Esta semana se llevará a cabo por segunda vez consecutiva el Foro Peruano de Gobernanza de Internet (IGF Perú). Estamos muy entusiasmados de que una iniciativa que impulsamos desde cero el año pasado continúe creciendo e involucrando a más organizaciones y empresas. Acompáñanos en Lima este martes 6 y miércoles 7 de junio para conversar sobre cómo continuar construyendo una Internet peruana que sea realmente de todos.
Una comunidad es tan desarrollada como su capacidad de reconocerse y entenderse. Durante demasiado tiempo, los problemas sobre Internet y tecnología han sido el territorio exclusivo de algunas empresas u oficinas estatales en nuestro país. El modelo de Gobernanza de Internet desarrollado por Naciones Unidas parte de reconocer que estamos juntos en esto. Al mismo tiempo, propone que sólo escuchando a aquellos que piensan igual o completamente distinto que nosotros podremos tomar mejor decisiones.
Este es un encuentro comunitario. No le pertenece exclusivamente a ninguna empresa, organización o punto de vista. Como el año pasado le tocó a Hiperderecho, este año la Secretaría Técnica del Foro está a cargo del renovado capítulo peruano de Internet Society. Entre las mejoras de este año, tuvimos una convocatoria pública de expresiones de interés para panelistas, tenemos mayor diversidad de sectores y opiniones, un evento de dos días y, como siempre, transmisión en vivo por Internet y participación remota.
Este es un espacio de diálogo donde los panelistas solo empiezan una conversación que no tiene sentido sin la participación del público. Por eso, los invitamos a revisar la agenda y los esperamos este martes 6 y miércoles 7 de junio en el Hotel NM de San Isidro. El ingreso es libre inscribiéndose en la web del evento.
En la coyuntura actual, en la que se discuten casos de corrupción dentro del Estado, la Defensoría del Pueblo ha presentado una iniciativa que bien podría ayudar a solucionar muchos de estos problemas. Desde febrero de este año descansa en la Comisión de Fiscalización y Contraloría el Proyecto de Ley N° 947/2016-DP.
Este Proyecto de Ley propone extender el acceso público sobre: a) Los procesos de promoción de la inversión privada y b) el contenido de los correos electrónicos de funcionarios públicos. La premisa detrás de esto es simple. En principio, toda la información producida por el Estado es pública, pero por motivos injustificados se ha venido bloqueando el acceso a estos elementos. Con esta norma, se busca revertir dicha situación y fortalecer el control de la ciudadanía.
En Hiperderecho nos ha llamado especialmente la atención el extremo del proyecto que quiere hacer público el contenido de los correos electrónicos. En principio porque es una herramienta potencialmente muy útil para la fiscalización, pero también porque es el corolario a una controversia sobre el ejercicio de la privacidad en la función pública cuando se usan medios electrónicos.
La controversia
Pese a que hoy el texto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública parece muy claro sobre la publicidad de los correos electrónicos, durante un tiempo existió un amplio debate sobre si efectivamente se podía acceder a su contenido.
Para empezar, la Constitución del Perú protege el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones. Este derecho aplica para todos los peruanos (funcionarios o no) y cualquier intervención requiere de ciertas formalidades legales. Así pues, se esgrimía el argumento de que el contenido de los correos electrónicos de los funcionarios públicos estaba protegido y por lo tanto intentar acceder a través de la Ley de Transparencia era un ejercicio inconstitucional.
Sin embargo, como bien señala la Defensoría del Pueblo en su Exposición de Motivos, diferentes sentencias del Tribunal Constitucional y normas de desarrollo en la Administración Pública han quitado peso a esa teoría. En primer lugar porque los correos electrónicos institucionales son recursos del Estado, de la misma forma que lo son una fotocopiadora o una camioneta. En segundo porque durante la jornada laboral, los funcionarios públicos tienen impedido hacer otra cosa que no sea su trabajo.
Todo esto hace que, a diferencia del sector privado, los correos institucionales no puedan ser usados para otros asuntos que no estén directamente relacionados con el trabajo del funcionario. Y que, al contener todo tipo de información pública (contratos, comunicaciones internas, etc), entren dentro de los supuestos en que es posible ejercer el derecho de acceso a la información pública.
Expectativa vs. Realidad
Uno de los beneficios de que este proyecto sea aprobado es que al día siguiente podríamos solicitar acceso al contenido de los correos electrónicos de funcionarios públicos de cualquier nivel, incluidos los ministros de Estado. Sin embargo, el primer problema será contar con información suficiente para hacer identificable lo que queremos pedir. Por ejemplo, sería muy difícil que tenga respuesta un pedido en donde solo se indican fechas y no asuntos o palabras en específico. Además, si bien la norma puede ser aplicada con respecto a información pública pasada, puede ocurrir que esta se haya borrado.
Otro de los beneficios es que, al menos en teoría, los funcionarios públicos deberían adecuar su conducta a esta nueva norma siendo más diligentes y evitando cometer actos de corrupción. Pero aquí también pueden ocurrir varias cosas: Por ejemplo, un funcionario puede empezar a utilizar correos diferentes al institucional para cometer sus inconductas o delitos. También cabe la posibilidad de que, si no existe una política de conservación de datos, estos correos pueden ser borrados de la bandeja y del servidor.
Finalmente, la implementación de esta norma debería empujar el proceso de modernización de la Administración Pública. Actualmente todavía existen muchas entidades del Estado que no hacen uso de recursos informáticos en su gestión. No obstante, en muchos casos esto no deja de ser un síntoma de otras carencias como la falta de infraestructura, los bajos presupuestos e inclusive la inexistencia de medios de comunicación tradicionales diferentes de la radio.
Conclusión
Que este proyecto vea la luz depende exclusivamente del Congreso y revelaría un compromiso en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, no basta con crear más herramientas de fiscalización si su implementación queda trunca o no se complementa con otras reformas de igual importancia. Esperamos que la Comisión de Fiscalización y Contraloría pueda tener en cuenta esto a la hora de evaluar el proyecto y hacer sus recomendaciones.
A finales de diciembre del año pasado, en Hiperderecho nos embarcamos en uno de los proyectos más ambiciosos en los que hemos trabajado hasta ahora: mapear el estado de desarrollo de Internet en función del trabajo del Estado y contrastar dicha realidad con las expectativas de la sociedad peruana sobre esta y otras tecnologías. A este proyecto decidimos llamarlo “La Voz de la Internet Peruana”.
Como parte de las actividades del proyecto, iniciamos una labor de recopilación de información sobre la normativa peruana de Internet, lo que abarcó no solo leyes de carácter nacional sino también normas locales, lineamientos y directrices de entidades públicas, entre otras. Al mismo tiempo, impulsamos una encuesta pública que recogiera el sentir de la población sobre lo que consideraban importante para impulsar el ecosistema digital en el Perú.
Durante aproximadamente cuatros meses mantuvimos activas ambas tareas, que presentaron por sí mismas sus propias complicaciones. En primer lugar, la forma en que se intersectan las nuevas tecnologías y las leyes es poco clara en el Perú. En segundo, a la fecha no existía ningún modelo de referencia sobre consultas abiertas al público en materia de Internet. Por esas y otras razones es que consideramos que este proyecto es un gran punto de partida en estas discusiones.
Una vez obtenida la información y cerrada la encuesta, empezamos la larga tarea de analizar los datos. Esta labor no solo representó un ejercicio académico muy interesante sino que nos permitió hacer interesantes descubrimientos. Por ejemplo, nos sorprendió el grado importante de desconexión entre las políticas públicas actuales y lo que esperaba la población. Del mismo modo, el nivel de desconocimiento sobre las normas y su pobre o escasa ejecución en el país.
A medida que avanzábamos en la redacción del Informe de La Voz de la Internet Peruana nos dimos cuenta que estos desencuentros revelaban también otros problemas, más de tipo estructural. El advenimiento de Internet ha facilitado la vida de la gente, pero no ha sido tan exitosa a la hora de resolver los grandes problemas de la sociedad. El Estado Peruano, la forma en que funciona, sus conflictos y aspiraciones son la viva prueba de que añadir capas tecnológicas son un medio para alcanzar soluciones, pero no la solución en sí misma.
El Informe Final, que está dividido en función a ejes temáticos, presenta una instantánea del momento que vivimos. Este es el Internet que se está desarrollando en el país y que no siempre camina en la misma dirección. Casi siempre existe un gran trabajo por hacer o, en el mejor caso, un trabajo de difundir lo que se ha hecho. También se precisa la colaboración de todos los actores envueltos en este ecosistema: usuarios, empresas, organizaciones de derechos humanos, emprendedores, etc.
Finalmente, como una forma de añadir un elemento propositivo además de analítico, decidimos incluir dentro del documento final un breve apartado explicando cómo algunas de las propuestas de los participantes podrían hacerse realidad. No necesariamente consideramos que estas propuestas son la respuesta a los problemas, pero el ejercicio de pensar más allá de lo que existe hoy en día nos parece valioso de cara a plantearnos más y más preguntas sobre si el camino actual es el correcto.
El Informe Final de la Voz de la Internet Peruana está ahora aquí, esperando para iniciar un debate largamente postergado. Ha dejado de ser un proyecto de Hiperderecho para convertirse en un bien al servicio de la sociedad, a la cual nos debemos hoy y siempre.
Este miércoles 31 de mayo, en Hotel Novotel Lima (San Isidro), presentaremos el Informe Final de nuestro más reciente proyecto sobre políticas públicas en Internet: Informe Final de la Voz de la Internet Peruana.
Los temas abordados en el Informe Final está dividido en 9 categorías: Ciberseguridad, Gobierno Electrónico, Acceso a Internet, Educación TIC, Reforma de Derechos de Autor, Régimen especial para Startups, Otras regulaciones sobre TICs, Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y Comercio Electrónico.
Con esta presentación buscamos difundir y crear conciencia sobre la importancia de contar con herramientas que potencien el desarrollo del ecosistema de Internet en Perú. Asimismo, esperamos poder impulsar una discusión y un proceso de reformas estructurales que permitan al Perú insertarse en el nuevo panorama que la tecnología nos viene imponiendo.
Todos los interesados en Internet, en todas las áreas, están cordialmente invitados.
Más Información
Fecha: 31 de mayo de 2017
Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Lugar: Hotel Novotel Lima, Av. Victor Andrés Belaúnde 198, San Isidro
Temas: Agenda Digital y desarrollo de TICs en el Perú
Este miércoles 24 de mayo estaremos organizando el evento “Reporte: La voz de la Internet Peruana». Como parte del trabajo que realizamos en el área de incidencia, hemos decidido presentar el Informe Final de nuestro último proyecto sobre políticas públicas en Internet.
A través de esta actividad, buscamos crear conciencia sobre la importancia de contar con herramientas para potenciar el desarrollo del ecosistema de Internet en el país. Para ello, extendemos esta invitación a todos los interesados. El Reporte comprende los siguiente temas:
Ciberseguridad
Gobierno Electrónico
Acceso a Internet
Educación TIC
Reforma Derechos de Autor
Régimen especial para Startups
Otras regulaciones sobre TICs
Sistema de nombres de Dominio (DNS)
Comercio Electrónico
Más información
Fecha: Miércoles 24 de mayo de 2017
Horario del evento: de 13:00 AM a 14:30 PM
Lugar: PUCP Z-114
Si eres comunidad PUCP puedes ingresar con tu TI.
Personas externas envíennos sus datos (nombre completo y DNI) a marieliv@hiperderecho.org
Hiperderecho ha detectado que la encuesta virtual LGBTI 2017 lanzada por el INEI pone en riesgo a la comunidad al recolectar datos personales de forma innecesaria y potencialmente exponerlos a usos maliciosos.
El 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó oficialmente la primera encuesta virtual para personas LGBTI en Perú. Esta encuesta busca recopilar datos socioeconómicos con el fin de crear políticas públicas favorables a estas poblaciones.
Una iniciativa de este tipo merece ser reconocida y celebrada como un paso más hacia el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI. Sin embargo, en Hiperderecho hemos quedado sorprendidos por el número de problemas que presenta la plataforma y la encuesta que está alojada en ella. No exageramos al decir que la encuesta del INEI no es segura y puede poner en peligro a las personas que la usan.
Información personal innecesaria
Antes de poder acceder a la encuesta, es necesario crear un usuario y contraseña. Es fácil suponer que el objetivo de esta medida es evitar datos duplicados o incompletos. Sin embargo, el problema de este primer paso es que como identificador de usuario se exige un número de DNI.
Una vez registrados podemos acceder a la encuesta y empezar a llenar sus siete secciones. En la primera, luego de los datos de ubicación general, se nos pide “Identificación del Informante” donde, sin explicar el motivo, se piden datos como: nombre y apellidos, DNI nuevamente, correo electrónico, teléfono celular y edad.
¿Para qué es necesario recoger estos datos? No entendemos la relevancia de exigirlo en una encuesta que, se supone, solo busca obtener una visión general de la comunidad. Además, en diferentes medios de comunicación se ha dado a entender que la encuesta es anónima, lo que resulta contradictorio con la realidad.
Información expuesta
El problema de lo dicho anteriormente, es que, por ejemplo, el uso de un número de DNI como identificador único hace que la plataforma lo reserve y ya no sea posible volver a usarlo. Desde un punto de vista técnico tiene sentido para evitar duplicados, pero presenta problemas graves en la práctica.
Para empezar, la relación directa entre el DNI y la encuesta tiene como consecuencia que si la base de datos del INEI cae en manos equivocadas, todos los participantes quedarán inmediatamente identificados y expuestos.
Otro aspecto que no ha sido tenido en cuenta es que basta con ingresar el número de DNI de cualquier amigo o conocido para confirmar si es que ya se han registrado en la encuesta. Es decir, un simple formulario nos permitirá saber si dicha persona se identifica o no como LGBTI. O podemos registrar a otras personas arbitrariamente para luego señalarlos como parte de esta comunidad y estigmatizarlos.
Problemas de seguridad
El equipo de Hiperderecho ha detectado graves problemas en la seguridad del sitio web de la encuesta. Estos problemas, de ser descubiertos y abusados por usuarios con malas intenciones, puede potencialmente exponer la información personal de todos los participantes.
Exhortamos a la comunidad LGBTI a no llenar la encuesta hasta que estos problemas hayan sido solucionados. El riesgo para los participantes es demasiado alto, y el daño causado puede ser irreparable. Esta es una buena iniciativa pero necesita ser mejor implementada*.
* Al momento de la publicación de este artículo, ya nos habíamos comunicado con el INEI informándoles de estos problemas. Esperamos que en el menor tiempo posible puedan resolverlos y garantizar la seguridad de todos los participantes.
Este mes, Hiperderecho lanza la convocatoria dirigida a estudiantes de nivel superior para conformar la Liga Juvenil en Defensa del Internet, cuyo objetivo es que los participantes creen y difundan contenidos sobre derechos y tecnología enfocados en los intereses de estudiantes de universidades o institutos.
La Liga Juvenil busca involucrar a los participantes en la tarea de defender sus derechos como usuarios de tecnología y sentar las bases para construir comunidades en torno a estos temas dentro de cada universidad o instituto superior del país. Para lo cual se propone realizar una serie de reuniones, talleres y eventos.
Para más detalles sobre los requisitos, responsabilidades y oportunidades que tendrán los participantes, ingresa a este link.
Para ser parte de la Liga Juvenil puedes postular hasta el 15 de a través de este formulario.
El Foro de Internet de Estocolmo (Stockholm Internet Forum) es un evento internacional que promueve el diálogo y el debate sobre cómo un Internet libre, abierto y seguro puede fomentar el ejercicio de derechos humanos y el desarrollo mundial. Se llevará a cabo desde el lunes 15 hasta el jueves 18 de mayo de 2017 en el Münchenbryggeriet de la ciudad de Estocolmo, Suecia.
En esta oportunidad nuestro representante será Martín Borgioli que participará el lunes 15 de mayo a las 14:00 horas en el panel “Human rights and technology in Latin America: Where to go from here?” junto a algunos amigos de otras organizaciones latinas como Derechos Digitales (Latino América), Internet Lab (Brasil) y el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE de Argentina).
Pueden revisar la información completa del Foro aquí.
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Desde hace tres meses está plenamente vigente en nuestro país el Reglamento de Neutralidad de Red. Esta Resolución de OSIPTEL aprobada el año pasado señala todo lo que puede y no puede hacer una empresa que nos brinda el servicio de acceso a Internet con los contenidos que enviamos o recibimos. Aunque es poco conocida, representa la culminación de una serie de esfuerzos normativos que empezaron en la Ley de Banda Ancha del 2012.
En Perú, el servicio de acceso a Internet está considerado como un servicio público. Además de las normas sobre libre competencia, a esta actividad también se le aplican obligaciones de no discriminación y continuidad. No obstante, desde el 2005 contamos con reglas especiales que prohíben que los operadores afecten la forma en la que recibimos o enviamos tráfico en Internet, salvo en casos excepcionales. Es mucho más breve el registro de casos en los que este marco legal se ha hecho cumplir efectivamente, pese a repetidas denuncias de usuarios. Telefónica fue sancionada en el 2009 por bloquear un puerto con 75 UITs y, en el 2012, Claro con 51 UITs por limitar el uso de aplicaciones de Voz sobre IP.