Una de los temas que nos interesaba conocer en nuestra investigación es cómo las personas que se enfrentan a la violencia de género en línea (VGL) reportan estos casos en las plataformas que utilizan. Para ello quisimos identificar la frecuencia de los ataques y los espacios digitales donde las personas se sienten más vulnerables.
Por eso, una de las preguntas que realizamos en nuestra encuesta entre víctimas fue: ¿cuán frecuentes son los ataques en línea que recibes y en qué plataformas te sientes más vulnerable a la violencia en línea? Más del 50% respondió que es blanco de ataques en línea de manera frecuente e identifican que se sienten más vulnerables en Facebook (90%), Whatsapp (36%), y en aplicaciones para solicitar taxis (23%).
Hace pocos días, el Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa que aprueba la adhesión de Perú a la Convención sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa o Convención de Budapest. En diferentes volúmenes, esta noticia ha sido presentada por diversas partes interesadas como la postergada atención de una apremiante necesidad nacional o la pieza que faltaba en la madurez de nuestro entorno digital. Personalmente, creo que esta decisión no es ni lo uno ni lo otro. No obstante, vale la oportunidad para reflexionar sobre lo que significa esta noticia y lo que estas reacciones nos dicen sobre la madurez del debate nacional acerca de la lucha contra los delitos informáticos en Perú.
Podría pensarse que Perú llega tarde con su adhesión a una Convención aprobada en el año 2001. En realidad, al tratarse de un acuerdo del Consejo de Europa, fue inicialmente negociado y firmado exclusivamente por estados europeos y algunos invitados como Estados Unidos y Canadá. Casi dos décadas después, menos del 15% de naciones que no pertenecen al Consejo de Europa han decidido adherirse a él. De hecho, en nuestra región, solo algunas lo han hecho y muy recientemente: Argentina (2018), Chile (2017), y Paraguay (2018). México y Colombia, aunque invitados ya, están todavía tramitando su adhesión. Por tanto, realmente Perú no llega tarde a la firma de este acuerdo cuya suscripción fuera de Europa parece más bien la excepción y no la regla.
La pregunta sobre si valía la pena adherirse al Convenio es compleja y ya varios la han intentado responder (incluyendo mis colegas Carlos Guerrero y Martín Borgioli en un informe que publicamos el año pasado). Es innegable que todo estado moderno necesita de reglas penales para perseguir y castigar ciertos actos ilícitos cuando se cometen a través de medios tecnológicos. Sin embargo, el esfuerzo de sumarse al estándar del Consejo de Europa parece importar más por lo formal que por lo sustantivo. Es decir, más que alentarnos a crear nuevos delitos (que ya teníamos) el Convenio ratifica que el marco legal de nuestro país se ajusta al estándar común entre los miembros. Esto habilita que peruanos que cometen delitos informáticos puedan ser juzgados en el extranjero o que extranjeros puedan serlo en Perú, siempre que sus países también hayan suscrito el Convenio. Eso es, en síntesis, lo que nuestro país ha obtenido tras la adhesión.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
Alerta de contenido sensible: Este post contiene ejemplos de insultos o expresiones usadas para agredir a mujeres y personas LGBTIQ+ que podrían afectar sensibilidades o incomodar al lector. Decidimos usar ejemplos para dar pautas sobre cómo reconocer al discurso de odio basado en género, pero recomendamos tomar especial atención si has sido víctima de violencia de género y prefieres no estar en contacto con ese lenguaje.
Se considera discurso de odio a las expresiones, actitudes o comportamientos usadas para discriminar, acosar, amenazar e incitar violencia en contra de una persona o grupo por motivo de género, orientación sexual o etnia, entre otros indicadores de identidad. El discurso de odio es una de las principales herramientas usadas para ejercer violencia de género en contra de mujeres y personas LGBTIQ+, tanto en espacios online como offline. Sin embargo, y debido a las características únicas de tecnología, el discurso de odio puede ser fulminante cuando es transmitido por internet pues se difunde rápidamente y genera contenido que acecha de manera constante a las víctimas.
Continuamos con nuestra serie del blog donde compartimos nuestra investigación sobre violencia de género en línea. Cada semana publicamos un post con un tema específico para contribuir a las discusiones sobre este tema. En esta ocasión les contamos sobre Tecnoresistencias: nuestro centro de autodefensa digital.
Durante el 2018, llevamos a cabo una investigación a profundidad sobre la violencia de género en línea. En ella logramos recoger información clave sobre las modalidades de violencia basada en género en línea y las maneras en las que afectan a las personas que usan internet en el Perú. Entre otros hallazgos, encontramos que las mujeres, las personas LGBTIQ+ y, sobre todo, activistas que defienden la igualdad de género son las más afectadas por este tipo de violencia, al punto en el que perjudica su libertad, bienestar y seguridad.
A raíz de estos hallazgos nos dimos cuenta que era esencial crear un espacio donde podamos compartir esta información de manera accesible con quienes más lo necesiten, pero sobre todo, donde podamos reunir los recursos que necesitamos para defendernos de este tipo de violencia desde distintos frentes. Así nace Tecnoresistencias, un espacio desarrollado por Hiperderecho, donde encontrarás información para tu autodefensa digital.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
Nuestro ciclo Conexiones regresa la próxima semana. El próximo lunes 4 de febrero tendremos la edición número 13 con Margarita Maira, Coordinadora de Proyectos de la Fundación Ciudadanía Inteligente de Chile.
Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
Esta semana se habló mucho sobre cómo se almacena nuestra información dentro de las empresas de telecomunicaciones. A propósito del caso del registro de llamadas que Telefónica tendría de Keiko Fujimori, vale la pena entender qué tipo de información se encuentra bajo el poder de estas empresas y bajo qué reglas se trata.
A través de una nota periodística, supimos que hace unos meses Telefónica se negó a cumplir con dos órdenes judiciales que la obligaban a entregar la información del tráfico de llamadas de ciertas líneas de la ex candidata. La negativa de la empresa se sustentaba en que la información solicitada comprendía registros de un plazo mayor al que legalmente se debía conservar (tres años) y, por ende, no contaba con la misma. Sin embargo, una trabajadora de la empresa del área encargada de responder a las autoridades descubrió en su momento que esta información sí existía en el sistema y ahora denuncia que la empresa negó el acceso de forma deliberada. Posteriormente, en algo que Telefónica ha repetido esta semana, se supo que la empresa siempre tuvo la información solicitada.
Ante ello, caben hasta tres lecturas de los hechos. La primera, propuesta por la nota periodística, es que Telefónica tendría algún motivo político particular para negar el acceso a esta información. Esto significa que simplemente usó como excusa el plazo legal con un fin ulterior: encubrir a Keiko Fujimori. Aunque es posible, creo que esta teoría es la menos interesante para aprender más sobre nuestros derechos como usuarios. Sin descartarla, vamos a dejar esta lectura a un lado para explorar otras dos posibles explicaciones de los mismos hechos.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
Continuamos con nuestra serie del blog donde compartimos los principales hallazgos y análisis de nuestra investigación sobre violencia de género en línea. Cada semana estaremos publicando un post con un tema específico para contribuir a las discusiones sobre este tema.
Para nuestra reciente investigación, llevamos a cabo encuestas y entrevistas para conocer los diversos aspectos de la violencia de género en línea (VGL) desde la perspectiva de quienes la han experimentado. Logramos conversar con activistas feministas, defensoras de los derechos humanos, estudiantes y periodistas. Leer más
Un reciente comunicado de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios de Perú (ASPEC) invitaba a los peruanos a no proporcionar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) al comprar en establecimientos comerciales. La nota señala que dicha exigencia es ilegal, salvo cuando se busca deducir el gasto para fines tributarios o en transacciones mayores a 700 soles. A propósito de esto, nos parece que vale la pena pensar qué pasa cuando elegimos entregar nuestro número de documento.
La razón más frecuente por la cual alguien entrega su número de DNI a un comercio es para participar en programas de lealtad o de puntos. Para ello también podríamos usar una tarjeta con sellos, un código especial o cualquier otra credencial física o virtual, pero es probable que a veces la dejemos en casa u olvidemos el número y perdamos sus beneficios. En realidad, resulta más fácil usar un número que de todas maneras ya hemos memorizado y que se encuentra en un documento que es casi obligatorio portar cada vez que salimos. Pero entonces, cuando entregamos el número de DNI ¿a qué renunciamos en favor de esta conveniencia?
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
A lo largo del estudio encontramos evidencia de que las diversas manifestaciones de violencia en internet tienen consecuencias reales, tanto físicas como psicológicas sobre quienes la sufren. En ese sentido, es fundamental que consideremos a la violencia en línea como parte del continuo de violencia de género que afecta a mujeres y personas LGBTIQ+ en el Perú, y a todas aquellas personas que desafían normas heteronormativas, patriarcales, racistas y machistas.
Sin embargo, es importante también reconocer que la violencia no solo se traslada a espacios virtuales, sino que también se amplifica debido a las características únicas y específicas de la tecnología. En este post, vamos a contarles sobre algunas de estas características y cómo éstas se manifiestan en diez (10) formas de violencia de género en internet. A partir desde un reconocimiento de las oportunidades y riesgos que se nos presentan en espacios virtuales, podemos desafiar la idea de que los espacios virtuales son neutrales o están libres de violencia.
Conociendo a la tecnología
Por medio de las encuestas y entrevistas, encontramos que las agresiones en línea aprovechan las características de la tecnología para ser más efectivas. Entre ellas vamos a resaltar cuatro características que no son intrínsecamente negativas, pero que son usadas estratégicamente para silenciar, intimidar o vigilar a las víctimas:
En primer lugar, la tecnología nos brinda mayor proximidad. Internet acorta las distancias entre las personas que lo usan, conectándonos independientemente de nuestra ubicación geográfica. Esta característica nos permite conectarnos de manera muy efectiva y rápida con amigos, familiares o colaboradores alrededor del mundo. Sin embargo también significa que las las agresiones pueden llegar de personas que no necesariamente provienen de un círculo social inmediato.
Esta característica se vuelve un mayor riesgo cuando es combinada con otra posibilidad que nos brinda la tecnología – la de permanecer anónimas o anónimos en internet. Además de generar mayor valentía y soltura, el anonimato tiene un efecto desinhibidor que permite a muchas personas, entre ellas víctimas de violencia de género, disfrutar de internet sin miedo a ser identificadas y sufrir repercusiones. Sin embargo, el anonimato le da la misma valentía y soltura a personas agresores para ejercer violencia sin ser identificadas, colocándolas en una posición de poder frente a personas cuya identidad sí está expuesta en internet.
La tercer característica es la rápida propagación de información en internet. Esta posibilidad facilita que las agresiones, como campañas de desprestigio, los insultos, el discurso de odio y los ataques coordinados entre otras, puedan difundirse y replicarse rápidamente. Esto se agrava por una cuarta característica que es la permanencia del contenido. Una vez que un usuario sube contenido a internet, es casi imposible para otros usuarios eliminarlo sin el apoyo de la plataforma intermediaria donde está alojado, amenazando directamente la reputación y el bienestar de la persona al largo plazo. Aunque se llegue a eliminar el contenido de una plataforma, existe la posibilidad de que el contenido ya esté almacenado en los dispositivos de muchos otros usuarios que lo pueden continuar propagando.
Hace unos días, el Congreso organizó un evento público para conversar sobre uno de los proyectos de ley que establece el acceso a internet como derecho humano. Lamentablemente, el panel estuvo conformado únicamente por hombres. Frente a ello, hemos enviado una carta en conjunto con Access Now resaltando la importancia de la inclusión de mujeres en los espacios de discusión sobre políticas públicas y tecnología.
El 29 de noviembre, las comisiones de Transportes y Comunicaciones, presidida por Wuilian Monterola (Fuerza Popular), y de Ciencia y Tecnología, liderada por Carlos Ticlla (Fuerza Popular), organizaron el Foro “Acceso a Internet como Derecho Humano: alcances y perspectivas», con la finalidad de entablar conversaciones públicas sobre la propuesta legislativa del Congresista Mauricio Mulder recogida en el Proyecto de Ley N° 2780/2017-CR “Ley que Declara el acceso a internet como un derecho humano”. Sorprendentemente, aunque Internet es un asunto que nos interesa a todos los ciudadanos, los siete (7) expositores invitados eran hombres. El programa completo puede verse aquí.
