Antes de ser parte de Hiperderecho, tenía un concepto distinto de lo que es “acceder a la justicia”. Los paradigmas o imaginarios colectivos sobre la posibilidad de hacer una denuncia, de llevar un proceso penal o simplemente hablar con un policía sobre algún tipo de violencia que haya atravesado era distinta. Pero no lejana de la realidad con la que me tope a raíz de la investigación y acompañamiento que realizamos desde Después de la ley.

Lo que deseo compartir a lo largo de esta reflexión es que no necesitamos ser abogadxs para identificar y entender el camino hacia la justicia en casos de violencia de género en línea (VGL). Tampoco necesitamos serlo para identificar si nuestros derechos están siendo vulnerados durante el proceso. 

El acceso a la justicia como un privilegio

Aún cuando existen normas nacionales e internacionales que promueven el ejercicio, disfrute y protección de los derechos humanos, el acceso a estos derechos fundamentales, sigue siendo un privilegio de clase, etnia, género y demás interseccionalidades. Además, es importante recordar que los sistemas sociales, históricamente han sido diseñados por y para hombres, heteros, cisgénero y blancos en su mayoría, de modo que “la Justicia” no escapa a esta construcción patriarcal. Estos puntos fueron algunos puntos de partida en el equipo de Después de la Ley para el desarrollo del Informe 1, respecto a los obstáculos en la atención de denuncias de violencia de género en línea y el Informe 2 sobre la metodología utilizada en el proyecto, donde mis compañeras Patricia Bravo y Denisse Albornoz, propusieron una metodología jurídica feminista para personas que investigamos y acompañamos casos de VGL. 

Una de estas metodologías es “la pregunta por la mujer” que busca establecer todos los cuestionamientos interseccionales posibles no solo para llevar un caso de VGL, sino para legislar y crear políticas públicas. A partir de estas reflexiones, confirmamos que decidir acceder a justicia y reparación para algún tipo de VGL desde una denuncia como ciudadnxs “de a pie”, sin formación legal, no únicamente es una decisión valiente y difícil. Además, debemos prepararnos para enfrentarnos a un Sistema Jurídico Patriarcal, con leyes y funcionarios con distintos sesgos conservadores, misóginos, clasistas, racistas, homolesbobitrasfobicos, entre otros sesgos. Esto evidencia la necesidad de una formación con enfoque de género y entendimiento de la tecnología. Sin embargo, esto no es suficiente pues a través de estos informes, se identifican las limitaciones de difusión y de comunicación asertiva que tienen los organismos del estado para informar a la ciudadanía sobre los procesos, derechos y posibilidades de acceder a justicia.

Las brechas digitales existentes, como la necesidad de infraestructura descentralizada y la alfabetización digital, reduce la probabilidad de que todxs lxs peruanxs podamos navegar en las plataformas que brinda el estado para conocer las posibilidades de rutas de atención de estas denuncias sobre VGL. A eso le sumamos lo complejo que puede ser el entendimiento de la literatura y herramientas jurídicas y legales. Frente a estos obstáculos, podemos desistir de presentar la denuncia o vernos en la necesidad de buscar unx abogadx privadx, que requiere un presupuesto que no todxs podemos tener, tan solo para decidir denunciar o no. La democratización de la información para acceder a justicia en casos de VGL debe tomar en cuenta la adaptabilidad de los lenguajes y tecnicismos legales y jurídicos, los distintos canales de difusión según las particularidades de cada región, distritos y contextos a nivel nacional. 

La Tutela Jurisdiccional Efectiva como una herramienta pedagógica y de defensa colectiva 

Cuando leí por primera vez “Tutela Jurisdiccional Efectiva” (TJE) lo que hice, como muchas personas con acceso a internet, fue averiguar el significado en algún buscador. Sin embargo, no fue suficiente y recién a partir de las exposiciones de mis compañeras no solo caí en cuenta en la urgencia de que cada persona viviendo en Perú la conozca, sino también en la poca o nula difusión para que realmente la conozcamos y sobre todo para que la entendamos.

La TJE está conformada por 7 derechos dirigidos y aplicables a las personas que realizan una denuncia penal y que se han explicado en la Guía para entender el derecho a la TJE que hemos lanzado desde Después de la Ley. De modo que esta guía busca ser una herramienta para que a partir de un caso práctico nos identifiquemos en las distintas situaciones que conlleva atravesar un proceso de denuncia sobre VGL.

Desde mi punto de vista, la guía es una herramienta pedagógica y amable para que cualquier ciudadanx sin estudios previos en derecho pueda saber cuando están vulnerando nuestros derechos. Además permite reconocer cuáles son las etapas que iremos recorriendo en este desgastante pero reivindicador camino hacia la justicia de género en casos de VGL. También identifica a los actores involucrados en el proceso y cuál debería ser la calidad de atención que debemos recibir por parte de cualquier funcionario y/o autoridad: desde el trato que tenemos con la policía en alguna comisaría, hasta la forma en que “el juez” exige que se cumpla la posible sentencia. 

En esta guía también nos detenemos a hacer reflexiones sobre la interpretación desde el enfoque de género y algunas particularidades que la violencia de género desde el uso de la tecnología de los derechos procesales. 

Este tipo de interpretación es necesaria, pues originalmente no fueron pensados ni diseñados con estas dos indispensables variantes: género y tecnología. Esta mirada se suma al empoderamiento de la persona que realiza la denuncia porque nos será más fácil reconocer si nuestro caso está siendo llevado de manera adecuada.

Si bien el derecho a la TJE está pensado para que no se vulneren los derechos de la persona que realiza la denuncia, la guía busca que entendamos estos derechos y sea posible la socialización del conocimiento. Esta es una manera de cuidarnos y defendernos colectivamente, a partir de la democratización de la información. Por eso también la considera una herramienta de defensa comunitaria. 

Más allá de las distintas posibilidades de mejora para la currícula nacional de educación, en la cual esperamos se aplique de manera efectiva el enfoque de género, la interculturalidad y alfabetización digital, veo como una necesidad igual de importante, una formación mínima indispensable para conocer las maneras que como ciudadanxs tenemos para acceder a la justicia e identificar cuando ese acceso y atención están siendo vulnerados. 

Les invitamos a que revisen la Guía para entender el derecho a la TJE y que la compartan. Además, les invitamos a ver la presentación que realizamos hace unas semanas con el equipo legal de investigación y acompañamiento del proyecto, y con Cinthia Silva, abogada penal y parte de la Red de expertxs externa en Después de la Ley

Si quieren conocer más sobre el proyecto Después de la Ley visiten su web y suscribanse al boletín aquí.

 

El día internacional de la mujer trabajadora nos llama a la reflexión y acción sobre las condiciones en las cuales las mujeres en nuestra diversidad vivimos y resistimos individual y colectivamente. Nos convoca también a conmemorar una historia de luchas y derechos alcanzados, además de aquellas estrategias de cambios desplegadas en el marco del sistema neoliberal capitalista. La precarización de condiciones de vida de muchas mujeres alrededor del mundo se ha visto aún más comprometida en el contexto de crisis sanitaria y, en línea con análisis del enfoque interseccional, han sido las personas más vulnerables quienes han tenido que realizar grandes esfuerzos de autogestión para poder salir adelante en comunidad.  Leer más

Querer mantenernos siempre informados frente a una situación que significa peligro, injusticias y vulneraciones a los derechos humanos es una reacción válida y entendible. Además de mostrar empatía y preocupación por quienes sufren las consecuencias de esos hechos. En un mundo globalizado como en el que vivimos, estar “al día” con la actualidad requiere esa atención panorámica y constante. La gran presencia de Internet en nuestra vida ha canalizado esta necesidad de información de una manera que probablemente ya damos por normal, pero que es reciente en nuestra historia: conseguimos nuevas actualizaciones de noticias en la marcha del desarrollo del hecho en cuestión mediante portales web y redes sociales, especialistas de distintas partes del mundo comentan en blogs, tweets y publicaciones estos hechos y brindan análisis del mismo e, incluso, personas “de a pie” comparten sus experiencias y mostrar datos importantes en el lugar de los hechos al contar con dispositivos electrónicos con acceso a Internet y colgarlos en alguna plataforma virtual o streamearlo en vivo. En días como este, no obstante, es importante resaltar la importancia de cómo convivimos con los grandes flujos de información que constituyen contenidos en la forma de noticias de actualidad de conflictos a larga escala como el que estamos viendo a propósito de la invasión de Ucrania y, sobre todo, qué podemos hacer para consumir, compartir y generar información, percepciones y sentires responsablemente.  Leer más

El respetar y asegurar el ejercicio de derechos de todxs en nuestro país se enfrenta a una serie de retos que nos recuerdan de aquellas brechas sistemáticas en las que vivimos y nos relacionamos: lugar de origen, territorio, educación, acceso a recursos, lengua, sexo, edad, etc. Es también necesario precisar cuán más se complejiza el panorama si consideramos la intersección de estas aristas de privilegio-opresión y los grandes desafíos que las personas que ocupen estos lugares se enfrentarán para responder a estas situaciones: por ejemplo, pensemos en lo profundamente difícil que han sido estos años de educación a distancia para chicos y chicas de hogares que se encuentran en regiones en donde no hay una adecuada conectividad a Internet, en el que las familias subsisten con pocos recursos a disposición y en los que se tiene que asumir labores de cuidado con mayor frecuencia, además de intentar cumplir con labores educativas. No es objetivo de análisis de esta índole, no obstante, limitar la mirada en quién posee y accede a más o quién posee y accede a menos, sino a realizar un llamado a la acción a “nivelar el punto de partida” para todxs, de modo que tengamos las mismas oportunidades de desarrollarnos y vivir una vida plena, en la que nuestros derechos estén asegurados. En el contexto actual de pandemia, han sido estas brechas las que han incidido en cómo – tanto individual como comunalmente -, hemos podido enfrentar esta crisis sanitaria. 

¿Qué características adicionales tendría este escenario de precariedad si nos enfocamos en la población migrante en Perú? 

La población migrante venezolana asentada en distintas regiones del país conforma una de las comunidades que actualmente mayores retos enfrenta en su inserción laboral, acceso a servicios, recursos e información orientada su estatus migratorio, así como acceso a educación para su familia. Un tema que deja de ser un reto y es, más bien, una violencia a la que se enfrentan e impacta fuertemente en ellxs y su ejercicio de derechos es la discriminación y segregación que viven en distintas dimensiones de su vida social. En espacios virtuales, la proliferación de discursos de odio contra esta población se ha manifestado de distintas maneras: desde la reproducción constante de estereotipos asociados a criminalidad y violencia en medios de comunicación y redes sociales, pasando por acoso sexual a mujeres que buscan oportunidades laborales en páginas web y vulneración de sus datos personales, hasta la rotación viral de noticias falsas como cadenas en WhatsApp que indicaban falsas rutas de presentación de documentos para que venezolanxs pudieran acceder a vacunas en Perú o que en instituciones educativas nacionales y privadas, es la casa de estudio la cual tiene potestad de atender la solicitud de inscripción de un alumnx de familia migrante o no. Observamos con preocupación cómo es que las lógicas de reproducción de discriminación y legitimidad de discursos justificatorios de este tipo de violencias encuentran en espacios virtuales un terreno en el cual sosternerse y ser amplificados. Como ampliamente discutido en nuestra labor por la defensa de derechos en espacios digitales, los límites y diferencias que asociamos diferenciadamente al espacio físico y a la virtualidad son difusos e, incluso, desfasados. En el impacto “real” de la violencia en línea, vemos cómo la discriminación en redes sociales e Internet en general pueden constituir serias afectaciones a la vida diaria de personas migrantes venezolanas e, incluso, llamados a la violencia contra miembros de esta comunidad. De este modo, como una forma de abordaje frente a esta problemática, son necesarios espacios enfocados a sus necesidades como usuarios de Internet, de modo que puedan utilizar al espacio virtual como una herramienta para atender 

El poder de la alfabetización digital para formar ciudadanía y velar por el ejercicio de derechos 

Desde Hiperderecho, y con el apoyo de Internews, buscamos atender esta problemática desde el abordaje de la alfabetización digital como una herramienta para incidir en la concientización de defensa y respeto de derechos humanos de todxs en espacios físicos y digitales. Con la implementación del programa Conectad@s sin Fronteras hemos tenido como objetivo el llegar a migrantes venezolanos de Lima, Callao y Trujillo con capacitaciones en seguridad y habilidades digitales, ciudadanía digital, identificación y prevención de violencias en Internet y acción contra la desinformación en redes sociales. Para el desarrollo de este programa, se utilizó y adaptó la currícula Soy Digital de Facebook a las necesidades situadas de la población objetivo, de modo que los contenidos propuestos respondieran al interés de lxs participantes y los conocimientos brindados fueran puestos en práctica. Así, es nuestro compromiso el difundir información relevante para la formación de capacidades digitales para que ciudadanxs venezolanxs que tuvieron que migrar a Perú puedan contar con más opciones para desarrollarse en este territorio y convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades. La implementación de iniciativas de alfabetización digital se traducen en un conjunto de herramientas y conocimiento con los que se puede incidir en la construcción de ciudadanía digital, concepto que vemos imperante posicionar frente a los discurso de odio e información falsa en conjunto.

 

En la ejecución de talleres hasta el momento, hemos tenido la oportunidad de conocer más sobre las experiencias de personas migrantes venezolanxs y cómo experimentan su día a día en Internet. No solo esto les permite conectar con su comunidad dentro del país y sus familias en Venezuela, sino que les permite mantenerse informados sobre procesos de interés fundamental para ellxs como aquellos de índole política o de estatus migratorio. Por otro lado, cabe resaltar que desde espacios de comunidad, ellxs han podido responder y, en cierta medida, defenderse frente a campañas de desprestigio y/o discursos discriminatorios dirigidos ya sea a una persona o al colectivo entero. No obstante, se identifica que el conocimiento sobre tecnología, plataformas digitales y seguridad en línea son elementos que ayudarían en esta tarea de defensa y construcción de ver a todxs como ciudadanxs digitales. 

Tecnología como libertad

Conocer herramientas digitales y mejorar las capacidades de comunicación en línea son los primeros pasos para mitigar riesgos asociadas a los discursos de odio. Pensando en el espacio digital como uno que deseamos llegue a ser uno sin violencia, con estas nuevas prácticas y conocimientos, podemos reconocer qué tipo de agresor está detrás de los comentarios y narrativas xenofóbicas, misóginas o de cualquier tipo de discriminación. 

Apostemos por una alfabetización digital que signifique usos seguros y disfrute de la tecnología, de una Internet sin prejuicios trasladados a este espacio virtual. Creemos que a partir de estas nuevas reflexiones ubicadas en el espacio digital, no solo estamos incidiendo en una mejor convivencia y respeto de los derechos de todxs lxs usuarios, sino que posicionamos también esas preguntas para nuestra interacción en el espacio off-line. 

 

Desde Hiperderecho, cerramos el 2021 con la publicación del fanzine Acuerpándonos: Por una Internet feminista, diversa y libre. Este fanzine recoge las reflexiones y llamados a la acción que surgieron en las sesiones del programa de capacitación Cibercuidado para activistas 2021. La experiencia de coordinar, elaborar contenidos y facilitar este programa de capacitación nos presentó la posibilidad de expandir reflexiones e iniciativas  relacionadas lo que significa un espacio de formación en seguridad digital con enfoque de género. Esto ha sido principalmente gracias al compromiso, energías y curiosidad de lxs activistas que nos acompañaron en el programa y al flujo de opiniones, ideas y cuestionamientos que ellxs decidieron compartir a lo largo de las sesiones.  Leer más

El interés de las bancadas continúa fijado en el acceso a Internet. Conforme comentamos previamente, este tema —que es parte de la Agenda Legislativa para este periodo anual de sesiones— ya había sido aprobado en primera votación por el anterior Congreso, aunque no se llegó a agendar una segunda que permita la reforma constitucional. No obstante, en lo que va del periodo, se actualizó uno de los Proyectos que integraban la propuesta votada, al cual se le ha asignado el número 551/2021-CR. Asimismo, la bancada de Alianza Para el Progreso presentó un Proyecto muy similar, el 879/2021-CR, cuya única diferencia radica en haber omitido la garantía de acceso a una Internet “libre y abierta”. Por lo demás, ambas propuestas plantean que el acceso a Internet esté recogido en el marco del artículo 2, inciso 4, de la Constitución, relativo a las libertades informativas y de expresión.

Sin embargo, poco después se ingresó un tercer Proyecto de Ley, impulsado nuevamente por Alianza Para el Progreso, que también propone una reforma constitucional para reconocer el acceso a Internet como derecho fundamental. Se trata del Proyecto 881/2021-CR, el cual contiene diferencias sustanciales respecto de los dos anteriores. Leer más

Durante el anterior Periodo Parlamentario (2016-2021), fueron ocho los Proyectos de Ley presentados que buscaban, mediante distintas vías, declarar o reconocer el acceso a Internet como un derecho fundamental. Cuatro de estas propuestas fueron acumuladas (Proyectos de Ley 3156/2018-CR, 3607/2018-CR, 5600/2020-CR y 5843/2020-CR), debatidas y, posteriormente, votadas en el Pleno del Congreso. Allí, en marzo de este año, se aprobó, en primera votación, la reforma constitucional que reconoce como derecho fundamental el derecho de acceso a internet.

Aunque el Pleno aprobó un texto final que eliminó partes importantes del dictamen que reconocían la naturaleza libre y abierta de Internet, y a pesar de que no se subsanaron recomendaciones de técnica legislativa que remitimos en su oportunidad, se trataba de una reforma positiva. Sin embargo, no se agendó su votación para la siguiente legislatura (conforme indica en artículo 81° del Reglamento del Congreso para las reformas constitucionales), por lo que la propuesta no se concretó. De hecho, pasó al archivo —junto con todas las demás iniciativas pendientes de trámite, cualquiera fuera su estado procesal— en agosto de este año, por acuerdo del Consejo Directivo del actual Congreso electo.

Interés renovado

La promoción de la tecnología, la modernización del Estado y el acceso a Internet son cuestiones que cada vez van adquiriendo más vigencia, visibilidad e interés por múltiples actores (ciudadanía, sector privado, sociedad civil, sector público, etc.). La Agenda Legislativa aprobada para el Periodo Anual de Sesiones 2021-2022, que es el instrumento recoge los temas que tendrán prioridad en la formulación y debate (sea en Comisiones o en el Pleno) de Proyectos de Ley, es un buen indicador de ello. Al menos seis puntos de la agenda están vinculados con estos temas, entre los que destacan el punto 54: “acceso a Internet”. Se trata, por cierto, de un tema que viene siendo abordado, al menos, desde hace dos periodos legislativos.

En adición, las bancadas y el Consejo Directivo también han demostrado su interés en la temática al momento de proponer y/o actualizar proyectos. Así lo demuestra el Acuerdo de Consejo Directivo de 18 de octubre, por el cual se ha actualizado el Proyecto de Ley 3607/2018-CR, Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que garantiza el derecho de acceso a un Internet libre y abierto, propuesto en 2018 por el entonces congresista Alberto de Belaúnde. Con ello, vuelve a trámite uno de los Proyectos que dieron origen a la votación de reforma constitucional en la materia, actualizado bajo la numeración 557/2021-CR. 

Contenido de la propuesta

La propuesta apunta a que se modifique la Constitución, de modo tal que el acceso a Internet sea recogido como un derecho fundamental. En ese sentido, se plantean, puntualmente, cambios en dos artículos: el 2.4, sobre las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento; y el 14, sobre la educación:

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…)

1. 1. 1. 1. 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.

El Estado garantiza el derecho de acceso a un Internet libre y abierto.

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.

Artículo 14.- La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. Asimismo, promover el acceso a Internet y la formación en las tecnologías de la información y comunicación.

La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. 

Al respecto, conforme hemos tenido ocasión de señalar en su momento, reconocemos que se trata de una propuesta con gran importancia para la normativa y políticas públicas del país, incluyendo aquellas relacionadas con la alfabetización digital y educación. Sin embargo, nos preocupa que la ubicación del derecho de acceso esté ubicado en el inciso de libertades informativas y de expresión, debido a que esto podría restringir innecesariamente su interpretación. El acceso a Internet puede ser visto como un derecho autónomo, y aunque fuera considerado un medio, conviene recordar que son muchísimos los derechos que se pueden ejercer haciendo uso de Internet (como, por el ejemplo, el acceso a la cultura, la educación, el trabajo, el libre desarrollo de la personalidad, etc.), sin restringirse únicamente a la libertad de expresión.

Finalmente, queremos hacer un énfasis especial en lo oportuno de plantear que el Estado estará obligado a garantizar no cualquier tipo de acceso a Internet, sino uno que respete su naturaleza libre y abierta. Resulta preocupante, por ejemplo, que Alianza para el Progreso haya presentado un Proyecto de Ley casi idéntico a este, el PL 879/2021-CR, con la salvedad de que omite la mención a un Internet libre y abierto. En ese sentido, llamamos la atención sobre la necesidad de que este extremo de la fórmula se mantenga y no se pierda al momento de elaborar un texto sustitutorio para el dictamen —o, eventualmente, al pasar al debate en el Pleno—. Una Internet libre, abierta e incluyente garantiza la neutralidad de red y salvaguarda su uso de la censura, conforme dictan nuestros principios democráticos.