Llevamos, como mínimo, cinco años escuchando propuestas de transformación del Poder Judicial en el Perú mediante inteligencia artificial (IA). Han pasado también tres años desde la primera sentencia que empleó ChatGPT; algo declarado con mucho orgullo por el juez del caso, a pesar de que en realidad usó el chatbot como calculadora —la diferencia está en que la calculadora no necesita datos personales para hacer una operación—.
En su reciente Mensaje a la Nación, Keiko Fujimori anunció la creación de una Identidad Digital para cada ciudadano en el marco de una consigna más grande: la optimización de los trámites. Un día después, empezó a circular un borrador del Ejecutivo para solicitar delegación de facultades al Legislativo. Entre las materias para las cuales solicitaría la delegación, se encuentra el “desarrollo productivo e innovación”. En específico, dentro de la emisión de normas relacionadas con el sector financiero y de seguros, el nuevo gobierno propondría que estas empresas puedan “acceder a la información sobre identidad de las personas que posee RENIEC” para la apertura de cuentas, contratación, operaciones y similares. En esta nota, queremos compartir información sobre el estado actual de la identidad digital, para tener más claridad sobre lo que podrían significar estas propuestas. En una próxima edición haremos un análisis detallado de su formulación y cómo puede ello afectar tu información personal.
Vivimos en internet bajo una regla silenciosa pero peligrosa: ya no dudamos de las cosas para buscar la verdad, sino que a veces elegimos creer en mentiras artificiales si estas nos dan la excusa perfecta para odiar. Con la llegada de la inteligencia artificial generativa y la cultura del rumor, el viejo dicho de «ver para creer» murió. El verdadero problema actual parece ser el hecho de que no es solo que la tecnología mienta bien, sino que preferimos la mentira cómoda antes que el hecho verificado. La verdad en internet ha dejado de ser un terreno común para convertirse en un accesorio que acomodamos a nuestros prejuicios.
El 30 de junio de 2026, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) emitió un pronunciamiento formal rechazando la imposición del proyecto «Hidrovía Electrónica» en el distrito río Santiago, provincia de Condorcanqui.1 Este megaproyecto es impulsado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Gobierno Regional de Amazonas (GOREA), el Plan Binacional Perú-Ecuador, la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la empresa israelí Gilat Networks Perú como contratista de la segunda etapa. En su pronunciamiento, la Nación Wampis denuncia que este proyecto se está ejecutando sin diálogo con las autoridades territoriales del pueblo afectado.2
Pronunciamiento del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis del 30 de junio de 2026, «Nación Wampis rechaza la imposición del Megaproyecto ‘Hidrovía Electrónica’ en el río Santiago y denuncia el Alto Riesgo Destructivo sobre su Integridad Territorial», firmado por el Pamuk Teófilo Kukush Pati. Transcrito íntegramente en: «Rechazan imposición de Hidrovía Electrónica», Servindi, 3 de julio de 2026. Disponible en: https://www.servindi.org/seccion-pueblos-indigenas-actualidad-noticias/03/07/2026/nacion-wampis-rechaza-hidrovia-electronica↩
«Plan Binacional impulsa el mejoramiento y ampliación de la red de conectividad digital en la cuenca baja del río Santiago», Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, 2 de julio de 2026. Disponible en: https://planbinacional.org.pe/plan-binacional-conectividad-digital-cuenca-baja-rio-santiago↩
El 30 de junio de 2026 el Tribunal Constitucional (TC) publicó en su sitio web la Sentencia 144/2026, en la que ordenó a la Empresa Editora El Comercio S.A. suprimir de su página web tres publicaciones periodísticas de octubre de 2014, referidas a las investigaciones del Congreso de la República sobre la red de Rodolfo Orellana Rengifo, por considerar que su permanencia en línea vulneraba el «derecho al olvido» de una persona mencionada en dichas notas.
El próximo gran escándalo de vigilancia en el Perú podría no empezar con una interceptación ilegal filtrada en televisión. Podría empezar mucho antes, en un expediente de contratación pública, en una compra reservada, en una excepción por seguridad nacional o en una promesa electoral aparentemente razonable: “vamos a reforzar la inteligencia para combatir el crimen”.
El pasado 7 de abril la Presidencia del Consejo de Ministros (a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital) publicó un proyecto de reforma al Reglamento (2019) de la Ley 30254, Ley de Promoción para el uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones por Niños, Niñas y Adolescentes (2014) (en adelante normativa de “entornos seguros en línea para NNA”), con el objetivo de someter a consulta pública la propuesta.
El pasado sábado 23 de mayo se realizó el UA Day Perú 2026, un encuentro que reunió a comunidad técnica, sociedad civil, organismos internacionales y personas interesadas en construir una Internet más inclusiva desde el Perú. Organizado por Hiperderecho, este evento fue la primera edición presencial en el país, en el marco de una iniciativa global impulsada por ICANN y UNESCO.
La reciente encíclica del Papa León XIV ha generado una discusión poco habitual fuera de los círculos de tecnología y el ecosistema digital: la relación entre inteligencia artificial, dignidad humana, concentración de poder, derechos fundamentales y democracia. Más allá de las convicciones religiosas que cada persona pueda tener, resulta difícil ignorar un hecho: varias de las preocupaciones que hoy ocupan titulares internacionales son las mismas que organizaciones de derechos digitales, academia, periodistas y sociedad civil venimos advirtiendo desde hace más de una década.
Imagina intentar registrarte en una beca, un servicio público o una plataforma de trabajo. Y que el sistema te diga que tu dirección de correo electrónico es “inválida” (solo porque tu nombre o apellido lleva una “ñ”, o porque usas una escritura distinta al alfabeto latino básico). Para millones de hablantes de lenguas indígenas o distintas al inglés en todo el mundo, esa no es una situación hipotética, es una barrera cotidiana en una Internet que durante décadas se diseñó pensando principalmente en inglés.
