Dicen que la moda de los zombies es cosa del pasado. Parece ser cierto, salvo cuando hablamos de tratados comerciales. En enero del año pasado anunciamos el fin del Acuerdo Transpacífico (TPP) luego del retiro de Estados Unidos por decisión del flamante presidente Donald Trump. Después de varios años de enfrentar una de las amenazas más grandes contra los derechos digitales, la mayoría de organizaciones en el Perú y en el mundo habíamos volteado a ocuparnos de otros problemas, con la tranquilidad que da la victoria. Pero lo cierto es que el TPP no estaba muerto.

La primera señal de que el cadáver todavía se movía fueron las declaraciones de intención de los países miembros luego del retiro de Estados Unidos. La perspectiva de haber pasado tanto tiempo negociando e incluso comprometiendo caudal político en vano no era una opción atractiva. Por otro lado, el lobby de las grandes industrias, que habían empujado de forma permanente el TPP, se mantenía activo y dispuesto a seguir con la presión. Finalmente, en varios casos, la firma del tratado formaba parte de algún plan o trama superior de los países participantes, cuyo abandono no podían permitirse de ninguna forma.

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¿Qué ha pasado este año con las políticas públicas en tecnología en Perú? Mucho, en términos de cambios estructurales. Pero en torno a cambios reales o de coherencia también podría decirse que muy poco. Detrás del ruido de una serie de iniciativas desconectadas hoy se distingue el de la crisis política reciente, que ha agregado un símbolo de interrogación a cualquier conclusión sobre lo que pasó institucionalmente en nuestro país este 2017.

Una de las grandes tendencias del año ha sido el esfuerzo de reformulación institucional. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, bajo la dirección de Lieneke Schol, se transformó en la Secretaría de Gestión Digital para asumir el liderazgo del Sistema Nacional de Informática. En paralelo, el Ejecutivo continuó el plan de convertir darle al Ministerio de Transportes y Comunicaciones ahora tiene competencia sobre Tecnologías de la Información pero la iniciativa continúa sin materializarse. De aprobarse, antes que un ente rector tendríamos dos: la SegDI se encargaría de todo lo que tiene que ver con tecnología dentro del aparato estatal y el Ministerio haría lo propio hacia afuera. Este año también marcó el reagrupamiento de la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI) y el fortalecido Foro Peruano de Gobernanza de Internet con el reto que conlleva encontrarle un rol en el creciente ecosistema. En ese sentido, la reciente aprobación de la Política 35 del Acuerdo Nacional apunta en el sentido correcto pero todavía falta mucho para poder dotarla de acciones. Así, queda la impresión de que en el arreglo institucional final todavía hay mucho por definir en términos de roles. Por ejemplo, cierta forma del Plan Nacional de Ciberseguridad está siendo desarrollado al mismo tiempo por la SegDi y por CODESI, sin que exista coordinación sustantiva entre ambos.

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