¿Deberían las plataformas ser reguladas? ¿Por qué, cómo y con qué salvaguardas? La semana pasada, la oficina principal de la Unesco en París fue sede de la Conferencia #InternetForTrust (“Por un Internet confiable”). Integrantes de la sociedad civil, delegaciones gubernamentales, sector privado, organizaciones internacionales, comunidad técnica, academia y demás actores de todas partes del mundo se hicieron presentes para intentar responder estas y otras preguntas desde sus contextos profesionales y locales. Se trata de un proceso de diálogo iniciado hace meses por Unesco, y que se prolongará por otros más, con el objetivo de lograr la aprobación de la mejor versión de unas Directrices para regular las plataformas digitales que puedan guiar procesos regulatorios nacionales. Leer más

Las redes sociales constituyen un importante punto de encuentro para compartir y recibir información, desplegar corrientes de opinión y, en general, expresarnos. Sin embargo, no cualquier tipo de contenido es aceptado en estas plataformas. Naturalmente, desde un punto de vista deliberativo, esta situación puede resultar problemática: ¿quién tiene control sobre los contenidos y por qué? ¿Hay alianzas entre actores políticos y redes sociales? ¿Los dueños de las plataformas deciden sobre qué se discute y sobre qué no?

Dado el actual contexto político peruano, cargado de polarización y desinformación en línea, han surgido muchas teorías sobre eliminación de contenido por razones de antipatía ideológica. Desde distintos espectros, voceros de diversas posiciones políticas denuncian la eliminación de sus publicaciones, atribuyéndola a actores políticos que pudieran estar en contra de su contenido. Sin embargo, la moderación de contenidos obedece a parámetros preestablecidos (e, incluso, automatizados) ajenos a la decisión directa de grupos gubernamentales. Incluso si convenimos en que la eliminación de contenido es cuestionable, es importante identificar a los actores hacia los cuales dirigir nuestras críticas para poder demandar mejoras. Leer más

Este artículo se publicó originalmente en inglés por encargo de OPTF, una organización tecnológica sin fines de lucro que está creando la aplicación de mensajería Session.
This article was commissioned by OPTF, a secure tech not-for-profit that is creating the Session messaging app. 

Los fundamentos de la democracia digital y de una Internet abierta se construyen sobre un sólido marco de respeto a los derechos humanos. Las prácticas abusivas que utilizan la tecnología —o la legislación— como herramienta de control y vigilancia están afectando directamente a los derechos digitales. Esto supone un gran peligro para la ciudadanía digital, poniendo en riesgo todo el sistema democrático. Aunque parezca una situación propia de los regímenes dictatoriales, los ciudadanos de los países «democráticos» también están siendo perjudicados por este tipo de prácticas. En el caso de Perú, por ejemplo, está creciendo un ambiente de desinformación, vigilancia y censura.

Actualmente, varias leyes y proyectos de ley afectan un ecosistema digital peruano libre. El año pasado, por ejemplo, se aprobó en el Congreso una ley que amplía los casos en los que la Policía Nacional del Perú puede solicitar la geolocalización de alguien a las empresas de telecomunicaciones sin una orden judicial previa. Además, desde el inicio de la pandemia y hasta hace poco más de un mes, cualquier persona que ingrese a Perú debía autorizar la geolocalización de su celular, sin saber quién se encargará de ello y hasta cuándo. Otra gran amenaza es el Proyecto de Ley General de Internet: una propuesta muy amplia que aborda diferentes temas en un solo texto. Una consecuencia de ello es que algunas disposiciones están pasando desapercibidas, como la facultad excepcional del Estado de autorizar u ordenar el cierre de Internet. Leer más

Hace dos semanas se anunció una de las noticias más esperadas en materia financiera: para 2023, Yape y Plin aceptarán transferencias entre sí. Mediante el publicado Reglamento de Interoperabilidad de los Servicios de Pago brindados por los proveedores, acuerdos y sistemas de pagos, el Banco Central de Reserva del Perú dispuso la interoperabilidad de ambas billeteras digitales, que tienen hasta marzo de 2023 para cumplir con dicho mandato. 

Con esta medida, no solo se simplifican las operaciones financieras, sino que, a largo plazo, se fomenta la inclusión financiera y el comercio electrónico. Por ello, estos y otros temas críticos para el ecosistema digital fueron puntos centrales de discusión de las Consultas Nacionales en el contexto de la evaluación sobre el estado de preparación del Perú para el comercio electrónico. Leer más

La circulación creciente de la desinformación e información maliciosa es una preocupación cada vez más vigente en la era de la transformación digital. Muchas de las grandes potencialidades de Internet —como la velocidad en la que viaja la información o la capacidad de comunicarnos con distintas personas a la vez en todas partes del mundo— también pueden convertirse en riesgos. 

Existen muchas formas en las que la tecnología y la legislación pueden utilizarse para socavar la democracia. El aumento de la desinformación, la manipulación y la vigilancia se han visto agudizados con la expansión de las TIC. Aunque siempre han existido, su despliegue tiene un impacto a mayor escala hoy en día. La pandemia, por ejemplo, fue una clara demostración de la gravedad de no contar con información clara y precisa —o de medios efectivos para comunicarla—: mientras la incertidumbre crecía, también lo hacían las noticias falsas que ponían en riesgo la salud pública. Leer más

Desde el 14 de julio hasta el 22 de julio, se está celebrando en Ginebra la Sexagésima tercera sesión de la Asamblea de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Con la opinión favorable unánime de los delegados de los Estados reunidos en sesión, se ha acreditado a Hiperderecho como Observador Permanente de la OMPI. Se trata de la primera vez que se le otorga el estatus de observadora a una institución peruana ante este foro.

¿Por qué es relevante? 

La OMPI es un foro importante de incidencia porque en él los Estados miembros de organismo internacional toman decisiones relevantes sobre temas de propiedad intelectual y derechos de autor que terminan por impactar en el acceso a la cultura y a las ciencias, el conocimiento libre, la salud pública y el acceso a medicinas, etc. Por esa razón, Hiperderecho tiene particular interés en la agenda en materia de excepciones y limitaciones (es decir, flexibilidades a los derechos de autor) que se está gestando en OMPI. 

Al ser admitido como observador, Hiperderecho, en tanto organización interesada en la agenda de acceso al conocimiento y la cultura, podrá participar en las reuniones oficiales de los Estados miembros, manifestando sus posiciones y aportes durante los procesos de debate del orden del día correspondiente. Asimismo, Hiperderecho podrá asistir también a las sesiones de los Comités de la OMPI, como es el caso del Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos o del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual, entre otros. 

Acceso abierto: la agenda que monitoreamos

En mayo de este año, tuvimos la oportunidad de acompañar a los equipos de otras organizaciones latinoamericanas participando en la sesión 42 del Comité de Derechos de Autor y Derechos Conexos (SCCR, por sus siglas en inglés), en Ginebra. En dicho espacio, se debatió la propuesta del Grupo Africano para un Plan de Trabajo en Excepciones y Limitaciones, la cual fue aprobada en parte. Como resultado, la Secretaría del Comité deberá invitar a expertos a discutir sobre los problemas de legislación aplicable en el caso de usos transfronterizos de obras protegidas (como sería el caso, por ejemplo, de una clase virtual con participantes de distintos países), a la vez que elaborar herramientas que ayuden a los Estados a redactar legislación interna que apoyen la educación, la investigación y la participación cultural. 

Con nuestro estatus de observadores, en futuras oportunidades Hiperderecho estará respaldando propuestas como la del Grupo Africano y aportando experiencias nacionales que permitan graficar la necesidad de contar con excepciones y limitaciones a los derechos de autor. Con ello, nuestro trabajo seguirá orientado a fortalecer el ejercicio del derecho a la investigación, así como el uso sin restricciones de los recursos digitales por parte de todas las personas.

Bloqueo a Wikimedia

Finalmente, de la misma forma en que creemos que el conocimiento debe circular de manera libre, gratuita y abierta, consideramos que la conversación sobre estas cuestiones debe ser transparente y democrática. Por tal razón, manifestamos nuestra preocupación en torno a que todos los capítulos de la Fundación Wikimedia que solicitaron ser acreditados como observadores hayan sido rechazados, pese a ser actores importantes del ecosistema. Esto, debido al bloqueo político que China lleva realizando en reiteradas oportunidades, con respaldo de países que apelan a la regla del consenso, tales como Venezuela o Cuba.

Accede

Puedes revisar la sesión aquí. El mismo portal de webcast te servirá para acceder a las grabaciones de cualquier otra reunión o sesión de la OMPI, con transcripción de texto.

El Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos (SCCR, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) celebró su cuadragésima segunda sesión entre el 9 y el 12 de mayo en Ginebra, Suiza. Se trató de la primera sesión presencial (con participación en línea de manera simultánea) desde el inicio de la pandemia.

Para las organizaciones y personas interesadas en el acceso libre, gratuito y abierto a la información y al uso sin restricciones de los recursos digitales por parte de todas las personas, este espacio tiene una relevancia particular. Allí no solo se discute la forma en la que debe abordarse el surgimiento y expansión de las nuevas tecnologías —y, por ende, nuevas formas de crear y difundir obras— desde el derecho de autor, sino también se debaten sus posibles flexibilidades. Dichas flexibilidades (conocidas de manera técnica como “excepciones y limitaciones”) constituyen mecanismos y disposiciones que, en circunstancias específicas, permiten utilizar obras intelectuales por razones de interés público sin contar con la autorización del autor (o del titular de los derechos). Con ello, pueden maximizarse derechos importantes para nuestras democracias, como los derechos de participación en la cultura o los derechos a la educación, acceso a la información y libertad de expresión. Por ejemplo, el derecho de cita, tan utilizado en investigación y sin el cual no existiría la producción científica, es una excepción a los derechos de autor. Leer más

Este año, el Día Mundial para la Libertad de Prensa, bajo la organización de Unesco y del gobierno de la República Oriental de Uruguay, tuvo lugar en Punta del Este entre el 2 y el 5 de mayo. Se trató de un evento multistakeholder que convocó a organizaciones de sociedad civil y academia, periodistas, empresas y plataformas, gobierno y demás, consiguiendo congregar a más de mil personas presencialmente a conversar sobre las preocupaciones vigentes —en el marco de los cambios originados por las nuevas tecnologías— en materia de libertad de expresión, moderación de contenidos, viabilidad de los medios, vigilancia y amenaza a periodistas, y el rol de los medios y la cobertura de prensa frente a la paz y la guerra. Leer más

El interés de las bancadas continúa fijado en el acceso a Internet. Conforme comentamos previamente, este tema —que es parte de la Agenda Legislativa para este periodo anual de sesiones— ya había sido aprobado en primera votación por el anterior Congreso, aunque no se llegó a agendar una segunda que permita la reforma constitucional. No obstante, en lo que va del periodo, se actualizó uno de los Proyectos que integraban la propuesta votada, al cual se le ha asignado el número 551/2021-CR. Asimismo, la bancada de Alianza Para el Progreso presentó un Proyecto muy similar, el 879/2021-CR, cuya única diferencia radica en haber omitido la garantía de acceso a una Internet “libre y abierta”. Por lo demás, ambas propuestas plantean que el acceso a Internet esté recogido en el marco del artículo 2, inciso 4, de la Constitución, relativo a las libertades informativas y de expresión.

Sin embargo, poco después se ingresó un tercer Proyecto de Ley, impulsado nuevamente por Alianza Para el Progreso, que también propone una reforma constitucional para reconocer el acceso a Internet como derecho fundamental. Se trata del Proyecto 881/2021-CR, el cual contiene diferencias sustanciales respecto de los dos anteriores. Leer más