Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
Esta semana presentamos nuestra iniciativa Contra el Decreto Legislativo 1182. Se trata de una campaña informativa que busca difundir entre el público en general los múltiples problemas del Decreto Legislativo 1182, también conocido como Ley Stalker o Ley de Geolocalización. Esta norma, aprobada sin debate previo ni justificación, autoriza a la Policía a acceder a la ubicación de cualquier usuario de celulares sin orden judicial y obliga las empresas de telecomunicaciones a guardar registros de tráfico, desplazamiento y llamadas de todos sus usuarios por hasta tres años.
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La siguiente declaración fue entregada en la Escuela de Gobernanza del Sur en la ciudad de Washington DC, el día 1 de abril de 2016. Animamos a la OEA y a los países miembros a alinear las estrategias de ciberseguridad con perspectiva de Derechos Humanos. TEDIC y Karisma junto a otras organizaciones líderes de la región, incluyendo Hiperderecho, han elaborado este documento con los 10 puntos más importantes que la sociedad civil debe impulsar localmente. El mismo servirá de punto de partida para desarrollar una estrategia conjunta sobre este tema tan importante en nuestra región.
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Marzo inició con otro capítulo en la no tan amable relación entre WhatsApp y la justicia brasileña. A inicios de este mes, la policía brasileña arrestó a Diego Dzodan, vicepresidente de Facebook en Latinoamérica, por haberse negado a cooperar con una investigación secreta relacionada al crimen organizado y tráfico de drogas. El juez de Sergipe señaló que en anteriores oportunidades se le habría pedido acceder a contenido de usuarios pero que tampoco habría prosperado; es así que la decisión de un arresto fue a sus ojos fue lo más idóneo. No obstante, al día siguiente otro juez que no compartía el mismo razonamiento decidió dejarlo en libertad, entendiendo que la decisión era de lo más desproporcionada. Durante todo el proceso, Facebook sostuvo que remitir ese tipo de información le era tecnológicamente imposible.
Desde octubre de 2014, Facebook es la empresa propietaria de WhatsApp. En aquellas fechas, parte de la controversia por la adquisición se centró en ver si se mantendrían los estándares de privacidad que WhatsApp tenía, que eran mucho más estrictos que los de Facebook. Así luego que se prometió que estos no se violarían, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) dio el aval para la adquisición.
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Durante la semana pasada se ha dicho y escrito mucho sobre la orden judicial que ordena a Apple colaborar con el FBI para acceder a los datos del iPhone de uno de los autores de la masacre de San Bernardino. La negativa de Tim Cook, CEO de la compañía, ha sido apoyada y criticada desde diferentes frentes.
Sin duda es un tema polémico, pero sobre todo complejo. Por ello, quizás lo peor que se puede hacer para aproximarse a una mejor comprensión del asunto es separar los hechos actuales (el pedido del FBI y la negativa de Apple) de sus consecuencias. Ambos están íntimamente ligados y encierran dentro de sí debates que no son nada nuevos como el de seguridad vs. privacidad o el de los backdoors promovidos por el gobierno de Estados Unidos.
La semana pasada les contábamos que el Ministerio del Interior había declarado como “información reservada” el Protocolo que se viene usando para geolocalizar sin orden judicial a los usuarios de equipos móviles en Perú. La entrada en vigencia de este “reglamento secreto” a inicios de noviembre ha terminado de deslegitimar a una norma tan polémica como el Decreto Legislativo No. 1182, aprobado sin discusión pública, en un día feriado y con una justificación plagiada.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
El verdadero alcance del polémico Decreto Legislativo 1182 o Ley Stalker continúa siendo una interrogante. Esta norma, que permite a la policía acceder a la ubicación de cualquier teléfono celular y obliga a los operadores a conservar los datos de tráfico de nuestras comunicaciones durante tres años, fue publicada sin debate parlamentario, en un día feriado y con una exposición de motivos plagiada de Internet. Lo que es peor, ahora el Ministerio del Interior se niega a explicar cómo está implementando esta nueva ley.
En octubre del año pasado, el Ministerio del Interior firmó con Telefónica del Perú, Claro, Bitel, y Entel un Protocolo de Acceso a los Datos de Localización o Geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos en los términos del Decreto Legislativo 1182. La firma se llevó a cabo en una ceremonia pública presidida por el Ministro Perez Guadalupe y también se elaboró una nota de prensa oficial que fue recogida por los principales medios de comunicación del país (1, 2). Curiosamente, el único ausente en la ceremonia fue el texto mismo del Protocolo, que no fue entregado a ningún periodista ni acompañó las notas de prensa. Todos los demás, solo pudimos ver su primera página exhibida como diploma en las fotos de rigor.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
Somos una de las más de 200 organizaciones y empresas que han suscrito una carta abierta a los líderes mundiales para invocarlos a respetar las herramientas tecnológicas de cifrado. De esta manera, invocamos a los gobiernos del mundo a rechazar leyes, políticas públicas, o cualquier otro mandato o práctica, incluyendo acuerdos secretos con empresas, que limiten el acceso a o afecten las condiciones en las que se desarrollan herramientas de cifrado y otras tecnologías de comunicación segura. La versión completa de la carta, promovida por Access Now, puede leerse en Español desde aquí.
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A quienes recibieron un drone de regalo estas navidades les espera otra sorpresa en los próximos meses. Muy probablemente, vayan a tener que sacar un “brevete”, registrar el aparato y limitarse a volarlo bajo techo. El intento de regulación del uso de vehículos aéreos no tripulados (VANTs) o “drones” en Perú se está convirtiendo en una ensalada normativa. Actualmente, sobre el uso de estos aparatos ya existen tres proyectos de ley, una norma técnica nacional y otras regulaciones municipales, todas distintas y hasta contradictorias. Aunque ya hemos revisado algunas en un post anterior, en los últimos meses han aparecido nuevas normas y propuestas legislativas que han complicado más el panorama.
Abogado por la Universidad Blas Pascal de Córdoba (Argentina) y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Candidato a Máster en Derecho y Tecnología por la Universidad de Tilburg (Holanda).
La organización peruana defensora de los derechos digitales Hiperderecho junto con la Electronic Frontier Foundation, lanzaron hoy “¿Quién Defiende Tus Datos?”, un reporte que evalúa las prácticas de privacidad de las empresas de comunicación digital que los peruanos utilizan cada día. Junto con reportes similares lanzados a mediados de este año en Colombia y México, estas investigaciones forman parte de una amplia serie de evaluaciones a lo largo de América Latina basadas en el reporte anual de EFF “Who Has Your Back?” y adaptado a las necesidades y realidades locales. Este reporte pone en la mira a las compañías de telefonía e internet para determinar cuáles se destacan ante sus usuarios al responder a las solicitudes de información personal por parte del gobierno.
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