Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
En Hiperderecho creemos que la tecnología es un instrumento clave para cerrar las múltiples brechas en acceso al sistema legal en Perú. Bajo esta mirada, llevamos un tiempo trabajando en el desarrollo de una plataforma que facilite el entendimiento y la correcta presentación de reclamos en materia de seguros de salud. Con mucha alegría, el mes pasado presentamos la versión beta de Asegura tu Derecho, una herramienta web que permite revisar información en un lenguaje accesible y elaborar el documento que se necesita presentar ante la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) para la formulación de un reclamo. En este post les contamos un poco más de qué trata esta nueva plataforma web de Hiperderecho.
El problema
Durante el último año y medio de pandemia, muchos hemos pensado más que nunca en el sistema de salud. Hemos reflexionado sobre la falta de infraestructura, sobre su insuficiente capacidad operativa en tiempos de crisis, o nos hemos maravillado por la entrega y compromiso del personal sanitario. Pero quizás también hemos experimentado dificultades e inconvenientes que, aunque nos parecían nuevos, llevan mucho tiempo aquejando a miles de personas en nuestro país. En concreto, a través de múltiples reportes en medios de comunicación y también anecdóticamente, hemos reconocido los múltiples problemas que nuestros sistemas de salud privados y públicos ya traían de antes.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
Internet empezó hace más de treinta años en una época muy particular de la historia. Se juntaron en los mismos pasillos el movimiento hippie, el sentimiento antibélico y las tensiones sobre libertades de un mundo todavía dividido por la Guerra Fría. En un grupo de universidades de Estados Unidos y Europa, jóvenes investigadores y estudiantes se preguntaban cómo intercambiar conocimiento libremente y más allá de los límites que los medios de comunicación existentes les imponían. La red que resultó de esos experimentos fue diseñada deliberadamente abierta, heterogénea, descentralizada y necesariamente pública. Ellos pensaban construir quizás un mejor sistema de bibliotecas y colaboración pero terminaron cambiando las comunicaciones del mundo. Fue un poder descentralizado que surgió como respuesta a todas las demás formas de poder anteriores.
Las décadas siguientes ampliaron los usos de Internet, que pasó de ser un recurso académico a convertirse en el soporte de transacciones comerciales, servicios públicos y entretenimiento. Esa es la Internet a la que nos conectamos por primera vez en algún momento de nuestras vidas, quizás más temprano o más tarde que el resto. Quienes nacimos a finales del siglo XX tuvimos el privilegio de crecer en paralelo a esta transformación: la de un mundo donde el acceso a la información pasó de ser una excepción a una regla. Probablemente ninguna otra generación anterior ni futura experimentará el haber vivido en ambas épocas. Como resultado, muchas personas a quienes la tecnología tocó de cerca al crecer hoy son artistas, programadoras, periodistas, científicos o abogados que desarrollan sus carreras a través de la tecnología. Este tremendo privilegio también representa una responsabilidad.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
Tras cien días de confinamiento obligatorio, muchos nos preguntamos en qué condiciones podríamos volver a salir a la calle y retomar nuestras actividades. Además de medidas de prevención obligatorias como mantener distancia social y usar mascarillas, se ha comentado mucho sobre la estrategia epidemiológica del “rastreo de contactos”. Es decir, la práctica de identificar y monitorear por distintos medios a personas que pueden haber entrado en contacto con una persona infectada para prevenir que se convierten en nuevos vectores de contagio. Esta práctica de salud pública, conocida y aplicada desde hace décadas, ha cobrado una nueva dimensión durante la actual crisis del Covid-19. Diversos países vienen ensayando el “rastreo de contactos digital” o “rastreo de proximidad” mediante el uso de dispositivos móviles que operan como “testigos” de los contactos entre personas. Hace unas semanas, mi colega Edgar Huaranga escribió sobre cómo las tecnologías de geolocalización y Bluetooth se utilizan en estos casos y cuáles son sus limitaciones.
En Perú se viene hablando del seguimiento de contactos digital casi desde el inicio de la emergencia sanitaria. De hecho, la propuesta inicial de los fundadores de Kambista que gatilló el proceso de creación de la aplicación “Perú en tus Manos” (PETM) ya buscaba seguir los contactos de los contagiados. A inicios de mayo, la Presidencia del Consejo de Ministros anunciaba el lanzamiento “en breve” de dicha funcionalidad a través de la aplicación PETM. El Ministro de Salud señaló en conferencia de prensa del 15 de junio que la actividad de seguimiento de contactos y casos, como parte de las actividades de vigilancia epidemiológica, venía siendo desplegada en el país desde el inicio de la emergencia. En particular, detalló que el seguimiento remoto se estaba llevando a cabo vía telefónica y que pronto se realizaría también por la aplicación para celulares. Un informe de la Secretaría de Gobierno Digital de fines de mayo obtenido por Hiperderecho explica el plan de usar GPS y Bluetooth para el trazado de contactos masivo digital a través de “modelación estadística.”
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
La semana pasada se cumplieron dos meses desde el lanzamiento de “Perú en tus Manos,” la aplicación para teléfonos móviles que presentó el Gobierno durante la emergencia del Covid-19. Para algunos, la iniciativa ha sido un éxito absoluto en términos de acogida al haber alcanzado un millón y medio de descargas. No obstante, el caso de “Perú en tus manos” puede verse como el reflejo de lo que ocurre cuando se intersectan los incentivos para desarrollar tecnología en el Estado y la aplicación de la mentalidad del emprendimiento de alto impacto a las iniciativas públicas. A la fecha, ninguna de las tres funciones de la aplicación cumplen su promesa o han tenido un real impacto en la vida de los pocos peruanos que la usan. Con una nueva versión siendo anunciada como inminente hace varias semanas, vale la pena hacer un repaso de los problemas que hemos observado hasta ahora.
El principal problema de esta aplicación es que prometió más de lo que puede cumplir. ¿Qué era lo que ofrecía a los peruanos exactamente? La función de “triaje” era y sigue siendo simplemente un enlace a la web de triaje desarrollada con anterioridad por el Estado y disponible desde el portal Gob.pe. Por su parte, la vista de estadísticas es nuevamente una versión abreviada de las cifras que ya están disponibles desde la Sala Situacional del Ministerio de Salud.
Quizás lo único nuevo que ofrece esta aplicación es su mapa de zonas de riesgo y su correspondiente promesa de enviar alertas al usuario cuando se encuentre cerca de una. Sin embargo, esta última tiene varios problemas: Para empezar, posee un mapa cuyos datos todavía no se sabe de dónde provienen, con qué frecuencia se actualizan, qué grado de exactitud ofrecen o por qué se envían desde los servidores de una empresa privada. Durante su primer mes, el mapa solo mostró 1400 puntos (versus 36 mil contagiados) y desde el 12 de mayo pasado se ha quedado estático en un poco más de 15 mil puntos (versus 191 mil contagiados a la fecha). En algo común a esta crisis, una versión no oficial de una persona involucrada en el desarrollo de la aplicación explica que menos del 20% de la información que recoge el Ministerio de Salud está lo suficientemente limpia como para alimentar la aplicación.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
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Van 65 días desde que empezó el Estado de Emergencia por el Covid-19 en Perú. Hay mucho que todavía no conocemos sobre cómo funciona esta epidemia y su impacto en nuestra salud. Pero también es bastante lo que estamos avanzando gracias a la intervención oportuna de autoridades y profesionales de la salud en todo el país, especialmente ahí donde menos recursos existen. Lamentablemente, de este tremendo esfuerzo, estamos aprendiendo muy poco como sociedad y continuamos tomando muchas decisiones a oscuras.
Esfuerzos parciales e insuficientes
Este problema ha sido señalado en múltiples oportunidades por diversos especialistas en salud, estadística y análisis de datos. La información públicamente disponible sobre el avance del Covid-19 en el país es escasa, irregular, y no se publica en formatos que puedan ser reutilizados. Esta omisión erosiona la confianza de las personas en sus autoridades, reduce artificialmente nuestro derecho a participar de las decisiones públicas y desafía cualquier interpretación del principio de transparencia estatal. Las pocas plataformas de información operadas por el Estado están construidas desde la perspectiva unidimensional de ofrecer un reporte estático del momento actual de la enfermedad y no la de informar sobre el alcance y efectividad de la intervención estatal propiciando un ecosistema de datos públicos. En ese sentido, no cumplen con el objetivo nacional de fomentar la participación ciudadana en el ciclo de políticas públicas. Asimismo los datos no se encuentran en un formatos estructurado y estandarizado que soporte la interoperabilidad y facilitar la comparación, la trazabilidad y la reutilización efectiva.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
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La nueva aplicación “PerúEnTusManos – Detén el avance del COVID19” va rumbo a convertirse en la aplicación más popular de todas las hechas por el Gobierno en los últimos años. Con más de un millón de descargas, la aplicación para celulares presentada hace menos de dos semanas por el Estado Peruano ha recibido dosis de entusiasmo y confusión por igual de parte de los ciudadanos. Desde mensajes cruzados sobre qué hace y no hace exactamente, teorías de todo tipo sobre cómo interpretar el mapa, y hasta páginas web no oficiales que reutilizan la información que la aplicación muestra.
Esta es quizás la principal preocupación que hemos escuchado de los usuarios de la aplicación. El denominado “Mapa de Zonas Afectadas” muestra círculos sobre un mapa pero nadie está seguro de cómo interpretarlos. ¿Son casas de personas contagiadas? ¿Son zonas aproximadas generadas para proteger el domicilio de los contagiados? En una reciente entrevista a El Comercio, la Secretaría de Gobierno Digital explicó que los círculos eran casos reportados voluntariamente a través de la línea 113 y dentro de la misma aplicación en la opción de “Triaje”. Es decir, que estos marcadores representaban a personas que habían declarado tener síntomas y no realmente los domicilios de pacientes que dieron positivo a la prueba de Covid-19.
En nuestra entrada anterior, decíamos que no encontramos coincidencia exacta entre los domicilios de personas contagiadas que conocemos y los puntos que aparecen en el mapa. ((Por la forma en que la aplicación y el mapa estaban desarrollados, era posible que terceros también descarguen y procesen esta información. A la fecha, hemos encontrado hasta dosmapas no oficiales desarrollados por terceros usando la información del mapa original. En ambos casos, no se molestaron en dibujar un área sino que simplemente pusieron puntos sobre un mapa.)) No obstante, notamos que los puntos sí eran cercanos a dichos domicilios, por lo que equivocadamente asumimos que se había “generalizado” la dirección para proteger a los pacientes de la estigmatización que hoy supone estar contagiado.
Algo que alargó la confusión fue la falta de actualización del mapa, que se mantuvo con los mismos registros hasta antes de ayer. Entre el 3 de abril que se publicó la aplicación y el 12 de abril, no se agregaron ni quitaron ninguno de los 1412 puntos geográficos que existían originalmente. Es decir, desde que la aplicación fue presentada hasta hace un par de días, la información mostrada en el mapa de zonas afectadas siempre fue la misma para todos los usuarios en todo el país. Recién el 13 de abril este número aumentó a 1745 puntos, sin que se movieran las coordenadas anteriores.
Ambas cifras son muy parecidas a los números de personas contagiadas publicadas por el Ministerio de Salud para el 2 de abril (1414) y el 4 de abril (1746) respectivamente. ¿Cómo debemos interpretar esta coincidencia? Si el Mapa de Zonas Afectadas está efectivamente mostrando los domicilios de personas contagiadas, con algunos errores propios de un defectuoso registro manual de direcciones, ¿por qué no se ha protegido el domicilio declarado de los pacientes? Si es así, ¿por qué la aplicación muestra información de hace 9 días? ¿No debería de estar todo esto más claro en la aplicación o en los anuncios del Gobierno?
La confusión e incertidumbre que genera no tener información oficial puede echar a perder el valor de esta aplicación. El Gobierno debe de aclarar de una vez por todas qué significan estos puntos en el mapa, qué autoridad o procedimiento los genera, con qué frecuencia se actualizan y en función de qué información se crean. Además, debe de asegurarnos que están tomando medidas para proteger a los pacientes que son diagnosticados con la enfermedad y que podrían ser identificados por sus vecinos.
Permisos y privacidad
Otro aspecto llamativo de la aplicación desde su lanzamiento fue los permisos que solicitaba: poder enviar notificaciones, usar el GPS, o controlar la conexión Bluetooth de teléfono. Sin embargo, a la fecha no hemos podido comprobar que la aplicación mande notificaciones de ningún tipo. Tampoco hemos encontrado en el código nada que haga referencia al uso de Bluetooth para el rastreo de contactos. Es decir, la aplicación simplemente recolecta estos permisos pero no los usa para nada todavía.
Esta incertidumbre se agravó durante varios días en los que los que la Política de Privacidad de la aplicación cambió completamente dos veces. Además, no existía manera de leerla o descargarla para ningún usuario registrado. Solo era visible durante el proceso de registro, aunque en la versión de iOS un error impedía leerla. Recién desde la última actualización hace seis días, resulta posible leer la Política de Privacidad en su integridad. Conocer qué datos se recopilan, cómo se tratan, durante qué tiempo se conservan y con quiénes se comparten es clave para poder tomar una decisión sobre si queremos o no usar la aplicación. Esta preocupación cobra una dimensión adicional al comprobar en la última versión de la aplicación que se están usando nombre de dominio de empresas privadas para facilitar la interacción de la aplicación. El mismo Presidente y otros medios de prensa han señalado el involucramiento de universidades y empresas privadas en el proceso. Aunque nada en la Política de Privacidad señala que se están compartiendo los datos con estos terceros, ¿por qué la aplicación se conecta con esos servidores?
Nuevamente, acá el Gobierno necesitar ser más deliberado en lo que quiere hacer con la aplicación, no solicitar ni recolectar información innecesaria de los usuarios para su funcionamiento y simplemente obedecer la ley peruana vigente de protección de datos personales.
Necesidad de involucrar a la comunidad
Errores como los descritos van a seguir sucediendo. El tipo de desarrollo tecnológico público al que debemos apuntar no es uno donde no se comentan errores, sino uno donde los errores se identifiquen rápidamente y se aprenda de ellos. Lamentablemente, hoy no existen formas claras de reportar errores o contribuir con el desarrollo de la aplicación más allá de enviar cartas o publicar artículos como este. Ya no solo se trata de demandar mayor transparencia en este proceso, sino de exigir que se permita participar a la comunidad técnica y especializada en el tema.
Por eso, en nuestra carta a la PCM le solicitamos que libere inmediatamente el código de la aplicación como software libre (para permitir su auditoría ciudadana). Así mismo, le pedimos que brinde acceso como datos abiertos a toda la información que se muestra en el mapa y en la sección estadística de la aplicación. No podemos sostener arreglos en los que información como la del Mapa, que se presenta potencialmente como tan útil, hoy solo esté disponible para quien tiene la capacidad de tener un teléfono celular o sepa descarga una aplicación.
Hemos visto evidencia anecdótica suficiente para demostrar que una buena comunidad de desarrolladores, investigadores y periodistas está interesada en usar esta información y llevarla a más personas. Involucrar a la comunidad local de tecnología en este proyecto de manera transparente y equitativa no solo ayudaría a capitalizar este interés sino que también señalaría un excelente ejemplo de cómo desarrollar tecnología pública. Hay muchas cosas que no podemos controlar en esta emergencia, pero esta es una que depende completamente de nosotros. No dejemos que la oportunidad se nos vaya de las manos.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
Esta semana el gobierno peruano presentó la aplicación Perú en tus Manos, en el contexto de la emergencia nacional del COVID19. La aplicación para celulares busca ser un nuevo punto de información entre las autoridades y los ciudadanos durante la emergencia. Como ya lo han hecho muchos otros países, el gobierno peruano quiere usar la tecnología y la capacidad instalada de nuestros teléfonos inteligentes para brindar información sobre zonas de riesgo para contagios y monitorear los desplazamientos de la población. Aunque la aplicación ha sido ampliamente difundida desde ayer, todavía es poco lo que se sabe sobre cómo funciona, cómo usará el gobierno la información recolectada y qué garantías existen para evitar su abuso. Esto es lo que hemos aprendido a la fecha.
¿Qué hace exactamente la aplicación?
La primera función de la aplicación es un despistaje o triaje digital, que es simplemente una vista incrustada del mismo que ya estaba disponible en la web del gobierno desde hace varios días. El triaje recoge información sobre posibles síntomas o contactos, con carácter de declaración jurada, además de dirección de domicilio, teléfono, correo electrónico y contacto de emergencia. Aunque se comprueba la identidad de la persona usando el número de DNI y su fecha de emisión, no se informa sobre cómo se usará esta información, por cuánto tiempo o quién tendrá acceso a ellas. Queda claro que, en caso de identificarse a un paciente sospechoso, se podrá usar es información para contactarlo pero no se señala para qué más serviría la información ni por cuánto tiempo se conservaría. Esta omisión no es exclusiva de la aplicación, ya que también se repite en el sitio web.
La segunda función de la aplicación es mostrar un mapa con puntos considerados de riesgo de contagio. Aparentemente, el mapa no señala direcciones exactas ni puntos precisos donde viven personas contagiadas, solo zonas aproximadas en un rango de dos o tres cuadras. Según hemos podido comprobar manualmente en Hiperderecho, las direcciones exactas de algunos contagiados aparecen dentro de los radios mostrados pero no en el centro. De ser así, esta decisión acertada reduce la posibilidad de que se ponga en riesgo la identidad o integridad de los contagiados, al tiempo que continúa informando sobre las zonas de riesgo de contagio. La información mostrada es exclusivamente generada por las autoridades, se actualiza al menos una vez al día y no se alimenta de los reportes de otros usuarios de la propia aplicación en tiempo real, lo que también previene el uso indebido y el abuso. En teoría, la aplicación debería de mandar notificaciones a los usuarios cuando se desplazan cerca de una zona de riesgo. No obstante, no hemos podido verificar que esa función esté activada. Lo que sí hemos encontrado es que el API con las coordenadas que alimentan el mapa es pública, lo que ha permitido que terceros hagan sus propias versiones del mapa que pueden inducir a error sobre la ubicación de los contagios. Si el Estado busca abrir los datos de zonas de riesgo, debería de hacerlo en forma de polígonos o documentando su condición de aproximados.
La tercera función de la aplicación permite el rastreo de contactos, es la más interesante pero también de la que menos se conoce. Al instalarse, la aplicación solicita acceso a los datos de ubicación geográfica del teléfono por GPS o red móvil, tanto cuando la aplicación está abierta como en segundo plano. Al mismo tiempo, también solicita al usuario permisos para leer el estado del controlador Bluetooth del teléfono y poder cambiar su configuración. Ambos sistemas permiten a la aplicación saber exactamente por dónde circula nuestro teléfono. Crucialmente, usar la tecnología Bluetooth del teléfono permitiría el intercambio de “señales” entre dos teléfonos cercanos con la aplicación instalada y con dicha función encendida. A través de este proceso, un identificador del teléfono de cada persona con la que nos crucemos quedaría registrado en el nuestro y viceversa, sin que tengamos que hacer nada salvo llevar el aparato con nosotros. Esto facilita la detección y aviso a quienes estuvieron en el pasado cerca de una persona con diagnóstico positivo de COVID19 sin saberlo. Sin embargo, aunque esta función estuvo descrita en algunos comunicados de prensa y en la primera versión de los Términos y Condiciones, actualmente no está implementada en el código de la aplicación que revisamos. Algunas preguntas por responder aquí son la distancia mínima o máxima que requerirá para determinar la existencia de un contacto, cómo se gestionarán los identificadores únicos de cada teléfono y si esta información será también sincronizada con otros servidores o servicios externos.
¿Qué reglas gobiernan el uso de la aplicación?
A diferencia de iniciativas similares en otros lugares del mundo, el uso de esta aplicación es completamente opcional por parte de los ciudadanos. No existe una norma legal que haga obligatorio su uso ni tampoco sanciones o controles para quienes no la tengan instalada. En un país donde poco más de la mitad de personas están conectadas a Internet, esta parece una decisión acertada pero también pone en riesgo la efectividad de funciones como la de rastreo de contactos. Si solo quienes tienen un smartphone y la educación suficiente para instalar una aplicación nueva serán la base de usuarios, se corre el riesgo de que quienes carecen de estos privilegios previos continúen en situación de desventaja. Un problema que ni Singapur ha logrado salvar, cuya población estadísticamente mejor educada ha acogido en menos de un 20% la aplicación estatal TraceTogether.
Al ser una aplicación opcional, el uso por parte del Gobierno de datos personales como nombres, teléfono o geolocalización de cualquier usuario necesita de consentimiento previo e informado sobre qué datos se recogen, para qué se usan, con quiénes se comparte o por cuánto tiempo se almacenan. Curiosamente, desde el viernes, la aplicación Perú En Tus Manos ha cambiado varias veces sus Términos y Condiciones que exige a sus usuarios aceptar al momento del registro. Una primera versión (PDF) de este documento era más larga e incluso describe el mecanismo de rastreo de contactos, pero fue en pocas horas cambiada por una versión mucho más corta (PDF).
Esta versión corta, que es la vigente al momento, se limita a señalar que los datos serán usados por el Ministerio de Salud o transferidos a otras autoridades y se conservarán mientras dura el Estado de Emergencia. La versión anterior de mismo documento sí señalaba los datos a usar y su propósito, incluyendo:
Prevenir la expansión acelerada del virus alertando a la población de coincidencias con personas confirmadas con COVID-19
Generar medidas de control eficientes por parte de las entidades autorizadas de personas confirmadas con COVID-19
Para brindar información acertada conforme a los Términos y Condiciones
Para su estudio y análisis con fines estadísticos
Esto significa que los datos de esta aplicación no podrían usarse, por ejemplo, para determinar qué personas incumplieron las reglas de aislamiento social obligatorio o detectar personas con requisitorias. La versión original señalaba a la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como el único ente encargado de custodiar la identidad de las personas detrás de los identificadores de sus dispositivos. Es decir, sería esta oficina la encargada de controlar y brindar acceso a la base de datos que donde se registró qué persona está asociada a qué dispositivo celular.
Con más de medio millón de descargas en la Google Play Store, aunque sin una versión pública para iOS, la aplicación Perú En Tus Manos parece una intervención mucho más sensata y respetuosa de derechos que la de países como Israel o China. Decisivamente, falta ver cómo esta aplicación implementará el rastreo de contactos, qué tan bien se diseñan las reglas de interacción por Bluetooth entre dispositivos y la capacidad institucional del Estado para efectivamente actuar sobre los contactos identificados. Al mismo tiempo, hace falta continuar educando a los usuarios sobre la información mostrada. Algo como un mapa de zonas de contagio puede ser una herramienta útil pero también puede dar una falsa sensación de seguridad a quienes no transitan por esas zonas o provocar exclusión. Hacia adelante, una estrategia de apertura completa permitiría que los datos que muestra la aplicación puedan ser también consumidos por terceros para estudio y desarrollo, con la suficiente documentación para entender cómo se generan las zonas de riesgo y sus márgenes de error.
En el plano legal, la aplicación todavía necesita tener reglas más claras e información más detallada para los usuarios sobre cómo se usará la información, en qué casos se procederá a asociar la identidad de una persona respecto de la de su dispositivo, quién tomará esa decisión, los canales a través de los cuales los ciudadanos podemos supervisar el cumplimiento de estas reglas, así como una forma de reportar vulnerabilidades técnicas. Estamos en un contexto de emergencia y se trabaja contra el tiempo, pero eso tampoco puede justificar que intervenciones que causan más daño del que previenen efectivamente.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
Las recientes elecciones congresales en Perú han sido distintas en muchos sentidos. Entre otras razones, porque se han aplicado por primera vez las normas que prohíben que los partidos y candidatos se anuncien en radio y televisión mediante avisos pagados. Eso ha significado que el esfuerzo y gasto en publicidad electoral se concentre en medios alternativos, desde volantes impresos hasta páginas web y redes sociales. Aunque estas medidas buscaban “equilibrar” la presencia de los candidatos en medios a través de la publicidad, se ha reflexionado poco sobre cómo funciona la publicidad política en línea y sus desequilibrios. De cara a la siguiente campaña electoral del 2021, hay varias cosas pasando en este espacio que merecen especial atención.
En Perú, no existen reglas que obliguen a los candidatos a ser transparentes con el gasto y la pauta publicitaria que colocan en Internet, solo reglas generales de reportar todos sus gastos en campaña. Cuando la publicidad política estaba permitida en televisión y radio, las empresas de radiodifusión eran obligadas a presentar reportes a la autoridad electoral sobre sus ingresos por contenido político. No obstante, pese a la ausencia de obligatoriedad, empresas como Facebook han puesto a disposición de candidatos en todo el mundo herramientas de transparencia voluntarias muy detalladas que les permiten comunicar claramente el contenido, audiencia, origen y gasto en publicidad en línea y están disponibles en Perú.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
