Como ya compartió mi compañera Rubiela Gaspar, el pasado febrero participamos del Artificial Intelligence Impact Summit en India. El evento fue gigantesco: miles de participantes, cientos de sesiones y distintos eventos paralelos hacían que seguir la agenda del Summit fuera una tarea muy compleja, incluso para dos personas.
Entre el 16 y 22 de febrero, junto con Lucía León, Directora de Investigación de Hiperderecho, participamos en el AI Impact Summit, desarrollado en Nueva Delhi para su edición 2026. Sí, el famoso evento donde Dario Amodei (CEO de Anthropic), y Sam Altman (CEO de ChatGPT), evitan darse la mano en una foto oficial con otros líderes tecnológicos junto al primer ministro de la India, Narendra Modi. Y aunque nos hubiera encantado ver ese momento entre Altman y su ex socio Amodei (vicepresidente de investigación en OpenAI hasta 2021), se trataba de una sesión restringida que no figuraba en la agenda común. No obstante, acá te contamos el origen de este evento y las actividades que ocurrieron esa semana.
No es novedad que la inteligencia artificial (IA) está transformando muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Desde qué videos nos aparecen en redes sociales hasta los sistemas de vigilancia en espacios públicos que captan nuestros rostros, cada vez más decisiones que afectan a las personas se toman con el apoyo de algoritmos. Pero, ¿qué ocurre cuando esta tecnología llega al sistema judicial?
El debate público sobre la libertad de expresión y los límites del discurso de odio en redes sociales se ha intensificado en las últimas semanas tras una polémica intervención de la actriz Johanna San Miguel. La primera semana de febrero, la artista usó sus redes sociales para celebrar una decisión judicial en Reino Unido, que dictaminó que las mujeres trans no pueden ser consideradas legalmente como mujeres en ciertos contextos. Al celebrar este fallo, la actriz no sólo emitió una postura personal, sino que, terminó reforzando una narrativa transfóbica que vulnera derechos humanos fundamentales.
En los últimos días, los llamados “archivos Epstein” han vuelto a circular con fuerza en redes sociales. Videos virales, hilos “explicativos”, supuestas listas, audios generados por inteligencia artificial (IA) y otros contenidos sensacionalistas prometen revelar “la verdad oculta” sobre uno de los casos de abuso sexual y trata de personas más mediaticos de las últimas décadas. Sin embargo, lejos de contribuir a la comprensión del caso o a las demandas de justicia de las víctimas, esta nueva oleada de contenidos ha reforzado dinámicas de desinformación que distorsionan el debate público y afectan la manera en que socialmente interpretamos las violaciones graves a los derechos humanos.
El 30 de enero, Hiperderecho organizó un espacio híbrido para presentar los hallazgos de “Transformación digital en disputa: apropiación tecnológica y activismos LGBTI+ en el Perú”. Esta investigación, realizada entre 2024 y 2025, es un trabajo que abre camino y reflexiona por primera vez en el Perú sobre el proceso de transformación digital desde una mirada interseccional y enfocada en los activismos LGTBI+. En esta nota, te contamos sobre la ideación del proyecto, los hallazgos de la investigación y las principales lecciones y aprendizajes que nos dejó el encuentro de presentación.
El pasado 20 de enero el Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo que modificó el Código Procesal Penal, a fin de eliminar el requisito de revisión de celulares y laptops sin orden judicial en dos supuestos. Primero, en caso de flagrancia delictiva para tres delitos: extorsión, sicariato y secuestro; y, segundo, en casos de equipos detectados al interior de los establecimientos penitenciarios. Si bien la finalidad clara de esta medida es la seguridad ciudadana, no es menos cierto que disminuir garantías de debido proceso abre la puerta a un problema igual de preocupante: el aumento de los poderes y facultades intrusivas, de vigilancia y control en las libertades sin mayor rendición de cuentas o control ciudadano.
Las redes sociales no son espacios neutros. Detrás de cada publicación que vemos, compartimos o denunciamos, existen reglas, sistemas automatizados y decisiones de moderación de contenidos que determinan qué circula y qué se elimina. Sin embargo, estos sistemas no funcionan de la misma manera para todos los idiomas.
El pasado 10 de diciembre se publicó la Ley Modelo Interamericana para combatir la violencia digital basada en el género, en Fortaleza, Brasil, en el marco de la XXII Reunión del Comité de Expertas del Mesecvi (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, o Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y de la XX Conferencia de Estados Parte. Este tratado internacional es uno de los más ratificados en América Latina y el Caribe, fue adoptado en 1994 y ratificado por el Perú en 1996. Esto significa que son vinculantes para el Estado Peruano las recomendaciones hechas por el Comité de Expertas, y por ende, las salvaguardas establecidas en la Ley Modelo Interamericana.
El 25, 26 y 27 de noviembre se realizó en Lima el seminario “30 años de Beijing: los feminismos, una fuerza transformadora”, organizado por Oxfam Perú, Diakonia y la Casa de la Mujer Peruana Flora Tristán. Durante tres días, más de 40 feministas de América Latina y el Caribe —junto con más de 25 activistas de diversas regiones del Perú— nos reunimos para reflexionar sobre el legado de Beijing y los desafíos urgentes que enfrentamos en nuestros territorios.
