El mes pasado organizamos el conversatorio ¿Cómo se gobierna Internet? a cargo Andrés Piazza, encargado de Relaciones Públicas de LACNIC. En su charla, Andrés nos ofreció una mirada introductoria a la gobernanza del Internet desde las distintos espacios de participación que ofrece el sistema de actores múltiples para la comunidad. Este evento es parte de un nuevo ciclo de charlas que está organizando Hiperderecho sobre con la finalidad de empezar un proceso rumbo a la consecución de un espacio de gobernanza del Internet en Perú.
A fines de septiembre se publicaron en el Boletín Oficial de El Peruano una serie de Decretos Legislativos en materia de seguridad ciudadana, en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo. Uno de estos es el Decreto Legislativo No. 1218 que regulariza el uso de cámaras de videovigilancia en espacios públicos.
Con este nuevo Decreto, en todos los espacios públicos, vehículos de transporte público y establecimientos comerciales se deberán de instalar cámaras de videovigilancia. Según la propia norma, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público podrán solicitar las imágenes captadas por cámaras de vigilancia sin orden judicial previa. Al igual que con la Ley Stalker, el Poder Ejecutivo continúa regulando nuestra privacidad sin someter sus propuestas a la discusión legislativa en el Congreso. Por otro lado, sigue promoviendo el acceso a datos sensibles (como son las imágenes que puedan ser obtenidas de las cámaras de vigilancia) sin revisión judicial previa.
Este mes se anunció el final de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), un acuerdo de libre comercio que agrupa a Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Singapur, Vietnam y Perú. Para nuestro país, luego de cinco años de negociaciones se cierra el acuerdo de libre comercio número dieciocho que vamos a suscribir como estado y quizás es el que menos atención pública ha recibido en función de su relevancia. Internacionalmente, el acuerdo ha sido criticado por distintos actores desde Médicos Sin Fronteras y los granjeros de Canadá hasta Hillary Clinton. En Hiperderecho desde el 2012 venimos trabajando en alertar al público en general sobre la relevancia de esta negociación y, junto a la coalición No Negociable, identificando lo que podíamos perder. Regionalmente, junto a varias otras organizaciones de derechos humanos y tecnología también hemos expresado nuestras preocupaciones desde la plataforma TPP Abierto. Pero luego de firmado, ¿es tan malo el TPP como creíamos?
El mes pasado se presentó en Perú Internet.org, la plataforma de “conectividad global” liderada por Facebook cuya aplicación estrella viene a Perú a través de Entel. Ese mismo día, en el resto del mundo se anunciaba que la aplicación Internet.org pasaba a denominarse Free Basics con la finalidad de distinguirla mejor del resto de iniciativas impulsadas por la alianza empresarial.[1] En paralelo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Ku, participaba de la conferencia de prensa organizada por Facebook y Entel y señalaba que se trataba de “otro ejemplo de cómo las alianzas público privadas nos están dando grandes resultados en el camino al desarrollo del país”.
El controvertido Decreto Legislativo No. 1182, también conocido como Ley Stalker, sigue dando que hablar en el extranjero. Esta semana, a través de una solicitud de acceso a la información pública, Hiperderecho obtuvo una copia de la carta de ocho páginas que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [PDF] envió al Estado Peruano manifestando su clara preocupación por la reciente aprobación de la norma y solicitando más información sobre el proceso que llevó a adoptarla.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina de la Organización de los Estados Americanos creada con la misión de monitorear el cumplimiento por parte de los estados miembros de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. La Relatoría ha enviado esta carta a propósito de los nuevos mecanismos de acceso a datos de geolocalización sin orden judicial y retención de datos derivados de las telecomunicaciones que ha impuesto el reciente Decreto Legislativo No. 1182. Al respecto, formula una serie de recomendaciones sobre la base de la jurisprudencia y los instrumentos de Derecho Internacional así como solicita al gobierno que le envíe más información sobre el proceso previo que lo llevó a aprobar esta norma.
El 27 de julio de este año, mientras los más de 30 millones de peruanos disfrutaban del feriado nacional, el gobierno promulgó el Decreto Legislativo 1182, una norma que en la práctica convierte a todos los ciudadanos en posibles criminales a los que hay que mantener vigilados. Como advertimos desde un inicio en Hiperderecho, el DL 1182 (que se hizo conocido rápidamente como la “Ley Stalker”) crea dos situaciones muy concretas que suponen una afectación masiva y desproporcionada a los derechos fundamentales. La primera es permitir la geolocalización de equipos conectados a una red de telefonía sin orden judicial previa y la segunda es la retención de datos derivados de las telecomunicaciones por un período de tres años.
Hace un par de meses les contamos que Indecopi quería acceder a correos electrónicos sin orden judicial cuando investigue acuerdos de precios entre competidores. A través de una modificación a la Ley de Libre Competencia, el organismo quería incluir como atribución de la Secretaría Técnica de Libre Competencia la posibilidad de acceder o copiar correos electrónicos corporativos sin orden judicial en el marco de una visita de inspección sorpresa. Finalmente, esta semana se publicó el Decreto Legislativo No. 1205, que introduce numerosas modificaciones la Ley de Libre Compentecia pero opta por mantener el control judicial previo al acceso a cualquier comunicación privada.
Según la propuesta original de Indecopi [PDF], los correos electrónicos intercambiados entre agentes económicos no eran realmente correspondencia privada sino documentos comerciales. Al no ser correspondencia, tampoco estaban protegidos por el derecho constitucional al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones. Por ende, resultaba plenamente justificado que un funcionario estatal acceda o haga búsquedas dentro de las casillas de correo de trabajadores de empresas privadas y copie todo lo que considere relevante. Esta tesis era defendida a lo largo de seis (6) páginas de la exposición de motivos original, donde explicaban que la modificación propuesta pretendía corregir un “error de fraseo” en la ley que había sido usado como excusa por parte de empresas para no entregar copias de sus correos electrónicos.
Millones de personas utilizan diariamente las redes sociales como Facebook y Twitter, así como blogs, para publicar sus fotos, expresar sentimientos y postear sus anécdotas sin ningún tipo de prejuicio. De igual manera, lo hacen periodistas y comunicadores para informar, relatar hechos y emitir opiniones respecto de una investigación o una situación particular. Como lo señaló el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión en su informe al Consejo de Derechos Humanos de 2011, “Internet es uno de los instrumentos más poderosos del siglo XXI para exigir más transparencia en la conducta a quienes ejercen el poder, acceder a información y facilitar la participación ciudadana activa en la forja de sociedades democráticas.”
Hiperderecho organiza este jueves 8 de octubre el conversatorio gratuito “¿Cómo se gobierna Internet?” a cargo de Andrés Piazza de LACNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe.
Este conversatorio ofrecerá una introducción a la Gobernanza del Internet dirigida al público en general y representa una excelente oportunidad para que desarrolladores, activistas, abogados y demás personas vinculadas a la tecnología conozcan más sobre cómo se discute el futuro del Internet en todo el mundo. La charla estará a cargo de Andrés Piazza, reconocido abogado argentino y Responsable de Relaciones Externas de LACNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. Este ciclo de charlas es parte de un proyecto financiado por Google para informar y promover la discusión sobre Gobernanza del Internet en Perú.
La semana pasada se presentó el Proyecto de Ley No. 4809/2015-CR firmado por el congresista Héctor Becerril y otros cinco congresistas de la bancada Fuerza Popular. Esta propuesta legislativa busca derogar el controvertido Decreto Legislativo No. 1182, popularmente conocido como #LeyStalker, y en su lugar establecer un régimen legal de colaboración entre Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de cara a la obtención de los datos de geolocalización de cualquier dispositivo móvil. Aunque este Proyecto de Ley es positivo y creemos que debe de ser respaldado por el Congreso, solo representa una mejora parcial al forado a nuestra privacidad ocasionado por la #LeyStalker.
