Autores: Lorena Marks y Noe Taza
En la actual contienda electoral, el uso de inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa futura para convertirse en una herramienta concreta dentro de las estrategias políticas. Su impacto se extiende tanto en la forma en que se comunican candidatos con el electorado como en la manera en que se construyen propuestas y discursos.
David Shenk, en su obra Data Smog1, advirtió que el problema de las sociedades contemporáneas no sería la escasez de información, sino su exceso desordenado y su circulación sin filtros adecuados. ¿Qué ocurre cuando esa sobreabundancia se traslada al análisis electoral y se potencia con herramientas de inteligencia artificial? Lo que aquí llamamos “neblina de datos” (como una interpretación libre del término usado por Shenk) surge, justamente, en un entorno donde la acumulación de cifras, visualizaciones y aparentes hallazgos técnicos no solo no esclarece la realidad, sino que la vuelve más opaca.
Shenk, D. (1997) Data smog: surviving the information glut. New York: Harper Edge.↩
El Pacto Digital Global, impulsado por Naciones Unidas, dio origen a un nuevo proceso internacional para fortalecer la gobernanza de la inteligencia artificial, al establecer el compromiso de crear un Global Dialogue on AI Governance para promover la cooperación internacional, el intercambio de buenas prácticas y discusiones abiertas, inclusivas y basadas en evidencia sobre los desafíos que plantea la IA. Esto fue formalizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución A/RES/79/325.
El pasado 25 de marzo, Meta y Google fueron hallados responsables en California por generar adicción con el diseño de sus plataformas. Más allá del resultado —un fallo de negligencia y cerca de 6 millones de dólares en daños—, el caso en sí mismo supone un parteaguas en la manera judicial en que se ha tratado y decidido sobre la responsabilidad de los intermediarios de Internet. En esta nota, me concentraré particularmente en este cambio, aunque creo que es igual de importante discutir sobre el rol de las plataformas en garantizar un entorno digital seguro para niños, niñas y adolescentes.
La organización política Fuerza Popular solicitó, en el año 2021, el acceso a la lista de electores de todas las mesas del proceso electoral de dicho año. El pedido fue denegado y frente a ello, se interpuso una demanda de hábeas data que fue declarada fundada en primera instancia y confirmada en segunda instancia por el Poder Judicial, ordenando la entrega de dicha información.
Como ya compartió mi compañera Rubiela Gaspar, el pasado febrero participamos del Artificial Intelligence Impact Summit en India. El evento fue gigantesco: miles de participantes, cientos de sesiones y distintos eventos paralelos hacían que seguir la agenda del Summit fuera una tarea muy compleja, incluso para dos personas.
Entre el 16 y 22 de febrero, junto con Lucía León, Directora de Investigación de Hiperderecho, participamos en el AI Impact Summit, desarrollado en Nueva Delhi para su edición 2026. Sí, el famoso evento donde Dario Amodei (CEO de Anthropic), y Sam Altman (CEO de ChatGPT), evitan darse la mano en una foto oficial con otros líderes tecnológicos junto al primer ministro de la India, Narendra Modi. Y aunque nos hubiera encantado ver ese momento entre Altman y su ex socio Amodei (vicepresidente de investigación en OpenAI hasta 2021), se trataba de una sesión restringida que no figuraba en la agenda común. No obstante, acá te contamos el origen de este evento y las actividades que ocurrieron esa semana.
No es novedad que la inteligencia artificial (IA) está transformando muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Desde qué videos nos aparecen en redes sociales hasta los sistemas de vigilancia en espacios públicos que captan nuestros rostros, cada vez más decisiones que afectan a las personas se toman con el apoyo de algoritmos. Pero, ¿qué ocurre cuando esta tecnología llega al sistema judicial?
El debate público sobre la libertad de expresión y los límites del discurso de odio en redes sociales se ha intensificado en las últimas semanas tras una polémica intervención de la actriz Johanna San Miguel. La primera semana de febrero, la artista usó sus redes sociales para celebrar una decisión judicial en Reino Unido, que dictaminó que las mujeres trans no pueden ser consideradas legalmente como mujeres en ciertos contextos. Al celebrar este fallo, la actriz no sólo emitió una postura personal, sino que, terminó reforzando una narrativa transfóbica que vulnera derechos humanos fundamentales.
En los últimos días, los llamados “archivos Epstein” han vuelto a circular con fuerza en redes sociales. Videos virales, hilos “explicativos”, supuestas listas, audios generados por inteligencia artificial (IA) y otros contenidos sensacionalistas prometen revelar “la verdad oculta” sobre uno de los casos de abuso sexual y trata de personas más mediaticos de las últimas décadas. Sin embargo, lejos de contribuir a la comprensión del caso o a las demandas de justicia de las víctimas, esta nueva oleada de contenidos ha reforzado dinámicas de desinformación que distorsionan el debate público y afectan la manera en que socialmente interpretamos las violaciones graves a los derechos humanos.
