By Miguel Morachimo

Acceso a la Información Pública: ceguera estadística

Hace un par de meses presentamos Pidela.info, nuestra herramienta para enviar solicitudes de acceso a la información pública a cualquier entidad a través de Internet. Al trabajar en esta herramienta, hemos pensado mucho en cómo funciona el Acceso a la Información Pública en nuestro país. Sin embargo, no nos hemos detenido tanto en problemas conocidos como la ausencia de una Autoridad de Transparencia o la amplia flexibilidad que otorgan las excepciones de información reservada, confidencial y secreta. En cambio, nos ha llamado la atención un aspecto poco estudiado: lo poca información que existe sobre con qué frecuencia y con qué nivel de satisfacción se ejerce este derecho. Un tema sobre el que vale la pena reflexionar de cara a la próxima creación de la Autoridad de Transparencia.

Desde su aprobación, la Ley de Transparencia señalaba que la Presidencia del Consejo de Ministros quedaba obligada a enviar al Congreso informes anuales sobre el número de solicitudes atendidas y no atendidas. Sorprendentemente, esta fue quizás la única medida de seguimiento que se creo con la Ley. Cierto, si un funcionario se negaba a cumplir con la Ley podía ser denunciado por el delito de abuso de autoridad. Pero esta medida era más un castigo directo (y de ejecución difícil) antes que una auténtica forma de saber cómo marchaba una norma tan novedosa.

Seguir leyendo

Una municipalidad peruana ahora prohibe jugar Pokemon GO

Dicen que en en Perú nos gusta ser los primeros en todo. Siguiendo esa tradición nacional, hoy la Municipalidad del distrito de La Punta ha publicado la primera norma legal que regula el uso de videojuegos de realidad aumentada en la vía pública. Se trata de la primera norma legal de su tipo en la región y una de las primeras en el mundo en intentar algo semejante. La norma prohibe el uso de videojuegos como Pokemon GO en todo el distrito, salvo que se haga en las zonas especialmente designadas por la Municipalidad y en el horario autorizado. Quienes se nieguen a cumplir con esta norma podrán ser multados con hasta 395 soles y su dispositivo móvil retenido.

Digámoslo rápidamente: no existe ninguna justificación legal para que la Municipalidad de la Punta prohiba a cualquier vecino o visitante de su distrito hacer lo que quiera con su teléfono en la vía pública. En principio, ni siquiera tiene la potestad de regular el tránsito de peatones en su distrito, como señala Alonso Gurmendi en su muy completo artículo. Las municipalidades pueden restringir el uso de espacios públicos (ej. horarios de apertura de parques) o las actividades que en ellos de desarrollan (ej. consumir alcohol, hacer fuego abierto) pero no decirnos por dónde caminar o qué hacer mientras caminamos.

Seguir leyendo

Pidela.info: hackeando nuestro Derecho de Acceso a la Información Pública

Esta semana presentamos al público nuestra nueva aplicación: Pidela.info. Se trata de la primera plataforma peruana que permite a cualquier persona enviar oficialmente Solicitudes de Acceso a la Información Pública a través de Internet en forma gratuita y por Internet. Además, todo el procedimiento es público: desde el pedido inicial hasta su respuesta pueden ser consultados por cualquier persona en el futuro.

El problema

La Constitución Peruana y la Ley de Transparencia reconocen nuestro Derecho de Acceso a la Información Pública. Este derecho nos permite solicitar y obtener cualquier documento, fotografía, base de datos, grabación o archivo creado, obtenido o en poder del Estado. Sin embargo, el ejercicio de este derecho tiene una serie de problemas: los formatos a llenar son complejos, los puntos de atención no siempre están indicados, hay que pagar por copias y se requiere invertir mucho tiempo y recursos para presentar una solicitud de forma exitosa. Esto hace que el ejercicio de este derecho sea exclusivo de unos pocos. Seguir leyendo

El sistema de espionaje de las comunicaciones que dejó Humala

Una nueva investigación de Frank Bajak para Associated Press ha revelado detalles sobre el nuevo sistema de vigilancia e intervención de las comunicaciones que está siendo desplegado por el Estado Peruano. Como ya había sido denunciado el año pasado, la adquisición de este sistema informático por 22 millones de dólares a la empresa israelí Verint Systems se realizó sin licitación previa y bajo orden expresa del ex presidente Ollanta Humala. El asunto fue materia de investigación en la Contraloría y en la Comisión de Inteligencia del Congreso desde agosto del año pasado. Sin embargo, por la naturaleza reservada de esta instancia, no se supo mucho más del tema. Esta semana, gracias a nuevos documentos difundidos por Associated Press, conocemos por primera vez las capacidades técnicas y los entretelones de la puesta en marcha de este controvertido sistema para intervenir y monitorear comunicaciones en Perú.

Seguir leyendo

Protección de datos personales: la nueva puerta falsa de la censura

La reciente denuncia interpuesta por Javier Villa Stein contra Ojo-Publico.com parece insólita pero es una historia familiar. Cada vez más, la Ley de Protección de Datos Personales está siendo usada como una forma de detener la difusión de cualquier contenido que, sin ser difamatorio, simplemente no le agrada al involucrado. ¿Es esta realmente la mejor forma de aplicar una ley orientada a proteger la privacidad de los peruanos?

Lo que sabemos hasta ahora es que existe una denuncia presentada por el ex presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, contra este medio de investigación ante la Autoridad de Protección de Datos Personales. La razón aparente es que Ojo-Publico.com estaría llevando a cabo un tratamiento no autorizado de los datos personales del jurista en reportajes elaborados sobre la base de sus declaraciones juradas, incluido el uso de su voz (un dato personal, según la Ley peruana) en la grabación de una entrevista telefónica concedida por el denunciante. Es decir, un juez supremo ha denunciado ante el Ministerio de Justicia a un grupo de periodistas por publicar en Internet una entrevista que él mismo concedió. No cuestiona el sentido de la entrevista, ni niega haberla prestado; simplemente no quiere que aparezca su voz.

Seguir leyendo

Malas ideas, buenos negocios

Desde hace años existe un género de propuestas legislativas en el país que aparecen y reaparecen cada cierto tiempo bajo diferentes premisas. A veces se presentan como ideas innovadoras e incluso son propuestas por diferentes tiendas políticas. Sin embargo, en el fondo todas proponen lo mismo. Les propongo dos ejemplos.

Quitarle contenido al secreto de las comunicaciones

En octubre de 2011, como parte del paquete de propuestas que dieron origen a la actual Ley de Delitos Informáticos, se presentó el Proyecto de Ley No. 307–2011/CR del congresista fujimorista Octavio Salazar. En él se señalaba expresamente que quedaban fuera del secreto de las comunicaciones la información de la titularidad de cierto número celular, su número de registro, tráfico de llamadas y números IP. En pocas palabras, si se hubiese aprobado esta ley, no sería necesaria la autorización judicial para conocer el nombre del titular de un teléfono, el abonado vinculado a un número IP o su tráfico completo de llamadas. Afortunadamente este texto, que contaba con el visto bueno de la Comisión de Justicia, fue eliminado en el 2013 de la versión final de la Ley de Delitos Informáticos vigente.

Seguir leyendo

Naciones Unidas: Interrumpir acceso a Internet es una violación a los Derechos Humanos

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado una nueva resolución no vinculante afirmando la validez de los Derechos Humanos en entornos digitales. En la Resolución A/HRC/32/L.20 aprobada a inicios de este mes, el órgano de Naciones Unidas encargado de promover el respeto a los Derechos Humanos se ha vuelto a referir a que estos también deben estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, la privacidad y la libertad de asociación. Aunque no es la primera vez que su validez es reconocida, sí llama la atención el contexto y las reacciones en torno a su aprobación.

Seguir leyendo

Preguntas abiertas sobre la sanción a Google en Perú

La reciente decisión de la Dirección General de Protección de Datos Personales que sanciona a Google por negarse a retirar los resultados de búsqueda asociados a un ciudadano peruano ha generado diferentes reacciones. Al respecto, recomiendo las columnas de Andrés Calderón y Marco Sifuentes para El Comercio y, del otro lado, la que escribió el propio Jefe de la Autoridad de Protección de Datos en La Ley cuatro días después de resolver el caso en marzo de 2016.

Quizás la primera reacción es preguntarse por qué recién hemos empezado a hablar de un caso que se decidió a inicios de marzo. En principio, las resoluciones se publicaron en la página web del Ministerio de Justicia recién a finales de abril de este año. Desde mayo empezamos a investigar el caso en Hiperderecho y, mientras trabajábamos en nuestro análisis, nos sorprendió que el propio Ministerio de Justicia no haya publicado ninguna nota de prensa ni tampoco Google se haya pronunciado al respecto. A su vez, pese a que ambas resoluciones ya era públicas, ningún medio de comunicación pareció notar o interesarse en la historia.

Seguir leyendo

¿Por qué se ha sancionado a Google en Perú?

Google ha sido objeto de la primera sanción sobre el llamado “Derecho al Olvido” en Perú. En diciembre de 2015, la Dirección General de Protección de Datos Personales impuso a Google una multa de 65 UITs por negarse a retirar resultados de búsqueda negativos de un ciudadano peruano y obstaculizar el ejercicio de su derecho de protección de datos personales. Siguiendo nuestra entrega anterior, ahora analizamos en detalle las razones que llevaron a la Autoridad Nacional de Protección de Datos a esta decisión.

Seguir leyendo