Categoría: Privacidad/Datos Personales

Reforma del Código Penal, Decreto Legislativo 1182 y cómo se aprueban las leyes en el Perú

Sin duda alguna, mayo ha sido un mes marcado por diferentes sucesos de gran importancia para el país. Junto con el final de la campaña electoral y los destapes periodísticos de último momento, figura también la aprobación pendiente del texto que modifica el Código Penal y que ha generado acalorados debates.

Al respecto de este último hecho, a lo largo de las dos últimas semanas se ha escrito mucho sobre las deficiencias del proyecto de reforma. Se ha criticado, por ejemplo, que las penas han sido incrementadas o disminuidas usando criterios cuestionables y se han incluido nuevos tipos penales y agravantes contradictorios o superpuestos. Pero también hay un detalle que no hemos podido dejar de notar: el texto que quiere reformar el Código Penal incluye… ¡Un proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo 1182!

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Voto electrónico en el Perú, o cómo jugar con el derecho fundamental de nuestra democracia

A menos de un mes de la segunda vuelta de nuestras elecciones presidenciales, las interrogantes entorno al voto electrónico siguen sin aclararse. Como analizaba en su momento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue modificando la reglamentación para implementarlo a su antojo. Lejos de ser transparente, esta implementación se dio bajo un oscurantismo digno de sospecha. Hoy no sabemos si nuestro voto realizado electrónicamente es seguro, privado y secreto.

Un anuncio irresponsable

A principios de marzo, la ONPE anunciaba que iba a implementar el voto electrónico en treinta distritos del país. A partir de allí, todas fueron dudas. Sin siquiera saber cómo hacerlo, más de tres millones de votantes iban a emitirlo por primera vez. Una semana antes de los comicios, la ONPE decidió dar un paso atrás y acertadamente reducir la cantidad de distritos donde se iba a implementar. En este contexto, la sociedad civil y la comunidad técnica comenzaron a cuestionar la seriedad, legalidad e improvisación de tal implementación.

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Informe: ¿Por qué derogar el Decreto Legislativo 1182?

Como parte de nuestra campaña Contra el Decreto Legislativo 1182, hoy publicamos un nuevo reporte los problemas constitucionales del Decreto Legilslativo 1182. Este reporte critica tanto el mecanismo de acceso a datos de geolocalización sin orden judicial como el mandato de retención de datos de tráfico por tres años.

Este reporte desarrolla progresivamente las razones por las cuales el Decreto Legislativo 1182 contiene propuestas que son inconstitucionales, que afectan gravemente la privacidad de los usuarios y no respetan los principios de necesidad y proporcionalidad. En particular, sostiene que el acceso a datos de geolocalización de teléfonos móviles sin orden judicial es ilegal porque esta información está igualmente protegida como el contenido de las comunicaciones. Así mismo, explica cómo la obligación de conservar todos los datos relacionados con las telecomunicaciones de los peruanos constituye un nuevo mecanismo que afecta la privacidad de todos los peruanos al registrar información sobre registro de llamadas, navegación de Internet y desplazamientos geográficos, entre otros.

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Informe: Decreto Legislativo 1182, Geolocalización y Proceso Penal

Como parte de nuestra campaña Contra el Decreto Legislativo 1182, hoy publicamos un reporte completo sobre el mecanismo de geolocalización y su impacto en el proceso penal. A lo largo de sus veinticuatro páginas, este informe analiza en detalle las implicancias del nuevo mecanismo de acceso a datos de geolocalización en el contexto de sistema procesal penal que existe en nuestro país.

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Contra el Decreto Legislativo 1182

Esta semana presentamos nuestra iniciativa Contra el Decreto Legislativo 1182. Se trata de una campaña informativa que busca difundir entre el público en general los múltiples problemas del Decreto Legislativo 1182, también conocido como Ley Stalker o Ley de Geolocalización. Esta norma, aprobada sin debate previo ni justificación, autoriza a la Policía a acceder a la ubicación de cualquier usuario de celulares sin orden judicial y obliga las empresas de telecomunicaciones a guardar registros de tráfico, desplazamiento y llamadas de todos sus usuarios por hasta tres años.

Esta campaña incluye un video que explica los riesgos del Decreto Legislativo, una página web informativa con infografías, respuestas a preguntas frecuentes y un archivo de todo lo que hemos publicado, un resumen ejecutivo del problema, dos informes legales que publicaremos pronto con las razones específicas por las que es necesario derogar este Decreto y una serie de eventos públicos.

Vamos a tener una serie de actividades para presentar esta campaña, conversar con especialistas y usuarios y conocer sus preocupaciones. La primera fecha será este jueves 19 de mayo en San Isidro como parte de nuestro ciclo Conexiones. También estaremos presentado la campaña en un evento especial el próximo jueves 26 de este mes en la Facultad de Derecho la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Declaración sobre Seguridad Digital en América Latina

La siguiente declaración fue entregada en la Escuela de Gobernanza del Sur en la ciudad de Washington DC, el día 1 de abril de 2016. Animamos a la OEA y a los países miembros a alinear las estrategias de ciberseguridad con perspectiva de Derechos Humanos. TEDIC y Karisma junto a otras organizaciones líderes de la región, incluyendo Hiperderecho, han elaborado este documento con los 10 puntos más importantes que la sociedad civil debe impulsar localmente. El mismo servirá de punto de partida para desarrollar una estrategia conjunta sobre este tema tan importante en nuestra región.

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Una batalla más para WhatsApp en Brasil

Por: Verónica Arroyo*

Marzo inició con otro capítulo en la no tan amable relación entre WhatsApp y la justicia brasileña. A inicios de este mes, la policía brasileña arrestó a Diego Dzodan, vicepresidente de Facebook en Latinoamérica, por haberse negado a cooperar con una investigación secreta relacionada al crimen organizado y tráfico de drogas. El juez de Sergipe señaló que en anteriores oportunidades se le habría pedido acceder a contenido de usuarios pero que tampoco habría prosperado; es así que la decisión de un arresto fue a sus ojos fue lo más idóneo. No obstante, al día siguiente otro juez que no compartía el mismo razonamiento decidió dejarlo en libertad, entendiendo que la decisión era de lo más desproporcionada. Durante todo el proceso, Facebook sostuvo que remitir ese tipo de información le era tecnológicamente imposible.

Desde octubre de 2014, Facebook es la empresa propietaria de WhatsApp. En aquellas fechas, parte de la controversia por la adquisición se centró en ver si se mantendrían los estándares de privacidad que WhatsApp tenía, que eran mucho más estrictos que los de Facebook. Así luego que se prometió que estos no se violarían, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) dio el aval para la adquisición.

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Apple vs. FBI: Cuando las compañías hacen activismo

Durante la semana pasada se ha dicho y escrito mucho sobre la orden judicial que ordena a Apple colaborar con el FBI para acceder a los datos del iPhone de uno de los autores de la masacre de San Bernardino. La negativa de Tim Cook, CEO de la compañía, ha sido apoyada y criticada desde diferentes frentes.

Sin duda es un tema polémico, pero sobre todo complejo. Por ello, quizás lo peor que se puede hacer para aproximarse a una mejor comprensión del asunto es separar los hechos actuales (el pedido del FBI y la negativa de Apple) de sus consecuencias. Ambos están íntimamente ligados y encierran dentro de sí debates que no son nada nuevos como el de seguridad vs. privacidad o el de los backdoors promovidos por el gobierno de Estados Unidos.

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El problema con la falta de transparencia de la #LeyStalker

La semana pasada les contábamos que el Ministerio del Interior había declarado como “información reservada” el Protocolo que se viene usando para geolocalizar sin orden judicial a los usuarios de equipos móviles en Perú. La entrada en vigencia de este “reglamento secreto” a inicios de noviembre ha terminado de deslegitimar a una norma tan polémica como el Decreto Legislativo No. 1182, aprobado sin discusión pública, en un día feriado y con una justificación plagiada.

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Policía considera “reservada” la forma en la que aplica la #LeyStalker

El verdadero alcance del polémico Decreto Legislativo 1182 o Ley Stalker continúa siendo una interrogante. Esta norma, que permite a la policía acceder a la ubicación de cualquier teléfono celular y obliga a los operadores a conservar los datos de tráfico de nuestras comunicaciones durante tres años, fue publicada sin debate parlamentario, en un día feriado y con una exposición de motivos plagiada de Internet. Lo que es peor, ahora el Ministerio del Interior se niega a explicar cómo está implementando esta nueva ley.

En octubre del año pasado, el Ministerio del Interior firmó con Telefónica del Perú, Claro, Bitel, y Entel un Protocolo de Acceso a los Datos de Localización o Geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos en los términos del Decreto Legislativo 1182. La firma se llevó a cabo en una ceremonia pública presidida por el Ministro Perez Guadalupe y también se elaboró una nota de prensa oficial que fue recogida por los principales medios de comunicación del país (1, 2). Curiosamente, el único ausente en la ceremonia fue el texto mismo del Protocolo, que no fue entregado a ningún periodista ni acompañó las notas de prensa. Todos los demás, solo pudimos ver su primera página exhibida como diploma en las fotos de rigor.

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