Categoría: Privacidad

Publicidad electoral, big data y privacidad en Perú

Las recientes elecciones congresales en Perú han sido distintas en muchos sentidos. Entre otras razones, porque se han aplicado por primera vez las normas que prohíben que los partidos y candidatos se anuncien en radio y televisión mediante avisos pagados. Eso ha significado que el esfuerzo y gasto en publicidad electoral se concentre en medios alternativos, desde volantes impresos hasta páginas web y redes sociales. Aunque estas medidas buscaban “equilibrar” la presencia de los candidatos en medios a través de la publicidad, se ha reflexionado poco sobre cómo funciona la publicidad política en línea y sus desequilibrios. De cara a la siguiente campaña electoral del 2021, hay varias cosas pasando en este espacio que merecen especial atención.

Alrededor del mundo, el uso de redes sociales para fines políticos viene siendo objeto de evaluación y cambio. Por ejemplo, hace poco Twitter prohibió que se use su plataforma de publicidad para contenido político. Por su parte, aunque Facebook sí permite este tipo de contenido publicitario en sus plataformas, en muchos países obliga a los anunciantes a cumplir con reglas especiales. Así, por ejemplo, un anuncio político en Estados Unidos o Brasil obligatoriamente mostrará el monto gastado, el alcance demográfico del mensaje o la identidad de la persona natural o jurídica que lo paga. Además, dicha información quedará archivada por varios años en la Biblioteca de Anuncios de Facebook. De la misma manera, Google también permite la publicación de anuncios políticos bajo ciertas reglas (ej. prohibido el remarketing o segmentar por cercanía) e igualmente publica información detallada sobre el gasto en publicidad que hacen candidatos políticos en Estados Unidos, India y la Unión Europea.

En Perú, no existen reglas que obliguen a los candidatos a ser transparentes con el gasto y la pauta publicitaria que colocan en Internet, solo reglas generales de reportar todos sus gastos en campaña. Cuando la publicidad política estaba permitida en televisión y radio, las empresas de radiodifusión eran obligadas a presentar reportes a la autoridad electoral sobre sus ingresos por contenido político. No obstante, pese a la ausencia de obligatoriedad, empresas como Facebook han puesto a disposición de candidatos en todo el mundo herramientas de transparencia voluntarias muy detalladas que les permiten comunicar claramente el contenido, audiencia, origen y gasto en publicidad en línea y están disponibles en Perú.

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Cámaras de vigilancia en Perú, una mirada desde la privacidad

En septiembre participamos de la consulta pública organizada por la Dirección General de Protección de Datos Personales (DGPDP) sobre su Proyecto de “Directiva para el Tratamiento de Datos Personales mediante Sistemas de Videovigilancia”. Este esfuerzo busca señalar los límites que deben imponerse a estas tecnologías para que su uso no afecte la privacidad más allá de lo estrictamente necesario para garantizar la seguridad pública.

Sobre la propuesta de Directiva

A finales de agosto del 2019, se hizo pública la DGPDP publicó un borrador sobre una nueva normativa para el tratamiento de datos cuando se utilizaran cámaras de videovigilancia. En un ejercicio de transparencia destacable, la DGPDP abrió un período de recepción de comentarios para todos los interesados que culminó en setiembre.

Algunos de los aspectos principales del borrador de la Directiva eran que: (a) regulaba en qué situaciones estaba permitido tratar datos personales a través de la grabación de cámaras de videovigilancia, (b) establecía una serie de principios que debían ser respetados a la hora de realizar el tratamiento de los datos, y, (c) señalaba algunas obligaciones específicas respecto del tipo de cámaras como el plazo de almacenamiento, los protocolos de seguridad, etc.

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Hiperderecho presentó denuncias ante la Dirección de Protección de Datos y OSIPTEL contra Telefónica por el programa Smart Steps

Gracias a una investigación de Ernesto Cabral para Ojo Público, este mes conocimos más sobre el negocio de venta de datos de sus usuarios que Telefónica viene desarrollando en Perú y otros países de la región. Siguiendo la pista de las grandes compras públicas, Ojo Público encontró varios contratos suscritos por Telefónica con PromPerú y la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao por más de US$ 1 millón de dólares americanos y no precisamente por servicios de telefonía o Internet.

El servicio que Telefónica brinda, a través de su unidad de inteligencia datos llamada LUCA, es la información sobre circulación de personas en Perú en base a cómo se desplazan sus usuarios de telefonía móvil. Así, por ejemplo, Telefónica puede decirle a PromPerú cuántas personas de Independencia visitan Huancayo o Huaraz al mes o señalar a la empresa de publicidad exterior Clear Channel la cantidad de mujeres de nivel socioeconómico B o C que transitan por determinada esquina.

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¿Qué sabemos exactamente sobre lo que pasa con nuestros datos personales?

Estamos acostumbrados a escuchar que los datos son el nuevo petróleo de la economía global. Con frecuencia, nos enteramos que empresas nacionales y extranjeras usan técnicas de procesamiento masivo de datos (conocido como big data) en sus procesos de inteligencia artificial o para crear modelos predictivos que se anticipen a las necesidades de sus mercados. Esta “revolución” comercial se nos presenta al mismo tiempo como irreversible e impostergable en diversos sectores, desde supermercados hasta bancos o empresas de recursos humanos. No obstante, se habla menos sobre de dónde vienen estos datos o qué principios legales y éticos controlan su uso.

La inmensa cantidad y variedad de datos que hoy explotan empresas y gobiernos, en muchos casos, han sido extraídos de nosotros mismos. Pensemos solo en los datos vinculados o que podrían vincularse a nuestra identidad que generamos en nuestra vida diaria: al comprar en muchos establecimientos comerciales, al pedir una boleta electrónica en un restaurante, al usar un medio de transporte masivo con tarjetas inteligentes como el Tren Eléctrico o simplemente por llevar un teléfono celular en el bolsillo. Diariamente, dejamos un rastro de datos constante que, vistos individualmente, pueden parecer triviales pero agregados pueden revelar nuestros hábitos, preferencias, relaciones sociales, nivel socioeconómico y hasta nuestro estado sentimental. Se puede aprender a hablar en claves, se puede usar un disfraz o ser puede ser discreto, pero la data que dejamos diariamente no miente sobre quiénes somos ni lo que hacemos.

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Acceso al registro de celulares sin orden judicial

La lista de equipos móviles y la identidad de sus titulares de todo el país está en poder del Estado y la Policía Nacional puede acceder a ella sin contar con una orden judicial que lo permita.

1. ¿En qué consiste?

El acceso a registros o listas creadas por mandato legal por parte de entidades del Estado es una práctica común en muchos países. Como política pública, esta es una herramienta que sirve con diferentes propósitos. Por ejemplo: fiscalizar una actividad regulada, asegurar el funcionamiento de un servicio, ofrecer seguridad jurídica para las transacciones, etc. En algunos casos, también sirven con el propósito de prevenir y perseguir los delitos, como es el caso de los registros relacionados a las comunicaciones.

En el Perú existen diferentes leyes y disposiciones reglamentarias que aprueban registros y listas de todo tipo, incluyendo también los registros de las comunicaciones. Una de estas listas es el RENTESEG, un registro nacional de celulares asociados a los datos personales de sus titulares. Además de permitir el bloqueo en caso de robo o pérdida, este registro virtualmente puede permitir el acceso a esta información a la Policía aun sin contar con las garantías de un mandato judicial.

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Registro obligatorio de celulares

Todos los equipos móviles que van a ser utilizados en el país tienen que estar registrados junto con los datos de sus dueños en una lista controlada por el Estado o serán bloqueados

1. ¿En qué consiste?

La creación de registros o listas suelen servir al propósito de dar seguimiento a diferentes elementos: actividades, comportamientos, transacciones, etc. Desde el punto de vista de las políticas públicas, son una herramienta ampliamente utilizada en muchos campos (el comercio, la seguridad, la identificación) para ejercer control sobre estos elementos con el fin de fomentarlos, restringirlos o prohibirlos. Así mismo, la forma en que se almacenan y operan estos registros o listas puede recaer tanto en entidades públicas como privadas y ser de acceso público o restringido.

En Perú existen diferentes leyes y disposiciones reglamentarias que aprueban registros y listas de todo tipo, desde los registros públicos de propiedad hasta las listas de beneficiarios de programas sociales. Si bien existe un legítimo interés en que algunos de estos registros estén disponibles y sean públicos, también hay otros cuya existencia compromete seriamente la privacidad. Entre estos últimos destacan especialmente los registros de objetos de uso cotidiano, como los teléfonos móviles, que se implementan con varios fines, entre ellos la seguridad ciudadana.

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Retención de datos

Las compañías que ofrecen servicios de telecomunicaciones deben almacenar los metadatos durante tres (3) años

1. ¿En qué consiste?

El almacenamiento datos derivados de las telecomunicaciones o “metadatos” es un elemento constituyente de las políticas públicas de recolección de datos derivados de las comunicaciones. Estas normas se implementan con el fin de emplear la información almacenada para facilitar la investigación de los delitos, aunque también se pueden emplear para la ubicación de personas desaparecidas, el seguimiento de actividades posiblemente delictivas, la represión de activistas y líderes de movimientos sociales, entre otros.

En Perú existen diferentes leyes y reglamentos que hacen obligatorio el almacenamiento de datos y metadatos derivados de las comunicaciones, lo que incluye: el contenido mismo de las comunicaciones, su origen geográfico, frecuencia, los datos de navegación, etc. Por regla general, cuando se necesitan durante la investigación de un delito, esta información solo es accesible para la Policía Nacional del Perú y/o el Ministerio Público luego de haber obtenido un mandato judicial. Sin embargo, también existen normas que permiten un acceso excepcional sin mandato judicial.

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Geolocalización

La geolocalización de dispositivos móviles en tiempo real puede ser obtenida sin mandato judicial previo por la Policía

1. ¿En qué consiste?

El acceso a metadatos o datos relacionados con nuestras comunicaciones (hora, lugar, identidad de los participantes) es parte de las políticas públicas de vigilancia gubernamental más populares de nuestra era. Estas políticas se implementan con el fin de obtener información en tiempo real que facilite principalmente la investigación de los delitos, pero también se pueden emplear para la ubicación de personas desaparecidas, el seguimiento de actividades posiblemente delictivas, la represión de activistas y líderes de movimientos sociales, entre otros.

En el Perú existen diferentes leyes y disposiciones reglamentarias que permiten el acceso a datos y metadatos derivados de las comunicaciones, lo que incluye: el contenido, la ubicación, la frecuencia, los datos de navegación, etc. Por regla general, esta información solo es accesible para la Policía Nacional del Perú y/o el Ministerio Público luego de haber obtenido un mandato judicial. Sin embargo, también existen normas que permiten un acceso excepcional sin mandato judicial.

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Videovigilancia urbana

La instalación de cámaras y la entrega de grabaciones a pedido de la Policía son obligatorias a nivel nacional

1. ¿En qué consiste?

La videovigilancia es una tecnología de vigilancia operada a través de cámaras de video cuyo propósito es llevar un registro permanente o semipermanente de los acontecimientos que ocurren en los lugares en que estas se encuentran instaladas. Como herramienta de política pública, la videovigilancia consiste en ordenar el despliegue de dichas cámaras en lugares públicos estratégicos con el argumento de que su presencia ayuda a prevenir y luchar contra la delincuencia, y también facilita la investigación de los delitos.

En el Perú existen diferentes leyes y disposiciones reglamentarias sobre las cámaras de vigilancia. La mayoría de ellas regulan en qué lugar es obligatorio colocarlas, quiénes son los encargados de hacerlo y cuál es el procedimiento para que las grabaciones sean entregadas a la Policía Nacional del Perú y/o al Ministerio Público en el curso de una investigación criminal.

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Privacidad es seguridad

¿Dónde radica realmente nuestra sensación de inseguridad? Caminamos por la calle mientras somos observados por cámaras de vigilancia públicas y privadas. Nuestros desplazamientos, llamadas y datos de navegación por Internet son registrados también por las empresas de telecomunicaciones. Muchas operaciones diarias como hacer un depósito en el banco o comprar una línea telefónica requieren ahora de nuestra huella digital. Todas estas medidas, estos pasos adicionales que a veces son una verdadera molestia, han sido pensados con el fin último de hacernos sentir más seguros. En algunos casos por iniciativa propia, en otros por obligación legal, hemos ido cediendo poco a poco pequeñas parcelas de intimidad sin preguntar por qué o para qué. Nos hemos acostumbrado a pensar que el precio de tener seguridad es renunciar a una parte de nuestra privacidad.

Durante los últimos diez años, muchas políticas públicas en materia de seguridad ciudadana han consistido en sacrificar la privacidad de todos los peruanos casi de forma inopinada. Parece mentira pero hubo un tiempo no muy lejano en el cual la intervención de las comunicaciones era una situación de excepción, aplicable solo a delitos muy graves. También donde la información sensible de una persona como sus desplazamientos o huellas digitales eran casi inaccesibles a terceros. Como una ola imparable, las políticas de seguridad han borrado sistemáticamente las diferencias que se tenía sobre lo que es privado y lo que es público. El paradigma máximo de esta tendencia son ahora las “ciudades inteligentes” donde todo lo que pasa en el ámbito urbano es registrado y medido, y los “servicios inteligentes” como filtros que sirven para excluirnos y separarnos en base a nuestros datos. Hoy estamos más observados que antes. Corremos el peligro de acostumbrarnos a que en los próximos años solo vamos a continuar renunciando a nuestra privacidad.

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