El verdadero alcance del polémico Decreto Legislativo 1182 o Ley Stalker continúa siendo una interrogante. Esta norma, que permite a la policía acceder a la ubicación de cualquier teléfono celular y obliga a los operadores a conservar los datos de tráfico de nuestras comunicaciones durante tres años, fue publicada sin debate parlamentario, en un día feriado y con una exposición de motivos plagiada de Internet. Lo que es peor, ahora el Ministerio del Interior se niega a explicar cómo está implementando esta nueva ley.
En octubre del año pasado, el Ministerio del Interior firmó con Telefónica del Perú, Claro, Bitel, y Entel un Protocolo de Acceso a los Datos de Localización o Geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos en los términos del Decreto Legislativo 1182. La firma se llevó a cabo en una ceremonia pública presidida por el Ministro Perez Guadalupe y también se elaboró una nota de prensa oficial que fue recogida por los principales medios de comunicación del país (1, 2). Curiosamente, el único ausente en la ceremonia fue el texto mismo del Protocolo, que no fue entregado a ningún periodista ni acompañó las notas de prensa. Todos los demás, solo pudimos ver su primera página exhibida como diploma en las fotos de rigor.
