Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
NOV TEC (Noviembre Tecnológico) es un ciclo de eventos organizados por la Alianza Francesa de Lima que tiene por objeto profundizar el diálogo de dos ámbitos aparentemente distantes: el arte y la tecnología. En el marco de este ciclo, StoryCode Perú e IDL-Reporteros organizan la charla «El desafío de la transición digital en los medios peruanos» el próximo martes 7 de noviembre en Miraflores.
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En noviembre regresa nuestro ciclo Conexiones. Se trata de una nueva temporada de nuestra serie de reuniones mensuales sobre tecnología e interés público en Perú.
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¿Por qué a una startup debería de importarle lo que pasa en el Congreso? ¿Qué tiene que ver tu emprendimiento tecnológico con lo que se decida en un Ministerio? En Hiperderecho, nos hacen estas preguntas muy seguido. Por eso, estamos muy contentos de presentarles nuestro más reciente proyecto: Políticas Públicas y Start Ups.
En Perú, no hay una sino muchas leyes que se aplican a los emprendimientos tecnológicos. Aunque no lo creas, la mayoría de estas reglas han sido escritas sin pensar en la perpsectiva de las startups y probablemente sin preguntarles directamente su opinión. Nuestra nueva Guía de Bolsillo buscar orientar a los emprededores tecnológicos y las start ups en el camino de la incidencia en asuntos públicos como esos y ayudarlos a involucrarse más directamente. Este proyecto cuenta con el auspicio de Google.
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El Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar (CELACP) realizará durante los días 26, 27 y 28 de octubre un congreso dedicado al desarrollo de la literatura fantástica en el país. Este evento, que reúne a académicos, estudiantes y público en general, contará con la presencia de ponentes nacionales e internacionales que disertarán sobre las diferentes expresiones de la narrativa fantástica.
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¿Por qué a una startup debería de importarle lo que pasa en el Congreso? ¿Qué tiene que ver tu emprendimiento tecnológico con lo que se decida en un Ministerio? En Hiperderecho, nos hacen estas preguntas muy seguido. Por eso, estamos muy contentos de presentarles nuestro más reciente proyecto: Políticas Públicas y Start Ups.
En Perú, no hay una sino muchas leyes que se aplican a los emprendimientos tecnológicos. Aunque no lo creas, la mayoría de estas reglas han sido escritas sin pensar en la perpsectiva de las startups y probablemente sin preguntarles directamente su opinión. Nuestra Guía de Bolsillo buscar orientar a los emprededores tecnológicos y las start ups en el camino de la incidencia en asuntos públicos como esos y ayudarlos a involucrarse más directamente. Este proyecto cuenta con el auspicio de Google.
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El Proyecto de Ley No. 1669/2016-CR que propone crear el delito de difusión de material íntimo de manera no consentida sigue en trámite en el Congreso. Fue presentado en julio por el congresista José Marvin Palma (Fuerza Popular, Lambayeque) y actualmente se encuentra en estudio en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
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El Decreto Legislativo No. 1182 o Ley de Geolocalización empezó a funcionar hace un año y medio, cuando se aprobó el texto secreto de su Protocolo de Aplicación. ¿Qué información han recibido los ciudadanos respecto a su utilización y a sus resultados? Por ahora, ninguna. Con el afán de solucionar este problema, Hiperderecho decidió tomar las riendas e investigar los casos donde se ha estado usando el mecanismo de geolocalización. En teoría, debería de existir coordinación entre las instituciones que forman parte del proceso de uso de geolocalización. Es decir, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público deberían poseer la misma información refiriéndose, esto es: la misma cantidad de casos registrados, los tipos de crímenes, donde se han llevado a cabo, etc.
Sin embargo, para acceder a información pública en Perú es todavía necesario hacer trámites que recuerdan a las películas de espionaje de los ochentas, con papeleos que incluyen escribir cartas, rellenar formularios y encontrar la correcta mesa de partes en algún punto misterioso de la ciudad. Por suerte, Hiperderecho contó con la ayuda del congresista Alberto de Belaunde y su despacho para enviar solicitudes de acceso a la información a las entidades públicas involucradas. Vale hacer un breve paréntesis para recordar que el derecho de acceso a la información es protegido por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú y que es reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas como un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática.
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La Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Grupo de Estudiantes de Bibliotecología y Ciencias de la Información «Haykurinalla Willakuyman» realiza esta semana una conferencia sobre la Conducta Responsable en Investigación Científica en el Contexto de la Ciencia Abierta. Este evento reune a profesores y estudiantes de la Facultad de Letras de San Marcos para conversar sobre la realidad de la investigación científica en el marco del debate del acceso abierto y la ciencia abierta.
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Hace unos meses les contábamos de un nuevo Proyecto de Ley que proponía hacer público el contenido de los correos electrónicos de funcionarios públicos. De aprobarse, siginficaría que cualquier ciudadano podría solicitar copia de un correo electrónico enviado o recibido por un funcionario de la misma manera en la que lo hace con cartas. Presentado por la Defensoría del Pueblo, desde inicios de este año el Proyecto se encuentra bajo estudio en la Comisión de Fiscalización y Contraloría.
A nosotros nos parece que es una buena idea y que lo único que hace es actualizar la Ley de Transparencia para reconocer la forma en la que hoy la administración pública funciona. Si la Ley de Transparencia fuese a ser escrita hoy, sería imposible no tomar en cuenta la gran cantidad de información pública que se envía y recibe a través de correos electrónicos.
Sin embargo, creemos que hay algunos problemas de aplicación que tendrían que prevenirse en el Proyecto. En particular, nos preocupa los mecanismos de publicidad a implementarse y creemos que no debería de ser un sistema de publicidad automática sino solo a pedido del ciudadano. Además, debe de evitarse que los funcionarios eludan esta obligación usando sus correos electrónicos personales a través de sanciones administrativas. Es en este sentido que este mes hemos enviado una carta a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para dejar nuestros comentarios como parte del expediente del Proyecto.
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El Decreto Legislativo No. 1182 publicado en julio de 2015 reguló el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación. Por primera vez, la norma facultó a la Policía Nacional a solicitar el acceso inmediato de los datos de geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos de naturaleza similar de cualquier ciudadano. En Hiperderecho, desde entonces hemos publicado varias críticas a este decreto desde su vigencia. Sin embargo, se ha debatido menos sobre cómo puede mejorarse.
Es verdad que Perú presenta altos índices de inseguridad. Por ejemplo, encabeza la lista en tasas de victimización en la región, especialmente en las áreas urbanas donde el 26,9% de la población de quince y más años de edad son víctimas de algún hecho delictivo. A nivel nacional, el 88% de los peruanos se siente inseguro, al punto que hoy al peruano promedio le preocupa más la seguridad ciudadana que la economía nacional. Pero Perú no es el único país de la región que sufre de inseguridad. Latinoamérica es la región más violenta del mundo, tiene los índices de homicidios más altos con 16.3 por cada 100.000 habitantes y concentra a 42 de las 50 ciudades más inseguras del mundo con Venezuela, Honduras y Brasil encabezando la lista con mayor cantidad de ciudades. Finalmente, aunque nuestra región alberga sólo al 8% de la población global, tenemos un tercio de los homicidios mundiales. En consecuencia, Latinoamérica en su conjunto está tratando de elaborar políticas públicas que den respuestas efectivas a sus ciudadanos. Lamentablemente, con este fin muchas veces se sacrifican libertades en la búsqueda de esa seguridad.
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