La Municipalidad, además, afirmó que, a pesar de estar instaladas, no utiliza sus cámaras con reconocimiento facial

En 2019 se dio a conocer, a través de distintos medios de comunicación, la inauguración de una central de monitoreo y control en el emporio comercial de Gamarra. Según las notas públicas al respecto, se instalarían 41 cámaras —equipadas con tecnologías de reconocimiento facial— en el distrito de La Victoria.

Las cámaras de la Municipalidad y sus protocolos

Teniendo en cuenta lo riesgoso que es implementar cámaras de reconocimiento facial y su impacto negativo en los derechos humanos (amplificando situaciones de discriminación), junto con Access Now, presentamos una solicitud de acceso a la información pública a La Municipalidad. En esta, solicitamos, entre otros, que se nos indique:

• • La cantidad de cámaras de videovigilancia con las que cuenta la Municipalidad y, entre ellas, cuántas son de reconocimiento facial.
  • Especificaciones técnicas.
  • Estudios técnicos que sustenten la adquisición de dichas cámaras.
  • Protocolos para la supervisión y rendición de cuentas en torno a su uso y desempeño.
  • Protocolos, directivas y/o similares relativos al acceso, uso, procesamiento y tratamiento de los datos personales obtenidos a partir de dichas cámaras.
  • Protocolos de seguridad y confidencialidad existentes en torno al uso de las cámaras de videovigilancia y de reconocimiento facial.

La Municipalidad, luego de una Resolución del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respondió a nuestra solicitud. Nos indicó que, en ese momento, contaban con 184 cámaras de videovigilancia, de las cuales 9 eran de reconocimiento facial. Con respecto a la información referida a los protocolos, directivas, estudios técnicos y similares, la Municipalidad respondió que no contaban con documentación física elaborada para atender dichas solicitudes. Es decir, no contaban con lo que requiere la Ley de Protección de Datos Personales para tratar tanto los datos recogidos a través de las cámaras de vigilancia como los datos personales biométricos (datos sensibles). 

Con esta información, presentamos una denuncia ante la Autoridad de Protección de Datos Personales para que evalúe si la carencia de dicha documentación implica una infracción a la normativa peruana sobre la materia.

Tecnosolucionismo e incumplimientos a la Ley

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, luego de una fiscalización, decidió iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra la Municipalidad de La Victoria. En el procedimiento se pudo constatar que el software de reconocimiento facial con el que cuentan las 09 cámaras es “Anyvision -1.24.02”. Estas cámaras se utilizarían, supuestamente, para identificar rostros de personas requeridas por la justicia y emitir las alertas respectivas a la Policía Nacional del Perú. 

No obstante, la propia entidad afirmó que, pese a estar instaladas, no se les ha dado uso, ya que no cuentan con los convenios respectivos con la Policía Nacional del Perú. Es decir, las autoridades competentes anunciaron públicamente su instalación pero no tenían capacidad —afortunadamente— para utilizarlas.

Y es que en este punto nos encontramos ante una problemática muy recurrente en la región: el creer que la tecnología, únicamente por sí misma, va a solucionar los problemas de nuestra sociedad. En este caso, esta narrativa sugiere que una cámara con reconocimiento facial ayudaría a combatir efectivamente la delincuencia. Sin embargo, ello no toma en cuenta el impacto en derechos humanos que dicha política pública podría generar.

Solicitamos a la Municipalidad los informes, guías, reuniones o cualquier otra documentación que sustente la adquisición de este tipo de cámaras. Asimismo, se solicitó información sobre si la entidad había realizado alguna evaluación de impacto en derechos humanos de dicha tecnología y/o si había realizado pruebas sobre su uso. Esto es importante ya que softwares desarrollados y probados en otros países —principalmente en población blanca— han demostrado generar graves tasas de error y problemas de discriminación hacia comunidades no-blancas.

Llegados a este punto, nos preguntamos si la Municipalidad ha valorado estos graves riesgos y, tomándolos en cuenta, ha decidido ejecutar dicha política pública o si, simplemente, tomó una vía tecnosolucionista sin mayor análisis.

Respecto del caso, en la medida que —por fortuna— las cámaras de reconocimiento facial nunca se utilizaron, la Autoridad concluyó que no se realizó tratamiento de datos personales (datos sensibles), por lo que no entraría a analizar supuestas infracciones en este ámbito.

No obstante, en lo relativo a las cámaras de videovigilancia (las clásicas), la Autoridad decidió evaluar:

Si la administrada es responsable no haber implementado las medidas de seguridad para el tratamiento de datos personales que realiza mediante las cámaras de video vigilancia, al no contar con los procedimientos de gestión de accesos, gestión de privilegios y verificación periódica de privilegios asignados; según lo previsto en el numeral 1 del artículo 39 del Reglamento de la LPDP; obligación establecida en el numeral 1 del artículo 39° del Reglamento de la LPDP.

De acuerdo al artículo 39.1 del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, toda entidad pública que posea una cámaras de videovigilancia, en lo que respecta a medidas de seguridad, debe incluir en su funcionamiento:

(i) El control de acceso a la información de datos personales, incluyendo:

1. 1. La gestión de accesos desde el registro de un usuario
   2. La gestión de los privilegios de dicho usuario
   3. La identificación del usuario ante el sistema, entre los que se encuentran usuario-contraseña, uso de certificados digitales, tokens, entre otros

(ii) La realización de una verificación periódica de los privilegios asignados, los cuales deben estar definidos mediante un procedimiento documentado a fin de garantizar su idoneidad

Estos controles, además, de acuerdo con la Dirección de Protección de Datos Personales1, deben estar “previstos en un documento que sea debidamente difundido entre las personas de la organización que tengan contacto con los sistemas empleados en el tratamiento automatizado de datos personales”.

Respecto de los incumplimientos de la Municipalidad, la entidad encontró que estos son2:

• • No contar con documentos relacionados a los procedimientos formales de definición y/o aprobación de los perfiles de los usuarios correspondientes a las plataformas y/o sistemas a través de las cuales realiza el tratamiento de las imágenes de personas registradas a través de su red de cámaras, lo que implica carecer de una gestión de privilegios documentada.
  • No contar con información sobre la modalidad del establecimiento o realización de una verificación o revisión periódica a los perfiles de usuarios de las plataformas o sistemas a través de los cuales efectúan el tratamiento de datos personales.

Con base en esos incumplimientos, la Dirección de Protección de Datos Personales determinó sancionar a la Municipalidad de La Victoria con una multa de 1,84 UIT.

Este caso nos debe llevar a reflexionar sobre dos ámbitos importantes: el primero, sobre cómo las Municipalidades y distintas entidades plantean medidas tecnológicas para solucionar problemas públicos sin realizar una verdadera medición de la afectación a los derechos humanos (especialmente de poblaciones históricamente marginadas); y, el segundo, sobre si todas las entidades que cuentan con cámaras de vigilancia cumplen con los estándares de seguridad mínimos exigidos por la normativa sobre datos personales. Ahora que nos acercamos a elecciones municipales, es buen momento para analizar críticamente los discursos que potencian la hipervigilancia sin un mayor análisis o estudio previo y exigir rendición de cuentas sobre su uso.

Puedes revisar la Resolución aquí.

El pasado 21 de octubre se celebró el Día Global del Encriptado #globalencryptionday 

Diversos Grupos de Sociedad Civil y Tecnológicos alrededor del mundo se han unido para promover la encriptación fuerte en el primer Día Global del Encriptado organizado por la colectiva Global Encryption Coalition. 

Miembros de esta colectiva incluyen Cloudflare, Mozilla, Internet Freedom Foundation, diversos proveedores de VPN, entre otros. Su principal objetivo es enviar un mensaje a los gobiernos para mejorar las medidas de seguridad de protección y privacidad de datos y mostrar el porqué de su importancia, además en promover que desistan en debilitar la encriptación y brindar acceso a las fuerzas del orden a información y datos privados en plataformas con encriptado.

Antes de continuar ¿a qué nos referimos cuando hablamos de encriptación? Te contamos más:

La encriptación, o algunas veces llamado cifrado, es el proceso por el cual los datos son codificados mediante un algoritmo convirtiéndolos ilegibles a elementos externos. Por ejemplo, podríamos encriptar una carpeta en nuestra computadora protegiéndola con una contraseña y únicamente las personas con esta contraseña podrán acceder a su contenido. Es así que el cifrado es el mejor aliado en la protección de nuestra privacidad frente a diferentes tipos de actores como gobiernos, proveedores de servicios, empresas, etc.  Leer más

Hemos hablado de cómo las tecnologías de los últimos 10 años han contribuido con el entorno de identidad digital en el Perú, pero es imposible ignorar la evolución de la tecnología en el campo de los teléfonos inteligentes (smartphones). Actualmente los smartphones tienen tanta capacidad de procesamiento como una computadora personal. Esto ha permitido que tecnologías como reconocimiento facial o de huellas dactilares sean posibles y se muestran como alternativas al DNIe en entornos digitales para la autenticación. Esto es posible también porque RENIEC guarda en su base de datos fotografías de nuestro rostro y nuestras huellas dactilares que pueden pasar por un proceso para clasificar nuestras características biométricas.

Entonces sería posible desarrollar una aplicación móvil capaz de reconocer algún patrón como nuestro rostro o nuestra huella dactilar, identificar sus parámetros biométricos, compararla con la existente en la base de datos del RENIEC y darnos acceso a diferentes servicios que tengan disponible. Como resultado, RENIEC ha desarrollado diversas herramientas móviles (apps) que permiten acceder a servicios muy parecidos a los que ofrece el Portal del Ciudadano.

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Durante el 2020, hemos estado desarrollando un ambicioso proyecto de investigación sobre cómo funciona la identidad digital en nuestro país. Aunque todos llevamos un documento de identidad en el bolsillo y somos diariamente identificados en diversos espacios, todavía es poco lo que conocemos sobre qué reglas aplican a este sistema, cuáles son sus límites y cómo conversa con otros ordenamientos legales. A través de este proyecto, queremos ofrecer una comprensión crítica de este fenómeno en movimiento en el país. Al mismo tiempo, este proyecto ha sido desafiado y se ha enriquecido por la situación de emergencia del Covid-19, que ha acelerado el uso de tecnología en diversos espacios y presentado nuevos problemas.

Otro de los aspectos que nos ha interesado en particular es cómo funciona técnicamente este sistema. RENIEC, siendo el organismo autónomo encargado de la identificación de los peruanos, se encargó del diseño, implementación y validación de los mecanismos tecnológicos para que los peruanos podamos hacer uso de diversos trámites y procesos provistos por el estado donde requiera una validación de nuestra identidad.

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En 2018, Hiperderecho condujo por primera vez una investigación sobre la situación de la identificación biométrica en el país. Al ser un trabajo inicial y exploratorio, nos centramos en describir los aspectos institucionales y legales del sistema biométrico en el Perú. Los hallazgos de dicha investigación han sido empleados como la base de esta nueva entrega, que apunta más arriba, hacia el origen mismo de las políticas públicas de identificación.

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