Antes de ser parte de Hiperderecho, tenía un concepto distinto de lo que es “acceder a la justicia”. Los paradigmas o imaginarios colectivos sobre la posibilidad de hacer una denuncia, de llevar un proceso penal o simplemente hablar con un policía sobre algún tipo de violencia que haya atravesado era distinta. Pero no lejana de la realidad con la que me tope a raíz de la investigación y acompañamiento que realizamos desde Después de la ley.

Lo que deseo compartir a lo largo de esta reflexión es que no necesitamos ser abogadxs para identificar y entender el camino hacia la justicia en casos de violencia de género en línea (VGL). Tampoco necesitamos serlo para identificar si nuestros derechos están siendo vulnerados durante el proceso. 

El acceso a la justicia como un privilegio

Aún cuando existen normas nacionales e internacionales que promueven el ejercicio, disfrute y protección de los derechos humanos, el acceso a estos derechos fundamentales, sigue siendo un privilegio de clase, etnia, género y demás interseccionalidades. Además, es importante recordar que los sistemas sociales, históricamente han sido diseñados por y para hombres, heteros, cisgénero y blancos en su mayoría, de modo que “la Justicia” no escapa a esta construcción patriarcal. Estos puntos fueron algunos puntos de partida en el equipo de Después de la Ley para el desarrollo del Informe 1, respecto a los obstáculos en la atención de denuncias de violencia de género en línea y el Informe 2 sobre la metodología utilizada en el proyecto, donde mis compañeras Patricia Bravo y Denisse Albornoz, propusieron una metodología jurídica feminista para personas que investigamos y acompañamos casos de VGL. 

Una de estas metodologías es “la pregunta por la mujer” que busca establecer todos los cuestionamientos interseccionales posibles no solo para llevar un caso de VGL, sino para legislar y crear políticas públicas. A partir de estas reflexiones, confirmamos que decidir acceder a justicia y reparación para algún tipo de VGL desde una denuncia como ciudadnxs “de a pie”, sin formación legal, no únicamente es una decisión valiente y difícil. Además, debemos prepararnos para enfrentarnos a un Sistema Jurídico Patriarcal, con leyes y funcionarios con distintos sesgos conservadores, misóginos, clasistas, racistas, homolesbobitrasfobicos, entre otros sesgos. Esto evidencia la necesidad de una formación con enfoque de género y entendimiento de la tecnología. Sin embargo, esto no es suficiente pues a través de estos informes, se identifican las limitaciones de difusión y de comunicación asertiva que tienen los organismos del estado para informar a la ciudadanía sobre los procesos, derechos y posibilidades de acceder a justicia.

Las brechas digitales existentes, como la necesidad de infraestructura descentralizada y la alfabetización digital, reduce la probabilidad de que todxs lxs peruanxs podamos navegar en las plataformas que brinda el estado para conocer las posibilidades de rutas de atención de estas denuncias sobre VGL. A eso le sumamos lo complejo que puede ser el entendimiento de la literatura y herramientas jurídicas y legales. Frente a estos obstáculos, podemos desistir de presentar la denuncia o vernos en la necesidad de buscar unx abogadx privadx, que requiere un presupuesto que no todxs podemos tener, tan solo para decidir denunciar o no. La democratización de la información para acceder a justicia en casos de VGL debe tomar en cuenta la adaptabilidad de los lenguajes y tecnicismos legales y jurídicos, los distintos canales de difusión según las particularidades de cada región, distritos y contextos a nivel nacional. 

La Tutela Jurisdiccional Efectiva como una herramienta pedagógica y de defensa colectiva 

Cuando leí por primera vez “Tutela Jurisdiccional Efectiva” (TJE) lo que hice, como muchas personas con acceso a internet, fue averiguar el significado en algún buscador. Sin embargo, no fue suficiente y recién a partir de las exposiciones de mis compañeras no solo caí en cuenta en la urgencia de que cada persona viviendo en Perú la conozca, sino también en la poca o nula difusión para que realmente la conozcamos y sobre todo para que la entendamos.

La TJE está conformada por 7 derechos dirigidos y aplicables a las personas que realizan una denuncia penal y que se han explicado en la Guía para entender el derecho a la TJE que hemos lanzado desde Después de la Ley. De modo que esta guía busca ser una herramienta para que a partir de un caso práctico nos identifiquemos en las distintas situaciones que conlleva atravesar un proceso de denuncia sobre VGL.

Desde mi punto de vista, la guía es una herramienta pedagógica y amable para que cualquier ciudadanx sin estudios previos en derecho pueda saber cuando están vulnerando nuestros derechos. Además permite reconocer cuáles son las etapas que iremos recorriendo en este desgastante pero reivindicador camino hacia la justicia de género en casos de VGL. También identifica a los actores involucrados en el proceso y cuál debería ser la calidad de atención que debemos recibir por parte de cualquier funcionario y/o autoridad: desde el trato que tenemos con la policía en alguna comisaría, hasta la forma en que “el juez” exige que se cumpla la posible sentencia. 

En esta guía también nos detenemos a hacer reflexiones sobre la interpretación desde el enfoque de género y algunas particularidades que la violencia de género desde el uso de la tecnología de los derechos procesales. 

Este tipo de interpretación es necesaria, pues originalmente no fueron pensados ni diseñados con estas dos indispensables variantes: género y tecnología. Esta mirada se suma al empoderamiento de la persona que realiza la denuncia porque nos será más fácil reconocer si nuestro caso está siendo llevado de manera adecuada.

Si bien el derecho a la TJE está pensado para que no se vulneren los derechos de la persona que realiza la denuncia, la guía busca que entendamos estos derechos y sea posible la socialización del conocimiento. Esta es una manera de cuidarnos y defendernos colectivamente, a partir de la democratización de la información. Por eso también la considera una herramienta de defensa comunitaria. 

Más allá de las distintas posibilidades de mejora para la currícula nacional de educación, en la cual esperamos se aplique de manera efectiva el enfoque de género, la interculturalidad y alfabetización digital, veo como una necesidad igual de importante, una formación mínima indispensable para conocer las maneras que como ciudadanxs tenemos para acceder a la justicia e identificar cuando ese acceso y atención están siendo vulnerados. 

Les invitamos a que revisen la Guía para entender el derecho a la TJE y que la compartan. Además, les invitamos a ver la presentación que realizamos hace unas semanas con el equipo legal de investigación y acompañamiento del proyecto, y con Cinthia Silva, abogada penal y parte de la Red de expertxs externa en Después de la Ley

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