Este ha sido un año muy activo en términos de propuestas de ley relacionadas con la tecnología. Hace unos meses, la congresista Alejandra Aramayo presentó una iniciativa que busca crear un sistema electrónico para coordinar el trabajo de diferentes entidades del Estado en la lucha contra la violencia ejercida sobre la mujer. Este sistema busca hacer más sencillo también el proceso de denuncia y seguimiento de los casos por parte de las víctimas.

Sobre el sistema interoperable

El Proyecto de Ley N° 02888/2017-CR (PDF) presentado por la congresista Aramayo nos parece positivo, pues se suma a una corriente de esfuerzos por mejorar la situación de la mujer en el país y busca mejorar la capacidad del Estado para afrontar la violencia de género. No obstante, tenemos algunos comentarios acerca de la propuesta.

Es necesario tener en cuenta que desde hace varios años se viene promoviendo dentro del Estado la interoperabilidad entre los sistemas de almacenamiento y consulta de información de todo tipo, con el fin de aumentar la eficiencia y la oferta de servicios al ciudadano a través de medios electrónicos. En ese sentido, vale la pena revisar los alcances de plataformas interoperables activas como Plataforma de Interoperabilidad del Estado-PIDE y la normativa sobre interoperabilidad que podría resultar aplicable como el Decreto Supremo Nº 067-2017-PCM, que establece plazos a las entidades de la Administración Pública para la implementación de la interoperabilidad.

Por otro lado, en la iniciativa no queda muy claro en qué medida la información contenida en el sistema interoperable será puesta a disposición de las víctimas y el público en general. En ese aspecto, es necesario definir los límites al acceso y el uso, además de los medios de autentificación. Por ejemplo, si se quiere permitir hacer denuncias de violencia por Internet, ¿se implementará una web de denuncias? ¿Cómo podrán seguirse estas denuncias? ¿Cómo se evitará que los presuntos infractores sepan que están siendo denunciados y eludan así la justicia?

Sobre las responsabilidades de la operación del sistema interoperable

Algo que tampoco ha sido contemplado en la propuesta es qué entidad será la responsable del funcionamiento y mantenimiento del sistema interoperable, y de los abusos que puedan producirse por la información que almacenaría. En varios casos esto implica el registro y almacenamiento de una gran cantidad de datos personales, algunos de ellos muy sensibles por lo que deberían existir medidas de seguridad para evitar que esta información sea revelada a agentes maliciosos.

En ese sentido, es necesario que los proponentes adecúen el Proyecto de Ley a lo que ordena la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, así como a los lineamientos establecidos por la Autoridad Nacional de Transparencia y Datos Personales. De la misma manera, sería de mucha ayuda que durante el estudio del Proyecto se cuente con la opinión de la Secretaría de Gobierno Digital, que viene trabajando en temas de interoperabilidad y seguridad de la información, y que podrían tener comentarios acerca de la propuesta.

Finalmente, esta iniciativa debería ser un primer paso en la búsqueda de que el gobierno electrónico alcance por completo al sistema de justicia y lo modernice, una meta urgente en estos tiempos. A la fecha, pese a que se ha solicitado la priorización del trámite y exoneración de dictamen, el Proyecto sigue en estudio en las comisiones de Justicia y de Mujer y Familia.

Foto: Ehimetalor Unuabona en Unsplash