Internet es un ecosistema diversificado entre actores de origen público y privado. Mediante la exclusión de distintas comunidades -como desarroladores de herramientas de seguridad, artistas, bibliotecas y grupos protectores de derechos de usuarios- los negociadores del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) han sesgado sus prioridades hacia las principales empresas de tecnología y de la industria generadora de contenidos que tienen un fuerte interés en mantener y ampliar sus monopolios de servicios digitales y obras protegidas. Negociado en secreto durante varios años, con la abrumadora influencia de poderosos intereses corporativos multinacionales, no sorprende que sus disposiciones hacen poco o nada para proteger nuestros derechos en línea o nuestra autonomía e independencia sobre los dispositivos que hayamos legalmente adquirido. Por ejemplo, en el TPP, todas las disposiciones que aumentan intereses y derechos a las corporaciones son vinculantes, mientras que cada disposición que pretende proteger el interés público no es obligatoria y susceptible de conseguirse solo avasallando los esfuerzos protectores de las corporaciones.
Director de Proyectos (2016-2018)
Abogado por la Universidad Blas Pascal de Córdoba (Argentina) y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Candidato a Máster en Derecho y Tecnología por la Universidad de Tilburg (Holanda).
