Hace unos días comentamos que el congresista Mauricio Mulder presentó un Proyecto de Ley para declarar a Internet como un derecho humano. Esta noticia, que podría parecer atípica, parece ser el inicio de una serie de propuestas legislativas en torno a las implicancias de elevar el acceso a las TIC al rango de derecho fundamental. El siguiente paso lo ha dado la congresista Estelita Bustos que ha ido más allá y propone una reforma de la Constitución. Leer más
Continuamos con nuestro ciclo de Conexiones, este martes 16 de octubre tendremos como invitada a Mia Nauca. Mia es una de las booktubers más reconocida del país y también es conductora de segmentos sobre libros en Entre Libros y Te Veo a la Una. Estudió Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos en la UPC. Leer más
Proponer leyes que regulan diferentes aspectos de Internet ha dejado de ser una novedad en el Congreso. Cada vez son más los legisladores que suman iniciativas en este ámbito, desde los que proponen nuevos delitos cometidos a través de las TIC hasta quienes quieren imponer estándares para el ofrecimiento de transporte por aplicaciones. Sin embargo, la propuesta presentada el 2 de mayo de este año, por el congresista Mauricio Mulder, llama la atención pues sugiere algo poco común: Declarar el acceso a Internet como un derecho fundamental.
El Proyecto de Ley 2780-CR trae a colación un viejo debate acerca de la necesidad de este tipo de declaraciones. Por un lado, los críticos afirman que al ser solo un medio, Internet no es diferente de otras tecnologías que han existido en el pasado y cuyo uso ha supuesto un cambio en la forma de vida de las personas. En ese sentido, Vinton Cerf opinaba en contra de estas medidas, pues alertaba que elevar una herramienta a la categoría de “derecho” podía ser contraproducente.
Del otro lado, quienes están a favor argumentan que al hacerlo hay mayor potencial para exigir el acceso Internet a los gobiernos. De la misma forma que ocurre cuando se invocan otros derechos de rango constitucional como el agua, la salud o la libertad de expresión. Quizás la máxima expresión de esta idea son las “Constituciones de Internet”, documentos que han sido elaborados en la última década con el fin de crear marcos legales más específicos para regular esta tecnología. Algunos ejemplos son el Marco Civil de Internet de Brasil, la Constitución Italiana de Internet, etc.
A pesar de que suena a novedad, esta idea ya había sido planteada en el Congreso anterior por el congresista Mesías Guevara, en su Proyecto de Ley N° 2294-2012. El cual buscaba incorporar en la Constitución que toda persona tiene derecho al acceso a Internet con conexión de banda ancha y a servicios de telecomunicación de calidad. Lamentablemente, en su momento no recibió mayor atención y actualmente está inactiva.
La propuesta de Mulder parece haber llegado en un momento más propicio para este tipo de discusiones por lo que no sería extraño que esta pueda tener mayor éxito que su antecesora. Cabe resaltar que ambas comparten la idea de que el Estado debe hacer más por promover el acceso y profundizarlo en áreas como la educación, el gobierno electrónico y la industria productiva.
Ha pasado un poco más de un mes desde la 11 Reunión Regional Preparatoria para el Foro de Gobernanza de Internet (LACIGF), que se realizó desde el 31 de julio al 2 agosto del presente año en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Como habíamos anunciado en julio, el equipo de Hiperderecho participó activamente de este evento además de otros que se realizaron antes, durante y después. De la misma forma que en las ediciones de 2016 y 2017, este año también tenemos algunos comentarios.
Para los no familiarizados con el término, LACIGF son las siglas de “Foro de Gobernanza de Internet de Latinoamérica y el Caribe”. Este evento reúne a los actores de este lado del mundo para discutir sobre temas de interés regional relacionados al desarrollo de Internet. Aunque no son espacios conectados, LACIGF es una suerte de antesala del Foro de Gobernanza de Internet. Una antesala en donde convergen ideas, propuestas y, por supuesto, conflictos.
La edición de setiembre de Conexiones tuvo como invitado a Daniel Olivares, abogado y comunicador especializado en comunicación política. Daniel ha trabajado en todo tipo de campañas de comunicación política, desde candidaturas presidenciales hasta respuesta a desastres naturales.
En este episodio conversamos sobre el rol de la comunicación y la tecnología en política: desde campañas electorales, hasta la relación de los ciudadanos con el Estado.
Para escuchar esta edición de Conexiones, pueden visitar el sitio web de Conexiones, nuestro canal de YouTube, o en el video incluido en este artículo.
Gracias a Fundación Euroidiomas por ayudarnos a hacer realidad esta nueva entrega de Conexiones.
En las próximas elecciones municipales de octubre, ONPE implementará el Voto Electrónico Presencial, reemplazando la tradicional cédula de papel con tablets. En esta segunda entrega de nuestra serie sobre el VEP, hablaremos de los problemas técnicos que hemos detectado.
Esta semana se llevará a cabo en Lima el IV Encuentro Nacional sobre Democracia Digital que organiza Democracia & Desarrollo Internacional. Se trata de uno de los eventos más importantes del año en materia de tecnología e interés público del país. Este año, el programa reune a más de cuarenta expositores en cuatro sesiones plenarias y seis sesiones paralelas y espera recibir a más de 300 personas en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) en Barranco.
Esta semana, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1410 que añade cuatro nuevos delitos al Código Penal, todos relacionados al acoso y la difusión de material con contenido sexual sin consentimiento. Se ha anunciado que el objetivo de estos cambios es proteger a potenciales víctimas de estos delitos, especialmente a las mujeres. Sin embargo, no todo está claro respecto de la eficacia de estas medidas y existe un gran desconocimiento sobre sus alcances.
Antes de la publicación del DL 1410, el acoso en cualquiera de sus modalidades no era un delito. En 2003 se publicó la Ley N° 27942 “Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual” y luego la Ley N° 30314 “Para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos”. Sin embargo, estas normas sólo servían para castigar el acoso en ámbitos muy específicos (como el centro laboral) o dejaban en manos de los gobiernos locales la regulación del acoso en la vía pública, limitando las sanciones a llamados de atención, detenciones temporales y multas.
Continuamos con nuestro ciclo de Conexiones, este martes 18 de septiembre tendremos como invitado a Daniel Olivares, abogado y comunicador. Ha trabajado en la campaña presidencial de Julio Guzmán, en la Presidencia del Consejo de Ministros y es el actual Director de Experiencia en la agencia Copiloto.
Conversaremos con Daniel sobre su experiencia usando la tecnología como un elemento en distintas campañas de comunicación y del rol que la comunicación cumple en la política.
El evento será el martes 19 de septiembre a las 6:45 pm en Fundación Euroidiomas (Libertad 130, Miraflores).
El ingreso es libre, previa inscripción en este formulario.
Conexiones es un ciclo de conversaciones mensuales con las ideas, personas y proyectos más interesantes del ecosistema tecnológico local. En cada edición conversamos con un invitado o invitada sobre su relación con la tecnología, cómo la incorpora en su trabajo y hacia dónde cree que va. Cada edición es grabada y publicada como podcast y también como audio en Youtube. Puedes escuchar nuestro capítulo anterior, donde tuvimos como invitada a Milagros Olivera y conversamos sobre los retos y oportunidades de hacer activismo sobre género en Internet.
El día 15 de mayo de este año, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha expedido el Decreto Supremo Nº 050-2018-PCM que aprueba la definición de “Seguridad Digital”, un concepto que venía trabajando a través de la Secretaría de Gobierno Digital (ex ONGEI) desde el año pasado. Este es un paso previo al desarrollo de un Plan Nacional de Ciberseguridad, una política pública importante pero hasta ahora ausente en nuestro incipiente ecosistema digital.
¿Por qué es importante que la PCM haya definido qué es Seguridad Digital? Principalmente por dos motivos: El primero es que esta definición le da un fina feliz a una controversia surgida el año pasado con motivo de un Proyecto de Ley que comentamos en su momento. Dicho Proyecto proponía la ampliación de competencias de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) dentro del Sistema Nacional de Inteligencia (SINA) en materia de ciberseguridad, pero no lo hacía del todo bien: se superponían competencias, se entregaba demasiado poder a la DINI, se dejaba sin piso a espacios de coordinación participativos, etc. Felizmente, luego de varias Mesas de Trabajo, el Proyecto se mejoró y solo quedaba pendiente la definición que iba elaborar la PCM y que ahora ya tenemos.
