Las redes sociales constituyen un importante punto de encuentro para compartir y recibir información, desplegar corrientes de opinión y, en general, expresarnos. Sin embargo, no cualquier tipo de contenido es aceptado en estas plataformas. Naturalmente, desde un punto de vista deliberativo, esta situación puede resultar problemática: ¿quién tiene control sobre los contenidos y por qué? ¿Hay alianzas entre actores políticos y redes sociales? ¿Los dueños de las plataformas deciden sobre qué se discute y sobre qué no?

Dado el actual contexto político peruano, cargado de polarización y desinformación en línea, han surgido muchas teorías sobre eliminación de contenido por razones de antipatía ideológica. Desde distintos espectros, voceros de diversas posiciones políticas denuncian la eliminación de sus publicaciones, atribuyéndola a actores políticos que pudieran estar en contra de su contenido. Sin embargo, la moderación de contenidos obedece a parámetros preestablecidos (e, incluso, automatizados) ajenos a la decisión directa de grupos gubernamentales. Incluso si convenimos en que la eliminación de contenido es cuestionable, es importante identificar a los actores hacia los cuales dirigir nuestras críticas para poder demandar mejoras. Leer más

El 9 de enero de 2023 se publicó en el diario El Peruano la Resolución N°003-2023-OSIPTEL, que modifica el Reglamento de Neutralidad de Red. Esta resolución supone un avance en la protección de los derechos fundamentales en Internet ya que con ella la regulación de neutralidad de red se adhiere a los estándares internacionales de derechos humanos.

La modificación realizada

Antes de esta modificación, el reglamento de neutralidad de red regulaba los casos en los que las operadoras de telecomunicaciones podían implementar medidas contrarias a la neutralidad de red sin autorización previa de OSIPTEL. La neutralidad de red es un principio establecido en la Ley N° 29904, que garantiza que las operadoras no puedan filtrar, bloquear o degradar el tráfico de Internet de manera arbitraria.  Leer más

Internet como medio de información y defensa 

Frente a los actos de represión y violencia que han dejado hasta el momento 51 peruanos asesinados, los medios de comunicación tradicionales han mostrado una postura parcial y sesgada frente a las demandas de la ciudadanía que se ha movilizado en distintas regiones del país. En ese sentido, son los medios digitales y alternativos los que han realizado una cobertura imparcial de la ciudadanía movilizada y de las acciones violentas de las fuerzas del orden para con ellos. Desde el registro audiovisual, la investigación con fuentes verificadas y desde las crónicas, nos han brindado información que no obtenemos de parte de la prensa tradicional peruana. Leer más

Hiperderecho nació como una organización de la sociedad civil con un objetivo ambicioso, sí, pero también necesario: el promover el respeto de los derechos y libertades en entornos digitales. Para el cumplimiento de esta meta, a lo largo de estos diez años, formaron y forman parte de Hiperderecho un equipo diverso de personas que, desde sus especialidades y su interés por la tecnología, aportaron de forma invaluable para el fortalecimiento del ecosistema digital y el respeto de los derechos humanos en nuestro país.

A lo largo de este tiempo, Hiperderecho ha realizado distintas acciones que se podrían englobar, principalmente en: incidencia en políticas públicas, litigio estratégico, activismo, investigación, y capacitación a través de talleres y acciones educativas. En cada una de estas acciones, los equipos y las personas que los conforman brindaron lo mejor de sus conocimiento y capacidades para lograr posicionar a Hiperderecho como actor relevante en el espacio de tecnología y derechos humanos. Leer más

En el proceso de hábeas data recaído en el Expediente N° 4792-2017-PHD/TC el Tribunal Constitucional peruano emitió la Sentencia 298/2022, a través de la cual se pronuncia respecto de la publicidad de los correos electrónicos de funcionarios públicos.

¿Qué tipo de correos son accesibles?

En la demanda dirigida contra el Ministerio de Energía y Minas, se solicita correos electrónicos recibidos por el entonces Ministro Eleodoro Mayorga Alba a su cuenta de correo oficial o a cualquier otra que le haya sido creada por el ministerio, con sus respectivas respuestas, “en las cuales el titular del pliego se haya comunicado con cualquiera persona para tratar cualquier asunto relacionado con el Nuevo Reglamento Nacional de Hidrocarburos o sus similares”. Vemos, entonces, que el objeto de la solicitud eran correos electrónicos institucionales (o similares) creados por el ministerio. 

En definitiva, sobre lo que se pronuncia el Tribunal es sobre este tipo de correos electrónicos: los institucionales u oficiales. De esta manera, se deja fuera de análisis los correos electrónicos personales de funcionarios públicos (por más que puedan contener información relativa a la gestión pública o de interés público). Esto último, siendo un ámbito de discusión muy interesante, no es abordado por el Alto Tribunal. Leer más

Compuesta por las organizaciones Fundación Conocimiento Abierto, Media Chicas, Fundación Activismo Feminista Digital, Faro Digital, Tedic, Internet Bolivia, Mujer Dispara e Hiperderecho, la Red de Géneros Internet y Derechos digitales participará de la campaña “16 Días de activismo contra la violencia de género”. Las actividades de esta iniciativa que posiciona al centro al poder de los activismos y su incidencia en la desigualdad y violencia que viven las mujeres y diversidades sexuales va desde el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Leer más

Este artículo se publicó originalmente en inglés por encargo de OPTF, una organización tecnológica sin fines de lucro que está creando la aplicación de mensajería Session.
This article was commissioned by OPTF, a secure tech not-for-profit that is creating the Session messaging app. 

Los fundamentos de la democracia digital y de una Internet abierta se construyen sobre un sólido marco de respeto a los derechos humanos. Las prácticas abusivas que utilizan la tecnología —o la legislación— como herramienta de control y vigilancia están afectando directamente a los derechos digitales. Esto supone un gran peligro para la ciudadanía digital, poniendo en riesgo todo el sistema democrático. Aunque parezca una situación propia de los regímenes dictatoriales, los ciudadanos de los países «democráticos» también están siendo perjudicados por este tipo de prácticas. En el caso de Perú, por ejemplo, está creciendo un ambiente de desinformación, vigilancia y censura.

Actualmente, varias leyes y proyectos de ley afectan un ecosistema digital peruano libre. El año pasado, por ejemplo, se aprobó en el Congreso una ley que amplía los casos en los que la Policía Nacional del Perú puede solicitar la geolocalización de alguien a las empresas de telecomunicaciones sin una orden judicial previa. Además, desde el inicio de la pandemia y hasta hace poco más de un mes, cualquier persona que ingrese a Perú debía autorizar la geolocalización de su celular, sin saber quién se encargará de ello y hasta cuándo. Otra gran amenaza es el Proyecto de Ley General de Internet: una propuesta muy amplia que aborda diferentes temas en un solo texto. Una consecuencia de ello es que algunas disposiciones están pasando desapercibidas, como la facultad excepcional del Estado de autorizar u ordenar el cierre de Internet. Leer más

Hace dos semanas se anunció una de las noticias más esperadas en materia financiera: para 2023, Yape y Plin aceptarán transferencias entre sí. Mediante el publicado Reglamento de Interoperabilidad de los Servicios de Pago brindados por los proveedores, acuerdos y sistemas de pagos, el Banco Central de Reserva del Perú dispuso la interoperabilidad de ambas billeteras digitales, que tienen hasta marzo de 2023 para cumplir con dicho mandato. 

Con esta medida, no solo se simplifican las operaciones financieras, sino que, a largo plazo, se fomenta la inclusión financiera y el comercio electrónico. Por ello, estos y otros temas críticos para el ecosistema digital fueron puntos centrales de discusión de las Consultas Nacionales en el contexto de la evaluación sobre el estado de preparación del Perú para el comercio electrónico. Leer más

La circulación creciente de la desinformación e información maliciosa es una preocupación cada vez más vigente en la era de la transformación digital. Muchas de las grandes potencialidades de Internet —como la velocidad en la que viaja la información o la capacidad de comunicarnos con distintas personas a la vez en todas partes del mundo— también pueden convertirse en riesgos. 

Existen muchas formas en las que la tecnología y la legislación pueden utilizarse para socavar la democracia. El aumento de la desinformación, la manipulación y la vigilancia se han visto agudizados con la expansión de las TIC. Aunque siempre han existido, su despliegue tiene un impacto a mayor escala hoy en día. La pandemia, por ejemplo, fue una clara demostración de la gravedad de no contar con información clara y precisa —o de medios efectivos para comunicarla—: mientras la incertidumbre crecía, también lo hacían las noticias falsas que ponían en riesgo la salud pública. Leer más