Desde el primer día y hasta la fecha, se han planteado múltiples cuestionamientos acerca de WachiTaxi. Por ejemplo, están aquellos que cuestionan la arquitectura de la aplicación y su funcionalidad limitada para el usuario, quien podría encontrar complejo recordar dos contraseñas y sacarle una fotografía al conductor de cada taxi que toma. También los que argumentan que las políticas de privacidad de WachiTaxi no son claras y cuestionan que el Estado esté promoviendo una iniciativa privada sin mayor transparencia sobre cómo se usarán los datos generados o con quiénes se compartirán. Por su parte, los propios usuarios de la aplicación han dejado opiniones muy críticas en las plataformas de Google Play y en el AppStore de Apple.
En la coyuntura actual, en la que se discuten casos de corrupción dentro del Estado, la Defensoría del Pueblo ha presentado una iniciativa que bien podría ayudar a solucionar muchos de estos problemas. Desde febrero de este año está sobre la mesa de la Comisión de Fiscalización y Contraloría el Proyecto de Ley No. 947/2016-DP.
Este Proyecto de Ley propone extender la transparencia de: (a) Los procesos de promoción de la inversión privada, y (b) el contenido de los correos electrónicos de funcionarios públicos. Su justificación es sencilla. En principio, toda la información producida por el Estado es pública, pero por motivos injustificados se ha venido bloqueando el acceso a estos dos elementos. Con esta norma, se busca revertir dicha situación y fortalecer el control de la ciudadanía.
En Hiperderecho nos ha llamado especialmente la atención el extremo del proyecto que quiere hacer público el contenido de los correos electrónicos. En principio porque es una herramienta potencialmente muy útil para la fiscalización, pero también porque es el punto final a un viejo debate sobre el ejercicio de la privacidad en la función pública cuando se usan medios electrónicos.
Una de las medidas más importantes que ha tomado este Gobierno es liberar el acceso al Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ). Sin embargo, esta labor se viene haciendo poco y mal. Hay muchas medidas más inteligentes que el Ministerio puede tomar, aunque probablemente carece de cualquier tipo de incentivo para hacerlo.
Hasta hace pocos meses, acceder a la base de datos de normas legales vigentes mantenida por el Ministerio de Justicia costaba más de 1,100 soles. Es decir, el Poder Ejecutivo le cobraba a cualquier peruano interesado en consultar el archivo oficial y completo de legislación actualizada el equivalente a casi dos sueldos mínimos al año.[1] No es broma, hace siete años escribí un artículo sobre lo mismo. Pregúntenle a cualquier abogado que conozcan. Una situación ridícula y vergonzosa para cualquier democracia acometida con complacencia por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia durante muchísimos años, que nunca rindió cuentas de cómo usaba estos recursos ni de la razonabilidad de la tasa cobrada. Al punto que el año pasado la OECD diagnosticó este como uno de los problemas principales de nuestro país en su reciente análisis de marco regulatorio para Perú.[2]
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
Finalmente se creó la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aunque fue de las primeras promesas de campaña del Presidente Kuczynski, fue el último Decreto en ser aprobado en el último día en el que podía aprobarse bajo las facultades delegadas. Pero el Decreto Legislativo 1353 no se limitó a crear la Autoridad de Transparencia, sino que también modificó en parte la controvertida Ley de Protección de Datos aunque manteniéndo su aplicación a cargo del Ministerio de Justicia.
Como se temía, los resultados dejan bastante que desear. Dice mucho del estado actual de nuestra democracia que tenga que recurrirse a un mecanismo de excepción (decreto legislativo) para crear una instancia de excepción (tribunal administrativo) porque ni el Congreso ni el Poder Judicial quieren o pueden o se les deja hacer su trabajo. Lo que es todavía peor es que cinco días después la misma norma tenga que ser modificada, no corregida, sino modificada mediante Fe de Erratas porque nuestro Ejecutivo “técnico y pragmático” no terminó de decidirse sobre un texto final. El resultado de esta evasión serial de instituciones es obviamente una norma blanda, descalificada por sus propios proponentes, políticamente light y con muy pocas chances de resultar efectiva.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
Hace un par de meses presentamos Pidela.info, nuestra herramienta para enviar solicitudes de acceso a la información pública a cualquier entidad a través de Internet. Al trabajar en esta herramienta, hemos pensado mucho en cómo funciona el Acceso a la Información Pública en nuestro país. Sin embargo, no nos hemos detenido tanto en problemas conocidos como la ausencia de una Autoridad de Transparencia o la amplia flexibilidad que otorgan las excepciones de información reservada, confidencial y secreta. En cambio, nos ha llamado la atención un aspecto poco estudiado: lo poca información que existe sobre con qué frecuencia y con qué nivel de satisfacción se ejerce este derecho. Un tema sobre el que vale la pena reflexionar de cara a la próxima creación de la Autoridad de Transparencia.
Desde su aprobación, la Ley de Transparencia señalaba que la Presidencia del Consejo de Ministros quedaba obligada a enviar al Congreso informes anuales sobre el número de solicitudes atendidas y no atendidas. Sorprendentemente, esta fue quizás la única medida de seguimiento que se creo con la Ley. Cierto, si un funcionario se negaba a cumplir con la Ley podía ser denunciado por el delito de abuso de autoridad. Pero esta medida era más un castigo directo (y de ejecución difícil) antes que una auténtica forma de saber cómo marchaba una norma tan novedosa.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
Esta semana presentamos al público nuestra nueva aplicación: Pidela.info. Se trata de la primera plataforma peruana que permite a cualquier persona enviar oficialmente Solicitudes de Acceso a la Información Pública a través de Internet en forma gratuita y por Internet. Además, todo el procedimiento es público: desde el pedido inicial hasta su respuesta pueden ser consultados por cualquier persona en el futuro.
El problema
La Constitución Peruana y la Ley de Transparencia reconocen nuestro Derecho de Acceso a la Información Pública. Este derecho nos permite solicitar y obtener cualquier documento, fotografía, base de datos, grabación o archivo creado, obtenido o en poder del Estado. Sin embargo, el ejercicio de este derecho tiene una serie de problemas: los formatos a llenar son complejos, los puntos de atención no siempre están indicados, hay que pagar por copias y se requiere invertir mucho tiempo y recursos para presentar una solicitud de forma exitosa. Esto hace que el ejercicio de este derecho sea exclusivo de unos pocos. Leer más
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
El acceso a la información pública es el derecho que tenemos como ciudadanos de conocer todos los actos y documentos del Estado. Proclamado por la Constitución, es usuado a diario como una herramienta invalorable para interactuar democráticamente con las entidades públicas. En nuestro país, tiene como marco la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada en el año 2002, y se basa en el principio de que “toda información que posea el Estado se presume pública”.
Participación Pública y Rol Fiscalizador
En los últimos años, el rol fiscalizador de la prensa y la sociedad han servido para mejorar el funcionamiento del Estado. Los ciudadanos quieren saber cómo, cuánto, dónde o qué están haciendo sus gobernantes. No es en vano. La reinante sensación de inseguridad, corrupción, impunidad y desconfianza genera esta necesidad de control, de crítica. Paralelamente, y como respuesta, se puede verificar una tendiente apertura de los gobiernos. Esto deviene de lo anterior, buscando eliminar las barreras que la burocracia ha ido instalando. Aspiramos a tener un “Gobierno abierto”. Un Gobierno participativo, colaborador y transparente. Estamos en camino, pero falta.
Abogado por la Universidad Blas Pascal de Córdoba (Argentina) y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Candidato a Máster en Derecho y Tecnología por la Universidad de Tilburg (Holanda).
A menos de un mes de la segunda vuelta de nuestras elecciones presidenciales, las interrogantes entorno al voto electrónico siguen sin aclararse. Como analizaba en su momento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue modificando la reglamentación para implementarlo a su antojo. Lejos de ser transparente, esta implementación se dio bajo un oscurantismo digno de sospecha. Hoy no sabemos si nuestro voto realizado electrónicamente es seguro, privado y secreto.
Un anuncio irresponsable
A principios de marzo, la ONPE anunciaba que iba a implementar el voto electrónico en treinta distritos del país. A partir de allí, todas fueron dudas. Sin siquiera saber cómo hacerlo, más de tres millones de votantes iban a emitirlo por primera vez. Una semana antes de los comicios, la ONPE decidió dar un paso atrás y acertadamente reducir la cantidad de distritos donde se iba a implementar. En este contexto, la sociedad civil y la comunidad técnica comenzaron a cuestionar la seriedad, legalidad e improvisación de tal implementación.
Abogado por la Universidad Blas Pascal de Córdoba (Argentina) y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Candidato a Máster en Derecho y Tecnología por la Universidad de Tilburg (Holanda).
Los transparency reports o reportes de transparencia son informes publicados en forma voluntaria por diversos proveedores de servicios de Internet. Estos reportes periódicos detallan las solicitudes de información o de bloqueo de contenidos realizadas por los gobiernos de todos los países en donde operan. La práctica fue iniciada en el año 2010 por Google como una forma de transparentar la frecuencia y naturaleza con la que distintos gobiernos intentaban acceder por vías oficiales a la información de sus usuarios o bloquear contenidos. Actualmente, el grupo de empresas que publican reportes de transparencia incluye a Facebook, Twitter, Microsoft, Apple, Tumblr y a las principales operadoras de telecomunicaciones de Estados Unidos.
Después de Estados Unidos, los estados que más solicitudes envían son Australia, Alemania, Francia y Reino Unido. En nuestra región, destacan Brazil, Argentina y Chile como los estados desde donde se originan la mayor cantidad de pedidos de información hacia las distintas empresas de Internet que publican reportes de transparencia. Las solicitudes del Estado Peruano han empezado a aparecer en estos reportes desde hace algunos años, incluyendo las realizadas a través del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la Policía. En líneas generales, todavía son pocas las solicitudes formuladas por el Estado Peruano hacia las empresas en Internet (en el año 2013 se conocen menos de 100) respecto de otros países de la región como Argentina o Chile. Otro dato que se reporta en estos informes es el porcentaje de pedidos que son efectivamente respondidos. En este punto, del universo de solicitudes que sí se llegan a presentar desde Perú, existe una tasa alta de solicitudes denegadas ya sea porque se pide información poco precisa, demasiado amplia o no se logra acreditar la legalidad del pedido. El número bajo de solicitudes de información provenientes del Estado Peruano puede estar relacionado a diversos factores: desde la poca frecuencia de investigaciones fiscales o judiciales en los que esta información resulta relevante hasta el desconocimiento por parte de autoridades sobre cómo y a quién solicitar esta información.
Dentro del grupo de empresas que sí publican información sobre Perú, destaca el caso de una empresa en particular. Durante los últimos dos años la empresa que más recibe y atiende positivamente este tipo de solicitudes del Estado Peruano es Microsoft (cuyo reporte incluye servicios como Hotmail y Skype). En el 2012 fueron 84 las solicitudes de información que cursó el Estado Peruano hacia la empresa, mientas que durante el 2013 el número de solicitudes llegó a 66 según la información que la propia empresa facilitó en sus reportes. No sabemos mucho sobre el contenido mismo de estas solicitudes ni sobre su procedencia exacta. Sin embargo, sabemos que en el caso de Microsoft la tasa de respuesta exitosa supera el 90% tanto el 2012 como el 2013. En otras palabras, casi todas las solicitudes de información que envía el Estado Peruano a Microsoft son atendidas.
La información de los reportes de transparencia es útil para apreciar hasta qué punto las autoridades locales están recurriendo a los proveedores de servicios en Internet para obtener información sobre los ciudadanos. De la misma manera, la publicidad de estas cifras contribuye a que no se abuse de este tipo de recursos y pueda apreciarse su frecuencia. Lamentablemente, todavía estamos frente a una práctica poco difundida entre muchas de las demás empresas que concurren en nuestro medio. Los reportes de transparencia deben de convertirse en una práctica estándar no solo en Estados Unidos sino también en Perú, donde tanto empresas de telecomunicaciones como empresas de servicios en Internet locales deberían de empezar a publicar este tipo de informes sobre sus relaciones con el Estado. El análisis de la información hecha disponible por empresas extranjeras demuestra un creciente interés por parte de las autoridades locales en recurrir a este tipo de solicitudes y, en ese contexto, es primordial vigilar que esos recursos se utilicen de manera legal, proporcional y razonable. Una auténtica cultura de la transparencia y del respeto a los derechos humanos solo puede lograrse a través de un equilibrio de poderes y de una constante fiscalización sobre cómo se ejercitan esos poderes.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
