En los últimos años, los Estados de Latinoamérica y el Caribe han incorporado modificaciones en sus Códigos Penales para cubrir algunas modalidades de la violencia de género facilitada por las tecnologías, como el acoso sexual, chantaje sexual o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Asimismo, otros han implementado acciones de política pública para prevenir conductas de violencia digital basada en el género, como mesas de diálogo, guías informativas sobre violencia digital, capacitaciones a funcionarios y campañas mediáticas contra la violencia digital.

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Entre el 20 y el 22 de febrero, participamos en el evento “CTRL+J LATAM: tech and journalism in the global south”. El primer conversatorio de una serie de diálogos que tiene como objetivo medir las oportunidades y desafíos para el periodismo frente a las transformaciones tecnológicas en el Sur Global.

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Nos encontramos en una década decisiva. A medida que las desigualdades, divisiones y tensiones geopolíticas se profundizan, el futuro se torna más incierto. Según el Reporte de Riesgos Globales 2025 –un documento que realiza anualmente el WEF desde 2005–, nos acercamos a un escenario de fragmentación que reúne retos de naturaleza ambiental, social, tecnológica y geopolítica.

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El pasado 31 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad Trans, una fecha propuesta en 2009 por la activista Rachel Crandall, que más que celebrar, nos interpela  (Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2022). Nos recuerda que visibilizarse como persona trans sigue siendo, en muchos lugares del mundo, un acto profundamente político, arriesgado y, en muchos casos, vital. En contextos atravesados por la cisheteronorma y su aparato disciplinador —jurídico, mediático, médico y epistémico—, la visibilidad trans se construye en tensión con la precarización sistemática, el castigo moral y el borramiento institucional.

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El pasado lunes, la Corte Suprema emitió una sentencia que, lejos de proteger nuestros derechos digitales, legitima una forma de censura administrativa sin garantías ni control judicial. A través de esta decisión, se confirma la validez del Decreto Supremo N.° 035-2019-MTC, que permite al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ordenar el bloqueo de aplicaciones y plataformas digitales sin una ley del Congreso, sin proceso judicial y sin procedimiento administrativo previo. Leer más

Los pasados 14, 15 y 16  de marzo, desde Hiperderecho, participé del 19° Encuentro Nacional de Mujeres Periodistas, realizado en la ciudad de Tarapoto, San Martín.

Este es el segundo año que tengo el placer y el honor de acompañar a las mujeres periodistas en este espacio de fraternidad, reflexión y fortalecimiento de capacidades. En esta ocasión, el evento contó con la participación de más de 130 periodistas de diversas filiales. Leer más

Este 31 de marzo se celebra el Día Mundial de la Copia de Seguridad, una fecha que nos recuerda la importancia de realizar un respaldo o backup de nuestros datos personales. Esta iniciativa nació en un grupo de Reddit1 en el 2011, justamente un día antes del April Fool’s Day, como remembranza de que no podemos tomar a la ligera nuestros datos y caer en “bromas” que resultan en pérdidas.

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Entre el 23 y el 27 de febrero, en Taipéi (Taiwán), Hiperderecho participó de la 13° edición de RightsCon: la cumbre más grande a nivel global sobre derechos humanos y tecnología. El evento, organizado por Access Now, reunió una vez más a activistas, periodistas, sociedad civil, desarrolladores de tecnología, investigadores, empresas, representantes gubernamentales, y demás personas a conversar sobre los retos, desafíos y oportunidades para nuestros derechos en línea. Leer más

Desde Hiperderecho, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la reciente ley aprobada por el Congreso que restringe gravemente el accionar de la sociedad civil en el Perú. Esta norma no solo impone trabas burocráticas excesivas a las organizaciones que trabajan por temas de interés público, sino que también otorga al Estado un poder desmedido para fiscalizar, limitar y sancionar arbitrariamente a quienes defienden el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y la defensa de derechos fundamentales. En otras palabras, el Estado se está asegurando de no poder ser cuestionado ni sometido al escrutinio público. En nombre de una supuesta fiscalización, ha impedido ser fiscalizado.

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Este jueves 13 de marzo de 2025, Hiperderecho participó en la audiencia de apelación ante la Corte Suprema en el caso que busca anular los numerales 3.3, 3.4 y 3.5 del Decreto Supremo N° 035-2019-MTC. Este decreto permite que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ordene el bloqueo de aplicaciones y plataformas digitales sin necesidad de una ley previa, sin control judicial y sin un procedimiento administrativo que garantice el derecho a la defensa. En términos simples: otorga al Ejecutivo un poder de censura digital sin límites ni controles.

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