
En los últimos años, los Estados de Latinoamérica y el Caribe han incorporado modificaciones en sus Códigos Penales para cubrir algunas modalidades de la violencia de género facilitada por las tecnologías, como el acoso sexual, chantaje sexual o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Asimismo, otros han implementado acciones de política pública para prevenir conductas de violencia digital basada en el género, como mesas de diálogo, guías informativas sobre violencia digital, capacitaciones a funcionarios y campañas mediáticas contra la violencia digital.