En su reciente Mensaje a la Nación, Keiko Fujimori anunció la creación de una Identidad Digital para cada ciudadano en el marco de una consigna más grande: la optimización de los trámites. Un día después, empezó a circular un borrador del Ejecutivo para solicitar delegación de facultades al Legislativo. Entre las materias para las cuales solicitaría la delegación, se encuentra el “desarrollo productivo e innovación”. En específico, dentro de la emisión de normas relacionadas con el sector financiero y de seguros, el nuevo gobierno propondría que estas empresas puedan “acceder a la información sobre identidad de las personas que posee RENIEC” para la apertura de cuentas, contratación, operaciones y similares. En esta nota, queremos compartir información sobre el estado actual de la identidad digital, para tener más claridad sobre lo que podrían significar estas propuestas. En una próxima edición haremos un análisis detallado de su formulación y cómo puede ello afectar tu información personal.

¿Qué es la identidad digital?

Aunque hay muchas definiciones dando vueltas, en principio, la identidad digital es el conjunto de atributos capturados y almacenados electrónicamente, así como las credenciales asociados a ellos, que permiten identificar de manera única a una persona. Su objetivo es proporcionar cierto nivel de seguridad en las transacciones y los trámites electrónicos.

De manera operativa, en la práctica, el concepto hace referencia a la posibilidad de que nuestra identidad sea reconocida en un medio digital mediante mecanismos seguros y confiables (lo que se conoce como “identificación digital”). Considerando que el DNI electrónico data de 2013 —aunque el proyecto ya se menciona en la Agenda Digital Peruana de 2006—, hace más de una década es posible intuir la existencia de una identidad digital en la política pública peruana.

La noción se hace mucho más clara cuando atendemos a la normatividad de transformación digital de la última década. Por ejemplo, la Ley de Gobierno Digital (Decreto Legislativo 1412), promulgada en septiembre de 2018, estableció un marco de gobernanza para ámbitos como la identidad digital, servicios digitales, interoperabilidad, etc. La propia norma establece el principio de equivalencia funcional, inherente a la propia idea de identidad digital: el uso de una identidad digital para acceder o prestar servicios digitales debe otorgar a las personas las mismas garantías que aquellas que tienen al relacionarse por medios tradicionales (art. 5).

Esta norma también recoge la definición de identidad digital compartida previamente (que, además, es la que emplean organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo). Además, crea el Marco de Identidad Digital del Estado Peruano, y establece que la credencial de identidad digital por excelencia en el Perú es el DNIe. También distingue autoridades: mientras la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD, antes SEGDI) es el ente rector de la identidad digital, RENIEC es un ente gestor.

Además, el Reglamento de la Ley de Gobierno Digital también crea la Plataforma Nacional de Identificación y Autenticación de la Identidad Digital (ID Gob.pe), la cual constituye un bloque básico para la interoperabilidad técnica en el Estado. En otras palabras, se trata de un recurso tecnológico reutilizable que permite la prestación de servicios digitales.

Identidad digital e infraestructura pública digital

La conceptualización de la Plataforma de Identidad Digital como un “bloque básico” es más reveladora de lo que parece: cuando el Reglamento habla de reutilización, en realidad, hace referencia a un atributo sumamente valioso en la infraestructura digital, que permite su escalabilidad e interoperabilidad.

Desde 2020, la necesidad de promover infraestructuras públicas digitales (DPI, por sus siglas en inglés) se ha hecho más visible en la diplomacia global: impulsada desde espacios como el G20 (principalmente, por actores como India), a la fecha es parte de la agenda central de Naciones Unidas, a través de la Oficina de Tecnologías Digitales y Emergentes (ODET) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Un recuento sobre la evolución y características de este concepto puede encontrarse en un paper que escribí para el CPR Latam 2025. Por ahora, quiero resaltar una idea: parte de la definición clave de la DPI es estar constituida por building blocks que permitan que cada capa se conecte con las adyacentes, permitiendo que las capas superiores aprovechen los recursos y capacidades desarrollados en las más profundas.

La identidad digital es, además, uno de los ejemplos paradigmáticos cuando se habla de DPI, en tanto cumple un rol fundamental en el acceso a otros servicios. Además, sobre ella se pueden construir otras capas.

Nuevo rostro de la identidad digital en el Perú: el DNI digital

Desde febrero de 2021, el Reglamento de la Ley de Gobierno Digital introdujo una nueva credencial: el DNI digital (DNId). Este DNI no debe ser confundido con el DNI electrónico (DNIe), que se emite desde 2013. En cualquier caso, en el texto no queda claro qué características tendrá esta credencial, más allá de aclarar que permite la creación de firmas digitales y que podrá ser usado para el ejercicio del voto electrónico.

Sin embargo, exactamente hace un año (el 30 de julio de 2025), la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el Decreto Supremo 098-2025-PCM, que modifica el Reglamento. Lo más interesante, a efectos de esta nota, está en las disposiciones complementarias finales: en primer lugar, se otorga a RENIEC el plazo de un año —es decir, hasta hoy— para culminar con la implementación del DNI digital e iniciar con su emisión, así como aprobar la normatividad necesaria para su operación y funcionamiento. 

Evidentemente, eso implica que RENIEC lleva meses trabajando en esta nueva credencial. Aunque no son fáciles de encontrar, existen publicaciones que informan sobre este desarrollo. Por ejemplo, el año pasado, durante el IV Seminario Internacional, RENIEC adelantó que el DNId ha sido conceptualizado como una billetera digital. 

En una presentación posterior en el marco de la Red GEALC, el área de Certificación y Servicios Digitales ofreció información mucho más completa: el piloto del DNId se ha construido sobre Modular Open Source Identity Platform (MOSIP), una plataforma de código abierto incubada en India, desarrollada específicamente para estar en la base de los sistemas de identidad digital de los Estados. De hecho, MOSIP y el Estado peruano firmaron un memorando de entendimiento en febrero de 2024 (antes de la modificación del Reglamento) para pilotear el sistema de identidad digital.

Recientemente, en mayo, participamos del taller de socialización que organizó Reniec para presentar su propuesta de credenciales verificables en el marco del DNId. En él, se detalló que, a través de un aplicativo (SOY PERÚ), el titular podrá verificarse frente a la institución que corresponda —por ejemplo, una universidad—, a partir de un modelo DaaS (Desktop as a Service). La autenticación se realizará de manera local, a nivel del dispositivo del ciudadano, quien aprobará entregar ciertos datos a la institución (previo escaneo de un QR).

El acceso a datos de RENIEC

La emisión del DNId, sin duda, transformará la manera en que las personas se identifican frente a distintas entidades. Sin embargo, es importante recordar que RENIEC ya ofrece mecanismos a públicos y privados para que accedan a la información de las personas. Aunque ha cambiado a lo largo del tiempo (con una modificación en abril de 2025), el Servicio de Consulta en Línea permite que distintas entidades (“usuarios”) accedan a los datos personales de los peruanos, en distintos niveles. En el nivel más alto, al cual pueden acceder notarios, entidades del sistema financiero, entre otros, se puede acceder a la firma.

Para usar este servicio, las entidades públicas o privadas que lo deseen deben completar previamente una solicitud de acceso al servicio, una declaración jurada y una solicitud de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la entidad y RENIEC.

Sin embargo, esto no es todo. Quienes alguna vez han activado el token digital de una app bancaria, o incluso contratado una nueva línea de crédito de manera virtual, muy probablemente están familiarizados con el siguiente escenario: el aplicativo pide realizar un escaneo 3D del rostro —que además realiza “prueba de vida” para asegurarse de que uno no esté empleando una fotografía—. ¿Cómo puede el banco realizar esta autenticación de identidad, si nunca antes le ofrecí imágenes de mi rostro y, por lo tanto, no tienen con qué plantilla compararlo?

Lo que sucede es que RENIEC también brinda el Servicio de Verificación Biométrica de la Identidad de las Personas, así como el Web Service biométrico dactilar y el Web Service biométrico facial. Con estas herramientas, RENIEC proporciona la verificación mediante comparación 1:1 (es decir, se compara los datos capturados por el aplicativo del banco con los datos que corresponden a la persona). En teoría, el banco no tiene acceso a la base de datos biométricos de RENIEC, sino solo al servicio de verificación —por el cual, además, debe pagar—.

En el sistema financiero, además, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ha aprobado medidas para reforzar la validación de identidad de los usuarios, entre los que destacan la inclusión de más de un factor de autenticación.

Preguntas post-mensaje presidencial

Como se abordó en esta nota, la identidad digital existe en el país desde hace más de una década —con sus dificultades y aciertos—. Y desde hace al menos un año, RENIEC (un organismo autónomo) prepara el lanzamiento del DNI digital. En cuanto al acceso a datos por parte de banca y seguros, RENIEC ya cuenta con mecanismos por los cuales estas entidades pueden pagar para verificar biometría.

Con todo esto en mente, la propuesta presidencial es confusa ¿Va a crear algo que ya existe? Una preocupación válida es que modifique toda la infraestructura construida hasta la fecha, pero no para ampliar garantías, sino para socavarlas.  De hecho, querer flexibilizar (aún más) el acceso de empresas a datos personales de la ciudadanía ya representa un gran problema. 

Sin duda, hay aspectos de gobernanza que es importante corregir. Por ejemplo, la duplicidad entre la SGTD (ente rector que administra la Plataforma ID Gob.pe) y RENIEC (ente gestor que administra la Plataforma ID Perú) puede llevar a confusión y es un aspecto en el que vale la pena delimitar competencias de manera más concreta. En el acceso a datos personales, considerando la gran cantidad de filtración de datos personales en el país, es necesario también implementar mejores protocolos de seguridad en la transferencia de datos, así como preguntarnos cómo balancear la minimización de datos con la seguridad en el entorno digital. Es posible que el DNId, que permite que la información viaje de manera cifrada, sea una buena alternativa (aunque es necesario también evaluar esta iniciativa desde una perspectiva de salvaguardias).

También en relación con la identidad, una deuda histórica es la ausencia de una Ley de Identidad de Género. A este problema legislativo se suma uno administrativo y judicial: no existe una vía administrativa para poder realizar el cambio del atributo “sexo” en el DNI de manera rápida, y cuando las personsa obtienen sentencias favorables en el ámbito judicial, RENIEC suele apelar dichas decisiones. Claramente, esto tampoco está dentro de la agenda del gobierno entrante, quien no hizo ni una sola mención a los problemas de las mujeres ni de la comunidad LGTBIQNb+ durante su Mensaje. Podemos descartar sin temor a equivocación que la propuesta de identidad digital del fujimorismo tenga en cuenta una idea de identidad digital plena para todas las personas, que les permita acceder a servicios públicos y privados con total respeto de su identidad.

Tomando en cuenta la tradición de vigilancia que acompaña a la historia política del gobierno entrante, preocupa que, en realidad, cuando la presidenta habla de “identidad digital” no se refiera a los esquemas que actualmente existen, sino que —más allá de la coincidencia nominal— en realidad, se refiera a una nueva infraestructura diseñada para el monitoreo de las personas aprovechando su identidad digital. El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció en mayo el Gemelo Digital, como un proyecto que utiliza datos de la ciudadanía e inteligencia artificial para simular, anticipar y proyectar escenarios. Lo peor es que no se sabe exactamente cómo funcionaría, porque obviamente estas iniciativas nunca están acompañadas de transparencia. Debemos exigir que este no sea el caso en el Perú.

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