El acceso a la información pública es el derecho que tenemos como ciudadanos de conocer todos los actos y documentos del Estado. Proclamado por la Constitución, es usuado a diario como una herramienta invalorable para interactuar democráticamente con las entidades públicas. En nuestro país, tiene como marco la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada en el año 2002, y se basa en el principio de que “toda información que posea el Estado se presume pública”.
Participación Pública y Rol Fiscalizador
En los últimos años, el rol fiscalizador de la prensa y la sociedad han servido para mejorar el funcionamiento del Estado. Los ciudadanos quieren saber cómo, cuánto, dónde o qué están haciendo sus gobernantes. No es en vano. La reinante sensación de inseguridad, corrupción, impunidad y desconfianza genera esta necesidad de control, de crítica. Paralelamente, y como respuesta, se puede verificar una tendiente apertura de los gobiernos. Esto deviene de lo anterior, buscando eliminar las barreras que la burocracia ha ido instalando. Aspiramos a tener un “Gobierno abierto”. Un Gobierno participativo, colaborador y transparente. Estamos en camino, pero falta.
“Estamos creando un mundo en el que todos pueden entrar, sin privilegios o prejuicios debidos a la raza, el poder económico, la fuerza militar, o el lugar de nacimiento. Estamos creando un mundo donde cualquiera, en cualquier sitio, puede expresar sus creencias, sin importar lo singulares que sean, sin miedo a ser coaccionado al silencio o el conformismo…»
Declaración de Independencia del Ciberespacio, John Perry Barlow, 1996
¿Quién gobierna Internet? Es una pregunta simple con una respuesta un tanto complicada. ¿Son los gobiernos? ¿Las compañías de telefonía? ¿Google? ¿Facebook? En 1996, John Perry Barlow hubiera dicho que nadie controla la Red (o la controlan todos, lo que es lo mismo) y tenía razón. Más de 20 años después esto aún es cierto, pero ¿será siempre así?
Desde que Internet dejó de ser una idea con potencial para el ámbito de la defensa y se convirtió en una tecnología de uso civil, su funcionamiento y desarrollo dependen del trabajo de múltiples actores. Esto es así porque Internet es solo un nombre empleado para denominar a un conjunto de diferentes elementos: cables, antenas de transmisión, servidores, protocolos, creadores de contenido, etc. Todos ellos pertenecen o son administrados por actores que tienen que coordinar en diferentes niveles para que el conjunto funcione.
En sus inicios, había muy pocos interesados en participar de la gestión de esta tecnología, siendo la mayoría de comunidades técnicas o académicas, que eran las principales beneficiarias de su uso: facilitar la comunicación y la transimisión de datos a distancia. Sin embargo, con el tiempo su número creció de forma exponencial pues Internet dejó de ser solo una herramienta para la comunicación y empezó a transformar otro tipo de actividades como el comercio, la educación e incluso el ejercicio de los derechos. Este potencial integrador hizo que en la Red confluyeran todo tipo de personas; desde informáticos hasta activistas e incluso empresarios entusiastas por las posibilidades de negocio en la Red.
Con el pasar de los años y la masificación del acceso, se fue consolidando un nuevo y vibrante ecosistema que, paralelo a su desarrollo, empezó a generar espacios de reflexión y diálogo. Estos espacios informales eventualmente dieron pie a la creación de grupos de trabajo y foros en donde usuarios antiguos y nuevos podían sentarse a discutir el desarrollo de Internet en función de sus intereses. Uno de los más antiguos y que sigue actualmente vigente es el Internet Engineering Task Force (IETF), un grupo de trabajo con miembros de todo el mundo que propone y desarrolla protocolos para la Red. Otros más recientes son el Foro de Gobernanza de Internet y NETmundial, que son eventos en donde gobiernos, empresas y usuarios discuten temas relacionados a la regulación de los espacios digitales.
Pese a que es indiscutible que el mayor desenvolvimiento de esta tecnología se ha dado en los países desarrollados, Latinoamérica no ha sido ajena a la expansión de Internet y también ha participado activamente en muchos espacios de discusión sobre su futuro. Con algunas diferencias, la mayoría de países de la región comparten una historia en común respecto de sus inicios, la que identificaba a Internet como un signo de progreso y de esperanza. En donde este discurso tuvo éxito, se formaron ecosistemas locales diversos y robustos, con múltiples actores, incluyendo al Estado. En donde no, Internet se convirtió en una preocupación secundaria y su desarrollo quedó a cargo de unos pocos.
Perú dentro el ecosistema de Internet
En el caso del Perú, puede decirse que la historia del origen y desarrollo de Internet se encuentra en el medio de esos dos destinos. Por un lado, el Perú fue uno de los primeros países de Latinoamérica en establecer una conexión permanente a Internet. Del mismo modo, alcanzó en poco tiempo un alto nivel de democratización del acceso gracias al modelo innovador de cabinas públicas. Sin embargo, el nivel de alfabetización digital aún hoy en día es extremadamente bajo y pese al crecimiento solo un poco más de la la mitad del país accede actualmente a Internet.
Así mismo, aún cuando los usuarios peruanos y muchas autoridades son bastante activos en plataformas sociales, no parece existir conocimiento o interés en ellos por participar de algunos de los espacios de discusión y desarrollo antes mencionados. Pese a que en el Perú existen entidades públicas y privadas que directa o indirectamente están involucradas en temas relacionados a Internet, no existe un espacio que las motive a reunirse y a sentarse a discutir y proponer ideas sobre esta tecnología. En pocas palabras, el Ecosistema de Internet en el Perú está disperso.
Desde un punto de vista histórico, esto se debe en principio a la falta de impulso desde el Estado, pero también a la forma en que este se acerca a estos temas de forma institucional. También hay que mencionar el bajo nivel de coordinación y apoyo entre actores privados como las empresas de telefonía, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades técnicas, las empresas que ofrecen productos y servicios en Internet y las Universidades.
Como en el mundo entero, Internet ha generado un gran cambio en el Perú y es una tecnología percibida con interés y entusiasmo. Esto debería dar pie a que los actores aspiren a tener cierto nivel de agencia sobre su desarrollo. Si es posible, ¿por qué no hacerlo?
¡Ocupemos la Red!
Frente a esta perspectiva, Hiperderecho quiere contribuir a ampliar el conocimiento sobre Internet y su entorno, así como las instituciones del país relacionadas a ello. Por eso, ha decidido dedicar una serie de artículos para acercar a estas instituciones al público y describir cómo se articulan (si lo hacen) con sus pares a nivel regional y global. Este proyecto llevará el nombre de “¡Ocupemos la Red!: Conociendo el Ecosistema de Internet en el Perú.”
Cada artículo tendrá una descripción histórica sobre personas, instituciones y otras entidades nacionales y supranacionales que hayan formado o formen parte de el Ecosistema de Internet en el Perú. Así mismo se incluirán, en la medida de los posible: entrevistas, material audiovisual, bibliografía y otros elementos que complementen los contenidos ofrecidos en cada entrega.
Sobre la organización, se ha tomado como guía el documento “El Ecosistema de Internet” elaborado por la organización Internet Society (ISOC) en 2011. Esto servirá no solo para comparar realidades sino también para conocer la evolución histórica del nivel de inserción que hemos tenido desde la primera conexión a Internet realizada allá por el año 1991 hasta el presente.
El orden escogido para el tratamiento de cada uno de los actores del ecosistema es aleatorio y sirve únicamente para establecer la afinidad de los grupos de artículos. Además, se empleará la división propuesta por ISOC para una mejor identificación de las tareas que cada actor desempeña.
Esta división está planteada como sigue:
Ecosistema de Internet en Perú (Actores)
De La Sociedad Civil
Del Sector Privado
De Las Comunidades Técnicas
Del Gobierno
De La Academia
División propuesta por ISOC (Funciones)
Nombres y Direcciones
Desarrollo de Estándares Abiertos
Desarrollo de Políticas Locales
Creación de Capacidades y Formación
Operaciones y Servicios Globales de Uso Compartido
Usuarios
Como cualquier proyecto de este tipo, Hiperderecho no pretende que esta serie acapare todos los aspectos relativos a Internet en el país. Incluso es posible que se omita información relevante, pero que no calce dentro del esquema de trabajo escogido. Pensamos que ¡Ocupemos la Red! es, en cierta forma, un homenaje a esfuerzos anteriores por educar a los usuarios peruanos y esperamos que aliente nuevas iniciativas de esta naturaleza.
Te invitamos a acompañarnos en este viaje y a compartir con otros este recorrido por Internet y su entorno. Hoy en día, participar de la discusión sobre esta tecnología es de vital importancia. El futuro de Internet está siendo decidido y eso debería preocuparnos. Necesitamos ocupar la Red y hacerla nuestra. Es ahora o nunca.
La reciente denuncia interpuesta por Javier Villa Stein contra Ojo-Publico.com parece insólita pero es una historia familiar. Cada vez más, la Ley de Protección de Datos Personales está siendo usada como una forma de detener la difusión de cualquier contenido que, sin ser difamatorio, simplemente no le agrada al involucrado. ¿Es esta realmente la mejor forma de aplicar una ley orientada a proteger la privacidad de los peruanos?
Lo que sabemos hasta ahora es que existe una denuncia presentada por el ex presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, contra este medio de investigación ante la Autoridad de Protección de Datos Personales. La razón aparente es que Ojo-Publico.com estaría llevando a cabo un tratamiento no autorizado de los datos personales del jurista en reportajes elaborados sobre la base de sus declaraciones juradas, incluido el uso de su voz (un dato personal, según la Ley peruana) en la grabación de una entrevista telefónica concedida por el denunciante. Es decir, un juez supremo ha denunciado ante el Ministerio de Justicia a un grupo de periodistas por publicar en Internet una entrevista que él mismo concedió. No cuestiona el sentido de la entrevista, ni niega haberla prestado; simplemente no quiere que aparezca su voz.
Desde hace años existe un género de propuestas legislativas en el país que aparecen y reaparecen cada cierto tiempo bajo diferentes premisas. A veces se presentan como ideas innovadoras e incluso son propuestas por diferentes tiendas políticas. Sin embargo, en el fondo todas proponen lo mismo. Les propongo dos ejemplos.
Quitarle contenido al secreto de las comunicaciones
En octubre de 2011, como parte del paquete de propuestas que dieron origen a la actual Ley de Delitos Informáticos, se presentó el Proyecto de Ley No. 307–2011/CR del congresista fujimorista Octavio Salazar. En él se señalaba expresamente que quedaban fuera del secreto de las comunicaciones la información de la titularidad de cierto número celular, su número de registro, tráfico de llamadas y números IP. En pocas palabras, si se hubiese aprobado esta ley, no sería necesaria la autorización judicial para conocer el nombre del titular de un teléfono, el abonado vinculado a un número IP o su tráfico completo de llamadas. Afortunadamente este texto, que contaba con el visto bueno de la Comisión de Justicia, fue eliminado en el 2013 de la versión final de la Ley de Delitos Informáticos vigente.
Como todos los meses, Hiperderecho organiza esta semana la quinta edición de su ciclo Conexiones. Se trata de un espacio de aprendizaje colaborativo abierto al público en general. Su objetivo es poder reunir a personas de distintos ámbitos académicos y profesionales en torno a los problemas recientes en materia de políticas públicas y tecnología.
Esta fecha estará dedicada a la automatización, su influencia en el Derecho y para el ejercicio de derechos. Por un lado, Miguel Morachimo y Juan La Jara presentarán los aspectos legales y tecnológicos de la nueva herramienta de acceso a la información pública por Internet que ha venido desarrollando Hiperderecho en estos meses. Del otro, José María de la Jara, Director de Persuasión y Sistema de Justicia de PsychoLAWgy, nos hablará sobre el impacto de la tecnología en el mercado legal, desde los autos que se conducen solos hasta la inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones legales. Para esta fecha, contamos con el apoyo de nuestros amigos de Santex.
El evento se llevará a cabo el jueves 21 de julio a las 7:30 pm en las instalaciones de Comunal Coworking (Jr. Colina 107, Barranco). El ingreso es libre y no es necesario inscribirse previamente.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado una nueva resolución no vinculante afirmando la validez de los Derechos Humanos en entornos digitales. En la Resolución A/HRC/32/L.20 aprobada a inicios de este mes, el órgano de Naciones Unidas encargado de promover el respeto a los Derechos Humanos se ha vuelto a referir a que estos también deben estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, la privacidad y la libertad de asociación. Aunque no es la primera vez que su validez es reconocida, sí llama la atención el contexto y las reacciones en torno a su aprobación.
Verifica cuantas líneas tienes a tu nombre en verifica.osiptel.gob.pe Actualiza los datos personales de tu servicio y contribuye con la seguridad ciudadana.
Si tiene un teléfono móvil, seguramente desde hace unos días viene recibiendo este mensaje en su buzón de SMS. En sí mismo el mensaje no es más que un recordatorio, una pequeña e inofensiva alerta que lo invita a revisar el número de líneas que están a su nombre. Podría parecer que es alguna campaña de su operadora o uno de los avisos de OSIPTEL, pero nada más lejos de la realidad.
Detrás de este mensaje hay una interesante historia en la que están envueltas no solo las compañías que brindan servicios de telefonía móvil, sino también el OSIPTEL, el Ministerio de Transportes, y Comunicaciones (MTC) e incluso el Ministerio del Interior. Esos últimos vienen librando una batalla por la seguridad ciudadana de muchos años cuyo costo estamos pagando todos, sin saberlo.
Quizás la primera reacción es preguntarse por qué recién hemos empezado a hablar de un caso que se decidió a inicios de marzo. En principio, las resoluciones se publicaron en la página web del Ministerio de Justicia recién a finales de abril de este año. Desde mayo empezamos a investigar el caso en Hiperderecho y, mientras trabajábamos en nuestro análisis, nos sorprendió que el propio Ministerio de Justicia no haya publicado ninguna nota de prensa ni tampoco Google se haya pronunciado al respecto. A su vez, pese a que ambas resoluciones ya era públicas, ningún medio de comunicación pareció notar o interesarse en la historia.
The Peruvian Data Protection Authority has decided the first case in which applies the “Right To Be Forgotten.» Last March, this administrative office fined Google with USD 75,000 for refusing to remove negative search results linked to the name of a Peruvian citizen and impeding him exercising his right of cancellation of personal data. This decision from an administrative office, not a court, could have a deep impact on freedom of speech and innovation in Peru and everywhere.
The case
Since 2011, Peru has a Personal Data Protection Law which grants Peruvian citizens the rights to ‘access’, ‘rectification’, ‘cancellation’ and ‘opposition’ to the use of their personal data by third parties which records, stores, disseminates it. Whenever a citizen wants to exercise one of those rights, they must do so against the companies treating their personal data. Afterwards, if they don’t receive a satisfactory response, they can appeal to the Peruvian Data Protection Authority seeking a remedy.
Google ha sido objeto de la primera sanción sobre el llamado “Derecho al Olvido” en Perú. Por negarse a retirar los resultados de búsqueda asociados al nombre de un ciudadano peruano, ha sido multado con más de 250 mil soles por la Dirección General de Protección de Datos del Ministerio de Justicia.
Durante la primera etapa del procedimiento, Google nunca presentó descargos y solo se limitó a señalar que Google Perú no era responsable del servicio de búsqueda y que el verdadero responsable, Google Inc., no había sido notificado. Sin embargo, luego de emitida la primera resolución de sanción, Google Perú presentó un Recurso de Reconsideración ante la propia Dirección de Protección de Datos. Este recurso, aunque fue rechazado, le dio por primera vez al buscador la oportunidad de ensayar una defensa.
