Esta semana se ha presentado el primer Proyecto de Ley en el país que busca combatir una conducta cada vez más frecuente en el mundo: la difusión de pornografía no consentida o “pornovenganza”. Como afirma su promotor, el congresista José Marvin Palma (Fuerza Popular), la norma busca sancionar la difusión de imágenes, vídeos o audios con contenido sexual o erótico, sin consentimiento de las personas involucradas. Aunque esta idea está alineada con otros proyectos de regulación en la región y en el mundo que buscan combatir estos delitos, hemos detectado que la propuesta actual contiene algunas deficiencias que son urgentes de corregir.
¿Qué es la pornografía no consentida?
La pornografía no consentida puede ser entendida como todos aquellos registros (videos, imágenes, voz, etc.) que, sin importar cómo han sido obtenidos, se difunden a través de medios de comunicación masivos como Internet sin el consentimiento de los involucrados. Típicamente, estos actos tienen como objetivo causar un perjuicio a las víctimas al exponer detalles de su intimidad al público.
Desde el primer día y hasta la fecha, se han planteado múltiples cuestionamientos acerca de WachiTaxi. Por ejemplo, están aquellos que cuestionan la arquitectura de la aplicación y su funcionalidad limitada para el usuario, quien podría encontrar complejo recordar dos contraseñas y sacarle una fotografía al conductor de cada taxi que toma. También los que argumentan que las políticas de privacidad de WachiTaxi no son claras y cuestionan que el Estado esté promoviendo una iniciativa privada sin mayor transparencia sobre cómo se usarán los datos generados o con quiénes se compartirán. Por su parte, los propios usuarios de la aplicación han dejado opiniones muy críticas en las plataformas de Google Play y en el AppStore de Apple.
Este domingo 16 y martes 18 de julio realizaremos el Taller “Internet y Acceso a la Cultura: Hackeando a la gran industria”. Como parte del trabajo que realizamos en el área de capacitación y desarrollo de capacidades para favorecer el uso cívico de la tecnología, hemos decidido promover este taller en donde se discutirá el modelo actual de acceso a la cultura y el conocimiento y cómo emplear Internet para subvertirlo.
En abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el Informe Anual 2016 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE). Este documento presenta un balance de la situación general de la Libertad de Expresión en Latinoamérica y resalta diferentes temas de relevancia actual.
Uno de los capítulos del Informe está dedicado exclusivamente a Internet, denominado “Estándares para una Internet Libre, Abierta e Incluyente” y abarca varias controversias con impacto en nuestro país. Este capítulo amplía el trabajo realizado por la propia Relatoría en informes anteriores como el de Libertad de Expresión en Internet (2013), las declaraciones conjuntas realizadas con otras Relatorías y se añaden otros casos y recomendaciones de interés.
Este nuevo informe de la oficina del Relator Especial Edison Lanza apunta a convertirse un documento central para la comprensión de los problemas de la Libertad de Expresión en Internet en la región y nos ayuda a contextualizarlos dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al que pertenecemos. Además, el informe reconoce, entre otros, el trabajo de Hiperderecho sobre el uso de la Ley de Protección de Datos Personales como una herramienta de censura en Perú.
Hiperderecho existe para representar los intereses de los usuarios de tecnología en Perú en todos los debates de política pública existentes en el país. Hace dos semanas recibimos una invitación de la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI) para participar de una mesa de trabajo con diferentes representantes de la sociedad civil. Estas reuniones forman parte de una nueva propuesta presidida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para discutir los temas de la Agenda Digital Peruana.
Un poco de historia
Para quien nunca ha oído sobre ella, la CODESI es un espacio de trabajo de múltiples partes interesadas creado por la Presidencia del Consejo de Ministros en el 2003, cuyo objetivo fue producir un Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información para el Perú. La Comisión estaba presidida en ese entonces por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, que distribuyó a los participantes del sector privado y público en diferentes mesas de trabajo.
Entre 2003 y 2005, estos grupos de trabajo elaboraron un informe que contenía un diagnóstico de la realidad peruana, identificaba necesidades y definía objetivos en diferentes áreas como conectividad, gobierno electrónico, entre otros. Este documento, que se hizo conocido como la Agenda Digital Peruana, fue el referente de trabajo del Estado en materia de Internet durante los siguientes cinco años.
En el 2011 se realizó una evaluación de los avances y se dispuso la reactivación de la CODESI con el fin de actualizar el documento. El resultado fue la Agenda Digital 2.0, que contó con la participación de las regiones del país y afinó aún más los objetivos de cada sector. Del mismo modo que con la versión anterior, el seguimiento estuvo a cargo de una Comisión especial creada para este fin. Sin embargo, a diferencia del Plan anterior, los informes de seguimiento de esta Agenda no se hicieron públicos, generando desconocimiento sobre su nivel de desarrollo. Asimismo, por diferentes motivos se dejó de lado el desarrollo de varios objetivos clave, pese al gran trabajo hecho en materia de Acceso y Gobierno Electrónico.
En ese contexto, el año pasado se inició un proceso de reformas dentro de diferentes organismos del Estado con miras al Bicentenario de la Independencia. Dentro de estos cambios, la Presidencia del Consejo de Ministros dejó la dirección de diferentes Comisiones, entre ellas la CODESI. Desde el mes de marzo de 2017, esta Comisión forma parte del MTC bajo la tutela del Viceministerio de Comunicaciones (próximamente Viceministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).
¿Cómo es que fuimos elegidos representantes?
Uno de nuestros objetivos en Hiperderecho es continuar facilitando y difundiendo el uso de la tecnología de tal manera que las personas puedan reconocer el nexo en esta y los derechos humanos. Consideramos que de esta forma es posible realizar un ejercicio más efectivo de nuestra ciudadanía y explotar el potencial liberador de Internet. En ese sentido, venimos trabajando en algunos de los temas que se priorizaron en la Agenda Digital 2.0 como libertad de expresión, acceso a la información, protección de datos, entre otros.
Además, hemos desarrollado proyectos específicos relacionados como La Voz de la Internet Peruana, primer documento realizado bajo la metodología de crowsdourcing en el país y que permitió un acercamiento directo a las necesidades y aspiraciones de los usuarios de Internet en Perú.
En la reunión antes mencionada a la que asistimos por invitación de la CODESI se nos informó sobre la propuesta de cambios al Decreto Supremo No. 065-2015-PCM. Uno de ellos es prorrogar los objetivos de la Agenda Digital planteados para el 2015 hasta el 2018. Además, incluir en la conformación de CODESI a representantes de la academia, sociedad civil, gremios de la TIC y gobiernos regionales y locales, para tener una visión más completa sobre los temas que se desarrollen en esta materia.
Del mismo modo, se planteó contar por primera vez con dos miembros titulares y dos miembros alternos con el objetivo de que sean representantes de la Sociedad Civil ante la CODESI. Todos los asistentes estuvieron de acuerdo con esa propuesta, por lo cual después de una votación interna la Red Científica Peruana y la ONG Suma Ciudadana fueron elegidos como titulares. Asimismo, Hiperderecho y el Colegio de Abogados de Lima fueron seleccionados como miembros alternos.
Creemos firmemente que esta renovada CODESI puede ser un espacio donde se discutan las inquietudes y problemas que identifica la ciudadanía con respecto a la tecnología y a sus derechos en general. Por ello, buscamos funcionar como un mediador de los intereses y preocupaciones que otros grupos de la sociedad civil puedan tener respecto a estos temas.
Hace poco más de un año, escribíamos sobre los resultados del primer Foro Peruano de Gobernanza de Internet. Comentábamos allí los retos y dificultades de la organización, pero también el largo proceso de construir un espacio en donde se reuniera un número significativo de actores interesados en participar de esta iniciativa. Para los que no están familiarizados aún con este evento, los invito a leer la explicación brindada en la página web del Foro.
Un año de retos y aprendizajes
El principal reto del año pasado fue captar la atención de personas y organizaciones. Dada la ausencia de otros organizadores, Hiperderecho asumió el liderazgo y enfocó su trabajo inicial en identificar actores y contactarlos para proponerles la idea de realizar un Foro de Gobernanza en el país. Luego de varios meses, conseguimos unir un pequeño grupo de representantes de diferentes sectores (Academia, Gobierno y Sociedad Civil) y se tomó la decisión de llevar adelante la organización del primer evento de este tipo en el Perú.
Este año ocurrió todo lo contrario. Por iniciativa propia, fueron las organizaciones del ecosistema las que reclamaron la continuidad del Foro y trabajaron en espacios de coordinación y apoyo para hacerlo viable. Esto se vio reflejado en la participación de actores muy importantes para el desarrollo de Internet en el país como la Red Científica Peruana, Internet Society Perú y varios Ministerios del Estado, todos ausentes en la primera edición. Asimismo, se establecieron nuevos liderazgos como el de Democracia y Desarrollo Internacional y la colaboración del sector privado, a través de la empresa DN Consultores.
Sin la presión de volver a mapear el campo gracias al entusiasmo de estas organizaciones, las tareas para el Foro de este año se centraron en mejorar las condiciones logísticas y elevar la diversidad y calidad de los paneles. En el primer caso, fue invaluable el soporte asumido por actores de presencia regional como la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), Facebook, Google, ICANN e Internet Society. En el segundo, el mayor número de organizadores permitió convocar a expertos de diferentes espacios, algunos inéditos en temas de gobernanza de Internet, tal como se puede observar en la Agenda.
Por supuesto, por cada reto superado aparecían dos más. Por ejemplo, el contar con más recursos implicó crear una estructura nueva para la toma de decisiones (bastante limitada el año anterior). La presencia de actores internacionales también hizo repensar la forma en que se construían los paneles y se convocaba a los actores locales. Del mismo modo, una estructura más grande trajo la pregunta de cómo estandarizar ciertos procesos o hacerlos más transparentes. Todo esto pensando en la sostenibilidad del Foro y del ingreso de nuevos interesados en asumir su liderazgo, a quienes los anteriores impulsores estamos obligados a rendir cuentas.
Creo que esta segunda edición ha marcado el inicio de un largo proceso de consolidación que puede o no ser exitoso. A diferencia de Colombia, Argentina o Brasil, el Perú no ha articulado un espacio permanente de discusión sobre Gobernanza de Internet. En parte, esto podría explicarse debido al poco interés o desconocimiento de instituciones clave como la Sociedad Nacional de Industrias o las Coordinadoras de Derechos Humanos. Pero también a que los espacios naturales como la Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI) han estado inactivos durante mucho tiempo. Sea cual fuere la razón, el camino de construir ese espacio se ha iniciado y el modelo que sigamos dependerá mucho de cómo las relaciones entre actores evolucionen y el interés por la gobernanza compartida se mantenga vivo.
Resultados y perspectivas
Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en esta caso pueden ser muy útiles para evaluar el desarrollo de una iniciativa que está dando sus primeros pasos. Es por ello que a continuación vamos a presentar un cuadro con números y datos comparativos entre el Foro de Gobernanza 2016 y la edición de 2017*. Luego, algunas perspectivas de cara al futuro.
Edición 2016
Edición 2017
Comité Organizador
1 representante del Gobierno (Congreso de la República)
1 organización de Sociedad Civil (Hiperderecho)
1 organización de Comunidad Técnica (APESOFT)
1 organización del Sector Privado (Entel Perú)
Comité Organizador:
3 organizaciones de Sociedad Civil (Democracia Digital – D&D Internacional., ISOC Peru., Hiperderecho)
1 organización de Comunidad Técnica (Red Científica Peruana)
1 organización del Sector Privado (DN Consultores)
Conformación de los paneles:
4 Paneles en total
3 representantes del Gobierno
7 representantes de Sociedad Civil
9 representantes del Sector Privado
Conformación de los paneles:
7 Paneles en total
10 representantes del Gobierno
12 representantes de Sociedad Civil
8 representantes del Sector Privado
6 representantes de la Comunidad Técnica
1 representante de la Academia
Asistencia
El número total de asistentes fue de 40 personas.
1 identificado como Gobierno.
21 identificados como Sociedad Civil.
7 identificados como Sector Privado.
1 identificado como Comunidad Técnica.
10 no identificados con ninguno de los anteriores.
Asistencia
El número total de asistentes fue de 173 personas.
21 identificados como Gobierno.
59 identificados como Sociedad Civil.
52 identificados como Sector Privado.
14 identificados como Comunidad Técnica.
27 identificados como Academia.
El número de mujeres asistentes fue de 68
El número de hombres asistentes fue de 105
Instituciones de Apoyo
Google
Pontificia Universidad Católica del Perú
Instituciones de Apoyo
Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
Facebook
Google
ICANN
Internet Society
Algunos de estos datos dan fe del impulso que el Foro ha recibido en este año y que esperamos se convierta en un apoyo permanente para enfrentar los retos sobre el desarrollo de Internet en nuestro país. El interés de las entidades y líderes de nuevo gobierno también nos hacen pensar que podemos ver el futuro con un poco más de optimismo. Del mismo modo, organizaciones de sociedad civil que han conocido por primera vez el Foro pueden acelerar el proceso de articulación en este sector, igual que la Academia.
¿Qué es lo que se viene? En primer lugar, hacer una pequeña pausa para observar con detenimiento lo logrado y proyectar qué se quiere en el futuro. Lo segundo es retomar la tarea de evangelizar y mostrar los resultados a diferentes grupos de actores que aún no conocen el Foro y su potencial transformador en la gobernanza de Internet. En ese aspecto, no es necesario que el trabajo sea hecho solo por los organizadores, sino por cualquier persona que haya asistido o tenga interés en participar.
Algo que quizás pueda influir también en el futuro es la reciente reactivación de la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI), un espacio similar al Foro de Gobernanza en donde se busca crear y dar seguimiento a las Agendas Digitales. Si bien este espacio es un poco más restringido y la representatividad y el balance de poder entre los participantes está en discusión, sería ideal que el Foro de Gobernanza y la CODESI interactúen entre sí en futuras ediciones.
Finalmente, si es un lector minucioso, habrá notado que en ninguna parte de este artículo se han mencionado nombres de personas y eso tiene una razón de ser. El Foro de Gobernanza no le pertenece a nadie más que a la comunidad y está pensando para que trascienda a las organizaciones que hoy lideran la iniciativa. Hay un valor muy grande en crear institucionalidad alrededor de este modelo con el fin de preservar el potencial liberador que Internet le ofrece al mundo. Es a ese norte a donde deberíamos apuntar.
Hace unos días, la Comisión de Inteligencia entregó el Dictamen del Proyecto de Ley Nº 772/2016-CR, una iniciativa impulsada por el congresista Marco Miyashiro (Fuerza Popular). Esta propuesta buscaba dotar de herramientas a los órganos de Inteligencia del Estado, específicamente a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), para hacer frente los retos del país en materia de Ciberseguridad. El texto modificado que acaba de ser enviado por la Comisión al Pleno es el producto del consenso entre diferentes entidades del Estado, pero también de representantes de la sociedad civil. Aunque todavía puede ser discutido y perfeccionado, el proceso que produjo esta última versión es un ejemplo de cómo deberían de discutirse las normas que afectan las tecnologías en nuestro país.
En estos últimos años, se ha vuelto frecuente que veamos en el Congreso iniciativas legislativas relacionadas a Internet. En su mayoría, estos proyectos de ley buscan regular o prohibir situaciones o tecnologías específicas por diferentes motivos, muchos de ellos cuestionables y otros francamente incomprensibles. Sin exagerar, hoy existen decenasde estos proyectos en el Congreso que, si llegaran a aprobarse, destruirían Internet como la conocemos. Aunque esto ocurre también en otras áreas, en el caso de la tecnología se ponen en peligro a muchos otros bienes valiosos como el desarrollo económico, la seguridad pública e incluso los derechos humanos.
Un nuevo proyecto de ley de Fuerza Popular busca crear un régimen especial para las plataformas de servicios de transporte como Uber o Easy Taxi en Perú. Lamentablemente, el Proyecto falla en comprender la naturaleza de este tipo de servicios e intenta regularlos como algo que no son: empresas de transporte. Muy lejos de beneficiar a los usuarios, su aprobación podría reducir la competencia, aumentar los precios y fomentar la informalidad.
Con acierto, el Proyecto define que las Plataformas solo intermedian el servicio de transporte que prestan los conductores a pasajeros. Sin embargo, las exigencias que busca imponer a las empresas parecen más propias de un prestador directo que de un intermediario.
Esta semana se llevará a cabo por segunda vez consecutiva el Foro Peruano de Gobernanza de Internet (IGF Perú). Estamos muy entusiasmados de que una iniciativa que impulsamos desde cero el año pasado continúe creciendo e involucrando a más organizaciones y empresas. Acompáñanos en Lima este martes 6 y miércoles 7 de junio para conversar sobre cómo continuar construyendo una Internet peruana que sea realmente de todos.
Una comunidad es tan desarrollada como su capacidad de reconocerse y entenderse. Durante demasiado tiempo, los problemas sobre Internet y tecnología han sido el territorio exclusivo de algunas empresas u oficinas estatales en nuestro país. El modelo de Gobernanza de Internet desarrollado por Naciones Unidas parte de reconocer que estamos juntos en esto. Al mismo tiempo, propone que sólo escuchando a aquellos que piensan igual o completamente distinto que nosotros podremos tomar mejor decisiones.
Este es un encuentro comunitario. No le pertenece exclusivamente a ninguna empresa, organización o punto de vista. Como el año pasado le tocó a Hiperderecho, este año la Secretaría Técnica del Foro está a cargo del renovado capítulo peruano de Internet Society. Entre las mejoras de este año, tuvimos una convocatoria pública de expresiones de interés para panelistas, tenemos mayor diversidad de sectores y opiniones, un evento de dos días y, como siempre, transmisión en vivo por Internet y participación remota.
Este es un espacio de diálogo donde los panelistas solo empiezan una conversación que no tiene sentido sin la participación del público. Por eso, los invitamos a revisar la agenda y los esperamos este martes 6 y miércoles 7 de junio en el Hotel NM de San Isidro. El ingreso es libre inscribiéndose en la web del evento.
En la coyuntura actual, en la que se discuten casos de corrupción dentro del Estado, la Defensoría del Pueblo ha presentado una iniciativa que bien podría ayudar a solucionar muchos de estos problemas. Desde febrero de este año descansa en la Comisión de Fiscalización y Contraloría el Proyecto de Ley N° 947/2016-DP.
Este Proyecto de Ley propone extender el acceso público sobre: a) Los procesos de promoción de la inversión privada y b) el contenido de los correos electrónicos de funcionarios públicos. La premisa detrás de esto es simple. En principio, toda la información producida por el Estado es pública, pero por motivos injustificados se ha venido bloqueando el acceso a estos elementos. Con esta norma, se busca revertir dicha situación y fortalecer el control de la ciudadanía.
En Hiperderecho nos ha llamado especialmente la atención el extremo del proyecto que quiere hacer público el contenido de los correos electrónicos. En principio porque es una herramienta potencialmente muy útil para la fiscalización, pero también porque es el corolario a una controversia sobre el ejercicio de la privacidad en la función pública cuando se usan medios electrónicos.
La controversia
Pese a que hoy el texto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública parece muy claro sobre la publicidad de los correos electrónicos, durante un tiempo existió un amplio debate sobre si efectivamente se podía acceder a su contenido.
Para empezar, la Constitución del Perú protege el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones. Este derecho aplica para todos los peruanos (funcionarios o no) y cualquier intervención requiere de ciertas formalidades legales. Así pues, se esgrimía el argumento de que el contenido de los correos electrónicos de los funcionarios públicos estaba protegido y por lo tanto intentar acceder a través de la Ley de Transparencia era un ejercicio inconstitucional.
Sin embargo, como bien señala la Defensoría del Pueblo en su Exposición de Motivos, diferentes sentencias del Tribunal Constitucional y normas de desarrollo en la Administración Pública han quitado peso a esa teoría. En primer lugar porque los correos electrónicos institucionales son recursos del Estado, de la misma forma que lo son una fotocopiadora o una camioneta. En segundo porque durante la jornada laboral, los funcionarios públicos tienen impedido hacer otra cosa que no sea su trabajo.
Todo esto hace que, a diferencia del sector privado, los correos institucionales no puedan ser usados para otros asuntos que no estén directamente relacionados con el trabajo del funcionario. Y que, al contener todo tipo de información pública (contratos, comunicaciones internas, etc), entren dentro de los supuestos en que es posible ejercer el derecho de acceso a la información pública.
Expectativa vs. Realidad
Uno de los beneficios de que este proyecto sea aprobado es que al día siguiente podríamos solicitar acceso al contenido de los correos electrónicos de funcionarios públicos de cualquier nivel, incluidos los ministros de Estado. Sin embargo, el primer problema será contar con información suficiente para hacer identificable lo que queremos pedir. Por ejemplo, sería muy difícil que tenga respuesta un pedido en donde solo se indican fechas y no asuntos o palabras en específico. Además, si bien la norma puede ser aplicada con respecto a información pública pasada, puede ocurrir que esta se haya borrado.
Otro de los beneficios es que, al menos en teoría, los funcionarios públicos deberían adecuar su conducta a esta nueva norma siendo más diligentes y evitando cometer actos de corrupción. Pero aquí también pueden ocurrir varias cosas: Por ejemplo, un funcionario puede empezar a utilizar correos diferentes al institucional para cometer sus inconductas o delitos. También cabe la posibilidad de que, si no existe una política de conservación de datos, estos correos pueden ser borrados de la bandeja y del servidor.
Finalmente, la implementación de esta norma debería empujar el proceso de modernización de la Administración Pública. Actualmente todavía existen muchas entidades del Estado que no hacen uso de recursos informáticos en su gestión. No obstante, en muchos casos esto no deja de ser un síntoma de otras carencias como la falta de infraestructura, los bajos presupuestos e inclusive la inexistencia de medios de comunicación tradicionales diferentes de la radio.
Conclusión
Que este proyecto vea la luz depende exclusivamente del Congreso y revelaría un compromiso en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, no basta con crear más herramientas de fiscalización si su implementación queda trunca o no se complementa con otras reformas de igual importancia. Esperamos que la Comisión de Fiscalización y Contraloría pueda tener en cuenta esto a la hora de evaluar el proyecto y hacer sus recomendaciones.
