El próximo gran escándalo de vigilancia en el Perú podría no empezar con una interceptación ilegal filtrada en televisión. Podría empezar mucho antes, en un expediente de contratación pública, en una compra reservada, en una excepción por seguridad nacional o en una promesa electoral aparentemente razonable: “vamos a reforzar la inteligencia para combatir el crimen”.
