16 de junio: Conexiones

Hiperderecho organiza este mes la cuarta edición de su ciclo Conexiones. Se trata de un espacio de aprendizaje colaborativo abierto al público en general. Su objetivo es poder reunir a personas de distintos ámbitos académicos y profesionales en torno a los problemas recientes en materia de políticas públicas y tecnología.

En esta fecha estará con nosotros Sandro Marcone del Instituto para la Sociedad de la Información, quien nos contará de la investigación sobre Cultura Digital en Perú que vienen haciendo. También nos acompañará Juan Eladio Sánchez de Mozilla Perú, quien nos contará de los proyectos que viene desarrollando la comunidad local de desarrolladores de Mozilla. Además, Miguel Morachimo de Hiperderecho comentará la reciente decisión de la Autoridad de Protección de Datos que se pronuncia por primera vez sobre el controvertido Derecho al Olvido contra Google en Perú. Para esta fecha, contamos con el apoyo de nuestros amigos de Laboratoria.

El evento se llevará a cabo el jueves 16 de junio a las 7:30 pm en las instalaciones de Laboratoria (Av. Pardo 601, piso 11). El ingreso es libre y no es necesario inscribirse previamente.

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Reforma del Código Penal, Decreto Legislativo 1182 y cómo se aprueban las leyes en el Perú

Sin duda alguna, mayo ha sido un mes marcado por diferentes sucesos de gran importancia para el país. Junto con el final de la campaña electoral y los destapes periodísticos de último momento, figura también la aprobación pendiente del texto que modifica el Código Penal y que ha generado acalorados debates.

Al respecto de este último hecho, a lo largo de las dos últimas semanas se ha escrito mucho sobre las deficiencias del proyecto de reforma. Se ha criticado, por ejemplo, que las penas han sido incrementadas o disminuidas usando criterios cuestionables y se han incluido nuevos tipos penales y agravantes contradictorios o superpuestos. Pero también hay un detalle que no hemos podido dejar de notar: el texto que quiere reformar el Código Penal incluye… ¡Un proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo 1182!

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Informe: TPP y la amenaza al ejercicio de derechos a través de Internet

Hiperderecho y la Red Peruana para una Globalización con Equidad (RedGE) han publicado este mes el informe El TPP y la amenaza al ejercicio de derechos a través de Internet para libre descarga.

El informe ofrece un repaso de los principales riesgos que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) presenta para el ejercicio de derechos a través de Internet en nuestro país. En particular, hace énfasis en el desequilibrio que existe entre el tratamiento a los titulares de derechos de autor versus los derechos de los usuarios de cultura y tecnología. Este desequilibrio es explicado a través de los casos de las medidas de protección tecnológicas y la responsabilidad de Intermediarios en Internet. El informe ha sido elaborado por Miguel Morachimo y Martín Borgioli de Hiperderecho y publicado gracias al apoyo de Ana Romero y Roxana Rodríguez de RedGE.

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Uber: la aplicación móvil incomprendida

Por: Verónica Arroyo*

Uber, una de las aplicaciones más populares para pedir el servicio de taxi, viene siendo blanco de demandas, protestas y órdenes judiciales de cierre desde hace dos años. Todo comenzó cuando, debido a su éxito repentino, los taxistas vieron en Uber a un competidor que no tuvo que pedir ningún permiso, presentándoseles como una competencia “desleal”. Luego, llegaron las demandas laborales por parte de los conductores de Uber, quienes se consideraban trabajadores de la compañía.

No obstante el éxito que han tenido estos cuestionamientos, es claro que parten de una concepción errónea: considerar a Uber como una empresa de transportes. Lo cual, para la felicidad de Uber, parece haber sido solucionado con la nueva demanda que tiene en sus manos. Por fin, un juez de Nueva York entendió que Uber es una compañía tecnológica que ofrece una aplicación móvil para conectar conductores con usuarios. Sin embargo, como veremos, dicha felicidad se opaca con el tenor de la demanda.

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Voto electrónico en el Perú, o cómo jugar con el derecho fundamental de nuestra democracia

A menos de un mes de la segunda vuelta de nuestras elecciones presidenciales, las interrogantes entorno al voto electrónico siguen sin aclararse. Como analizaba en su momento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue modificando la reglamentación para implementarlo a su antojo. Lejos de ser transparente, esta implementación se dio bajo un oscurantismo digno de sospecha. Hoy no sabemos si nuestro voto realizado electrónicamente es seguro, privado y secreto.

Un anuncio irresponsable

A principios de marzo, la ONPE anunciaba que iba a implementar el voto electrónico en treinta distritos del país. A partir de allí, todas fueron dudas. Sin siquiera saber cómo hacerlo, más de tres millones de votantes iban a emitirlo por primera vez. Una semana antes de los comicios, la ONPE decidió dar un paso atrás y acertadamente reducir la cantidad de distritos donde se iba a implementar. En este contexto, la sociedad civil y la comunidad técnica comenzaron a cuestionar la seriedad, legalidad e improvisación de tal implementación.

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Informe: ¿Por qué derogar el Decreto Legislativo 1182?

Como parte de nuestra campaña Contra el Decreto Legislativo 1182, hoy publicamos un nuevo reporte los problemas constitucionales del Decreto Legilslativo 1182. Este reporte critica tanto el mecanismo de acceso a datos de geolocalización sin orden judicial como el mandato de retención de datos de tráfico por tres años.

Este reporte desarrolla progresivamente las razones por las cuales el Decreto Legislativo 1182 contiene propuestas que son inconstitucionales, que afectan gravemente la privacidad de los usuarios y no respetan los principios de necesidad y proporcionalidad. En particular, sostiene que el acceso a datos de geolocalización de teléfonos móviles sin orden judicial es ilegal porque esta información está igualmente protegida como el contenido de las comunicaciones. Así mismo, explica cómo la obligación de conservar todos los datos relacionados con las telecomunicaciones de los peruanos constituye un nuevo mecanismo que afecta la privacidad de todos los peruanos al registrar información sobre registro de llamadas, navegación de Internet y desplazamientos geográficos, entre otros.

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Informe: Decreto Legislativo 1182, Geolocalización y Proceso Penal

Como parte de nuestra campaña Contra el Decreto Legislativo 1182, hoy publicamos un reporte completo sobre el mecanismo de geolocalización y su impacto en el proceso penal. A lo largo de sus veinticuatro páginas, este informe analiza en detalle las implicancias del nuevo mecanismo de acceso a datos de geolocalización en el contexto de sistema procesal penal que existe en nuestro país.

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26 de mayo: Contra el Decreto Legislativo 1182 en San Marcos

Hiperderecho y Avanzada Estudiantil organizan este jueves 26 de mayo un conversatorio sobre Vigilancia Estatal y Derechos Humanos en la Universidad de San Marcos. Este evento es parte del ciclo de actividades que estamos llevando a cabo en la campaña “Contra el Decreto Legislativo 1182” gracias al financiamiento del Media Democracy Fund.

El evento servirá para presentar la campaña y los informes legales que la sustentan, que estará a cargo de Ricardo Elías, Carlos Guerro y Miguel Morachimo. Además, conteramos con los comentarios de los profesores Miguel Perez Arroyo y Marcial Paucar Chappa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Contra el Decreto Legislativo 1182

Esta semana presentamos nuestra iniciativa Contra el Decreto Legislativo 1182. Se trata de una campaña informativa que busca difundir entre el público en general los múltiples problemas del Decreto Legislativo 1182, también conocido como Ley Stalker o Ley de Geolocalización. Esta norma, aprobada sin debate previo ni justificación, autoriza a la Policía a acceder a la ubicación de cualquier usuario de celulares sin orden judicial y obliga las empresas de telecomunicaciones a guardar registros de tráfico, desplazamiento y llamadas de todos sus usuarios por hasta tres años.

Esta campaña incluye un video que explica los riesgos del Decreto Legislativo, una página web informativa con infografías, respuestas a preguntas frecuentes y un archivo de todo lo que hemos publicado, un resumen ejecutivo del problema, dos informes legales que publicaremos pronto con las razones específicas por las que es necesario derogar este Decreto y una serie de eventos públicos.

Vamos a tener una serie de actividades para presentar esta campaña, conversar con especialistas y usuarios y conocer sus preocupaciones. La primera fecha será este jueves 19 de mayo en San Isidro como parte de nuestro ciclo Conexiones. También estaremos presentado la campaña en un evento especial el próximo jueves 26 de este mes en la Facultad de Derecho la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Lineamientos del OCDE para el comercio electrónico: ¿Perú va en la dirección correcta?

A finales del mes de marzo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un documento titulado “Consumer Protection in E-commerce” (Protección del consumidor en el comercio electrónico) que recoge una serie de lineamientos dirigidos a expandir el comercio electrónico y asegurar mayores derechos para los consumidores de este sector. En correspondencia, INDECOPI emitió una nota de prensa en la que señalaba su intención de difundirlos en el país y, presumimos, también usarlos como una fuente autorizada al resolver controversias.

No es la primera vez que la OCDE hace recomendaciones sobre comercio electrónico. En 1999 publicó una primera versión de lineamientos de protección para el consumidor de este tipo de negocios y durante los quince años siguientes ha venido produciendo diferentes documentos que analizan al detalle la evolución de la economía digital y plantean diferentes acciones para fortalecerla. En la mayoría de los países miembros de la OCDE, estos lineamientos han sido la base para dirigir las políticas públicas del sector.

No obstante, al ser una hoja de ruta en permanente evolución, esta última publicación constituye una referencia interesante si la comparamos con la forma en que se ha intentado proteger al consumidor del e-commerce en el Perú (que no es miembro de la OCDE), tanto a nivel de regulación como de buenas prácticas de las empresas. ¿En qué estado de desarrollo nos encontramos? ¿Hemos avanzando siguiendo estos lineamientos? A continuación intentamos resolver en algo estas preguntas.

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