Hace unos días se anunció un cambio importante en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Ana María Choquehuanca sería la nueva ministra de la Mujer. Esto generó diversas reacciones. Sin embargo, lo que ocasionó gran indignación en la población fue que en su primera entrevista declarara: “Yo no tengo un sesgo feminista, creo que el machismo tampoco es bueno.” (Para no entrar en tanto detalle, aquí el significado de feminismo por la RAE) Entre otras frases.

Ante estas lamentable declaraciones, la Sociedad Civil se movilizó. Esta vez no en la calle, sino a través del tuitazo #MinistraFeminismoEs para informar a la ministra Choquehuanca el verdadero significado del feminismo y la importancia de trabajar bajo el enfoque de género. Hubo una gran participación de la ciudadanía que logró convertir el hashtag #MinistraFeminismoEs en tendencia de Twitter. Con un total de 500 posts definiendo y dando ejemplos de qué es el feminismo y generando más de 9 mil impresiones (número de veces que el usuario ha interactuado con los posts) según Keyhole.

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Hace poco más de un año, escribíamos sobre los resultados del primer Foro Peruano de Gobernanza de Internet. Comentábamos allí los retos y dificultades de la organización, pero también el largo proceso de construir un espacio en donde se reuniera un número significativo de actores interesados en participar de esta iniciativa. Para los que no están familiarizados aún con este evento, los invito a leer la explicación brindada en la página web del Foro.

Un año de retos y aprendizajes

El principal reto del año pasado fue captar la atención de personas y organizaciones. Dada la ausencia de otros organizadores, Hiperderecho asumió el liderazgo y enfocó su trabajo inicial en identificar actores y contactarlos para proponerles la idea de realizar un Foro de Gobernanza en el país. Luego de varios meses, conseguimos unir un pequeño grupo de representantes de diferentes sectores (Academia, Gobierno y Sociedad Civil) y se tomó la decisión de llevar adelante la organización del primer evento de este tipo en el Perú.

Este año ocurrió todo lo contrario. Por iniciativa propia, fueron las organizaciones del ecosistema las que reclamaron la continuidad del Foro y trabajaron en espacios de coordinación y apoyo para hacerlo viable. Esto se vio reflejado en la participación de actores muy importantes para el desarrollo de Internet en el país como la Red Científica Peruana, Internet Society Perú y varios Ministerios del Estado, todos ausentes en la primera edición. Asimismo, se establecieron nuevos liderazgos como el de Democracia y Desarrollo Internacional y la colaboración del sector privado, a través de la empresa DN Consultores.

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Hace unos días, la Comisión de Inteligencia entregó el Dictamen del Proyecto de Ley Nº 772/2016-CR, una iniciativa impulsada por el congresista Marco Miyashiro (Fuerza Popular). Esta propuesta buscaba dotar de herramientas a los órganos de Inteligencia del Estado, específicamente a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), para hacer frente los retos del país en materia de Ciberseguridad. El texto modificado que acaba de ser enviado por la Comisión al Pleno es el producto del consenso entre diferentes entidades del Estado, pero también de representantes de la sociedad civil. Aunque todavía puede ser discutido y perfeccionado, el proceso que produjo esta última versión es un ejemplo de cómo deberían de discutirse las normas que afectan las tecnologías en nuestro país.

En estos últimos años, se ha vuelto frecuente que veamos en el Congreso iniciativas legislativas relacionadas a Internet. En su mayoría, estos proyectos de ley buscan regular o prohibir situaciones o tecnologías específicas por diferentes motivos, muchos de ellos cuestionables y otros francamente incomprensibles. Sin exagerar, hoy existen decenas de estos proyectos en el Congreso que, si llegaran a aprobarse, destruirían Internet como la conocemos. Aunque esto ocurre también en otras áreas, en el caso de la tecnología se ponen en peligro a muchos otros bienes valiosos como el desarrollo económico, la seguridad pública e incluso los derechos humanos.

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