Hiperderecho y la Asociación Peruana de Software Libre organizan este sábado 8 de noviembre una nueva edición del Taller de Defensa Personal de tu Privacidad en el campus Piura de la Universidad de Piura.
Este taller es una introducción a las distintas herramientas que el derecho y la tecnología brindan para proteger nuestra privacidad. Empezaremos delineando el contenido del derecho a la privacidad y luego pasamos a ver casos en los que esta puede verse comprometida y cómo pueden reaccionar las personas para salvaguardarla (ya sea tomando acciones, recurriendo a las autoridades o iniciando procedimientos o procesos legales). En la segunda parte, revisaremos los principales escenarios en los que el uso de la tecnología puede comprometer la seguridad y repasamos las distintas soluciones de software y hardware que pueden ayudarnos a preservarla. El taller estará a cargo del Ing. Pedro Muñoz del Río, Presidente de APESOL, y Miguel Morachimo de Hiperderecho gracias a una gentil invitación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura.
El taller se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre a las 10 am en el Auditorio IME de la Universidad de Piura, campus Piura (Av Ramón Mugica 131, Urb. San Eduardo, Piura). El ingreso es libre.
En ambos casos, dos ciudadanos presentaron sendas reclamaciones contra DatosPeru porque había desconocido sus solicitudes de eliminar sus nombres de su página web. Específicamente, las páginas reclamadas eran las correspondientes a una Resolución Ministerial y un Decreto de Alcaldía publicados originalmente en el boletín de normas legales de El Peruano y republicadas íntegramente por DatosPeru. En sus resoluciones, la APDP consideró que estas normas legales debieron de haberse previamente anonimizado antes de hacerse públicas y que el que hayan sido publicadas en El Peruano no autorizaba a que otras personas lo hagan también en igual condición.
El primer tema controversial en ambas decisiones es la determinación de la jurisdicción aplicable a DatosPeru. Según el Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, la APDP solo es competente en en las reclamaciones contra personas domiciliadas en el territorio nacional o cuando el tratamiento se lleve a cabo en Perú. En este caso, no se pudo demostrar la afiliación de DatosPeru con una persona jurídica local o un número de IP correspondiente al país (según el registro WHOIS). Lo que finalmente llevó a la APDP a establecer el domicilio de la reclamada en Perú fue la dirección que consignó como domicilio en su página de Facebook (¡!). Este es un punto polémico porque la misma APDP en dos ocasiones ya había declarado inadmisible otras reclamacionesporque no se pudo acreditar el domicilio en Perú de los reclamados. Sin embargo, en este caso, una prueba tan débil como esa terminó inclinando la balanza y sirviendo para establecer la jurisdicción de la APDP. Sin embargo, incluso habiendo “asumido” el domicilio, no se pudo determinar con exactitud la persona jurídica responsable de la página y ello representará un problema para el cumplimiento de la resolución.
Pero el auténtico tema de fondo es si la APDP resolvió adecuadamente al determinar que las normas legales publicadas en el El Peruano solo pueden republicarse previo proceso de anonimización. Aunque DatosPerú quizás es más conocida por republicar la base de datos de contribuyentes de SUNAT, otra de sus labores es la de republicar el boletín de normas legales de El Peruano. Dado el paupérrimo estado de la publicidad de las normas legales en nuestro país, no sorprende que este sea un servicio ofrecido y demandado por muchos. Pero a diferencia de El Peruano o SPIJ, DatosPeru republica el texto de las normas legales gratuitamente, en un formato accesible y permite su indexación por buscadores (algo que los otros dos impiden vía archivos robots.txt: 1, 2). Precisamente esta disponibilidad a través de buscadores parece ser una de las cosas que distingue, según la Autoridad, la actividad de Datos Perú de l que realiza El Peruano. Adicionalmente, para la APDP, el que un documento haya sido previamente publicado en el Diario Oficial “no faculta al reclamado a realizar un tratamiento de datos personales que resulta perjudicial para el reclamante y que no se justifica en el interés público”.
Finalmente, la APDP sustenta su decisión en una interpretación extensiva del Reglamento de Protección de Datos Personales que señala que los “repertorios de jurisprudencia” podrán ser considerados como fuentes accesibles al público siempre que estén debidamente anonimizados (es decir, con los nombres y datos personales borrados). En los casos que motivan estas resoluciones, sin embargo, no estamos frente a jurisprudencia sino a normas legales de carácter particular. Ninguna base de datos que incluye este tipo de normas, incluyendo la que comercializa el propio Ministerio de Justicia, tiene los datos personales de los involucrados anonimizados. Bajo esta interpretación, son muchas las entidades públicas y empresas que pueden ser sancionadas al publicar sus normas sin borrar el nombre de las personas involucradas.
La Ley de Protección de Datos Personales, luego de tres años y medio de haber sido publicada, es usada por primera vez para imponer una sanción. Lamentablemente, creo que este primer precedente pudo estar mejor escogido. Además de los múltiples problemas de ejecución que representa intentar hacer cumplir una decisión a una empresa fantasma, resulta problemático orientarla contra la publicidad de las normas legales. En principio, porque existen muchísimas otras situaciones donde la infracción a la protección de los datos personales es incontestable y constituyen prácticas generalizadas en el mercado. Pero también porque el criterio de que la información pública estatal como las Normas Legales solo puede replicarse siempre y cuando esté anonimizada parece excesivo desde el punto de vista de la transparencia y el acceso a la información pública.
¿Existe un interés público en saber que tal o cual persona fue separada de un cargo, nombrada o su renuncia fue aceptada mediante una Resolución Ministerial o una decisión municipal? Yo creo que sí. Ese tipo de información se publica en el Diario Oficial con nombres y apellidos porque no solo sirve de aviso general sino también porque al hacerlo pasa a integrar un registro público inalterable. Proyectos de periodismo de datos tan valiosos como Verita o Publitobot, precisamente se apoyan en este tipo de registros públicos para indagar en la vida pública de futuros alcaldes, congresistas y ministros. El derecho a la protección de datos personales, entendido como lo reflejan las decisiones de la APDP, puede ser una herramienta peligrosa para que cualquier persona que fue sancionada, separada de un cargo o procesada pueda borrar todo rastro del hecho de cualquier repositorio público.
Hiperderecho organiza este mes un ciclo de cine sobre Internet y Política en colaboración con el Centro Federado de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Este ciclo busca ofrecer una mirada a algunas de las historias más relevantes de la interacción entre el sistema legal, la política y la Internet retratadas por el cine. Cada una de las tres películas que componen este ciclo además será comentada por miembros de la ONG Hiperderecho y por especialistas invitados.
En la primera sesión miraremos y discutiremos el documental The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz (Brian Knappenberger, USA, 2014). La cinta presenta la vida del reconocido programador y activista Aaron Swartz, así como detalles del proceso penal que enfrentó por haber cometido presuntos delitos informáticos, y cuenta con los testimonios de Lawrence Lessig, Cory Doctorow, Orin Kerr y la familia del propio Swartz. La discusión y comentarios estarán a cargo de Miguel Morachimo, Director de Hiperderecho.
El evento se llevará a cabo en la aula L-313 de la facultad de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Av. Universitaria s/n, San Miguel) desde las 5 pm. El ingreso es libre.
Hiperderecho organiza este jueves 6 de noviembre un conversatorio sobre Internet y Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
El evento contará con la participación de Miguel Morachimo, Director de la ONG Hiperderecho. Él compartirá con los asistentes una mirada a los asuntos más relevantes de la intersección entre el Derecho y la Tecnología en Perú. Además, presentará siete libertades esenciales para el uso de la tecnología que actualmente están reconocidas en la legislación peruana y que todo usuario debe de conocer y hacer respetar, como el derecho a desbloquear un celular o a hacer ingeniería inversa a un software. También discutiremos con los asistentes sobre la importancia de contar con una legislación que respete la innovación en tecnología y el rol que los usuarios y desarrolladores en este proceso. Este ciclo de charlas es parte de un proyecto financiado por Google para promover la discusión sobre Internet y políticas públicas en Perú.
El evento se llevará a cabo en la cafetería Ático PUCP del edificio Tinkuy de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Av. Universitaria s/n, San Miguel) desde las 2 pm. El ingreso al evento es libre.
El evento contará con la participación de Miguel Morachimo, Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Director de la ONG Hiperderecho. Él compartirá con los asistentes una mirada a los asuntos más relevantes de la intersección entre el Derecho y la Tecnología en Perú, a propósito del trabajo de Hiperderecho en los últimos meses en materia de delitos informáticos, derechos de autor y libertad de expresión. Este ciclo de charlas es parte de un proyecto financiado por Google para promover la discusión sobre Internet y políticas públicas en Perú.
El evento se llevará a cabo el viernes 31 de octubre en el Auditorio 802 del Edificio Juan Pablo II desde las 12 horas en el campus de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (Av. San Josemaría Escrivá 855, Chiclayo). El ingreso al evento es libre y los interesados podrán recibir un certificado de la Universidad por su participación.
A propósito de un artículo publicado recientemente en el diario El Comercio se ha iniciado un debate local sobre las posibilidades y peligros de navegar usando TOR. La nota, aparecida originalmente en mayo de 2013 a través de la Agencia EFE, contiene una gran cantidad de inexactitudes y prejuicios que vale la pena aclarar. Con independencia de los errores concretos que presenta el artículo, nos interesa aportar aportar una mirada a TOR desde el enfoque de los derechos humanos y la defensa de las libertades ciudadanas.
En términos generales, el artículo al que nos referimos intenta explicar cómo el navegador TOR permite el acceso a una serie de contenidos y servicios de naturaleza legal cuestionable. En sus declaraciones, el representante de Cisco Martín Vega hace un fuerte énfasis en los distintos contenidos ilegales que son accesibles a través de TOR y termina recomendando que “no es un mundo para los de corazón débil”. Sin embargo, el artículo omite mencionar que TOR es una herramienta de libertad de expresión diseñada y usada esencialmente para brindar anonimato y combatir la censura en Internet y es usada de forma lícita por activistas, investigadores, periodistas e incluso agencias estatales.
En términos simples, TOR es un navegador de Internet disponible para los principales sistemas operativos, alternativo a Internet Explorer o Google Chrome, construido usando buena parte del código de Firefox. Desde el punto de vista del usuario final, TOR sirve para dos cosas bien distintas: para navegar en sitios web sin dejar rastro y para acceder a contenidos solo disponibles a través de la red TOR (servicios ocultos). En el primer caso, navegando a través de TOR uno puede acceder a páginas bloqueadas en ciertas redes, visitar cualquier página web sin revelar la IP de origen y también enmascarar el tráfico cursado de tal manera que el ISP no sepa qué páginas visitamos. Adicionalmente, a través de TOR también se pueden acceder a ciertos contenidos llamados servicios ocultos que han sido configurados para solo ser accesibles desde esta red (caracterizados por una dirección .onion). Aunque TOR empezó como el proyecto de una agencia estatal de Estados Unidos, actualmente es desarrollado en forma open source y financiada desde el 2004 por una creciente comunidad de hackers y activistas en todo el mundo.
Específicamente, TOR es una herramienta de anonimato, privacidad y libre expresión. En países como Cuba, China, Pakistan o Turkia es usado por activistas, periodistas y ciudadanos en general para acceder a contenidos bloqueados, para reportar historias de violencia o corrupción y en general para proteger su identidad en los casos en los que su vida o libertad corre peligro al ejercer sus derechos al libre acceso a la información. En todo el mundo, TOR es una alternativa real y legítima para proteger nuestras comunicaciones y su libre uso se encuentra amparado por las leyes peruanas, así como por los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. Adicionalmente, se sabe que es una herramienta efectiva cuyo sistema de anonimato no ha podido ser revertido ni siquiera por la National Security Agency de Estados Unidos.
Sin embargo, es innegable que existen quienes han aprovechado el relativo anonimato que facilita TOR para cometer delitos. Este fenómeno, en principio, no es exclusivo de TOR ni de Internet en general. Como cualquier herramienta, puede ser usada para fines lícitos e ilícitos. En general, TOR es tan peligroso para la sociedad como lo son el dinero en efectivo o los cuchillos de cocina. La libre circulación de billetes facilita la informalidad y la corrupción, de la misma manera que los cuchillos de cocina pueden ser utilizados para causar lesiones a otras personas. En todos los casos, resulta incorrecto asignar una carga negativa a una herramienta con fines generales porque eso nos puede llevar a prohibirla o dificultar su desarrollo.
Es importante que las autoridades y los usuarios de Internet seamos conscientes del equilibrio que debe de existir entre la seguridad y la libertad en la regulación de la tecnología. En los últimos años hemos visto varios debates de este tipo en el Congreso que se plantean exclusivamente desde la visión de la tecnología como algo que no se conoce o a lo que se tiene miedo, sin medir las consecuencias que su restricción puede tener para la conservación de la democracia y el progreso de nuestro país.
Pedro Muñoz del Río es ingeniero y Presidente de la Asociación Peruana de Software Libre (APESOL)
El emprendimiento en mercados vinculados a la tecnología es un fenómeno en crecimiento en todo el mundo, incluyendo nuestro país. Aunque es frecuente hablar de disrupción, nuevos modelos de negocio y economía de pares, se habla muy poco de las condiciones actuales en las que estas ideas tienen que implementarse en Perú. Según el índice de Banco Mundial , nuestro país se ubica en el puesto número 63 en facilidad de apertura de un negocio y en el 105 en cumplimiento de contratos. Si queremos mejorar esas cifras, es necesario tener una discusión pública sobre las oportunidades y dificultades que presenta nuestro marco legal para el emprendimiento digital.
En su Guía legal para una startup[PDF], Jill Khoury presenta y describe las reglas y asuntos societarios esenciales en los que tiene que pensar cualquier potencial emprendedor digital en nuestro país. Aunque se han hecho algunos reportes similares antes, se trata del primero que está orientado específicamente a startups en Perú. Desde la selección del tipo de empresa hasta la entrada de inversionistas, el reporte está fuertemente enfocado en los aspectos societarios de una empresa en ciernes aunque también incluye aspectos esenciales de propiedad intelectual y contratación. Este reporte buscar ser un punto de partida que oriente a futuros emprendedores en asuntos societarios y también el inicio de una discusión más pragmática sobre las condiciones para empezar un negocio digital en Perú.
Este informe es una nueva entrega de nuestra serie Documentos de Trabajo, dedicada a explorar los aspectos más problemáticos de la interacción entre el Derecho y la Tecnología en Perú.
Hiperderecho y la Asociación Peruana de Software Libre organizan este viernes 3 de octubre una nueva edición del Taller de Defensa Personal de tu Privacidad en la Universidad Privada del Norte de Los Olivos.
Este taller es una introducción a las distintas herramientas que el derecho y la tecnología brindan para proteger la privacidad. Empezaremos delineando el contenido del derecho a la privacidad y luego pasamos a ver casos en los que esta puede verse comprometida y cómo pueden reaccionar las personas para salvaguardarla (ya sea tomando acciones, recurriendo a las autoridades o iniciando procedimientos o procesos legales). En la segunda parte, revisaremos los principales escenarios en los que el uso de la tecnología puede comprometer la seguridad y repasamos las distintas soluciones de software y hardware que pueden ayudarnos a preservarla. El taller estará a cargo del Ing. Pedro Muñoz del Río, Presidente de APESOL, y Miguel Morachimo de Hiperderecho gracias a una gentil invitación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada del Norte.
El taller se llevará a cabo este viernes 3 de octubre a las 11 am en el Auditorio de la Universidad Privada del Norte, campus Los Olivos (Av. Alfredo Mendiola 6062, Urb. Los Olivos). El ingreso es libre.
Hacer reglas para los entornos digitales nos plantea, bajo distintas formas, una pregunta sobre cómo imaginamos futuro. Nuestra idea del futuro está necesariamente influenciada por nuestras ideas sobre el presente, sobre la tecnología y sobre la sociedad. En general, toda norma parte de un supuesto de hecho que busca evitarse o promoverse. Así, por ejemplo, las normas sobre pesca o electricidad parten de un estudio técnico sobre el desempeño del mercado o del entorno económico y social del problema. Sin embargo, en países como el nuestro las normas sobre tecnología parten de impresiones y prejuicios que toman el peor escenario posible como indiscutible y no se molestan mucho en verificarlo.
Para quienes usamos y trabajamos con Internet, una computadora o una tablet representan una puerta a un mundo de posibilidades: compartir fotos por redes sociales, jugar World of Warcraft o aprender a programar, mirar películas por Netflix o investigar más sobre Guardianes de la Galaxia o Game of Thrones. Sin embargo, para otro grupo importante de personas esos mismos aparatos representan el peligro de robo de identidad o de tarjetas de crédito, extorsión, pornografía infantil, estafas, entre otros. Esta diferencia de mentalidades no solo tiene que ver con una brecha generacional, sino que es mucho más profunda. Está en parte alimentada por el desconocimiento y también por el miedo infundido por noticias sensacionalistas sobre los peores casos de hackeos, secuestros y demás peligros de la tecnología al que somos expuestos.
Esta división de opiniones no es exclusiva de la tecnología. De la misma manera, desde los automóviles hasta los organismos transgénicos tienen promotores y detractores en todos lados. En todos estos casos, nuestra sociedad tiene que tomar decisiones importantes sobre si los beneficios de determinado fenómeno justifican los riesgos que su masificación implica. La pregunta es cómo deben de tomarse estas decisiones y qué elementos deben de tenerse en cuenta para evaluarlas. Yo creo que en el caso de la tecnología nos equivocamos con frecuencia porque al momento de legislar partimos del miedo, de la ignorancia y por eso nuestra mejor respuesta es la represión.
Muchas de nuestras autoridades, incluyendo congresistas, le tienen miedo a la tecnología. Es lo primero de lo que uno se da cuenta al leer iniciativas como la Ley de Delitos Informáticos o versión inicial la Ley Chehade. No son propuestas que partan de la experiencia o que se sustentan en vacíos legales debidamente identificados por jueces o fiscales. Por el contrario, son formuladas y expresadas desde el espanto que producen los reportajes sobre robos de información o meras impresiones sobre lo que es bueno y malo. Por eso son tan amplias, tan vagas y resultan tan difíciles de comprender: no se escriben desde la experiencia sino desde la suposición. Si aplicáramos la misma mentalidad que aplican nuestros legisladores a otros aspectos, la noticia de un asesinato por envenenamiento nos llevaría a prohibir la venta de veneno para ratas, acido muriático o lejía en todo el país. Sin embargo, no lo hacemos. Pese a que comprendemos que asumimos un peligro al permitir la libre circulación de estas sustancias, la escasa incidencia de asesinatos bajo esta modalidad y la existencia de recursos legales para contestarlos nos ha dejado lo suficientemente tranquilos.
También partimos de la ignorancia porque, muchas veces, las tecnologías son tan recientes que es imposible analizar si van a ser más beneficiosas que peligrosas. Incluso cuando ya tienen varios años en aplicación no se toman decisiones sobre la base de la realidad nacional. A menudo, basta con leer el último reporte de cualquier empresa que fabrica antivirus para concluir categóricamente que estamos al borde del colapso del sistema financiero. También es frecuente que sobredimensionemos los peligros de ciertas conductas respecto de otras. Por ejemplo, podemos pensar que es más común el acoso a menores a través de Internet o el robo de identidad que el fraude o phishing, cuando cualquier usuario peruano puede comprobar en su bandeja de correo lo contrario.[1] En contra de la práctica dominante, la aproximación a cualquier problema relacionado con la tecnología tiene que estar sustentado en la experiencia. Necesitamos dejar tiempo y espacio para que la tecnología se desarrolle y solo así tener los elementos de juicio apropiados para regularla. Muchas de las tecnologías más valiosas que tenemos se han desarrollado desde la libertad y no gracias a un permiso específico otorgado por el Estado.
¿Qué pasa cuando las personas que tienen una idea negativa sobre la tecnología son los encargados de regularla? La ignorancia y el miedo a lo que no conocemos nos llevan a la represión. Castigar, prohibir o someter a aprobación previa parece ser la única conclusión posible frente a un fenómeno que parece más grande que nosotros. Como resultado, muchas ideas innovadoras nunca desarrollan plenamente su potencial o se quedan en papel. Imaginemos, por ejemplo, que ante el fenómeno real de la masificación de la clonación de tarjetas se propone una ley que prohiba a cualquier negocio peruano aceptar un pago con tarjeta que no esté verificado previamente a través de un sistema de huella digital. Esta idea bien intencionada inmediatamente eliminaría las pocas posibilidades que tienen actualmente los negocios a través de Internet de recibir pagos con tarjetas de crédito. Incluso, también podría quedar vedad la posibilidad de que algún desarrollador experimente con métodos alternativos de pago como NFC.
La consecuencia de que se nos niegue el acceso a la innovación o que existan barreras burocráticas para ello no solo significaría una pérdida para las empresas sino, principalmente, para los usuarios. Todos saldríamos perdiendo porque existirían menos ideas nuevas y menos empresas en competencia, con el impacto que ello necesariamente tiene en la calidad de los servicios.
Como lo señala Adam Thierer en su último libro, es importante que pensemos en el impacto que tiene la cultura del permiso en el desarrollo del mercado tecnológico. Él plantea que debemos deshacernos del principio precautorio en materia de innovación y dar paso a la experimentación supervisada. No se trata de promover el libertinaje sino de asegurarnos que cada vez que tomamos decisiones de política pública sobre tecnología lo hagamos de manera informada.
Entre mis conocidos, cada vez es más frecuente recibir correos electrónicos fraudulentos de bancos que enlazan a páginas web falsas de Bancos que capturan información de todo tipo, desde datos personales hasta financieros. La Ley de Delitos Informáticos parece haber hecho muy poco para solucionar este problema. ↩
En su sesión de ayer, el Pleno del Congreso de la República aprobó una versión modificada del Proyecto de Ley de Promoción para el Uso Seguro y Responsable de Internet antes conocido como Ley Chehade. Desde su polémica primera versión presentada en octubre de 2013, el Proyecto ha cambiado para mejor durante su trámite por el Congreso hasta la versión finalmente aprobada.
El año pasado vimos con preocupación el Proyecto de Ley No. 2511/2012-CR presentado por el congresista Omar Chehade con la intención de proteger a los menores de edad de contenidos pornográficos disponibles en Internet. Este proyecto planteaba un esquema de censura previa de contenidos en Internet y ponía en riesgo la libertad de expresión en línea. Su versión original proponía que todas las conexiones a Internet en Perú sean filtradas por una Comisión Estatal con la finalidad de proteger a los niños del contenido obsceno y pornográfico en Internet. De esa manera, los filtros serían aplicados por todas las empresas que brindan acceso a Internet, salvo que el usuario solicite ser excluido del programa, y podrían incluir páginas personales, blogs, servicios de almacenamiento de fotos o vídeos, redes sociales e incluso sistemas de mensajería.
El Proyecto fue duramente criticado por especialistas en Derecho, educación y usuarios de Internet en general. En octubre, una petición en línea promovida por la ONG Hiperderecho logró más de 400 adherentes. Ese mismo mes Hiperderecho participó junto a otras organizaciones como Chicos.net de una serie de sesiones de trabajo dirigidas a identificar los problemas del Proyecto.
Afortunadamente, en mayo de este año la Comisión de la Mujer del Congreso decidió cambiar por completo la propuesta para orientarla a la promoción desde el Estado del uso seguro y responsable de Internet por parte de menores. En esa línea, se plantea la necesidad de que el Estado genere un espacio de diálogo entre entes gubernamentales, empresas y sociedad civil para promover campañas informativas, educativas y buenas prácticas que tengan como objetivo el uso responsable de las tecnologías. Así, la Comisión que antes se encargaba de censurar contenidos en Internet ha pasado a ser un espacio participativo y orientado a trabajar en educación y mejor información al usuario.
El debate
El debate en el Pleno se centró en el texto modificado por la Comisión y contó con las intervenciones de congresistas de diversas bancadas como Yhony Lescano, Rosa Mavila, entre otros. En general, las reacciones de los congresistas fueron favorables y sus comentarios apuntaron a la necesidad de darle más funciones y roles de coordinación a la Comisión Especial creada por la ley. Frente a ello, la presidenta de la Comisión de la Mujer solicitó un “cuarto intermedio” para incorporar las propuestas formuladas por el Pleno. Menos de dos horas después, ya se había repartido a los congresistas una nueva versión del Proyecto de Ley que finalmente fue aprobado por 80 votos a favor y ninguno en contra.
A la fecha el nuevo texto sustitutorio no ha sido publicado oficialmente en la página web del Congreso. Sin embargo, ha trascendido que los cambios realizados respecto de la versión de la Comisión de la Mujer son mínimos y no representaría un paso atrás respecto de las libertades en Internet.
Para Hiperderecho, la aprobación de este Proyecto de Ley significa una buena noticia para el respeto de las libertades en Internet. Felicitamos al Congreso por haber sido sensibles a las demandas y comentarios de usuarios y especialistas y logrado convertir un proyecto muy problemático en una solución inteligente orientada a educar y no a censurar.
