 2021, oímos hablar de “Tucuy Ricuy”: un software “para reducir de manera efectiva la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar” a través de “la automatización y la innovación tecnológica con el empleo de IA”. Sin duda, un proyecto muy ambicioso —¡directamente orientado a reducir la violencia!—.

Como las declaraciones sobre el proyecto eran muy genéricas y no permitían entender realmente qué función tendría, revisamos el Plan de Implementación de “Tucuy Ricuy”. Sin embargo, tampoco aquí hay un objetivo claro: en pocas palabras, parece más un documento que invita a idear un proyecto (“promover soluciones innovadoras” o “disminuir tiempos de análisis” eran algunos objetivos).

La evolución administrativa del proyecto fue, además, muy confusa —un Plan que ya adelantaba con quién hacer alianzas aunque no había objetivos claros; la conformación de una Comisión; la firma de un Convenio Marco y una contratación posterior precisamente con aquella organización con la que se firmó el Convenio—. Lo preocupante es que se contrató una consultoría de casi 1.4 millones de soles por el servicio de “Incubar e Implementar una Plataforma Tecnológica basada en Soluciones de Automatización y Detección Inteligente en los Procesos en el Módulo de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes de su Grupo Familiar del Poder Judicial” que nunca tuvo un producto público: luego de ejecutar cerca de medio millón de soles y de aprobar dos entregables, el contrato se resolvió por mutuo acuerdo debido a discrepancias sobre el tercer entregable.

De alguna forma, el viento se llevó no solo el primer proyecto de IA en el sector judicial peruano orientado a la lucha contra la violencia, sino 487 mil soles en el camino.

El elefante en la habitación

Desde entonces, ha habido distintas iniciativas de incorporación de IA en el Poder Judicial (seis de las cuales mapeamos y documentamos en esta investigación). Por ejemplo, en 2022 se empezó a desarrollar “Justo” en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, cuya función principal es automatizar el auto de archivamiento para casos tramitados en la subespecialidad de violencia contra la mujer en los que alguna parte procesal haya fallecido. Este proyecto se llegó a pilotear en las 8 Cortes Superiores que, en su momento, habían sido consideradas para Tucuy Ricuy.

La misma Corte se enfocó posteriormente en Amauta.Pro, un sistema experto basado en reglas —es decir, un modelo muy popular en la década de los 80, aunque se empezaron a desarrollar en la década de los 60—. Este asistente automatiza proyectos de resolución de emisión de medidas de protección, y de momento funciona con 5 plantillas (aunque se está trabajando en nuevos supuestos).

En marzo de 2025 se publicitó el lanzamiento de Curia, un sistema de la Quinta Sala Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, que promete asistir en la redacción automatizada de ejecutorias supremas en menos de un minuto. Aunque adoleció de varias tensiones formales e institucionales —detalladas también en nuestra investigación—, ya tiene registro de marca en Indecopi. Lamentablemente, a diferencia de Amauta, no se ha realizado ninguna demostración pública sobre su funcionamiento. Tampoco se ha aclarado esto en artículos académicos ni en notas de prensa —que los hay—, en los que se abordan generalidades, pero nunca se especifica cómo funciona, qué tipo de sistema es ni qué resultados se han obtenido.

Mientras todo esto sucede, claramente los jueces y juezas ya están usando inteligencia artificial en su labor. Esto no es una intuición: por ejemplo, el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Corte Superior de Justicia de Lima estuvo trabajando en la exploración de proyección de autos y/o resoluciones usando aplicativos de inteligencia artificial (Bing, Perplexity y ChatGPT), entre otros, para casos de obligación de dar suma de dinero iniciadas por AFP, medidas de protección y autorización de viajes de menores.

El contexto está avanzando muy rápido, y lamentablemente no existe una planificación estratégica de cómo y en qué casos se va a introducir la IA en la administración de justicia. Este tipo de proyección permitiría discutir para qué tipo de tareas la consideramos aceptable, cómo se van a adaptar los flujos de trabajo o qué pautas éticas –y yo diría, incluso, regulatorias— se va a contemplar en su uso.

Además, la falta de una planificación impacta en la propia estructura y funciones institucionales; mientras tanto, más de una corte ha impulsado la creación de Laboratorios de Inteligencia Artificial. Estas iniciativas tienden a tener objetivos muy ambiciosos: por ejemplo, la de Lima Norte aspira a articular a todas las demás cortes del país, como puede leerse en su Plan de Implementación, que obtuvimos por transparencia.

A mi criterio, esto representa no solo un problema de competencia, sino también de viabilidad. Estas iniciativas coexisten con comisiones de gestión e innovación tecnológica o comisiones de inteligencia artificial que no han terminado de ordenarse.

A estas dificultades añado la falta de transparencia y rendición de cuentas. A la fecha, ninguno de estos sistemas ofrece un reporte público de resultados, limitaciones o medidas de mitigación de riesgos. Desconocemos si estos sistemas están subutilizados, o si están teniendo algún impacto positivo. De hecho, ni siquiera los justiciables saben si se está empleando alguno de estos sistemas en sus casos. Aunque son muchas las cortes listas para celebrar sus proyectos de IA, pocos son los jueces dispuestos a transparentarlos.

En busca del tiempo perdido

Creo que una de las principales lecciones que deja este panorama es el genuino interés de quienes integran la función jurisdiccional por impulsar la transformación digital de la justicia. Es fácil imaginar la proactividad y el compromiso de jueces, asistentes jurisdiccionales y demás trabajadores por encontrar herramientas que contribuyan a aliviar la sobrecarga procesal y mejorar el funcionamiento del sistema de justicia.

Esta energía no debería desaprovecharse. Como entidad, de cara a procesos regionales, el poder judicial peruano ya se comprometió a articular en distintos proyectos (sucedió, por ejemplo, en la Reunión Preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana que se celebró en Lima, cuyo eje central fue la inteligencia artificial). Sin embargo, los esfuerzos también deberían invertirse a nivel nacional.

Es urgente recuperar el tiempo perdido y empezar a pensar en consensos y planes. Dado que la vigencia de las obligaciones de transparencia algorítmica y explicabilidad están a la vuelta de la esquina —a partir del 9 de septiembre—, no hay otro momento más que éste para construir esta programación estratégica, operativa y ética.

Si te interesa este tema y deseas conocer más sobre la forma en que el PJ, a través de sus cortes, ha implementado proyectos de IA, te invitamos a leer nuestra publicación. En ella también incluimos recomendaciones y propuestas. También puedes seguir al tanto de nuestras redes y próximas publicaciones en la materia.