Somos una de las más de 200 organizaciones y empresas que han suscrito una carta abierta a los líderes mundiales para invocarlos a respetar las herramientas tecnológicas de cifrado. De esta manera, invocamos a los gobiernos del mundo a rechazar leyes, políticas públicas, o cualquier otro mandato o práctica, incluyendo acuerdos secretos con empresas, que limiten el acceso a o afecten las condiciones en las que se desarrollan herramientas de cifrado y otras tecnologías de comunicación segura. La versión completa de la carta, promovida por Access Now, puede leerse en Español desde aquí.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
A quienes recibieron un drone de regalo estas navidades les espera otra sorpresa en los próximos meses. Muy probablemente, vayan a tener que sacar un “brevete”, registrar el aparato y limitarse a volarlo bajo techo. El intento de regulación del uso de vehículos aéreos no tripulados (VANTs) o “drones” en Perú se está convirtiendo en una ensalada normativa. Actualmente, sobre el uso de estos aparatos ya existen tres proyectos de ley, una norma técnica nacional y otras regulaciones municipales, todas distintas y hasta contradictorias. Aunque ya hemos revisado algunas en un post anterior, en los últimos meses han aparecido nuevas normas y propuestas legislativas que han complicado más el panorama.
Abogado por la Universidad Blas Pascal de Córdoba (Argentina) y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Candidato a Máster en Derecho y Tecnología por la Universidad de Tilburg (Holanda).
La organización peruana defensora de los derechos digitales Hiperderecho junto con la Electronic Frontier Foundation, lanzaron hoy “¿Quién Defiende Tus Datos?”, un reporte que evalúa las prácticas de privacidad de las empresas de comunicación digital que los peruanos utilizan cada día. Junto con reportes similares lanzados a mediados de este año en Colombia y México, estas investigaciones forman parte de una amplia serie de evaluaciones a lo largo de América Latina basadas en el reporte anual de EFF “Who Has Your Back?” y adaptado a las necesidades y realidades locales. Este reporte pone en la mira a las compañías de telefonía e internet para determinar cuáles se destacan ante sus usuarios al responder a las solicitudes de información personal por parte del gobierno.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
A fines de septiembre se publicaron en el Boletín Oficial de El Peruano una serie de Decretos Legislativos en materia de seguridad ciudadana, en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo. Uno de estos es el Decreto Legislativo No. 1218 que regulariza el uso de cámaras de videovigilancia en espacios públicos.
Con este nuevo Decreto, en todos los espacios públicos, vehículos de transporte público y establecimientos comerciales se deberán de instalar cámaras de videovigilancia. Según la propia norma, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público podrán solicitar las imágenes captadas por cámaras de vigilancia sin orden judicial previa. Al igual que con la Ley Stalker, el Poder Ejecutivo continúa regulando nuestra privacidad sin someter sus propuestas a la discusión legislativa en el Congreso. Por otro lado, sigue promoviendo el acceso a datos sensibles (como son las imágenes que puedan ser obtenidas de las cámaras de vigilancia) sin revisión judicial previa.
Abogado por la Universidad Blas Pascal de Córdoba (Argentina) y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Candidato a Máster en Derecho y Tecnología por la Universidad de Tilburg (Holanda).
El controvertido Decreto Legislativo No. 1182, también conocido como Ley Stalker, sigue dando que hablar en el extranjero. Esta semana, a través de una solicitud de acceso a la información pública, Hiperderecho obtuvo una copia de la carta de ocho páginas que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [PDF] envió al Estado Peruano manifestando su clara preocupación por la reciente aprobación de la norma y solicitando más información sobre el proceso que llevó a adoptarla.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina de la Organización de los Estados Americanos creada con la misión de monitorear el cumplimiento por parte de los estados miembros de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. La Relatoría ha enviado esta carta a propósito de los nuevos mecanismos de acceso a datos de geolocalización sin orden judicial y retención de datos derivados de las telecomunicaciones que ha impuesto el reciente Decreto Legislativo No. 1182. Al respecto, formula una serie de recomendaciones sobre la base de la jurisprudencia y los instrumentos de Derecho Internacional así como solicita al gobierno que le envíe más información sobre el proceso previo que lo llevó a aprobar esta norma.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
El 27 de julio de este año, mientras los más de 30 millones de peruanos disfrutaban del feriado nacional, el gobierno promulgó el Decreto Legislativo 1182, una norma que en la práctica convierte a todos los ciudadanos en posibles criminales a los que hay que mantener vigilados. Como advertimos desde un inicio en Hiperderecho, el DL 1182 (que se hizo conocido rápidamente como la “Ley Stalker”) crea dos situaciones muy concretas que suponen una afectación masiva y desproporcionada a los derechos fundamentales. La primera es permitir la geolocalización de equipos conectados a una red de telefonía sin orden judicial previa y la segunda es la retención de datos derivados de las telecomunicaciones por un período de tres años.
La semana pasada se presentó el Proyecto de Ley No. 4809/2015-CR firmado por el congresista Héctor Becerril y otros cinco congresistas de la bancada Fuerza Popular. Esta propuesta legislativa busca derogar el controvertido Decreto Legislativo No. 1182, popularmente conocido como #LeyStalker, y en su lugar establecer un régimen legal de colaboración entre Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de cara a la obtención de los datos de geolocalización de cualquier dispositivo móvil. Aunque este Proyecto de Ley es positivo y creemos que debe de ser respaldado por el Congreso, solo representa una mejora parcial al forado a nuestra privacidad ocasionado por la #LeyStalker.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
Una encuesta realizada por GFK hace pocos días señalaba que el 80% de los encuestados estaban de acuerdo con el Decreto Legislativo No. 1182, también conocido como Ley Stalker o Ley de Geolocalización. La pregunta hecha a los encuestados, incorrectamente planteada, era si aprobaban “el decreto que permite a la Policía acceder a la ubicación geográfica de los celulares desde los cuales se realicen extorsiones, como medida para ponerle fin al sicariato”. Obviamente, la gran mayoría de los encuestados estaba de acuerdo con que se capturen delincuentes. Sin embargo, ¿es esto de lo único que trata el Decreto Legislativo No. 1182?
La mal llamada Ley de Geolocalización no tiene nada que ver con el sicariato, los secuestros, ni con meter a la cárcel a delincuentes. Por el contrario, la norma establece dos medidas diferentes cuya justificación y razonabilidad deben de analizarse por separado. Por un lado, señala una regla general que aplica para cualquier delito castigado con más de cuatro años de cárcel (la mayoría, incluyendo el plagio de obras) y permite a la Policía Nacional ubicar y monitorear en tiempo real el desplazamiento del equipo asociado a cualquier número telefónico sin necesidad de orden judicial. Adicionalmente, obliga a todos los operadores de telecomunicaciones a guardar los registros de llamadas, desplazamientos geográficos, datos accesos a Internet y cualquier otro registro asociado a las comunicaciones de todos los peruanos por tres años como mínimo. Como se aprecia, estas normas aplican a todos los peruanos, en todos los casos y, lo peor de todo, en sí mismas no constituyen una garantía de que servirán para capturar delincuentes.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
Esta semana un grupo de 27 de las más importantes organizaciones de derechos humanos y tecnología del mundo ha enviado una Carta al Congreso de la República expresando su malestar respecto del Decreto Legislativo 1182 y su preocupación por la forma en la que amenaza la privacidad de todos los peruanos y extranjeros residentes en Perú. La carta con las firmas de Access International, Electronic Frontier Foundation, Privacy International, La Quadrature du Net, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, entre otras, será enviada a los despachos de todos los integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
El Decreto Legislativo No. 1182 o Ley Stalker entra en una etapa crucial. Según la ley, la recién instalada Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso tiene la obligación de evaluar la norma y emitir un Dictamen sobre su legalidad. Lamentablemente, según estadísticas del propio Congreso, han olvidado pronunciarse sobre 143 de las últimas 217 normas que el Ejecutivo ha enviado para revisión desde el 2006 y solo ha derogado 12. Por eso, necesitamos de tu ayuda para que la #LeyStalker no pase desapercibida.
[button link=»https://act.eff.org/action/la-ley-stalker-afecta-nuestra-privacidad-y-crea-inseguridad» type=»big» newwindow=»yes» button color=»red»] Dile al Congreso que modifique la #LeyStalker[/button]
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