En el Perú, basta con invocar la seguridad nacional para salir del escrutinio público: es un concepto tan amplio y poco definido que puede usarse para justificar desde la negativa a entregar información pública hasta la ampliación de facultades de vigilancia estatal. Pero ¿qué ocurre cuando esta falta de precisión erosiona la transparencia y pone en riesgo nuestros derechos fundamentales?
Tras más de dos años desde la publicación de la Ley de IA el 5 de julio de 2023, el 9 de septiembre se publicó su Reglamento. Esto luego de un primer borrador en mayo de 2024, que tuvo una sesión virtual abierta de discusión y un plazo de recepción de comentarios; seguido de un segundo borrador, en noviembre del mismo año, que contó a su vez con un plazo de recepción de comentarios y dos sesiones cerradas de discusión.
Ingresar a internet hoy no es una acción neutral ni inofensiva. Ya sea por motivos laborales o personales, recorrer redes sociales y plataformas digitales implica sumergirse en un flujo constante de información que, lejos de ser imparcial, expone con crudeza las violencias que atraviesan el mundo. Esta exposición, lejos de generar solo conocimiento, nos sitúa en una angustia sostenida: empatizamos, somatizamos y habitamos el dolor ajeno como propio. Tal experiencia se intensifica cuando observamos el genocidio contra el pueblo palestino, que desde octubre de 2023 ha captado una atención mediática sin precedentes, aunque activistas y académicas llevan décadas alertando sobre un proceso sistemático de ocupación y exterminio que comenzó mucho antes, particularmente desde los años setenta.
El pasado 7 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una histórica opinión consultiva (OC-31/25) en la que reconoció, por primera vez a nivel internacional, que el cuidado —remunerado o no—, así como el autocuidado, constituyen un derecho humano. La CIDH declaró que todas las personas tenemos el derecho a ejercerlo de manera digna y en condiciones de igualdad, haciendo énfasis en el acceso a los espacios y a los tiempos necesarios para la realización plena de los cuidados. Un punto importante es que lo vinculó explícitamente con el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
En 2026, Perú vivirá un nuevo proceso de elecciones generales (presidenciales, congresales y parlamentarias). Como cada proceso electoral, este será un momento clave para la democracia y la participación ciudadana. Sin embargo, este proceso electoral también evidencia el nivel de riesgo para las mujeres y diversidades que deciden participar en política, debido a una problemática persistente y aún insuficientemente abordada: el acoso político por razones de género.
En pleno 2025, la información se produce, circula y reinventa a escalas nunca antes vistas. Aunque eso ha abierto muchas oportunidades para el acceso al conocimiento y la cultura, también significa que se requieren nuevas competencias, aún más si pensamos en lo rápido que evoluciona Internet. Sí, estamos rodeados de información, pero ¿qué tan fiable, auténtica o accesible es? ¿Cómo diferenciamos lo real de lo artificial? ¿Cómo encontramos una aguja en un pajar?
Del 23 al 27 de junio se llevó a cabo el Foro de Gobernanza de Internet 2025, edición Noruega. Desde Hiperderecho pudimos participar en este espacio para compartir nuestra mirada sobre la gobernanza de internet desde Perú y como parte de la sociedad civil, articulándonos también con otras organizaciones de la región.
Este año, Lillestrøm fue la ciudad anfitriona del Foro de Gobernanza de Internet: un foro organizado por Naciones Unidas desde 2006 para discutir sobre cuestiones relacionadas con Internet desde un enfoque de múltiples partes interesadas. ¿Qué significa esto en la práctica? La idea clave detrás de este modelo es que Internet no está bajo el poder de un solo tipo de actor: los distintos grupos (“partes interesadas”), desde su campo de acción –o, incluso, desde las tensiones entre ellos–, dan forma a Internet sin que esté bajo el mando de uno solo.
En el último año, en el Congreso se han presentado alrededor de diez proyectos de ley relativos a la seguridad en línea para niñas, niños y adolescentes (NNA). En estos, las y los congresistas buscan una finalidad común: proteger a los NNA de los riesgos en internet. Ya sean peligros como el cyberbullying o el grooming, el tratamiento sistemático de sus datos personales o sensibles, y amenazas a su salud mental por el uso prolongado de redes sociales o videojuegos.
Desde Hiperderecho hemos trabajado en diferentes ocasiones con infancias y adolescencias (NNA), y junto a especialistas en pedagogía hemos desarrollado metodologías lo suficientemente atractivas y significativas para ellas.
En lo personal, gracias a esas experiencias y a lecturas académicas y papers, me he dado cuenta de que una de las mejores maneras de aprender es a través del juego. Ese juego puede ser ordenado, virtual o analógico.
